nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

Del nombre reservado, nombre reservado

Superintendencia de Seguridad Social Recurso de Protección Rol N° 138-2023.- La Serena, catorce de marzo de dos mil veintitrés.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha dos de febrero de dos mil veintitrés comparece CLAUDIO FERNÁNDEZ RAMIREZ, abogado de la Corporación de Asistencia Judicial, interponiendo acción de protección en favor de nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO).

Expone que con fecha 06 de enero del año 2022, doña nombre reservado tomó conocimiento de la Resolución Exenta, de esa misma fecha, por la cual la Superintendencia de Seguridad Social, a través de su Departamento Contencioso, nombre reservado, rechaza su reclamación respecto de la actuación de la COMPIN Región de Coquimbo, que confirmó a su vez el rechazo de las Licencias Médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 171 días a contar del 07 de abril de 2022, por reposo no justificado. Posteriormente, con fecha 26 de enero, doña nombre reservado tomó conocimiento de la Resolución Exenta N° R-01-UME-11741-2023, de esa misma fecha, por la cual la Superintendencia de Seguridad Social se vuelve a pronunciar sobre la misma reclamación y respecto de las mismas licencias rechazadas, sólo que esta vez acoge parcialmente la reclamación respecto de la actuación de la COMPIN Región de Coquimbo. La Superintendencia de Seguridad Social en dicha resolución concluye que el reposo de cuatro licencias médicas sí se encontraba justificado. Sin embargo, determina que respecto de las licencias médicas N°s RUT reservado (extendida desde el 07 de abril al 06 de mayo de 2022) y RUT reservado (extendida desde el 07 de mayo al 05 de junio de 2022), el reposo no se encuentra justificado. Menciona que ambas resoluciones se refieren a la reclamación de la misma fecha, en la cual doña nombre reservado concurre a la Superintendencia, y esta resuelve mediante dos resoluciones con conclusiones diferentes.

Hace presente que doña nombre reservado se encuentra aquejada por patologías de naturaleza oncológica, al haberse tratado un cáncer de mamas durante el año 2019, por lo que desde ese año estuvo con licencias médicas que fueron en su momento revisadas y autorizadas por los entes administrativos respectivos, sin mayores inconvenientes ni cuestionamientos tanto respecto de la existencia de las patologías, como respecto de la necesidad de reposo para poder superar tales afecciones.

Sin embargo, dicha situación cambia a contar del rechazo de la licencia otorgada desde el 07 de abril del año 2022, y las posteriores a aquélla, siendo rechazadas en primer término por la COMPIN Región de Coquimbo, para luego confirmarse dicho rechazo por parte de la SUSESO, para finalizar aprobando cuatro licencias médicas y rechazando dos en otra resolución, la que motiva el presente recurso.

Hace presente que, ante el rechazo de sus licencias médicas, otorgadas por la Dra. nombre reservado, médico de la Unidad “Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos” en el Hospital San Pablo de Coquimbo, quien siempre ha sido la profesional de la salud que ha atendido a doña nombre reservado, su representada ejerció las vías de reclamación que la normativa administrativa le otorga, acompañando al efecto diversa documentación, consistente básicamente en informes médicos que acreditan tanto la existencia de las enfermedades que han motivado el otorgamiento de las licencias médicas, así como el tratamiento y evolución que su situación oncológica ha tenido en el tiempo, antecedentes que no fueron considerados ni analizados en la resolución de la SUSESO.

Ante tal situación, sólo se puede concluir que el rechazo del pago del subsidio por incapacidad aboral correspondiente a las licencias médicas anteriormente mencionadas, es arbitrario e ilegal, ya que, con el actuar de la SUSESO se ha infringido la teoría de los actos propios, la cual se inspira en el principio de buena fe, que ilustra la doctrina del Derecho Civil, que indica que las actuaciones de un actor no pueden contradecir flagrantemente su actuar y conducta anterior, ya que debe prevalecer el deber jurídico de respeto a la situación jurídica creada anteriormente por la conducta de la misma persona, en este caso organismo.

