nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

nombre reservado

Servicio Nacional de Migraciones y otros Recurso de Protección Rol N°1375-2024 La Serena, veintisiete de agosto de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, a folio 2, el 08 de agosto de 2024, se aceptó la competencia declinada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, por la cual se remitió recurso de protección interpuesto por José María Hurtado Fernández, abogado en representación de nombre reservado, cubano, cédula de identidad chilena para extranjeros número RUT reservado; en contra del del Presidente de la República, don Gabriel Boric Font, del Ministro del Interior y Seguridad Pública y del Servicio Nacional de Migraciones, por la omisión que considera ilegal y arbitrario consistente en no dictar el acto terminal pertinente, respecto de la solicitud de nacionalización del recurrente, perturbando dicha omisión el derecho constitucional de igualdad ante la ley y el debido proceso, establecidos en los artículos 19 números 2 y 3 de la Constitución Política de la República.

Funda su recurso indicando que el recurrente el de enero de 2020, realizó su solicitud de Carta de Nacionalización, a través del sitio web del Servicio Nacional de Migraciones, asignando el número de solicitud 2731626, adjuntando una serie de requisitos exclusivamente documentales exigidos por la autoridad migratoria, habiendo transcurrido más de 1.659 días, esto es, 4 año, 6 meses y 16 días, desde efectuada la solicitud de nacionalización, ésta aún no ha sido resuelta.

Refiere que el acto es ilegal y arbitrario por cuanto conforme lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley N° 21.325, las solicitudes de residencia temporal o definitiva deberán ser tramitadas en el más breve plazo, debiendo informar el estado de tramitación cada 60 días, obligación que e replica ene l artículo 46 del Decreto N° 296 de 2022, Reglamento de Extranjería y que son aplicables por analogía asunto de autos.

Agrega que se incumple con lo dispuesto en los artículos 4, 7, 9 y 27 de Ley N° 19.880, que consagran principio de económica procesal y celeridad y en especial, que establece que el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final.

Arguye que la carta de nacionalidad no es una facultad discrecional de la autoridad, es un Derecho.

Como garantías conculcadas refiere la igualdad ante la ley, por cuanto existe un trato desigual respecto de otras personas que al acudir a la administración obtienen respuesta dentro del plazo previsto en la Ley 19.880; y la garantía constitucional del debido proceso, haciendo en este punto mención a normativa internacional en cuanto ordena a los estados evitar retrasos innecesarios en los procesos administrativos y judiciales, lo que no se ha cumplido, transgrediendo la garantía en comento al no resolver la solicitud de Carta de Nacionalización en un plazo razonable.

Culmina solicitando se ordene a las recurridas a dictar el acto administrativo terminal, emitiendo el Decreto que resuelva la solicitud de Carta de Nacionalización del extranjero recurrente, en un plazo no superior a 30 días hábiles administrativos desde que la sentencia se encuentre firme y ejecutoriada o el plazo que esta Corte estime conveniente, o las medidas que la misma considere necesarias para restablecer el imperio del derecho, con costas.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos: 1. Hoja de identificación de pasaporte cubano número RUT reservado de don nombre reservado; 2. Cédula de identidad chilena para extranjeros número RUT reservado de don nombre reservado; 3. Comprobante de envío de solicitud de Nacionalización de 9 de enero de 2020 de don nombre reservado; 4. Certificado de residencia definitiva de don nombre reservado; 5. Certificado de antecedentes penales de don nombre reservado; 6. Certificado de alumno regular de don nombre reservado; 7. Contrato de trabajo de don nombre reservado; 8. Certificado de antigüedad del contrato de trabajo de don nombre reservado; 9. Certificado de cotizaciones previsionales y de salud de don nombre reservado.

SEGUNDO: Que, a folio 4, el 12 de agosto de 2024, comparece don nombre reservado, abogado del Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo del recurso.

Menciona que el recurrente se encuentra con situación migratoria regular en el país y debe ser resuelta por el Presidente de la República en carácter discrecional, por lo que no se vislumbra que la omisión en el pronunciamiento del acto administrativo final genere vulneración, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías fundamentales del actor.

