nombre reservado con nombre reservado

nombre reservado

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Recurso de protección Rol Nº1369-2025 La Serena, veinte de noviembre de dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece el uno de agosto de dos mil veinticinco, don Carlos Rojas Rojas, abogado, en favor de doña nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, interponiendo recurso de protección en contra de don nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, por el acto ilegal y arbitrario de realizar publicaciones a modo de “funa” por las redes sociales, lo que señala vulnerar sus garantías constitucionales del artículo 19 números 1 y 4 de la Constitución Política de la República.

Expone que las partes fueron pareja hasta agosto de 2023, tuvieron una hija, quien falleció en un accidente automovilístico el 24 de diciembre de 2020, provocado por el recurrido, siendo este uno de los motivos de la ruptura de la pareja. Señala que, el recurrido se niega a aceptar el término de la relación acosando continuamente a la recurrente; y refiere que posee antecedentes penales y consumo problemático de alcohol y drogas. Actualmente las partes poseen dos causas en tramitación en sede penal, por los delitos de amenazas, violación de morada, daños simples; y maltrato habitual, indica que en una de ellas el recurrido se encuentra formalizado y con medidas cautelares.

Señala que el 15 de julio de 2025, advertida por amigos y conocidos toma conocimiento de que el recurrido ha creado perfiles falsos en distintas redes sociales como Tik Tok, Instagram, LinkedIn y Facebook, utilizando el nombre de la recurrente y el de su hija fallecida, y se ha dedicado a publicar imágenes con mensajes ofensivos hacia la señora nombre reservado sindicándola como “cochina”, “mentirosa”, entre otras expresiones de grueso calibre, además de publicar mensajes en grupos de Facebook, o enviar mensajes a compañeros de trabajo, “alertando” que la recurrente sería una “delincuente”, “sucia, asquerosa”, y más expresiones con el fin de desacreditarla y degradarla. Señala que, la situación relatada se ha ido intensificando con los días, y que, la recurrente descubrió que esto el recurrido lo venía realizando hace meses, y adjunta pantallazos de perfiles con la foto de la recurrente que indican “nombre reservado cochina asquerosa nombre reservado”, con imágenes con expresiones como “Fea pero gratuita para los mineros”; añade que el recurrido no se limita a redes sociales personales, sino también creando perfiles de la red LinkedIn, para efectuar publicaciones que son compartidas a compañeros de trabajo o personas que puedan relacionarse profesionalmente con la señora nombre reservado, incluso señala que creo un perfil con el nombre de la hija fallecida de ambos para realizar publicaciones en contra de la recurrente. Destaca que todas las publicaciones se encuentran actualmente vigentes en las redes sociales, dañando los derechos constitucionales de su representada.

Hace presente, que además del temor provocado por las amenazas y hechos punibles que son objeto de causas penales actualmente en investigación, el recurrido se ha encargado de intentar enlodar la honra de la señora nombre reservado, a través de estos actos en el mundo virtual, intentando “funar” a su representada por hechos inventados por él. Indica que las publicaciones han afectado gravemente el derecho a la honra y a la propia imagen de su representada, por cuanto se han hecho comentarios públicos, sindicándola como delincuente, ladrona, mentirosa, prostituta, entre otros descalificativos, publicando fotografías de ella a las que comenta “dándola a conocer” en las redes sociales, y realizando “advertencias al público” para que “tengan cuidado con ella”, porque sería una delincuente peligrosa.

Alega que si el recurrido tuviera antecedentes de que la recurrente ha cometido algún delito, debería hacer las denuncias correspondientes al Ministerio Público y no realizar estas publicaciones en el ciber mundo. No obstante, como se trata de hechos falsos o inventados por él, sin ningún fundamento, que solo obedecen a un afán de vengarse de su mandante por haberlo denunciado a las autoridades por violencia intrafamiliar, prefiere hacerlo por las redes sociales, donde la información se esparce rápidamente, o se “viraliza”, como se señala hoy en día, afectando de manera grave el desarrollo de su vida personal y laboral, e incluso afectando su psiquis, su honor, su derecho a la privacidad y su propia imagen.

