RECURSO DE PROTECCION INT. POR INDUSTRIAL NOVACHILE S.A. CONTRA LA INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO DE COQUIMBO.

Industrial Nova Chile S. A.

Inspección Provincial del Trabajo de Coquimbo Recurso de Protección Rol Nº 1379-2015.- La Serena, catorce de octubre de dos mil quince.

VISTOS:

A fojas 19, comparece don Eduardo Zarhi Hasbún, abogado, en representación de Industrial Novachile S.A., empresa del giro de su denominación, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, Ruta 43 Km 56, El Manzano, comuna de Coquimbo, deduciendo recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo Coquimbo, representada legalmente por su Inspector Provincial del Trabajo don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, solicitando que se adopten las providencias que se juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho y en especial, dejar sin efecto el ordinario Nº 1397 de 5 de Agosto de 2015, que deniega la tramitación de la reconsideración administrativa presentada por su parte, toda vez que dicho un acto administrativo perturba las garantía de igualdad ante ley y el derecho de propiedad, consagrados en el artículo 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Fundando el recurso expone que la situación que priva y perturba el legítimo ejercicio de la garantía constitucional establecida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, consiste en la negativa a admitir a tramitación una solicitud de reconsideración de multa administrativa, por haberse presentado ésta en forma extemporánea, al contabilizar los días para la interposición de dicha recurso como de días corridos y no como días hábiles, ignorando con esta determinación lo dispuesto por la normativa aplicable al caso y atribuyéndose la facultad de establecer requisitos que nuestro legislador no ha dispuesto al efecto.

Señala que con fecha de 10 de junio de 2015 concurrió a las instalaciones de la empresa recurrente un fiscalizador de la Inspección del Trabajo de Coquimbo, quien decidió cursar una multa de 40 Unidades Tributarias Mensuales, mediante Resolución Administrativa N° 1295/15/34, notificada el 18 de junio del 2015. Agrega que el día 20 de julio del año en curso, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 511 del Código del Trabajo, la recurrente solicitó reconsideración de la multa aplicada, comunicando la recurrida, mediante el ordinario que se impugna, esto es, el número 1397, que no admitió a tramitación la solicitud de reconsideración por considerar extemporánea la presentación, al no haber sido presentada dentro de los 30 días corridos contados desde la notificación de la resolución.

Estima el recurrente que la referida resolución es ilegal y arbitraria, pues conforme dispone el artículo 25 de la ley N° 19.880, norma que regula el cómputo de los plazos en los procedimientos administrativos, son inhábiles los días sábados, domingos y festivos para estos efectos. Añade que existe abundante jurisprudencia que ha establecido que para el cómputo del plazo señalado en el artículo 512 del Código del Trabajo, debe aplicarse de manera supletoria lo dispuesto en el precitado artículo 25, de manera que no es un término de días corridos, sino de días hábiles, entendiéndose inhábiles los días sábados, domingos y festivos, citando al efecto, diversos fallos.

Sostiene que la interpretación errónea que efectúa la entidad recurrida constituye un acto ilegal y arbitrario, pues no considera la normativa supletoria que debe aplicarse en esta materia (artículo 25 de la ley 19.880), afectando las garantías de los numerales 2 y 24 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, al estimar que no se ha dado un trato igualitario al recurrente, pues se da a la reconsideración administrativa un trato distinto a otros recursos administrativos, realizando una distinción ilegal, afectando el patrimonio de la recurrente, obligándola al pago de la multa cursada.

Concluye solicitando que, en definitiva, se acoja la presente acción de protección, dejando sin efecto el acto ilegal y arbitrario contenido en el Ordinario N° 1397 de fecha 5 de agosto de 2014, y se ordene a la recurrida conocer de la reconsideración administrativa presentada el 20 de agosto último.

Acompaña la documentación en que fundamenta su recurso.

A fojas 54, comparece don Elías Alcayaga Zumarán, abogado en representación de la recurrida, evacuando el informe requerido en autos, solicita el rechazo de la acción constitucional, con expresa condenación en costas.

Expone que el día 12 de junio del 2015, en el marco de un proceso de fiscalización, se cursó a la recurrente la multa 1295/2015/34-1 por un monto de 40 UTM, por distribuirse la jornada semanal ordinaria en menos de cinco días, infringiendo lo dispuesto en el artículo 28 del Código Laboral, resolución notificada personalmente con fecha 18 de junio del citado año, siendo efectivo que, posteriormente, con fecha 20 de julio último, la empresa solicitó la reconsideración administrativa de la multa cursada, adjuntando al formulario respectivo una nota con los descargos en relación a aquélla y la documentación que estimó pertinente al efecto.

