nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COMBARBALA

nombre reservado

Ilustre Municipalidad de Combarbalá Recurso de Protección Rol N° 1371-2024.- La Serena, dieciocho de octubre de dos mil veinticuatro.

Vistos y considerando:

Primero: Que a folio 1, el 1 de agosto de 2024, comparece don nombre reservado, en representación de nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, abogada, soltera, domiciliada en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Municipalidad de Combarbalá, R.U.T. RUT reservado, representada por su alcalde don Pedro Miguel Ángel Castillo nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, médico cirujano, ambos domiciliados en domicilio reservado, región de Coquimbo, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la dictación del Decreto N° 700, de 21 de junio de 2024, notificado el 2 de julio de 2024, por el cual se pone término a la prorroga de nombramiento, lo que en la práctica le priva a su representada del cargo o función pública, lo que vulnera las garantías constitucionales dispuestas en el artículo 19 N° 1, 2, 16 y 24 de la Constitución Política de la República.

Funda su recurso indicando que doña nombre reservado, ingresó a prestar servicios para el municipio recurrido el 5 de noviembre de 2013, como administrativa del Departamento de Educación, luego como asesora jurídica del Departamento de Educación y posteriormente fue nombrada como Jefa del Departamento de Educación, en calidad de suplente entre el 2 de septiembre de 2015, hasta el 31 de diciembre del mismo año, y a continuación, en tanto el cargo titular se resolvía, hasta el 04 de diciembre de 2016.

Agrega que Municipio llamó a concurso público para proveer el cargo de jefe DAEM por Alta Dirección Pública, al cual su representada postuló y fue electa en el cargo de jefa del Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) de la comuna de Combarbalá. Explica, que mediante Decreto Alcaldicio N°2.560 de 5 de diciembre de 2016, fue nombrada titular del cargo de jefa DAEM hasta el 05 de diciembre de 2021, contratación que se encuentra regulada según el estatuto docente.

Menciona que antes de producirse el término del período por el cual fue nombrada su representada, se prorrogó este mediante Decreto Alcaldicio N°4.306 de 1 de diciembre de 2021, a contar del 06 del mismo mes y año, en virtud de la facultad que otorga el artículo cuadragésimo quinto transitorio de la Ley 21.040 que crea el Sistema de Educación Pública, el que autoriza a las municipalidades esa contratación, siempre que el Jefe DAEM haya sido nombrado conforme al procedimiento establecido en el artículo 34 d) del Estatuto Docente, al menos hasta el momento en que se produzca el traspaso del servicio educacional al Servicio Local respectivo.

Alega que el nombramiento en cuestión lo es desde el 6 de diciembre de 2021 hasta el año 2025 o hasta que el Departamento de Administración de Educación Municipal y los establecimientos educacionales que este administre, pasen a formar parte del Servicio Local de Educación correspondiente, puesto que la comuna de Combarbalá al formar parte del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) del Limarí, según Decreto N°71/2021 del Ministerio de Educación, debía iniciar funciones a contar del 1 de marzo de 2025, para concretar traspaso desde el 1 de marzo de 2026.

Indica que los Decretos de Nombramiento cuentan con el respectivo registro SIAPER de Contraloría (Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado -SIAPER- es la plataforma de la Contraloría General de la República destinada a la tramitación electrónica de los actos administrativos emitidos por las entidades públicas).

Acusa que su representada ha sido notificada personalmente por el Alcalde de la Municipalidad recurrida don nombre reservado, en su oficina del Decreto N°700 de 21 de junio de 2024, el cual le pone término a la prórroga de nombramiento, la que se hizo efectiva al quinto día de notificado, es decir, al día 9 de julio de 2024.

