Protección contra Consejo Técnico del Centro de Educación y Trabajo Metropolitano

nombre reservado

Centro de Educación y Trabajo Metropolitano Recurso de protección Rol N°1379-2025.- La Serena, dos de octubre de dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece nombre reservado, defensor penal público penitenciario, en favor de nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra del Consejo Técnico del Centro de Educación y Trabajo Metropolitano, dependiente de Gendarmería de Chile, por el acto ilegal y arbitrario dictado el 6 de junio de 2025, notificado al condenado el 11 del mismo mes y año, consistente en el rechazo de su incorporación a dicho centro.

Menciona como antecedentes del recurso, que el recurrente se encuentra actualmente cumpliendo en el Complejo Penitenciario de La Serena las penas de 12 años de presidio mayor en su grado medio y de 7 años de presidio mayor en su grado mínimo, por la comisión de los delitos de robo con homicidio frustrado y robo con violencia, castigos que finalizan el año 2034.

Acota que el actor solicitó apoyo y representación de la Defensoría Penal Pública Penitenciaria con la finalidad de ser trasladado y evaluado para ingresar al Centro de Educación y Trabajo Metropolitano, ubicado en la ciudad en que reside su familia y red de apoyo.

Refiere que el Consejo Técnico del Complejo Penitenciario de La Serena, determinó, por unanimidad, aprobar la solicitud de traslado planteada, teniendo en consideración para ello la inexistencia de observaciones de seguridad intrapenitenciaria, adaptación al régimen interno, finalización de su enseñanza media y participación en actividades laborales al interior del penal. Sin embargo, el 6 de junio de 2025, el Consejo Técnico del Centro de Educación y Trabajo Metropolitano rechazó su ingreso, decisión que se fundó exclusivamente en una apreciación subjetiva del perfil psicológico del interno.

Expone que el Decreto Supremo N°943, que regula la formación para el trabajo penitenciario, establece expresamente en su artículo 8 que el trabajo debe ser voluntario, mientras que en el artículo 9 obliga a Gendarmería a adoptar medidas concretas para facilitar la incorporación de los internos a programas laborales y formativos.

Afirma que la decisión reprochada frustra un proceso que es parte esencial de la finalidad de la pena, esto es, la reinserción social y afecta el derecho a mantener arraigo familiar, elemento fundamental para disminuir la reincidencia y facilitar la reintegración social.

Culmina solicitando se deje sin efecto la negativa y, en consecuencia, se disponga el traslado hacia el referido establecimiento penitenciario, por estimar que ha dado cumplimiento a la totalidad de requisitos legales para dar curso a la solicitud.

Acompaña al recurso: 1. Acta de Consejo Técnico del Complejo Penitenciario de La Serena llevada de 6 de mayo de 2025; 2. Notificación interno de 11 de junio del presente año; y 3. Informe social evacuado por la trabajadora social de la Defensoría Penal Pública Penitenciaria, de 21 de julio de 2025.

SEGUNDO: Que a folio 6 comparece el recurrido, evacuando el informe requerido.

Indica que el acta que se impugna ha sido dictada de conformidad a la normativa institucional vigente, con arreglo a las facultades legales que Gendarmería de Chile posee.

Señala que el acta del Consejo Técnico del Centro Penitenciario de La Serena sólo aprueba que el actor pueda continuar con su proceso de postulación al Centro de Estudio y Trabajo Semiabierto Metropolitano, lo que no se traduce en la decisión de aprobar la solicitud de traslado planteada, dado que dicho Consejo carece de las competencias para aprobarlo y mucho menos posee facultades para autorizar el traslado de un interno de un recinto a otro.

Explica que mediante acta N°NUM000, de 6 de junio de 2025, el Consejo Técnico del Centro de Educación y Trabajo Semiabierto Metropolitano, en periodo extraordinario y por unanimidad, determinó rechazar la solicitud del recurrente argumentado lo que sigue: “…criminológicamente regular conciencia del delito debido a que es capaz de distinguir entre el bien y el mal, pero mantiene una relación estereotipada e infantil respecto de la norma, ya que no cuenta con el resorte afectivo a nivel interno necesario para que la conciencia de delito se vuelva genuina. Además, en factores específicos de riesgo presenta deficiente solución de conflictos/habilidades de autocontrol”, sugiriendo que avance en su plan de intervención individual 2025-2026 y trabaje las habilidades deficientes de autocontrol.