Refiere que habiéndose verificado que la solicitud de reconsideración administrativa fue presentada fuera del plazo legal de 30 días corridos, el Inspector Provincial del Trabajo de Coquimbo, mediante Ordinario N° 1397 de 5 de agosto de 2015, informó a la empresa que no se admitiría a tramitación su solicitud por incumplimiento de requisitos legales, habida consideración que ésta no fue presentada dentro del plazo legal de 30 días corridos, contados desde su notificación. Al respecto señala el informante que el artículo 512 del Código del Trabajo no especificó la naturaleza del plazo para la interposición de la solicitud de reconsideración administrativa, siendo el caso que las normas del citado código que establecen plazos de días útiles, como los artículos 435 y 312, no resultan aplicables en la especie, de forma que debe acudirse a la regla supletoria establecida en el artículo 50 del Código Civil, que dispone que los plazos en general son de días corridos, razonamiento que ha sido aplicado por los tribunales de justicia conforme a la jurisprudencia que se cita en su libelo.

Añade que el artículo 25 de la Ley 19.880 no resulta aplicable en esta materia ya que es ajena a la realidad y a los principios laborales, no existiendo un vacío que deba ser suplido por el referido texto legal, al contemplar el artículo 512 del Código del Trabajo una regulación especial, por lo que no cabe sostener que el plazo se suspenda los días sábados, domingos o festivos.

Agrega que corrobora lo anterior, los dictámenes de la Contraloría General de la República Nº 64.985 de 20 de noviembre del 2009 y Nº 17.344 de 10 de marzo del 2014, que determinaron que el plazo contemplado en el artículo 512 del Código Laboral es un plazo de días corridos.

Considera, por tanto, que no ha existido ilegalidad ni arbitrariedad alguna en el accionar de la Inspección recurrida y que no se ha vulnerado garantía alguna, toda vez que no se ha establecido ningún trato desigual al encontrarse la decisión impugnada conforme a derecho, sustentando el organismo fiscalizador el mismo criterio respecto de todos los administrados, de acuerdo a las instrucciones del Servicio y de Contraloría General de la República y que tampoco se ha vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente, por cuanto el pago de la sanción es consecuencia del ejercicio tardío de los recursos administrativos en que el accionante ha incurrido, siendo las consecuencias patrimoniales de su exclusiva responsabilidad.

Acompaña documentos en que sustenta su informe.

A fojas 64, se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEGUNDO: Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

TERCERO: Que la recurrente estima como ilegal y arbitraria la decisión de la Inspección Provincial del Trabajo de Coquimbo adoptada mediante el Ordinario N° 1397 de fecha 5 de agosto del 2015, en virtud de la cual rechazó la solicitud de reconsideración administrativa que dedujo en contra de la Resolución de Multa N° 1295/15/34, por estimar que había sido presentada en forma extemporánea, al no haber sido intentada dentro de los 30 días corridos contados desde la notificación de la resolución de multa, agregando que la interpretación que efectúa la autoridad administrativa resulta errónea, toda vez que no considera la normativa supletoria que debe aplicarse en esta materia, vale decir, el artículo 25 de la ley 19.880, precepto que regula el cómputo los plazos en los procedimientos administrativos, estableciendo que son hábiles los días sábados, domingos y festivos para tal efecto, por lo que la decisión recurrida vulnera las garantías de los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, por cuanto al resolver la reconsideración ha dado un trato distinto respecto de otros recursos administrativos, afectando asimismo su patrimonio, al obligarla al pago de la multa cursada.

CUARTO: Que, por su parte, la recurrida al informar expuso que el día 12 de junio del 2015, se cursó a la recurrente la multa 1295/2015/34-1, por un monto de 40 UTM, por distribuirse la jornada semanal ordinaria en menos de cinco días, infringiendo lo dispuesto en el artículo 28 del Código Laboral, resolución que le fue notificada personalmente con fecha 18 de junio del citado año, añadiendo que con fecha 20 de julio último, la empresa solicitó la reconsideración administrativa de la multa cursada, por lo que habiéndose verificado la presentación de dicha solicitud fuera del plazo legal de 30 días corridos, el Inspector Provincial del Trabajo de Coquimbo, mediante Ordinario N° 1397 de 5 de agosto de 2015, informó a la empresa que no se admitiría a tramitación su solicitud por incumplimiento de requisitos legales; además, el informante señala que el artículo 512 del Código del Trabajo no especificó la naturaleza del plazo para la interposición de la solicitud de reconsideración administrativa, de manera que debe acudirse a la regla supletoria establecida en el artículo 50 del Código Civil, que dispone que los plazos en general son de días corridos.