Menciona que el decreto en cuestión hace referencia al Decreto N°4.968 de 31 de diciembre de 2021, al Decreto N°4.933 de 30 de noviembre de 2022 y al Decreto N°5.591 de 30 de noviembre de 2023, con el fin de evidenciar una supuesta prorroga año a año, lo que no es tal, por lo demás dichos decretos jamás les fueron notificados y que contradicen lo decretado mediante Decreto Alcaldicio N°4.306 de 1 de diciembre de 2021, el cual prórroga la titularidad del nombramiento en el cargo desde el 5 de diciembre de 2021 hasta el 28 de febrero de 2026 o hasta el traspaso al servicio local de educación Insiste en señalar que el caso de un jefe de Departamento de Educación nombrados por Alta Dirección Pública, el período de nombramiento es de 5 años en el cargo, y en el caso de la prórroga esta no es renovable por cada año, si no por el período desde el vencimiento del nombramiento titular hasta el traspaso al SLEP, que no debiera superar los 5 años.

Agrega que el mismo Decreto argumenta como causal para el término de la prórroga de nombramiento de noviembre de 2023, prescripción médica de la ACHS, refiriendo que existe una enfermedad profesional declarada por parte de la Asociación Chilena de Seguridad en la que se indica un diagnóstico en principio de estrés laboral, para después derivar en depresión leve y luego en depresión, esto porque en virtud de la enfermedad profesional declarada y la instrucción de la ACHS en orden a readecuar funciones, para dicha readecuación existe un plazo y no es causal de termino de contrato, cambio que no debe ni puede significar un menoscabo, estableciendo funciones en perjuicio de esta, tampoco acompañó antecedente alguno al momento de notificar el Decreto que pone término a la prórroga de nombramiento, además ya habían transcurrido meses de haberse incorporado al servicio en diciembre de 2023, sin que la autoridad tomara ninguna medida en su oportunidad, pese a lo complejo que le fue adaptarse una vez que retornó del reposo médico por estrés laboral.

Refiere que la verdadera razón por la cual fue desvinculada es por razones políticas, puesto su cargo habría sido ofrecido a otra persona para que bajara su postulación a la alcaldía.

Alega que el acto es ilegal y arbitrario puesto se fundamenta a su vez en decretos alcaldicios que no existen, que nunca formaron parte de la carpeta de la funcionaria desvinculada; y, por cuanto existe un decreto de nombramiento y de prórroga de funciones que se rigen por normas distintas a las indicadas y que fue absolutamente ignorado por el acto administrativo que por esta vía se impugna.

Reclama que, conforme a lo que ha explicado la desvinculación carece de causa legal y por otra parte se ha omitido un efecto importante de la desvinculación, como es el caso de la indemnización establecida en el artículo 34 H de Ley 20.501. Por tratarse de un nombramiento de un profesional que pertenecía a la dotación de la educación, refiriéndose en este caso a otros profesionales y no a un docente como lo descrito en el artículo 34 I. Hace presente también que cuenta con continuidad laboral desde el 5 de noviembre de 2011, teniendo a la fecha del término un total de 10 años, 8 meses con 4 días de servicio. Indica que tampoco le fueron reconocidas las vacaciones pendientes que ascienden a 18 días, más la proporcionales a la fecha de término que equivalen a 12,6 días, totalizando en consecuencia 30,6 días.

Arguye que el decreto transgrede el principio de confianza legítima de continuidad, reconocido por la Contraloría General de la República y la Corte Suprema, además no se encuentra suficientemente fundamentado para establecer los motivos del término anticipado y no satisface las exigencias que se desprenden del artículo 8, inciso segundo de la Constitución Política de la República, cuyo texto reproduce, del artículo 11, inciso segundo de la Ley 19.880 que transcribe y el artículo 41, inciso tercero del mismo compendio.