En efecto, refiere que durante años se le autorizaron las licencias médicas a doña nombre reservado, por lo que resulta poco comprensible, y más bien contradictorio, que la recurrida, habiendo aprobado y pagado, una serie de licencias médicas entre el año 2019 y 2022, posteriormente rechaza las licencias N° RUT reservado y RUT reservado, por la causal de reposo no justificado, en circunstancias que estas licencias han sido otorgadas por la misma patología que motivó el otorgamiento de las anteriores que han sido autorizadas sin mayores cuestionamientos.

Añade que esta situación de pago de las licencias otorgadas a doña nombre reservado por patología de naturaleza oncológica, genera en ella la legítima expectativa de que igual decisión se tomará por la administración respecto de las licencias posteriores que se le han otorgado, máxime cuando ellas han sido otorgadas por la misma patología de naturaleza oncológica.

Además, no se señala cuáles han sido los antecedentes clínicos de la Sra. nombre reservado para concluir que su patología es crónica e irrecuperable, ni se hace referencia en la resolución ni mucho menos se contiene el análisis de los antecedentes acompañados a su reclamación por doña nombre reservado.

Sostiene que la SUSESO, como ente fiscalizador del cumplimiento de la normativa aplicable a las prestaciones de seguridad social, perfectamente pudo haber ordenado a la COMPIN, por ejemplo, disponer que la COMPIN solicite a la Dra. nombre reservado información complementaria respecto de las patologías que aquejan a doña nombre reservado, así como su tratamiento, evolución y posible alta médica, o bien que se efectuara un peritaje a doña nombre reservado, a fin de determinar su estado de salud y si este realmente tiene el carácter de crónico, pues está dentro de sus potestades hacerlo, pero en lugar de ello, y reitero, de manera infundada, opta por rechazar las dos licencias médicas indicadas, sin siquiera constar que la totalidad de los antecedentes aportados por la usuaria a su reclamo hubieren sido revisados y ponderados al momento de resolver la petición de la paciente, ni tampoco consignando las razones clínicas que llevan a la recurrida a considerar que el reposo prescrito en tales licencias resultan injustificado.

Aduce que la decisión de la recurrida es ilegal, carente de fundamento legal y de toda racionalidad, constituyendo su actuar, una vulneración al derecho a la vida y a la integridad física y síquica, garantía contemplada en el artículo 19 N° 1 de La Constitución Política de la República; en virtud de lo razonado, la decisión del órgano recurrido deviene en arbitraria, pues carece de fundamento y además, infringe la garantía constitucional contenida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, toda vez que representa una discriminación respecto del resto de la población que en iguales condiciones de salud puede acceder al subsidio por reposo laboral (Corte Suprema, Rol 1235-2022, 19 de enero de 2022); y finalmente, la conducta que se denuncia vulnera asimismo, el derecho consagrado en el artículo 19 número 24 de la Constitución Política de la República, ya que el rechazo indebido de las licencias médicas legalmente emitidas, privan del derecho a la retribución monetaria contemplada en la ley, en caso que el trabajador se imposibilite de trabajar por motivo de enfermedad, como en este caso.

Por estas consideraciones solicita se ordene a la recurrida dejar sin efecto la Resolución Exenta N° R-01- UME-11741-2023, de fecha 26 de enero de 2023, que acogió parcialmente el reclamo deducido por doña nombre reservado respecto de 4 licencias, pero confirma el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado y RUT reservado, y en su lugar acoger íntegramente el reclamo deducido, dictaminando que también se autorizan la licencias médicas N°s RUT reservado y RUT reservado, adoptando asimismo cualquier otra medida que este Tribunal considere necesaria para restablecer el imperio del derecho y asegurar el debido resguardo y respeto a las garantías fundamentales de la Sra. nombre reservado, con costas.

