Protección contra Servicio de Salud Coquimbo

nombre reservado

Servicio de Salud y otros Recurso de Protección Rol N° 1381-2026.- La Serena, diecinueve de octubre de dos mil veintiséis VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que compareció don Rodrigo Alejandro Valdivia Briceño, abogado, en favor de doña nombre reservado, e interpuso recurso de protección en contra del Servicio de Salud Coquimbo, del Hospital San Juan de Dios de La Serena y del Fondo Nacional de Salud, por estimar ilegales y arbitrarias las acciones y omisiones que habrían impedido a la recurrente acceder al tratamiento con Ravulizumab 300 mg, indicado para la Hemoglobinuria Paroxística Nocturna, fenotipo hemolítico, que padece.

Expuso que la recurrente, de 38 años de edad, fue diagnosticada con Hemoglobinuria Paroxística Nocturna, fenotipo hemolítico, calificación que habría sido confirmado el 23 de marzo de 2026 mediante citometría de flujo, presentando además hemólisis activa, anemia severa y requerimientos transfusionales reiterados. Señaló que la enfermedad es rara, crónica y grave, y que en pacientes sintomáticos con clon de gran tamaño puede indicarse tratamiento con inhibidores del complemento C5.

Indicó que dos especialistas en hematología emitieron certificados médicos. El primero, de 25 de marzo de 2026, concluyó que la paciente presentaba un cuadro compatible con Hemoglobinuria Paroxística Nocturna de fenotipo hemolítico y la derivó a su hospital de base para iniciar inmunizaciones y trámites destinados a recibir terapia anticomplemento, mediante Eculizumab o Ravulizumab según disponibilidad. El segundo, de 27 de julio de 2026, confirmó el diagnóstico y expresó que Ravulizumab constituía la alternativa más plausible por relación costo-beneficio, señalando que sin dicha terapia la paciente permanecería con anemia sintomática y requerimientos transfusionales.

Añadió que el esquema terapéutico requerido contempla una dosis de carga de 2.700 mg, luego 3.300 mg al día 15 y posteriormente la misma dosis cada ocho semanas, estimando el costo anual del tratamiento en aproximadamente $438.088.152.

Sostuvo que dicho costo resulta absolutamente inalcanzable para la recurrente.

Expresó que el medicamento cuenta con registro sanitario vigente en Chile para el tratamiento de pacientes adultos con Hemoglobinuria Paroxística Nocturna, pero no forma parte del arsenal farmacológico del Hospital San Juan de Dios de La Serena. Refirió que, por tal motivo, la recurrente solicitó a FONASA su cobertura y adquisición; sin embargo, mediante Ordinario NUM000, de 28 de julio de 2026, dicho organismo informó que carecía de facultades para pronunciarse respecto de diagnósticos, indicaciones médicas o decisiones clínicas y para autorizar o financiar medicamentos fuera de materias relativas a garantías GES retrasadas, agregando que la enfermedad no corresponde a un problema de salud GES y derivando la presentación a la OIRS del Servicio de Salud Coquimbo.

Manifestó que, pese a dicha derivación, no se habría adoptado una medida concreta destinada a garantizar el acceso al tratamiento. Afirmó que la negativa del Hospital, la respuesta de FONASA y la omisión atribuida al Servicio de Salud Coquimbo dejaron a la recurrente sin posibilidad real de recibir el medicamento prescrito.

Agregó que la enfermedad y la incertidumbre respecto de su tratamiento también habían afectado la salud psíquica de la recurrente, acompañando certificado emitido por profesional del CESFAM Pedro Aguirre Cerda que consigna un cuadro mixto ansioso-depresivo asociado al impacto emocional del diagnóstico y a la preocupación derivada de no contar con el tratamiento.

Invocó como precedente la sentencia dictada por esta Corte en la causa Rol N°1698-2023, en la que, según señaló, se acogió un recurso de protección referido a otra paciente con la misma patología, respecto del mismo medicamento y de los mismos organismos de la red pública, estimando que la negativa fundada en consideraciones económicas o presupuestarias amenazaba el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica.

Sostuvo que la conducta de los recurridos vulnera las garantías previstas en los numerales 1 y 9 del artículo 19 de la Constitución Política de la República y solicitó que se ordenara proporcionar de manera urgente el tratamiento con Ravulizumab, adoptando todas las medidas conducentes a su adquisición y suministro, con costas.

SEGUNDO: Que informó doña Pamela Alejandra Castañeda Cruz, abogada, en representación del Servicio de Salud Coquimbo, solicitando el rechazo íntegro del recurso, con costas.