QUINTO: Que el artículo 1° inciso 1° de la ley 19.880 dispone que este texto legal establece y regula las bases del procedimiento administrativo de los actos de la Administración del Estado, agregando que en caso de que la ley establezca procedimientos administrativos especiales, esta ley se aplicará con carácter de supletoria. Enseguida, en su artículo 2° previene que sus preceptos serán aplicables a los ministerios, las intendencias, las gobernaciones y los servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa; y, en fin, el inciso 1° del artículo 25 del referido cuerpo normativo prescribe que los plazos de días establecidos en esta ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingo y los festivos.

SEXTO: Que la solicitud de reconsideración de multa intentada por la recurrente ante la Inspección del Trabajo constituye un recurso entablado en sede administrativa, de modo que al no existir norma expresa que disponga lo contrario, deben aplicarse supletoriamente las normas de la citada ley 19.880 y, en el caso de autos, por consiguiente, efectivamente resulta aplicable su artículo 25, en lo relativo al cómputo de los plazos para la presentación de la aludida reconsideración. En consecuencia, solo cabe concluir que el referido plazo no es de días corridos, como ha pretendido la recurrida, sino de días hábiles, entendiéndose como inhábiles, conforme al precepto aludido, los días sábados, los domingos y los festivos.

SÉPTIMO: Que, al respecto, conveniente es consignar que no es posible interpretar que a falta de norma expresa en el inciso 1° del artículo 512 del Código del Trabajo en relación a la forma de computar el plazo de 30 días allí contemplado, deba aplicarse supletoriamente el artículo 50 del Código Civil -norma referida al cómputo del plazo de días corridos- por cuanto, según se ha dicho, el artículo 25 de la ley 19.880 dispone que en los procedimientos administrativos los plazos de días que se establecen son de días hábiles, quedando excluidos los días que la misma disposición indica.

OCTAVO: Que del mérito de los antecedentes documentales allegados al recurso y de lo expuesto por los litigantes, se infiere que la Resolución de Multa N° 1295/2015/34-1 fue notificada a la accionante con fecha 18 de junio del 2015 y que la reconsideración fue presentada el día 20 de julio del mismo año; en consecuencia, solo cabe concluir que el referido recurso administrativo fue interpuesto dentro del plazo de 30 días hábiles contados desde la notificación de la mencionada Resolución de Multa, vale decir, dentro del término contemplado en el artículo 512 del Estatuto Laboral, conforme lo dispuesto en el precitado artículo 25 de la ley 19.880.

NOVENO: Que, atendido lo razonado precedentemente resulta palmario que la recurrida ha incurrido en una conducta ilegal y, asimismo, arbitraria, toda vez que la interpretación plasmada en el acto administrativo reprochado, esto es, el Ordinario N° 1397 de 5 de agosto del 2015, vulnera su garantía de igualdad ante la ley, al negarse la tramitación de una reconsideración administrativa, no obstante haber sido presentada dentro del término legal, impidiendo de esta forma al recurrente el ejercicio de sus derechos, además, de consolidar el pago de la multa respecto de la cual se pretendía recurrir en virtud de la reconsideración deducida, circunstancia que, asimismo, afecta su derecho de propiedad.

DÉCIMO: Que, conforme a lo reflexionado en los motivos que anteceden, la acción constitucional deberá ser acogida.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido en lo principal de fojas 19, por don Eduardo Zarhi Hasbún, en representación de “Industrial Novochile SA.” y, en consecuencia, se deja sin efecto el Ordinario N° 1397 de fecha 5 de agosto del 2015, debiendo la recurrida admitir a tramitación el recurso de reconsideración formulado por la accionante en relación a la Resolución de Multa N° 1295/15/34 de 12 de junio del mismo año.

Notifíquese, regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del ministro titular, don Fernando Ramírez Infante.

Rol N° 1379-2015.

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de La Serena, integrada por los Ministros señor Fernando Ramírez Infante, señora Marta Maldonado Navarro y el abogado integrante señor Marcos López Julio.

Jorge Colvin Trucco Secretario

La Serena, catorce de octubre de dos mil quince, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.