nombre reservado con SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES REGION DE COQUIMBO

nombre reservado

Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales Recurso de Protección Rol N°1365-2025.- La Serena, doce de septiembre de dos mil veinticinco.

Visto y considerando.

Primero. Que nombre reservado, profesora, domiciliada en domicilio reservado, recurre de protección en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, por imponer obstáculos recursivos en tramitación de procedimiento de regularización, alegando vulneración de sus garantías de los números 3, 23 y 24 del artículo 19 de la Constitución.

Expone que el 6 de diciembre de 2024 ingresó a la oficina provincial de Bienes Nacionales, una solicitud de saneamiento de título de dominio respecto del inmueble ubicado en domicilio reservado, junto a todos los documentos que acreditan el cumplimiento de los requisitos exigidos por el DL 2.695.

Agrega que el 17 de marzo, la recurrida deniega su solicitud de regularización, en cuanto previene la letra c de la Resolución Exenta E-5735, que “el certificado de litigios no corresponde al inmueble cuya regularización se solicita, y que la peticionaria ya habría intentado, el 22 de septiembre de 2023, la regularización del inmueble, sin acreditar tener el tiempo mínimo exigido por el artículo 2 letra a) del DL 2.695”.

Alega que esto se funda en una presunción, basada en un antecedente previo a la presente solicitud de saneamiento, relacionado a un expediente distinto e iniciado por un tercero, lo que no puede constituir motivo fundado para rechazar la petición, más cuando la recurrida posee capacidad de investigar en sus propios registros digitales si se trata de una propiedad que ya se ha intentado sanear, lo que carece de trascendencia, en cuanto sólo importa acoger a tramitación la solicitud.

Asimismo, agrega que la letra d de la resolución, previene que, con la entrada en vigencia de la Ley 21.633, de 24 de noviembre de 2023, es requisito obligatorio adjuntar a la solicitud de regularización un certificado de litigios emitido por el Conservador de Bienes Raíces respectivo, donde indique que tanto la solicitante como el inmueble regularizar no tienen juicio pendiente, afirmando que este antecedente fue acompañado, sin que la presunción invocada cuente con más antecedentes, atribuyendo a una interpretación personal del abogado revisor, mas no del mandato legal.

Indica que presentó un recurso de reposición, entregándosele un formulario, el que no permite interponer el jerárquico, como sugiere la Resolución Exenta, tratándose de un formato obligatorio, siendo rechazada su reposición el 26 de mayo, en cuanto invocó la recurrida que la solicitante no cumple con el requisito exigido por el artículo 6 inciso primero del DL 2.695, respecto a la no existencia de juicio pendiente, precisando que se trata de un retazo de terreno que forma parte del inmueble individualizado como Lote A, mientras que el certificado de litigios emitido por el Conservador de Bienes Raíces de Ovalle, de 9 de octubre del 2024, hace referencia al inmueble correspondiente al saldo o resto del lote 6b2, el cual fue denegado por no contar con el tiempo mínimo de posesión.

Hace presente que en contra de dicha resolución interpuso un recurso jerárquico, el que fue denegado el 1 de julio, en cuanto el procedimiento administrativo regulado por la Ley 19.880 no contempla la posibilidad de interponer recurso alguno en contra de la resolución que haya resuelto un recurso de reposición, alegando que no existe ninguna norma le permita a la recurrida impedir a los usuarios llevar sus recursos o reclamaciones en el papel y formato que deseen, siempre que éste cumpla con la forma necesaria para ser comprendido por la autoridad hacia quien va dirigido, obligando a los usuarios a utilizar los formatos que ellos elaboran, más cuando se encuentran incompletos, fundándose todo el acto administrativo en una errada interpretación de los antecedentes de hecho y lo previsto en el DL 2.695 y el artículo 60 de la Ley 19.880.

Conforme lo expuesto, previas citas legales, pide que se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, ordenando al requerido que deje sin efecto la resolución de 26 de junio, disponiendo se eleve el expediente al superior jerárquico, con costas.

Segundo. Que el informe requerido fue evacuado por nombre reservado, Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Coquimbo.

Expone que la recurrente, en expediente de regularización 206671, el 6 de diciembre de 2024 solicitó regularizar la posesión del inmueble que individualizó como el Lote A, Potrerillos Bajos de Ovalle, y que los antecedentes presentados no entregaron una coherencia mínima que permitiera configurar la identificación documental del inmueble a sanear, ya que los datos entregados por el respectivo certificado conservatorio no coincidía con el entregado por el Servicio de Impuestos Internos, en el certificado respectivo.

Agrega que no es efectiva la alegación de la actora en cuanto a que el ministerio obliga a utilizar formatos tipo para la interposición de algún recurso, sin que exista antecedente probatorio al efecto, destacando que a los usuarios se entrega información general y se ponen a disposición formatos optativos que faciliten la redacción de distintas presentaciones, sin que esto signifique que no pueda elegir una redacción distinta y en el caso que se informa, optar por recursos administrativos diversos.

Hace presente que la solicitud de regularización se rechazó por Resolución Exenta E-5735 de 17 de marzo de 2025, notificada con la misma fecha y que la actora interpuso recurso de reposición sin recurso jerárquico en subsidio el 10 de abril de 2025, siendo rechazado el 26 de mayo de 2025, notificada en la misma fecha, impugnado el rechazo por recurso jerárquico de 4 de junio de 2025.

Así, relata que, siendo rechazando el mencionado recurso el 26 de junio por extemporáneo, esto se subsume a lo previsto en el artículo 59 de la ley 19.880, lo que descarta la existencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal y, en consecuencia, vulneración de garantías, agregando que no divisa medida que pudiera esta Corte adoptar al efecto.

Tercero. Que el recurso de protección es un instituto procesal de carácter extraordinario, establecido para restaurar el imperio del derecho cuando se han afectado derechos fundamentales garantizados por nuestra Constitución Política, por intermedio de un acto arbitrario o ilegal. Requiere para su procedencia la concurrencia simultánea de un conjunto de requisitos, a saber, la existencia de un acto o una omisión ilegal o arbitraria; que dicho acto viole, perturbe o amenace garantías que la Constitución Política de la República asegura a todas las personas; que quien lo interpone se encuentre ejerciendo un derecho indubitado y que la acción constitucional se dirija en contra de quien ha causado la conculcación de un derecho garantizado por nuestra Carta Fundamental, dentro del plazo señalado por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema.

Cuarto. Que, conforme al mérito de autos, el reclamo que sustenta el recurso se hace consistir en la supuesta obstaculización a propósito de un procedimiento incoado ante la recurrida, refiriéndose a distintos actos que no detentan la naturaleza jurídica de finales -o como la doctrina denomina “actos trámites”- los que no pueden ser objeto del conocimiento de un recurso de esta naturaleza, pues son simples decisiones adoptadas por la autoridad en el contexto de sus facultades y a propósito de la tramitación de un proceso que cae de su cargo.

Quinto. Que, asimismo, y en apoyo del rechazo del libelo, tal como el propio recurrente sostuvo en su relato, existen otras vías por las cuales pudiera alcanzar la pretensión deseada, decayendo entonces la plausibilidad de esta acción, cuya naturaleza es eminentemente excepcional y de cautela, nada de lo la cual se advierte en este requerimiento.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol Protección 1365-2025.