Expuso, en primer término, que el Servicio de Salud tiene funciones de organización, planificación, coordinación y control de las acciones de salud que prestan los establecimientos de la red asistencial, debiendo ejercerlas dentro del marco normativo y de los recursos disponibles.

Destacó la dimensión colectiva del derecho a la salud y sostuvo que el sistema público opera sobre recursos finitos que deben distribuirse conforme a procedimientos técnico-administrativos de priorización.

Señaló que las recomendaciones de Ravulizumab acompañadas por la recurrente fueron emitidas por médicos pertenecientes a una institución privada y que, a su juicio, no tienen carácter vinculante para la red pública. Añadió que el Ordinario de FONASA daba cuenta de una supuesta derivación de la solicitud al Servicio de Salud bajo el folio N°NUM001, pero que, consultados sus sistemas, no constaba ingreso alguno asociado a dicho folio, nombre y RUN de la recurrente, razón por la cual no habría sido posible emitir respuesta a un requerimiento inexistente en sus registros.

Indicó que la determinación de cobertura de diagnósticos y tratamientos de alto costo no corresponde a los Servicios de Salud, sino que se encuentra regulada mediante un procedimiento especial de alcance nacional en la Ley N°20.850, que exige evaluación científica, económica, presupuestaria y de capacidad de la red, culminando con la incorporación de tratamientos mediante decreto supremo fundado.

Sostuvo que Ravulizumab no se encontraba incorporado a los mecanismos generales de financiamiento invocados y que su sola prescripción individual o registro sanitario no determinaban una obligación de cobertura con cargo a recursos públicos. Citó pronunciamientos judiciales que, según expuso, habían rechazado acciones de protección destinadas a obtener el mismo medicamento o tratamientos de alto costo no incorporados al sistema, sobre la base de que los órganos recurridos habían actuado dentro de sus competencias y de que la priorización sanitaria constituye una política pública sujeta a criterios objetivos y técnicos.

Respecto de la garantía del artículo 19 N°1 de la Constitución, alegó que no se habría acreditado riesgo vital actual o inminente ni que Ravulizumab fuera causalmente indispensable para prolongar la vida de la recurrente. Añadió que los certificados médicos acompañados se referían a terapia anticomplemento en general y a Ravulizumab como alternativa plausible por costo-beneficio, sin demostrar, a juicio del recurrido, una necesidad exclusiva de ese fármaco.

En cuanto al derecho a la protección de la salud, sostuvo que el artículo 19 N°9 no se encuentra dentro de las garantías cautelables directamente por la acción de protección, salvo en los aspectos expresamente comprendidos por el artículo 20.

Solicitó, en consecuencia, el rechazo de la acción respecto del Servicio de Salud Coquimbo.

TERCERO: Que, informando el Hospital San Juan de Dios de La Serena, solicitando igualmente el rechazo íntegro del recurso respecto de su representado.

Expuso que la recurrente se encuentra en seguimiento permanente por la Unidad de Hematología del Hospital, con controles periódicos, exámenes, tratamiento de soporte, administración de hierro endovenoso y manejo transfusional cuando ha resultado necesario, además de atención de urgencia.

Refirió, en particular, que el 8 de septiembre de 2026 recibió Ferinject, tratamiento que fue bien tolerado.

Indicó que Ravulizumab fue considerado dentro del manejo hematológico de la paciente y que el caso fue sometido al Comité de Farmacia, el cual no aprobó su incorporación para la paciente. Reconoció la gravedad de la Hemoglobinuria Paroxística Nocturna y los potenciales beneficios de los inhibidores del complemento, pero distinguió entre la indicación médica individual, la autorización sanitaria del medicamento y su cobertura financiera con recursos públicos.

Sostuvo que Ravulizumab no integra el arsenal farmacológico del Hospital y que la sola existencia de registro sanitario o de una recomendación médica no genera, por sí misma, una obligación de financiarlo con cargo al presupuesto ordinario del establecimiento. Explicó que los tratamientos de alto costo se encuentran sujetos a mecanismos generales de cobertura y priorización, entre ellos la Ley N°20.850.

Afirmó que el Hospital no ha desconocido el diagnóstico, impedido evaluaciones, suspendido controles ni negado prestaciones de soporte, por lo que no existiría abandono terapéutico ni una omisión destinada a privar a la recurrente de atención. Hizo presente, además, que los antecedentes disponibles no contienen los fundamentos específicos del pronunciamiento del Comité de Farmacia, razón por la cual no podía atribuir a dicho rechazo motivaciones que no constaran en el expediente.