Acompaña los siguientes documentos: 1) Copia Resolución Exenta R-145957-2022, de fecha 06 de enero de 2023, que confirma el rechazo de las seis licencias médicas de doña nombre reservado, individualizadas en el cuerpo de esta presentación; 2) Copia Resolución Exenta N° R-01-UME-11741-2023, de fecha 26 de enero de 2023, que acoge parcialmente el reclamo deducido por doña nombre reservado respecto de 4 licencias, pero confirma el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado y RUT reservado; 3) Copia del listado de licencias médicas desde el año 2019, otorgado por Ley de Transparencia, con fecha 09 de enero de 2023; 4) Copia Informe médico emitido por la Dra. nombre reservado, de fecha 25 de octubre de 2022.

SEGUNDO: Que, evacuó informe FRANCISCO ORTEGA BELLO, abogado, en representación de la recurrida la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Solicita que se declare a la presente Acción de Protección como improcedente por cuanto la materia sobre la que realmente versa, dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En subsidio informa en cuanto al fondo. Expone que consta en el expediente administrativo que la Sra. nombre reservado, reclamó mediante presentación de fecha 30 de agosto de 2022, apelando en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) región Metropolitana, que rechazó las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 171 días, a contar del 07 de abril de 2022, por reposo no justificado.

En razón de lo anterior, esa Superintendencia, previo estudio de los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los informes médicos aportados permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal. Sin embargo, respecto de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los estudios clínicos adjuntos, evidencian lesiones de carácter crónico e irreversible, por lo tanto, no se justifica la prolongación del reposo más allá del período previamente autorizado el cual alcanza a 1.169 días por patología oncológica. Finalmente menciona que, para hacer uso de Licencia médica es necesario que la trabajadora se encuentre impedida de trabajar por razones de salud en forma temporal, existiendo la posibilidad real y cierta de que recuperará su capacidad de trabajo y quedará en condiciones de reincorporarse a la vida laboral. Es decir, que, no corresponde autorizar Licencias médicas en que la mantención del reposo no tendrá como efecto la recuperación de capacidad de trabajo y reincorporación a la vida laboral. Lo anterior según consta en la Resolución Exenta N° R-01-UME-11741-2023, de 26 de enero de 2023.

Al respecto, destaca que en atención al reclamo presentado por la Sra. nombre reservado, la Contraloría Médica de la COMPIN en justificación del rechazo de su licencia ante ese Organismo, registró la siguiente información en la cartola médica del paciente:

“(08/04/2022) … RR se mantiene rechazo de lme en apelación, paciente de 69 años jubilada con patología crónica irrecuperable dg: ca mama izquierda con metástasis óseas. reposo ya no cumple rol terapéutico…”

Por su parte, los facultativos de esa Superintendencia, consistente con lo señalado informaron, en síntesis, lo siguiente en la Ficha Médica del expediente administrativo: “Fundamentos de la resolución: Paciente con 1169 días de reposo autorizados por patología oncológica y sin días previos por patología de salud mental, reclama por 171 días rechazados, de los cuales 60 días corresponden a patología oncológica y 111 a salud mental, emitidos por médico general y especialista modalidad institucional. No aporta informe médico que justifique rol terapéutico por patología reclamada. Adulta mayor sin derecho a TPI. Rechazo LM N°s RUT reservado y RUT reservado de patología oncológica. Psiquiatría: considerando la situación de salud de ominoso pronostico, es comprensible cuadro adaptativo, siendo las primeras licencias de salud mental propongo autorizar de manera limitada este periodo. Acojo LM N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado de salud mental posterior a IC a especialista..”.

De lo anterior, se desprende que la Sra. nombre reservado presenta una incapacidad permanente, es decir, no temporal durante el período de reposo de las licencias médicas reclamadas, por la cual ha hecho uso previamente. Por consiguiente, no resulta procedente hacer uso de licencia médica, ya que para ello es necesario que exista una incapacidad temporal, conforme a lo dispuesto en el D.S. N°3, ya citado.

Tal razonamiento es, precisamente, recogido por la Resolución que da origen a aquella impugnada en autos, al señalar que “…que los estudios clínicos adjuntos, evidencian lesiones de carácter crónico e irreversible, por lo tanto, no se justifica la prolongación del reposo más allá del período previamente autorizado…” y “…para hacer uso de Licencia médica es necesario que la trabajadora se encuentre impedida de trabajar por razones de salud en forma temporal, existiendo la posibilidad real y cierta de que recuperará su capacidad de trabajo y quedará en condiciones de reincorporarse a la vida laboral. Es decir, que, no corresponde autorizar Licencias médicas en que la mantención del reposo no tendrá como efecto la recuperación de capacidad de trabajo y reincorporación a la vida laboral…”.