Sobre las garantías constitucionales conculcadas con el actuar del recurrido, se refiere a la establecida en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, indicando que ha sido infringida por las reiteradas publicaciones que dañan a la recurrente, ocasionándole un desgaste emocional y un justo temor, constante en el tiempo y agudizado en los últimos días. Y por último, el derecho a la honra, establecida en el 19 N°4 de la Constitución Política de la República, se ha infringido desde el momento en que la conducta de la recurrida, a través de publicaciones, atenta contra la imagen de la recurrente, haciendo enunciaciones sobre características personales, que van no solo desde alusiones a su aspecto físico, sino a expresiones relativas a su comportamiento en el ámbito sexual, pero es más, incluso llamándola como delincuente, es decir, atacando directamente sus cualidades morales, desacreditándola públicamente; añade que las imputaciones formuladas por el recurrido afectan la propia imagen de su representada, al quedar expuesta tanto ante el círculo de personas que la conocen, como ante desconocidos.

Solicita se acoja el recurso con costas, y se ordene la eliminación de todos los perfiles, publicaciones realizadas por el recurrido en contra de la actora en las redes sociales Facebook, Instagram, Linkedln y TikTok, dentro del plazo de 5 días; y que el recurrido se abstenga de efectuar cualquier comentario o publicación, desde cualquier tipo de perfil, referida directa o indirectamente a la recurrente, en cualquier red social; y cualquier otra medida que la Corte determine para restablecer el imperio del derecho.

Acompañan a su recurso: Set de 11 impresiones de pantalla donde constan los hechos relatados en lo principal; E-books de las causas RIT 4873-2024 y RIT 961-2025, ambas del Juzgado de Garantía de Coquimbo.

SEGUNDO: Que, a folio 15, el dieciocho de noviembre pasado, previo apercibimiento al recurrido a folio 13 de la carpeta digital, se ordenó por la Segunda Sala prescindir del informe del recurrido, decretando autos en relación.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, el objeto del presente recurso dice relación con declarar ilegales y arbitrarias las publicaciones en redes sociales como Facebook, Instagram, Linkedln y TikTok, las cuales se indica haber realizado el recurrido con la finalidad de “funar” a la recurrente y denostarla públicamente, a modo de venganza por las denuncias de violencia intrafamiliar que la recurrente ha interpuesto en su contra. Añade que las publicaciones se encuentran vigentes en las redes sociales, infringiendo las garantías constitucionales de la recurrente, honra e integridad física y psíquica.

SEXTO: Que, con el mérito de los antecedentes incorporados en esta causa, particularmente, de los pantallazos de las redes sociales adjuntados por la actora, es posible concluir que se han realizado diversas publicaciones en distintas redes sociales con frases como “delincuente y mentirosa profesional”, “nombre reservado cochina asquerosa nombre reservado”, “Fea pero gratuita para los mineros”, “ojo con nombre reservado RUT reservado acreditación cuenta propia es delincuente y profesional ojo”, entre otras frases, muchas de ellas con la fotografía de la recurrente. Se aprecia de los pantallazos que las publicaciones se han realizado de distintas cuentas a saber: “ser_giocandia”, “bb disfruto tu amor que es tuyo”, “nombre reservado” y “nombre reservado”

SÉPTIMO: Que, una de las actividades atribuidas en el recurso se ha efectuado en las redes sociales, que son públicas para quienes forman parte de ella e incluso en este caso públicos para toda persona que acceda al buscador Google. Consecuentemente, no es realizada de manera inocua. Por el contrario, evidencia una intención, encuadrándose en lo que suele llamarse “funa”, término utilizado por la página, expresión que grafica una denuncia destinada a buscar adhesión pública al repudio a una conducta, que se atribuye a una persona, como una suerte de sanción social a su respecto y no como una forma de informar.

La Excelentísima Corte Suprema se ha referido a esta conducta expresando que “no es otra cosa que un llamado a la violencia y al repudio, un acto de auto tutela que es contraria el ordenamiento jurídico” (Rol N°2682-2019).

Asimismo, es relevante considerar en este tipo de materias que, en la actualidad, las redes sociales han permitido una extraordinaria velocidad de propagación de este tipo de publicaciones, las que importan un sometimiento al escarnio público fundado en la visión unilateral que es presentada por el emisor y, por consiguiente, el iniciar una “funa”, no es un acto meramente informativo, sino que pretende el descrédito del sujeto pasivo de la misma. De hecho, las publicaciones llaman a tomar parte de acciones “públicas y sociales”.