Alegó que la invocación de una sentencia anterior de esta Corte no altera las competencias legales del Hospital, no incorpora el medicamento a su arsenal ni crea una partida presupuestaria. Solicitó, por tanto, que se rechazara el recurso por no existir acto u omisión ilegal o arbitrario imputable al establecimiento.

CUARTO: Que, el Fondo Nacional de Salud no evacuó el informe ordenado por resolución de 10 de agosto de 2026, razón por la cual, mediante decisión de 22 de septiembre de 2026, se prescindió de aquel y se dispuso traer los autos en relación.

QUINTO: Que la acción de protección constituye un mecanismo cautelar destinado a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que priven, perturben o amenacen el legítimo ejercicio de las garantías que el artículo 20 de la Constitución Política de la República contempla.

SEXTO: Que no existe controversia acerca de que la recurrente padece Hemoglobinuria Paroxística Nocturna, fenotipo hemolítico; que se encuentra bajo control hematológico en el Hospital San Juan de Dios de La Serena; que dos especialistas han recomendado terapia anticomplemento y uno de ellos ha identificado Ravulizumab como la alternativa más plausible por relación costo-beneficio; que, según reconoció en estrados el Hospital San Juan de Dios de La Serena, dicho establecimiento prescribió Ravulizumab a la recurrente; que el medicamento no forma parte del arsenal farmacológico del Hospital; y que no existe, a la fecha, cobertura ordinaria de dicho fármaco a través de los mecanismos invocados por las recurridas.

La controversia consiste en determinar si, atendido el cuadro clínico concreto de la recurrente y los antecedentes médicos acompañados, la falta de provisión y financiamiento de Ravulizumab constituye una omisión ilegal o arbitraria que amenace su derecho a la vida y a la integridad física y psíquica.

SÉPTIMO: Que los antecedentes médicos acompañados permiten tener por acreditado, para efectos de esta acción cautelar, que la recurrente presenta una enfermedad hematológica rara y grave, con anemia hemolítica sintomática, hemólisis activa y antecedentes de requerimientos transfusionales. El certificado de 25 de marzo de 2026 consignó la necesidad de iniciar trámites para terapia anticomplemento, mediante Eculizumab o Ravulizumab según disponibilidad, mientras que la segunda opinión de 27 de julio de 2026 indicó expresamente que Ravulizumab constituía la alternativa más plausible por relación costo-beneficio y que, sin dicha terapia, la paciente permanecería con anemia sintomática y requerimientos transfusionales.

OCTAVO: Que el propio Hospital informó que Ravulizumab fue considerado dentro del manejo hematológico de la paciente y que el caso fue sometido a evaluación del Comité de Farmacia, siendo rechazado. Sin embargo, el establecimiento reconoció que no dispone de antecedentes acerca de los fundamentos específicos de dicho pronunciamiento. De este modo, el único acto concreto de decisión clínica-administrativa relativo al medicamento cuya entrega se solicita aparece carente, en estos antecedentes, de una motivación conocida y susceptible de control.

A lo anterior se suma que el Hospital San Juan de Dios de La Serena reconoció expresamente que no solo prescribió Ravulizumab a la recurrente, sino que, además, elevó dicha prescripción al Comité de Farmacia para obtener su aprobación.

Tal reconocimiento, proveniente del mismo establecimiento que tiene a su cargo el control hematológico de la paciente, permite tener por establecido que el fármaco no constituye una mera alternativa terapéutica sugerida, sino una indicación médica concreta, formulada por el equipo tratante para el tratamiento de la patología que la afecta y que el propio Hospital estimó suficientemente fundada como para someterla al órgano técnico encargado de pronunciarse sobre su incorporación. En consecuencia, pierde relevancia el argumento según el cual las recomendaciones de Ravulizumab carecerían de fuerza vinculante para la red pública por provenir de médicos de una institución privada, pues la prescripción emana del propio prestador público recurrido, que además impulsó su aprobación institucional.

Ahora bien, la prescripción de un medicamento importa un juicio clínico del facultativo acerca de su necesidad para el paciente, atendido el estado de salud que presenta. Por consiguiente, si el propio Hospital prescribió el fármaco y gestionó su aprobación ante el Comité de Farmacia respecto de una paciente que padece una enfermedad hematológica rara y grave, con anemia hemolítica sintomática, hemólisis activa y requerimientos transfusionales, forzoso es inferir que su administración resulta necesaria para resguardar su vida e integridad física, lo que priva de sustento la alegación de que no se habría acreditado que Ravulizumab fuera causalmente indispensable para la vida de la recurrente.