Agrega que, en la tramitación de una solicitud de Carta de Nacionalización y su otorgamiento, intervienen distintos Organismos Públicos, a saber, el Servicio Nacional de Migraciones, la Policía de Investigaciones de Chile y el Ministerio del Interior, por lo que su otorgamiento escapa a las facultades de este Servicio, cumpliendo cada uno de los Organismos señalados, una determinada función, siendo finalmente el presidente de la República quien otorga o no la nacionalización.

A continuación, se refiere a la normativa que regula el otorgamiento de la nacionalización por carta, recalcando el hecho de que el Servicio de Migraciones se limita a la tramitación de dicha solicitud y no se extiende a la resolución de esta.

Añade que el plazo máximo establecido en el artículo 27, de la Ley N° 19.880, no constituye un plazo fatal para la administración, conforme lo ha señalado la Excelentísima Corte Suprema.

Señala además que el recurrente mantiene situación migratoria regular en el territorio nacional, pudiendo hacer ingreso y egreso del país sin limitaciones y transitar libremente por éste. En consecuencia, esta autoridad entiende que no existe actualmente una conducta que genere vulneración, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos protegidos por la acción de protección.

Adicionalmente puede efectuar toda actividad remuneracional lícita, y desenvolverse libremente en el País, más aún cuando se encuentra su cédula de identidad vigente.

Indica que la solicitud de carta de nacionalización del recurrente se encuentra en etapa de “ratifica autoridad” habiéndose remitido los antecedentes al Ministerio del Interior el 19 de julio de 2023.

Acota que es necesario hacer presente y recalcar que la labor del Servicio Nacional de Migraciones en la tramitación de las solicitudes de carta de nacionalización termina con la remisión, mediante oficio, de la calificación favorable o desfavorable de la solicitud de carta de nacionalización analizada, junto con todos los demás antecedentes aportados, al Gabinete de la Subsecretaría del Interior.

Finaliza solicitando rechazar el recurso con costas.

TERCERO: Que, a folio 6, el 19 de agosto de 2024, evacúa informe Gonzalo Becerra Arias, abogado, en representación Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Indica que los antecedentes de la solicitud de otorgamiento de carta de nacionalización de la parte recurrente ya han sido recibidos por este organismo, de parte del Servicio Nacional de Migraciones, encontrándose actualmente el acto administrativo que la resuelve en sus últimas etapas de tramitación, previo a la firma de la autoridad. Cabe señalar que, una vez concluida la tramitación de dicho acto, aquel será debidamente notificado a la parte recurrente, de conformidad con el procedimiento y competencias definidas explícitamente en la ley.

En cuanto al fondo indica que no existe una omisión ilegal o arbitraria, por lo que el recurso debe ser rechazado con costas, por no existir un motivo plausible para litigar.

Menciona que el otorgamiento de carta de nacionalización es sometido a un exhaustivo análisis, lo cual, en ocasiones, significa una tramitación más extensa que la esperada por las personas que las realizan. Cabe hacer presente que el referido análisis se encuentra plenamente justificado, dada la importancia, tanto jurídica como práctica, que implica otorgar una carta de nacionalización a una persona extranjera.

Refiere que este tipo de solicitudes son requerimientos de interés privado que se efectúan a la autoridad competente, quien no se encuentra obligada a aceptarlos, sino que únicamente accederá a ellos siempre que se cumplan los requisitos y estándares que, al respecto, se han establecido para tales fines, de acuerdo con sus procesos de revisión y ponderación internos.

Alega que la situación no puede ser calificada de arbitraria toda vez aquello no es producto de un mero capricho, sino de la verificación de un procedimiento reglado, cuya aplicación se ha visto exponencialmente incrementada en los últimos años.

Señala que conforme lo ha indicado la Corte Suprema el plazo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 19.880, no es fatal.

Arguye que aun en evento que se estimara ilegal o arbitraria la falta de pronunciamiento, este no implica una privación, perturbación o amenaza ostensible de algún derecho o garantía de aquellas tutelables por esta vía, la acción de protección no puede prosperar y que en el evento de acogerse esta acción, aquello supondría una vulneración a la garantía de igualdad ante la ley poner en una situación favorable a la parte recurrente sin que exista una razón aparente que la justifique, en desmedro de las personas extranjeras que efectúan sus solicitudes de otorgamiento de carta de nacionalización por la vía regular, sin activar mecanismos judiciales, e incluso con una fecha anterior a la parte recurrente, y que aún no cuentan con una respuesta de tal solicitud.