Hace presente que, atendidos los antecedentes disponibles en el expediente administrativo, es posible advertir que la Sra. nombre reservado, se encuentra pensionada por vejez. Lo anterior, adquiere relevancia puesto que, la patología crónica presentada no puede ser evaluada por las Comisiones Médicas creadas en conformidad al D.L. N° 3.500, de 1980, debido a que, tendrán derecho a pensión de invalidez aquellos afiliados no pensionados y que no cumplan los requisitos de edad para obtener una pensión de vejez, situación que no se da en el caso en comento.

En consecuencia, lo resuelto por la Superintendencia de Seguridad Social, en el sentido de rechazar las licencias médicas de la recurrente, se encuentra médico-administrativamente justificada, según lo indicado precedentemente, debido a que los antecedentes médicos tenidos a la vista, no permiten justificar el reposo prescrito y el rol terapéutico que este debe cumplir.

Así entonces, la actuación de esa Superintendencia, se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras.

Sin perjuicio de lo ya señalado, hace presente que la pretensión de la recurrente, en orden a que se le autoricen las licencias médicas y se le pague el subsidio por incapacidad laboral, fuera de no tener fundamento legal de acuerdo con los antecedentes y preceptos legales que se han expuesto, ciertamente, desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue pensada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”. En el caso de la recurrente claramente su derecho a licencia médica y consecuentemente al subsidio por incapacidad laboral, no reúnen la condición de un derecho preexistente, indubitado, cuyo ejercicio resulte legítimo, por el contrario, tras las sucesivas revisiones de la COMPIN y de esa Superintendencia, se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de sus licencias médicas.

Por último, hace presente que, tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues como ya se indicó, su representada se limitó a resolver la situación de la Sra. nombre reservado, dentro del ámbito de sus competencias, tampoco ha existido, en la especie, vulneración o amenaza al derecho a la vida e integridad física y psíquica, ni menos se ha infringido o vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente, reconocidos a todas las personas en el artículo 19 N°s 1 y 24 de nuestra Constitución Política, como tampoco ningún otro derecho garantizado por nuestra Carta Fundamental.

Con todo, atendido las consideraciones expuestas, se descarta cualquier actuar arbitrario e ilegal por parte de su defendida, ya que, en el dictamen aludido, se exponen las razones por las cuales se llegó a la conclusión que se ha indicado. No se trata pues, de un acto carente de un fundamento racional o nacido del sólo capricho irracional de la autoridad técnica, sino que DEL ESTUDIO Y PONDERACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE SE HAN SEÑALADO, en concordancia con criterios normativos y jurisprudenciales vigentes en este Organismo de Control.

Por estas consideraciones solicita sea desestimada la acción en todas sus partes Acompaña copia del expediente administrativo, relativo al caso de la recurrente de autos.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, en cuanto a la alegación de improcedencia de la acción en materias de seguridad social, fundada en que el artículo 20 de la Carta Fundamental no establece dentro del catálogo taxativo de garantías constitucionales protegidas aquella prevista por el numeral 18 del artículo 19 de la Carta Magna, cabe señalar que si bien es efectivo lo sostenido por la recurrida, no es menos cierto que ello sólo implica que por este acápite no podrá, si correspondiere, ser acogido el presente recurso.

SEXTO: Que, es relevante tener presente que este recurso se erige en contra de la Resolución Exenta N° R-01-UME-11741-2023, de 26 de enero de 2023, dictada por la Superintendencia de Seguridad Social, en virtud de la cual instruye autorizar las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, y mantener lo dictaminado por la COMPIN en relación a las licencias médicas N°s RUT reservado y RUT reservado.