En cuanto a las garantías vulneradas refiere las establecidas en el artículo 19 N°1, N° 2, N° 16 y N° 24 de la Constitución Política de la República. En cuanto al derecho a la integridad física y sicológica, refiere que se le ha provocado daño sicológico ocasionado por la impotencia de ser injustamente privada del empleo, generando en ella una profunda sensación de injusticia. Respecto al derecho a la igualdad, por cuanto se le otorgó un trato inequitativo y desigual en comparación con otros funcionarios públicos, de la Municipalidad de Combarbalá cuyos vínculos fueron respetadas en relación con el plazo fijado para su vigencia, lo que constituye un tratamiento desigual ante la ley. Tocante a la libertad de trabajo, acusa que ha sido vulnerada al impedir que el vínculo jurídico de mi representada con la Municipalidad de Combarbalá sea mantenido en el tiempo originalmente fijado, limitando toda posibilidad a desarrollar su empleo en un servicio, al cual optó y eligió pertenecer. En lo relativo al derecho de propiedad indica que se afectó profundamente en relación con las remuneraciones que el funcionario público percibe por su trabajo.

Previa citas legales pide se dejen sin efecto todos y cada uno de los actos administrativos contenidos en la Resolución ya especificada en el cuerpo de este libelo, que ordena la desvinculación de la recurrente, y en su lugar se disponga su inmediata reincorporación, debiendo ordenarse que se respete la prórroga de su contrata, con el pago de todas las remuneraciones, feriados y bonos, adeudados en el tiempo intermedio, con expresa condena en costas a la recurrida. Sin perjuicio, de las medidas adicionales o diversas que esta Corte ordene conforme a las amplias facultades que detenta.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos: 1. Decreto 700 de 21 de junio de 2024 2. Decreto 184 de 15 de enero de 2016 3. Decreto 2560 de 5 de diciembre de 2016 4. Decreto 4306 de 1 de diciembre de 2021 Segundo: Que, a folio 10, el 03 de septiembre de 2024, comparece don nombre reservado, por la parte recurrida Municipalidad de Combarbalá.

Manifiesta la duración del nombramiento de un jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) está estipulada en el artículo 34 del Estatuto Docente contenido en Ley 19.070, cuyo texto reproduce, sosteniendo que es una verdadera incógnita cuando se producirá el referido traspaso de la educación municipal. En este contexto refiere, corresponde a la municipalidad mantener un control y supervigilancia de los servicios traspasados de educación y de salud, en este contexto indica que estos fueron realizados bajo el amparo del funcionario que la misma jefatura ha contratado.

Indica que es falso lo referido por la recurrente, en cuanto a una invención de decreto, por cuanto lo detectado corresponde a una duplicidad, lo que se regularizó, mediante decreto Alcaldicio Nº3.315, el que a fin de resguardar al máximo los eventuales derechos de la recurrente, respeto el decreto realizado bajo su amparo el que en su concepto era del todo cuestionable, por lo que se dictó otro más razonable y adecuado, que permitía en cada anualidad verificar las condiciones existentes.

En tal contexto, agrega que sendos dictámenes de Contraloría General de la República resuelven que no pueden asimilarse las prórrogas a los plazos de un concurso público, lo que resulta del todo coherente, ya que esta es una situación anómala y como tal debe ser resuelta, no pudiendo extenderse de manera indefinida, otorgando una suerte de inamovilidad como mal pretende la recurrente.

Señala en cuanto a la aplicación del principio de confianza legitima la jurisprudencia de la Tercera Sala de la Corte Suprema ha determinado que solo se aplica después de cinco años de vinculaciones sucesivas y estables a través de contratas, lo que no acontece en autos.

Alega de igual forma que la prórroga de nombramientos es una prerrogativa facultativa del sostenedor. Esta decisión depende de consideraciones administrativas y necesidades del servicio. De acuerdo con el Decreto Alcaldicio N° 3.315, "Que existe una prórroga facultativa, no un nombramiento por concurso vigente", reafirmando que tal prórroga no garantiza continuidad indefinida. En efecto, la prórroga es una situación anómala que no es posible eternizar ni asimilarse a la vigencia de un cago titular y precisamente como una condición especial y anómala es posible de modificar según el cambio de circunstancias, ya que es solo la manifestación de una prerrogativa legal, que como tal puede ser modificada o dejada sin efecto en el momento que la administración considere conveniente.

