Protección contra Administradora de Fondos de Pensiones

nombre reservado

AFP Provida S.A.

nombre reservado

Rol N° 1369-20153- La Serena, dieciocho de noviembre de dos mil quince.

VISTOS.

A fojas 24, don nombre reservado, chileno, Ingeniero, domiciliado en domicilio reservado, vienen en interponer nombre reservado de Garantías Constitucionales, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones, PROVIDA S.A., persona jurídica del giro de su denominación, representada legalmente por su agente doña nombre reservado, cuya profesión u oficio ignora, ambos domiciliados en domicilio reservado, por las razones de hecho y derecho que pasa a exponer.

Indica el recurrente que desde el día 18 de diciembre de 2014, mantiene contrato laboral de duración indefinida con la recurrida, desempeñándose como agente de ventas, de servicios previsionales y de ahorro, con lo cual genera comisiones que son pagadas con desfase.

Agrega que por razones de salud desde el día 17 de junio de los corrientes, se encuentra con licencia médica, la cual se ha ido extendiendo en el tiempo por haberse agravado su condición de salud, tanto así que hasta la fecha de la presentación del recurso permanece en tratamiento indicado por un profesional de la salud, debiendo permanecer en reposo, el cual justifica su inasistencia al trabajo.

Señala que el día 18 de junio del año en curso, concurrió a dejar su licencia médica, instancia en la que la recurrida se negó a recibirla y por lo tanto a su posterior tramitación, este hecho causó un deterioro en su estado de salud yéndose a su hogar totalmente desganado. Luego indica, recurrió ante la Inspección del Trabajo para solucionar el problema, institución que de manera rápida y eficaz procedió a dar tramitación de la licencia en cuestión y también a la tramitación de las posteriores licencias.

El día 22 de junio del presente año, recibió una carta de la recurrida donde se le despide por necesidades de la empresa debido a su baja producción, hecho que denunció en la Inspección del Trabajo citándose a la recurrida para informar, la cual no asistió. Se le indicó en la Inspección del Trabajo, que la carta de despido no provocaba efectos, hasta el término total del reposo prescrito.

Agrega que por razones médicas no se acercó a su trabajo para cobrar sus remuneraciones generadas durante su reposo y solo llamó de manera esporádica para preguntar por sus pagos. Se comunicó telefónicamente, oportunidad en que se le informó que se le pagarían sus remuneraciones una vez que firmara la correspondiente liquidación. El día 07 de septiembre del presente año, se presentó a su lugar de trabajo, pero se le comunicó que no se le pagarían sus remuneraciones ya que no era parte de la empresa, sin perjuicio de lo cual, recurrió a la gerencia de la empresa para insistir en su pago, pero no tuvo resultados. Con fecha 08 de septiembre, se le explicó por parte del jefe de ventas que no correspondía su pago, por no ser trabajador de la empresa.

En cuanto a la garantía constitucional vulnerada, indica que es la consagrada en artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, toda vez que en su calidad de trabajador tiene derecho de propiedad sobre las remuneraciones que se devenguen mientras se encuentra con licencia médica. Lo que se complementa con lo previsto en el inciso 1° del artículo 1 del Decreto Supremo N° 3 de 1984, del Ministerio de Salud, del cual se desprende que por licencia médica se entiende el derecho que el trabajador tiene de ausentarse o reducir su jornada de trabajo en cumplimiento de una indicación profesional, certificada por un médico cirujano dentista o matrona, reconocida por el empleador en su caso, y autorizada por un Servicio de Salud o Institución Previsional, según corresponda, durante dicha vigencia podrá gozar de subsidio, situación que justifica la ausencia de un trabajador a su trabajo por los días que dure la licencia, tiempo en el cual no pierde su calidad de trabajador. Asimismo, el artículo 161 del Código del trabajo prohíbe poner término a los servicios de un trabajador por la causal de necesidades de la empresa mientras se hace uso de licencia médica, razón por la que cualquier aviso que se dé durante este período resulta ser ineficaz. Señala que por esa premisa, mantiene su calidad de trabajador con todos los beneficios pecuniarios que le corresponde.

Finalmente solicita al tribunal acoger el recurso y dejar sin efecto la decisión unilateral de no pagar sus remuneraciones, ordenando que deba pagar las remuneraciones generadas por comisiones y bonos que se han devengado durante la vigencia de su licencia médica, todo ello con costas.

A fojas 43, evacuando el informe solicitado, comparece Alfredo Valdés Rodríguez, en representación de AFP PROVIDA S.A., informando que no es efectivo que el recurrente sea trabajador de la empresa, ya que fue desvinculado el 18 de junio de 2015, por la causal del artículo 161 del Código del Trabajo. Agrega que el recurrente en este sentido ha ejercido una acción en contra de su representada en sede laboral, por despido injustificado, cobro de prestaciones laborales, e indemnización por daño moral, con fecha 14 de septiembre de 2015, dando origen a los autos RIT O-356-2015, sustanciados ante el Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena, proceso que se encuentra vigente y en el que se está pretendiendo el mismo pago de remuneraciones. Agrega que el recurrente el mismo 18 de junio de 2015, concurrió a las dependencias de AFP PROVIDA S.A, para hacer entrega de una licencia médica a partir del día 17 de junio, lo cual fue rechazado, por ya no ser trabajador. No le consta la tramitación forzada de dicha licencia por la Inspección del Trabajo, lo mismo que hasta la fecha se encuentre gozando de licencias médicas ininterrumpidas.