Acompaña al informe: 1. Ficha clasificación; 2. Ficha única; 3. Oficio Ordinario N°NUM001, de 11 de junio de 2025, del Jefe del Centro de Educación y Trabajo Metropolitano; y 4. Resolución Exenta N°11.523, de 19 de noviembre de 2012, que aprueba normas de funcionamiento de los Consejos Técnicos.

TERCERO: Que a folio 7, previo a proveer el informe evacuado, se solicitó acreditar la personería para representar a la Oficina de Asistencia Jurídica de la Dirección Regional Metropolitana de Gendarmería de Chile. Luego, a folio 8, se ordenó a la recurrida cumplir con lo ordenado o, en su defecto, evacuar el informe solicitado, bajo apercibimiento de tenerlo por no presentado. Finalmente, a folio 10, atendido el tiempo transcurrido, no habiendo dado cumplimiento al informe decretado se prescindió de aquel.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

QUINTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1 del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEXTO: Que, para la correcta resolución del asunto, es preciso considerar que el artículo 6 del Decreto Ley N°2859, de 1979, que fija la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, establece en su numeral 12: “Son obligaciones y atribuciones del Director Nacional: (…) 12.- Determinar los establecimientos en que los condenados cumplirán sus penas y disponer los traslados de ellos de acuerdo con la reglamentación vigente”. A su turno, el artículo 28 del Decreto N°518 que aprueba el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, establece que “Por Resolución fundada del Director Nacional, quien podrá delegar esta facultad en los Directores Regionales, serán ingresados o trasladados a departamentos, módulos, pabellones o establecimientos especiales, los penados cuya situación haga necesaria la adopción de medidas dirigidas a garantizar la vida e integridad física o psíquica de las personas y el orden y seguridad del recinto. Estas medidas podrán adoptarse en razón de la reincidencia, tipo de delito, de reiteradas infracciones al régimen normal de los establecimientos penitenciarios, de requerimientos sanitarios, y de otros antecedentes de carácter técnico que las hagan necesarias. Este régimen de extrema seguridad no tendrá otro objetivo que la preservación de la seguridad de los internos, sus compañeros de internación, del régimen del establecimiento, de los funcionarios, y de las tareas impuestas a la administración y en su cumplimiento se observarán todas las normas de trato humanitario”.

SÉPTIMO: Que, de esta manera, se advierte que la situación penitenciaria del recurrente se encuentra determinada en virtud de las facultades legales que competen al Director Nacional de Gendarmería, establecidas en el artículo 6 del Decreto Ley N°2.859 que consagra la Ley Orgánica de la referida institución, normativa conforme a la cual, determinar el lugar de cumplimiento de la condena corresponde a Gendarmería, en base a los criterios que la ley y el reglamento penitenciario ha fijado para ello.

OCTAVO: Que, sin perjuicio de lo anterior, estos sentenciadores estiman que la presente acción no es la vía idónea para impugnar la decisión de Gendarmería. Al efecto, resulta oportuno tener presente que el artículo 14 letra f) del Código Orgánico de Tribunales previene: “Corresponderá a los jueces de garantía: (…) f) Hacer ejecutar las condenas criminales y las medidas de seguridad, y resolver las solicitudes y reclamos relativos a dicha ejecución, de conformidad a la ley procesal penal”. Acorde a la preceptiva precitada, se concluye que lo solicitado por el recurrente debe ser pedido y ventilado ante el Juez de Garantía respectivo, en su calidad de tribunal de ejecución de la pena, lo que resulta bastante para desestimar la presente acción.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra del Consejo Técnico del Centro de Educación y Trabajo Metropolitano, dependiente de Gendarmería de Chile.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1379-2025 Protección.