Agrega que la reasignación propuesta a "Encargada de Control DAEM" fue producto de evaluaciones médicas y buscaba proteger la salud de la funcionaria sin la presión de su anterior cargo. La medida es acorde a prácticas administrativas razonables para mantener la salud ocupacional. Indica que la propia recurrente asistió a ACHS, resolviéndose por dicha entidad la existencia de una afección de salud, que tuvo como único elemento estresor los dichos de un concejal en relación con el desempeño de doña nombre reservado. En tal escenario, no existe otra posibilidad de reubicación en una Municipalidad pequeña, no es posible destinarla a otra Dirección en calidad de encargada, pero si existió la posibilidad de dejarla contratada como “Encargada de Control” en el mismo departamento, dejando así de lado la exposición de ser la encargada del departamento, así como la obligación de concurrir a sesiones de Concejo. Sin perjuicio de cómo se señaló la incertidumbre introducida por los constantes cambios en la calendarización de traspaso a SLEP.

Alega que no procediendo la tesis de confianza legitima, estos hechos deben ser conocidos por el Juzgado Laboral competente Acompaña los siguientes documentos: 1. Mandato judicial otorgándome personería. 2. Prescripción de medidas post calificación enfermedad profesional psicosocial Nº 7747903. 3. Resolución de calificación del origen de los accidentes y enfermedades Ley Nº 16.744.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Cuarto: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

Quinto: Que el artículo 63 de la Ley N 18.695 prescribe que el alcalde tendrá entre sus atribuciones las de nombrar y remover a los funcionarios de su dependencia con arreglo a la normativa estatutaria que los rige. Por consiguiente, para el ejercicio de la prerrogativa en comento es preciso aplicar, tanto la Ley 18.883 de 1989, que aprobó el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, como también la Ley 19.070, en especial su artículo 34 letra d) y en forma supletoria. Asimismo, lo dispuesto en la Ley 19.880 de 2003, texto que prevé entre sus principios aquellos sobre transparencia y publicidad, la que estatuye que el procedimiento administrativo debe realizarse con transparencia, de suerte que permita y promueva el conocimiento, contenido y fundamentos de las resoluciones que se extiendan en él. A su turno, se consigna en dicho cuerpo legal esta vez en el artículo 11 inciso segundo la obligación de motivar o desarrollar explícitamente en el mismo acto administrativo la decisión, los hechos y los fundamentos de derecho que incumben a las personas. Por último, conviene destacar que el artículo 41, inciso cuarto, primera sección, del aludido cuerpo legal preceptúa: ‘Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada’” (SCS, N° 11.471-2013).

Sexto: Que, se encuentra acreditado en autos, conforme los antecedentes aportados por la recurrente, apreciados conforme a la sana crítica que la recurrente fue nombrada mediante Decreto Alcaldicio N° 2560 de 05 de diciembre de 2016, como jefa del Departamento de Administración de Educación Municipal de Combarbalá, en calidad de titular desde el 05 de diciembre de 2016 al 05 de diciembre de 2021.

También en virtud de los antecedentes aparejados, apreciados conforme la sana crítica, se puede concluir también que mediante Decreto Alcaldicio N° 4306 de 01 de diciembre de 2021, se prorrogó dicho nombramiento en calidad de titular a contar del 06 de diciembre de 2021 y hasta el 28 de febrero de 2025 o hasta que el Departamento de Administración de Educación Municipal de la comuna pase a formar parte del Servicio Local Escolar correspondiente, haciendo aplicable lo establecido en el artículo 34 letra d) del D.F.L. 1 de 1996, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 19.070, que aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación.

Séptimo: Que, conforme se viene razonando no existe cuestionamiento alguno, en cuanto a que el nombramiento de la recurrente lo fue bajo el amparo del artículo 34 d) ya mencionado, siendo aplicable en lo dispuesto en el artículo cuadragésimo quinto transitorio de la Ley 21.040, que los “Jefes de Departamentos de Administración de Educación Municipal. Autorízase a las municipalidades cuyo Jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal haya sido nombrado conforme al procedimiento establecido en el artículo 34 D del decreto con fuerza de ley N° 1, de 1996, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 19.070, que aprobó el Estatuto de los profesionales de la educación, para prorrogar su nombramiento hasta el momento del traspaso del servicio educacional al Servicio Local respectivo.”