Indica la recurrida que conforme el artículo 420 letra a) del Código del Trabajo, se le otorga competencia a los Juzgados de Letras del Trabajo respecto de las cuestiones suscitadas entre empleadores y trabajadores por aplicación de las normas laborales o derivadas de la interpretación y aplicación de los contratos individuales o colectivos de trabajo o de las convenciones y fallos arbitrales en materia laboral. Existe discrepancia fáctica respecto a la vigencia o terminación del contrato de trabajo, situación que requiere de un juicio de lato conocimiento, con aportación de pruebas y posterior calificación y decisión judicial.

Agrega que sin perjuicio de lo expuesto, en el evento que se entienda que no existe término de relación laboral desde el 18 de junio, por existir licencia médica existe suspensión de las obligaciones del trabajador de prestar servicios al empleador, como asimismo, de parte del empleador de pagar sus remuneraciones, y en su lugar operaría el pago de subsidios por incapacidad laboral los días que dure la licencia médica, pagados por FONASA o la ISAPRE que corresponda.

Finaliza concluyendo que conforme a lo informado su representada jamás ha incurrido en acto arbitrario e ilegal, en contra el recurrente y menos aún vulnerado alguna garantía constitucional, por lo que pide que el recurso sea rechazado con costas.

A fojas 47, se traen los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que es previo para el tribunal, antes de entrar a conocer del fondo del asunto, analizar y resolver lo que corresponda en relación a la procedencia legal del recurso, ya que sólo es procedente decidir la cuestión misma propuesta, si dicho presupuesto procesal se estima concurrente.

SEGUNDO: Que el recurso se dedujo de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado, que contempla el nombre reservado de garantías constitucionales con el fin de obtener de la Corte de Apelaciones respectiva que se adopten las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de quien se señala como afectado, cuando por actos u omisiones arbitrarias o ilegales se le perturbe o amenace en el legítimo ejercicio de una garantía constitucional.

TERCERO: Que, como lo ha entendido la doctrina desarrollada en torno a este recurso, parecer que ha acogido la jurisprudencia, él no ha sido creado para resolver conflictos específicos entre partes, ni entre éstas y la autoridad pública, cuando el asunto se halla sometido al conocimiento de los tribunales u organismos correspondientes, porque la cuestión con la intervención de los tribunales u organismos competentes, se ubica precisamente bajo el imperio y autoridad de la ley y los actos reprochables pueden ser enmendados por los organismos y la vía que la propia ley establece; adherir a la tesis contraria importaría desvirtuar el especialísimo objetivo del nombre reservado, convirtiéndolo en subsidiario de los procedimientos ordinarios, rompiéndose de tal manera el esquema general y la armonía entre ellos, debiendo tenerse presente que cada uno se estableció para resolver un problema dado en una situación determinada.

CUARTO: Que consta de la copia de demanda laboral sustanciada en los autos RIT O-356-2015 del Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena y de la resolución recaída en la misma, acompañadas por la recurrida a fojas 29 y siguientes, que el recurrente paralelamente procedió a demandarla en procedimiento laboral de aplicación general, por despido injustificado o indebido y carente de causa legal y cobro de indemnizaciones y daño moral, conteniendo dentro del libelo, entre otras acciones una por la cual solicita se condene a la demandada, Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A., al pago de la suma de $ 1.102.506, por concepto de comisiones por los meses de junio, julio agosto y septiembre de 2014, petición que comprende dentro de ella lo solicitado en el nombre reservado.

QUINTO: Que en consecuencia, el presente recurso dice relación con un litigio de carácter laboral cuyo conocimiento se encuentra radicado en el Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena, donde deberá debatirse y resolverse sobre lo peticionado en el mismo.

SEXTO: Que resulta del caso tener en consideración, que el nombre reservado no debe ni puede estimarse como constitutivo de un mecanismo de reemplazo del sistema procesal vigente, ni para dar la facultad optativa al interesado de recurrir a él, o a las acciones ordinarias que la ley pone a su disposición para hacer valer el imperio del derecho, ya que derechamente esta acción de amparo constitucional no puede ser transformada o desviada para constituirla en recurso supletorio, o subsidiario de los procedimientos y recursos ordinarios.

Y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara improcedente el nombre reservado interpuesto por don nombre reservado en lo principal del escrito de fojas 24 y siguientes, sin costas.

Comuníquese y regístrese y en su oportunidad archívese.

Redacción del Ministro Titular, don Jaime Franco Ugarte.

Rol N° 1369-2015 (Civil).

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte de Apelaciones integrada por el Ministro Titular señor Jaime Franco Ugarte, la Fiscal Judicial señora nombre reservado y la abogado integrante señora Marcela Viveros Varela.

nombre reservado

Secretaria (S)

En La Serena, a dieciocho de noviembre de dos mil quince, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.