Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

nombre reservado

Servicio Nacional de Migraciones y Ministerio del Interior Recurso de protección Rol N°1364-2026 La Serena, veinticuatro de agosto de dos mil veintiséis.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, el 06 de agosto de 2026, comparece don Alonso Andrés Grant Díaz, abogado, en representación de nombre reservado, de nacionalidad Iraní, cédula de identidad para extranjeros NUM000, domiciliado en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, representado por don nombre reservado

nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, y del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, representado por don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado.

Señala que ingresó a Chile para establecerse y desarrollar un proyecto de vida, obteniendo los respectivos permisos, y, a fin de cambiar su condición migratoria, postula a la nacionalización el 22 de julio de 2025, por lo que la omisión que se reclama es el incumplimiento por parte de la autoridad administrativa en dar respuesta a la solicitud del recurrente, habiendo transcurrido, a la fecha de interposición del recurso, 1 año y 15 días, omisión que no se ajusta a lo dispuesto en la Ley N°19.880, transgrediendo la garantía constitucional de igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Prosigue citando normativa y jurisprudencia.

Concluye solicitando se acoja el recurso de protección y se ordene a los recurridos emitir pronunciamiento respecto de la solicitud de carta de nacionalización.

SEGUNDO: Que, el 12 de agosto de 2026, don Roberto Ignacio Castillo Toro, abogado, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, evacúa el informe, solicitando el rechazo del recurso de protección por no haber existido acto u omisión que vulnere las garantías constitucionales establecidas en la Constitución Política de la República.

Señala que el 04 de febrero de 2025 se otorgó al recurrente el beneficio migratorio de permanencia definitiva, el cual se encuentra vigente, posteriormente, el 22 de julio de 2025 solicita carta de nacionalización bajo el ID de trámite NUM001, encontrándose desde la fecha de ingreso en etapa de “primer análisis”.

Prosigue indicando que el plazo de 6 meses establecido en la Ley N°19.880 tiene el carácter de no fatal, el cual puede ampliarse, considerándose la crisis migratoria, agrega que todos los trámites solicitados por los extranjeros se llevan a cabo en igual tiempo y forma, tramitación que demora en promedio 3 años, considerando que la nacionalización requiere un tiempo que es evidentemente superior al de los demás trámites administrativos de solicitud ordinaria.

Continúa señalando que el recurrente se encuentra en situación migratoria regular, por lo que el estado de su solicitud no afecta su estatus migratorio, pudiendo transitar libremente, no existiendo conducta que genere vulneración, perturbación o amenaza al legitimo ejercicio de sus derechos.

Cita normativa aplicable al caso y concluye solicitando se rechace el recurso de protección, con costas.

TERCERO: Que, el 14 de agosto de 2026, don Pedro Vidal Matus, abogado, en representación del Ministerio del Interior, evacúa el informe.

Inicia citando normativa aplicable al caso y señala que la solicitud presentada por el recurrente se encuentra en tramitación ante el Servicio Nacional de Migraciones, etapa previa a la entrega de antecedentes al Ministerio recurrido, no existiendo actuación u omisión arbitraria o ilegal que prive, perturbe o amenace las garantías constitucionales del recurrente, por lo que la acción debe ser rechazada con costas, CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

QUINTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEXTO: Que, por la presente acción constitucional se recurre en contra del Servicio Nacional de Migraciones y del Ministerio del Interior por la dilación injustificada en dar respuesta a la solicitud de carta de nacionalización presentada el 22 de julio de 2025, lo cual el recurrente califica de ilegal y arbitrario, señalando que vulnera la garantía fundamental contemplada en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SÉPTIMO: Que, respecto del Ministerio del Interior, no hay medida que esta Corte actualmente pueda tomar pues, según fluye de los antecedentes aparejados al proceso y de lo informado, los antecedentes todavía se encuentran en poder del Servicio Nacional de Migraciones, quien no los ha remitido a la cartera de Estado respectiva, de forma que, la fase de tramitación de la solicitud de carta de nacionalización correspondiente a tal repartición, ni siquiera ha iniciado, careciendo de oportunidad a su respecto el recurso de protección.

OCTAVO: Que, en cuanto al recurrido Servicio Nacional de Migraciones, para resolver el asunto en examen, se debe acudir a lo estatuido en la Ley N°19.880. En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior, resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por último, el artículo 14 del mismo cuerpo legal, define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

NOVENO: Que, de acuerdo con los antecedentes que constan en la tramitación de la presente causa, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud de carta de nacionalización efectuada por el recurrente, cuya presentación fue realizada en julio de 2025.

DÉCIMO: Que, por tanto, la dilación de la autoridad respectiva en el pronunciamiento sobre la mentada solicitud, en este caso particular, debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra del recurrente con relación al trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente su solicitud de carta de nacionalización, obteniendo una respuesta formal y oportuna, en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve:

I.- Que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección respecto del recurrido Ministerio del Interior.

II.- Que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto a favor de don nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones, sólo en cuanto se ordena a este último dictar la resolución que en derecho corresponda, a objeto que la solicitud de carta de nacionalización presentada por el recurrente pase a la siguiente etapa de tramitación, dentro del plazo de treinta días corridos, desde que la presente sentencia se encuentre ejecutoriada.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1364-2026 Protección.