Octavo: Que, si bien el recurrido refiere que se produjo una duplicidad de decretos de nombramiento, por cuanto además del Decreto Alcaldicio N° 4306 de 1 de diciembre de 2021, se habrían dictado otros con prórrogas anuales durante los años 2021, 2022 y 2023; y, que aquello fue regularizado mediante Decreto N° 3.315, no acompaña antecedente que sustente estas alegaciones.

Noveno: Que, así las cosas, resulta prístino que los servicios de la recurrente serían prestados hasta a lo menos febrero de 2025, según la fórmula utilizada para su contratación como lo describe claramente del Decreto Alcaldicio N° 4306 de 01 de diciembre de 2021, el que señala que el nombramiento en calidad de titular a contar del 06 de diciembre de 2021 y hasta el 28 de febrero de 2025 o hasta que el Departamento de Administración de Educación Municipal de la comuna pase a formar parte del Servicio Local Escolar correspondiente, por lo que era lógico que su nombramiento debía extenderse hasta que aconteciera la fecha establecida en él o bien sucediera el traspaso, existiendo una legítima confianza en su mantención, más aun considerando que se trata de un cargo que permanece después de la desvinculación de la actora.

En efecto, según lo ha resuelto la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia, la confianza legítima “(…) busca proteger a los funcionarios de los cambios intempestivos en las decisiones de la Administración, entregando estabilidad a los servidores públicos, impidiendo que a través de aquellos se lesiones derechos.”.

Décimo: Que, el recurrido además sustenta la decisión de dar termino a la prórroga en comento y asignar funciones distintas a un cargo de jefatura, en el hecho de ser aquello más beneficioso para la recurrente, atendido la calificación de enfermedad profesional efectuada por la ACHS, resulta a todas luces resulta arbitrario y discriminatorio, por cuanto sugiere cambio de labores, que empeora la situación de la actora, relegándola de las funciones propias de su cargo e imponiendo otras que, de menor injerencia y jerarquía, lo que evidentemente supone una merma en su vida profesional.

Undécimo: Que, conforme se viene analizando, la resolución en comento, resulta ilegal y arbitraria, por cuanto contradice la extensión temporal señalada el propio decreto que dispone el nombramiento de la actora, vulnerando la confianza legitima de esta, de mantenerse en el cargo, a lo menos hasta febrero de 2025 y resulta además arbitraria, por carecer de una adecuada fundamentación y sustentarse en una medida discriminatoria que obliga a quien padeció de una enfermedad profesional a separarse de sus funciones, incrementando el daño a la misma, privándola de sus funciones y de su remuneración y vulnerando el deber de fundamentación dispuesto en el artículo 40 de La ley 19.880.

Duodécimo: Que, en virtud de lo hasta ahora discurrido, es dable inferir el menoscabo de los derechos constitucionales indicados por la actora, viéndose evidentemente afectada su integridad psíquica, la garantía esencial de la igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 N° 24, de la Carta Fundamental al concretarse una decisión arbitraria y discriminatoria y su derecho de propiedad, relación a las remuneraciones que el funcionario público percibe por su trabajo.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, con costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en representación de doña nombre reservado, en contra de la Municipalidad de Combarbalá, en consecuencia, se deja sin efecto el Decreto Alcaldicio N° 700, de 21 de junio de 2024 que puso término a la prórroga de su nombramiento, debiendo la autoridad proceder al reintegro de la funcionaria y también al pago a su favor de todas las remuneraciones devengadas, mientras haya durado su separación del servicio, debidamente reajustadas, en los términos indicados en el Decreto Alcaldicio N° 4306, de 1 de diciembre de 2021.

Redacción de la Ministra señora Marcela Sandoval Durán.

Regístrese, notifíquese, y archívese en su oportunidad.

Rol N°1371-2024 Protección.