OCTAVO: Que, sin perjuicio del derecho a la crítica que tiene toda persona y, por cierto a la información y a emitir opinión, nada de aquello puede implicar insultos que puedan menoscabar a otros (las publicaciones profieren insultos y garabatos), por lo que la imputación de hechos deshonrosos, por parte de una persona en contra de otra por medio de las llamadas redes sociales afecta, sin duda alguna, los derechos de las personas imputadas, en particular su derecho a la honra, resguardado por el numeral 4° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

En efecto el derecho a la honra, esgrimido en el libelo y amparado en el artículo 19 N°4 de la Constitución Política, garantiza “El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia”, por lo que no cabe duda que nuestro ordenamiento jurídico protege la vida privada de las personas, a través de la garantía previamente indicada.

Así también ocurre en el ámbito internacional, en el que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas prescribe en su artículo 12 que “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”. Por su parte la Convención Americana, Pacto de San nombre reservado Rica, ratificada por Chile y publicada el 5 de enero de 1991, en su artículo 5 señala: “N°1 Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral” y en su artículo 11 N°1 establece que “Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad”; en su número 2, que “Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación”; y en su número 3°, que “Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”.

Por su parte, el derecho a información importa tanto obtenerla como entregarla, es decir, lograr conocer el contenido de hechos o circunstancias de toda persona y autoridad y, la segunda, permite exponer situaciones de manera objetiva e imparcial. Luego, el derecho a manifestar libremente la opinión alcanza a cubrir los dichos de situaciones en que el emisor haya tomado parte o ha tenido conocimiento de éstas, sin que, en las expresiones vertidas, pueda afectarse la honra de terceros. Es ahí justamente en donde confluyen ambas garantías, protegidas por la carta fundamental: puedo opinar, sin proferir insultos, improperios u otras palabras que denosten la honra de un sujeto. Y es justamente lo contrario lo que ocurrió en el caso en análisis.

NOVENO: Que lo recién expuesto, no impide que quien se sienta afectado por lo que suponga hechos agraviantes que le hayan perjudicado, inicie las acciones jurisdiccionales que estime de rigor, pero no cabe otorgar a nadie el derecho de juzgar y condenar por sí, mediante una imputación imposible de refutar, y además de amplia difusión, hechos reprochados y reprochables a nivel social, porque eso implica no solo un acto de autotutela sino, precisamente, porque no permite ninguna defensa, y además, difundidos de manera masiva.

Así lo ha reconocido la E. Corte Suprema, en voto de minoría en autos rol N°34.095-19, al sostener que “… de lo señalado precedentemente, resulta posible colegir que el derecho a la honra de la recurrente, consagrado en el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República, ha sido perturbado con las publicaciones objeto de la presente acción, toda vez que la tildan como una profesional que deliberadamente ejerció su profesión, en el caso concreto de la recurrida, de mala manera para aumentar el beneficio económico que obtendría de ello, sin importarle ayudar a la mejoría del animal, expresiones que la denuestan públicamente; actuar que por lo mismo es ilegal y arbitrario al carecer de razonabilidad, toda vez que la libertad de emitir opinión que asiste a la recurrida no supone un ejercicio ilimitado e irrestricto de tal derecho en términos que le permita atribuir públicamente a la actora un actuar poco profesional y reñido con la ética.”

DÉCIMO: Que, en consecuencia, cabe acoger el presente recurso y ordenar derechamente al recurrido que se abstengan de publicar y masificar información que denoste la honra de la actora.

Parece pertinente, en este momento, afirmar que, en un Estado de derecho, como es nuestro país, el orden social se estructura mediante una organización de los poderes fácticos. En lo que aquí corresponde, se priva a las partes del derecho a juzgamiento de personas, facultad-deber que es entregado al órgano denominado Poder Judicial quien debe conocer los asuntos que son sometidos a su comprensión, resolverlos y hacer ejecutar lo decidido, incluso por la vía compulsiva si fuera necesario. De esta forma, el generar espacios de juzgamiento o escarnio público no solo socava las bases esenciales de una sociedad civilmente organizada, sino que importa distraer esfuerzos importantes para obtener justicia ante probables hechos ilícitos, cuyas sanciones deberán dictarse en el contexto de juicios contradictorios, en los que ambas partes intervengan en igualdad de condiciones y previa satisfacción de estándares de credibilidad.

Por estas consideraciones y teniendo presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se decide que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado en contra de don nombre reservado, ordenándosele abstenerse en lo futuro de publicar en cualquier red social comentarios y denostaciones sobre la recurrente, debiendo eliminar las que se encuentran vigentes, dentro del plazo de quinto día hábil desde que quede firme esta sentencia.

Se ordena la notificación por correo electrónico de la presente sentencia al recurrido señalado en el recurso, sin perjuicio de su notificación por Estado Diario.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1369-2025 (Protección).