En torno al argumento vertido por la SUSESO, organismo recurrido, al mantener la decisión de rechazar las licencias médicas referidas previamente, aquel gira en torno a la siguiente idea: “…los informes médicos aportados permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal. Sin embargo, respecto de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los estudios clínicos adjuntos, evidencian lesiones de carácter crónico e irreversible, por lo tanto, no se justifica la prolongación del reposo más allá del período previamente autorizado el cual alcanza a 1.169 días por patología oncológica. Finalmente cabe mencionar que, para hacer uso de Licencia médica es necesario que la trabajadora se encuentre impedida de trabajar por razones de salud en forma temporal, existiendo la posibilidad real y cierta de que recuperará su capacidad de trabajo y quedará en condiciones de reincorporarse a la vida laboral. Es decir, que, no corresponde autorizar Licencias médicas en que la mantención del reposo no tendrá como efecto la recuperación de capacidad de trabajo y reincorporación a la vida laboral”.

SEPTIMO: Que, del mérito de los antecedentes expuestos, no cabe duda que la argumentación otorgada por la recurrida tiene un carácter contradictorio, conclusión que no solo se colige del propio tenor de la resolución impugnada, sino de la circunstancia de existir múltiples licencias médicas previas autorizadas por la misma patología, como también por el hecho de haber pronunciado la recurrida dos resoluciones diversas respecto de una misma reclamación y por tanto sobre unas mismas licencias médicas, con decisiones diversas e incompatibles entre sí. En efecto, con fecha seis de enero de los corrientes la denunciada ha pronunciado Resolución Exenta sin número, la cual rechazó la reclamación interpuesta por la actora respecto de todas las licencias médicas materias de la misma, dictando con posterioridad la resolución que nos ocupa, en la cual, como ya se indicó, se acoge parcialmente el reclamo; cambio de criterio que no aparece justificado ni en la resolución impugnada ni en el informe evacuado en estos autos, y que abona a las conclusiones anotadas en esta motivación.

OCTAVO: Que, en este punto, cabe traer a colación lo dispuesto en el Decreto Supremo N°3 del Ministerio de Salud, que sostiene “Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en proporción que corresponda.” (Artículo 1).

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez del mismo. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y juridicidad.

NOVENO: Que, con lo dicho, emana que la argumentación otorgada a la paciente por la recurrida escapa a los márgenes de sus facultades y al expreso mandato legal, dejando a la paciente en una situación compleja, razón suficiente para entender que, aunque aparezca, la fundamentación de rechazo de las licencias dada en este asunto, es carente de sustento.

DECIMO: Que, este actuar de la recurrida atenta contra las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 numerales 1 y 24; la primera, pues dificulta su vida e integridad física; la segunda porque, al no contar con el subsidio de incapacidad laboral, afecta el patrimonio de la recurrente, desde que el trabajador, que padece una patología, no cuenta con el dinero proveniente de este ítem, afectando aún más su debilitada salud mental.

UNDECIMO: Que, a mayor abundamiento, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en su artículo 12 consagra expresamente el derecho de protección a la salud de las personas pertenecientes a ese grupo etario, como también contempla diversas disposiciones sobre el derecho al trabajo de las personas mayores, normas que por mandato del artículo 5° inciso 2° de nuestra Constitución tienen un carácter vinculante y que también se ven vulneradas con el actuar previamente descrito, todo lo cual abona a acoger el presente recurso, en los términos que se indicarán en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por CLAUDIO FERNÁNDEZ RAMIREZ, en favor de nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), y en consecuencia se deja sin efecto la Resolución Exenta N° R-01-UME-11741-2023, de fecha 26 de enero de 2023, solo en aquella parte que mantiene lo dictaminado por la COMPIN en relación a las licencias médicas N° RUT reservado y RUT reservado, disponiéndose que la recurrida Superintendencia de Seguridad Social deberá proceder al pago de las licencias médicas previamente individualizadas.

Acordada con la prevención del Ministro Titular Sr. Le Cerf, quien fue del parecer de acoger la acción pero disponiendo la práctica de una pericia a fin de determinar el real estado de salud de la recurrente y la procedencia de las licencias médicas reclamadas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 138-2023 (Protección).-