Alega de igual forma que el recurso de protección no es el medio idóneo para obtener la aceleración en la tramitación de este tipo de procedimientos y que no corresponde instrumentalizar un requerimiento de otorgamiento de carta de nacionalización mediante una acción de protección, al corresponder su otorgamiento única y exclusivamente al presidente de la República, por medio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Pide el rechazo del recurso con costas.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

QUINTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEXTO: Que, habiendo informado la remisión de los antecedentes por parte del Servicio de Migraciones al Ministerio del Interior, constando en consecuencia la culminación de la tramitación respecto del primer recurrido, no existiendo una omisión que pueda ser considerada como ilegal o arbitraria a su respecto, se rechazará al recurso a su respecto.

SEPTIMO: Que, en cuanto al segundo de los recurridos, Ministerio del Interior y Seguridad Pública, para resolver el asunto en examen, se debe acudir a lo estatuido en la Ley N°19.880. En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior, resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por último, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

OCTAVO: Que, de acuerdo con los antecedentes que constan en la tramitación de la presente causa, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud de carta de nacionalización, cuya remisión de antecedentes desde el Servicio de Migraciones fue realizada el 19 de julio de 2023.

Si bien, es necesario considerar que la referida solicitud requiere de un tiempo de tramitación que es superior al del resto de solicitudes corrientes de residencia, no resulta menos cierto que el Ministerio, en comento ha demorado más de un año en entregar alguna especie de respuesta a la parte solicitante, plazo que en este caso particular aparece alejado de justificación racional, además de exceder lo establecido en el artículo 27 de la mencionada Ley N°19.880, más un teniendo en consideración la contradicción de los recurridos al informar el estado de tramitación de la petición.

NOVENO: Que, por tanto, la dilación del recurrido en el pronunciamiento sobre la mentada solicitud, en este caso particular, debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de la parte recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes, obteniendo una respuesta formal en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente.

A mayor abundamiento, la duración del procedimiento es evidentemente excesivo, toda vez que si bien es de público conocimiento que numerosos trámites administrativos se vieron dilatados por la emergencia sanitaria que afectó a la sociedad, es preciso constatar que durante los años 2022 y 2023 la situación sanitaria se normalizó y los servicios estatales han desarrollado sus funciones cada vez con menores restricciones, de forma tal que no aparece justificado la extensión que ha tenido la tramitación de la solicitud del actor, todo lo que transforma en arbitrario el proceder del Servicio en comento, por lo que a su respecto de acogerá el recurso como se dirá en lo resolutivo del fallo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto a favor de don nombre reservado, sólo en cuanto se ordena al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que en un plazo que no podrá exceder de 30 días corridos desde que quede ejecutoriada la sentencia emitir pronunciamiento respecto de la solicitud de nacionalización presentada por el recurrente.

Decisión Acordada con el voto en contra del abogado integrante Sr. Jorge Fonseca Dittus, quien fue del parecer de rechazar el recurso por estimar que no es posible soslayar el hecho público, consistente en la alta cantidad de peticiones que actualmente se encuentran en tramitación, por lo que no se advierte en su tramitación una dilación de la entidad suficiente, que haga concluir la existencia de una omisión arbitraria o ilegal por parte de la recurrida y que implique una discriminación arbitraria en relación a otros interesados.

Lo anterior, teniendo en especial consideración que es un hecho establecido en esta causa que mientras dure la tramitación de la solicitud de carta de nacionalización, la parte recurrente se encuentra en situación migratoria regular, con cédula de identidad vigente y permiso para realizar actividades remuneradas y sin prohibición de desplazamiento en Chile o para entrar o salir del país, por lo que no se constata una eventual privación, perturbación o amenaza a alguno de los derechos constitucionales que ampara la acción constitucional del artículo 20 de la Carta Magna, recurrible por esta vía.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad Rol N°1375-2024 (Protección).