NOVENO: Que la circunstancia de que el medicamento no integre el arsenal farmacológico institucional ni se encuentre incorporado a un sistema general de cobertura financiera constituye un antecedente relevante para la administración de los recursos públicos, pero no basta por sí sola para descartar la tutela constitucional cuando existen antecedentes médicos específicos que vinculan la terapia anticomplemento con el control de una patología grave, sintomática y de evolución potencialmente riesgosa.

DÉCIMO: Que las recurridas han desarrollado consideraciones generales relativas a la priorización sanitaria, sostenibilidad presupuestaria y procedimiento establecido en la Ley N°20.850. Con todo, no han aportado una evaluación médica individual que desvirtúe la indicación de terapia anticomplemento formulada respecto de la recurrente ni han identificado una alternativa terapéutica disponible en la red pública que permita alcanzar el mismo objetivo clínico señalado por los especialistas.

UNDÉCIMO: Que el Hospital ha mantenido controles, transfusiones y tratamientos de soporte, cuestión que debe valorarse positivamente y descarta un abandono asistencial total. Sin embargo, el objeto de la acción no se dirige contra esas prestaciones, sino contra la falta de acceso a una terapia específica destinada a modificar el curso de la enfermedad, de modo que la existencia de medidas de soporte no resuelve por sí sola la controversia planteada.

DUODÉCIMO: Que, en estas circunstancias, mantener a la recurrente sin acceso a la terapia anticomplemento prescrita, sin que conste una decisión fundada en antecedentes clínicos particulares que descarte su necesidad o proponga una alternativa equivalente efectivamente disponible, aparece carente de razonabilidad suficiente y configura una amenaza para su vida y su integridad física, garantías comprendidas en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República.

DÉCIMO TERCERO: Que la tutela que se adopte no importa incorporar con carácter general Ravulizumab a los sistemas de cobertura pública ni alterar las reglas nacionales de priorización de tratamientos de alto costo, sino resolver la situación individual de la recurrente sobre la base de los antecedentes médicos incorporados a estos autos y sin perjuicio de las evaluaciones médicas periódicas que correspondan y de los ajustes terapéuticos que los especialistas tratantes estimen clínicamente procedentes.

DÉCIMO CUARTO: Que, sin perjuicio de lo razonado, la situación del Servicio de Salud Coquimbo es diversa. Conforme a los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República, los órganos del Estado deben actuar dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley, de modo que no puede reprocharse a dicho Servicio no haber adoptado una decisión que el ordenamiento jurídico no le confiere. En efecto, la determinación de la cobertura de tratamientos de alto costo se rige por un procedimiento especial de alcance nacional, contemplado en la Ley N°20.850, que no entrega a los Servicios de Salud la facultad de autorizar o financiar por sí mismos medicamentos no incorporados a dicho sistema. A ello se agrega que no consta que la solicitud derivada por el Fondo Nacional de Salud haya ingresado efectivamente a sus registros.

Por consiguiente, no se advierte respecto de este recurrido una acción u omisión ilegal o arbitraria, motivo por el cual el recurso deberá ser rechazado a su respecto.

DÉCIMO QUINTO: Que, en cambio, es el Hospital San Juan de Dios de La Serena el establecimiento sobre el cual recaía la obligación de asegurar a la recurrente el acceso a la terapia indicada, pues es el prestador que tiene a su cargo su tratamiento hematológico, el que prescribió el medicamento y el que elevó su incorporación al Comité de Farmacia, órgano que la rechazó sin que consten los fundamentos de tal decisión. Es decir, el mismo establecimiento que determinó la necesidad clínica del fármaco y promovió su aprobación es aquel en cuyo seno se frustró el acceso de la paciente a él. Es, por tanto, a dicho establecimiento a quien resulta imputable la omisión reprochada y sobre quien debe recaer principalmente la medida que se adoptará.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 6°, 7°, 19 N°1 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado en contra del Hospital San Juan de Dios de La Serena y del Fondo Nacional de Salud, solo en cuanto dichos recurridos deberán, dentro del ámbito de sus respectivas competencias y de manera coordinada, dentro del término de 15 días corridos, adoptar las medidas necesarias para proporcionar a la recurrente el tratamiento anticomplemento indicado por sus médicos tratantes, mediante Ravulizumab, en la dosis y periodicidad que determinen los especialistas responsables de su atención, mientras subsista la indicación médica y conforme a la evolución clínica de la paciente. Asimismo, SE RECHAZA el recurso respecto del Servicio de Salud Coquimbo.

Redactada por la abogada integrante señora Pía Bustos Fuentes.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N°1381-2026 Protección.