Protección contra LICEO nombre reservado

nombre reservado

Liceo nombre reservado

Recurso de protección Rol 1363-2026.- La Serena, siete de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece doña nombre reservado, cédula nacional de identidad N°NUM000, en favor de su hija adolescente, nombre nombre reservado, deduciendo recurso de protección en contra del LICEO nombre reservado, dependiente del Servicio Local de Educación Pública SLEP Elqui, por la acción ilegal y arbitraria de expulsar a la hija de la recurrente como medida disciplinaria impuesta por la recurrida, lo cual ha vulnerado las garantías consagradas en el artículo 19 N°2 y N°3 inciso quinto de la Constitución Política de la República.

Expone, que el 13 de julio de la presente anualidad su hija, quien cursa tercer año medio, fue expulsada del establecimiento recurrido, sin que se le otorgara un procedimiento justo, sin ser escuchada, lo que vulneró su derecho a defensa.

Señala que la medida fue aplicada de manera arbitraria y desproporcionada, afectando el derecho a la educación de su hija, y las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y debido proceso. Añade que hasta la fecha de interposición del presente recurso su hija se encuentra sin clases.

Solicita que se acoja su recurso, se declare ilegal y arbitraria la expulsión de su hija, y se ordene su reingreso inmediato al establecimiento a fin de continuar sus estudios.

SEGUNDO: Que, a folio 10, comparece el abogado Fernando Bonacic Vera, en representación del Liceo nombre reservado, evacua el informe ordenado, solicitando el rechazo del recurso, con condena en costas.

Expone que, el 8 de junio de 2026, al interior del Liceo nombre reservado, se produjo un episodio de violencia colectiva que alteró gravemente la convivencia escolar y comprometió la seguridad e integridad de estudiantes y funcionarios; y en este contexto la hija de la recurrente más otros cuatro estudiantes profirieron gritos y expresiones ofensivas e incitaron a otros estudiantes a agredir a otros dos alumnos, a quienes calificaron de "sapos", y posteriormente persiguieron a los estudiantes afectados por dependencias del establecimiento, generándose un alboroto violento que involucró lanzamiento de objetos, daños a la infraestructura, desacato a las instrucciones de funcionarios y lesiones menores a inspectores que debieron intervenir para contener la situación.

Señala que producto de lo anterior, se inició una investigación, de la cual se recopilaron antecedentes, de cuyo análisis se estableció que la hija de la recurrente participó en acciones de hostigamiento verbal, uso de expresiones ofensivas, incitación a agresiones y escalamiento de un escenario de violencia que afectaron a otros integrantes de la comunidad educativa.

Indica que, en atención a la gravedad de lo ocurrido, y la afectación de la convivencia y seguridad escolar, se activó el procedimiento disciplinario previsto en la Ley N°21.128, denominado “Aula Segura” y en su Reglamento Interno de Convivencia Escolar, y en el marco de dicho proceso se adoptó la medida disciplinaria de expulsión no solo respecto de la hija de la recurrente, sino que también respecto al resto de los alumnos involucrados.

Prosigue relatando que el 10 de julio de 2026, el Director del establecimiento comunicó a la Dirección Regional de la Superintendencia de Educación la adopción de la medida disciplinaria de expulsión, e informó que el procedimiento se había desarrollado conforme al Reglamento Interno de Convivencia Escolar, resguardándose el debido proceso, la notificación a la estudiante y a su apoderada y las instancias de descargos y reconsideración establecidas en la normativa vigente. Añade que, el organismo fiscalizador el 24 de agosto de 2026 a través del Ord. N°NUM001, concluyó que éste se ajustaba a la normativa educacional.

Menciona que, la Ley N°21.128 -Aula Segura- reforzó la potestad disciplinaria de los establecimientos educacionales al autorizar expresamente la expulsión o cancelación de matrícula por faltas graves o gravísimas tipificadas en sus reglamentos internos, con el fin de resguardar la seguridad y convivencia escolar ante conductas que comprometan la integridad física o psíquica de los miembros de la comunidad o dañen la infraestructura esencial. Paralelamente, la Ley General de Educación garantiza a los estudiantes el derecho a un ambiente de respeto y no discriminación, imponiéndoles el deber de tratar dignamente a todos, colaborar en la sana convivencia y respetar las normas internas del establecimiento.

Afirma que, la medida de expulsión no se basó en un juicio subjetivo ni en condiciones personales de la estudiante, sino en su participación individual en un episodio de violencia colectiva que afectó la seguridad y el funcionamiento del Liceo, examinada conforme al RICE sobre faltas gravísimas. Añade que, dicha conducta tuvo incidencia directa en la generación y aumento del escenario violento, incluyendo incitación a agresiones, persecución, alboroto y daños. Señala que, la protección de la integridad de la comunidad educativa constituye una finalidad legítima, por lo que la activación de Aula Segura respondió a una necesidad concreta de protección y no al mero capricho de la autoridad, respetando el debido proceso, y las garantías constitucionales de la alumna.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, el objeto de la presente acción cautelar consiste en reclamar como ilegal y arbitrario la medida de expulsión decretada por el Liceo recurrido, en contra de la hija de la recurrente, alegando infracción al debido proceso, pues no fue oída la adolescente, vulnerando su derecho a defensa y sus garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°2 y N°3 inciso quinto de la Carta Magna, pidiendo reintegrar a la alumna al liceo.

SEXTO: Que, para resolver la controversia debe tenerse presente lo dispuesto por el literal d) del artículo 6 del Decreto con Fuerza de Ley N°2 de 1996, sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales, el cual fue modificado por la Ley N°21.128, la llamada ley de aula segura de 2018, el que dispone en su párrafo undécimo: “Las medidas de expulsión o cancelación de matrícula sólo podrán adoptarse mediante un procedimiento previo, racional y justo que deberá estar contemplado en el reglamento interno del establecimiento, garantizando el derecho del estudiante afectado y, o del padre, madre o apoderado a realizar sus descargos y a solicitar la reconsideración de la medida.”

Luego el mismo artículo trata pormenorizadamente el procedimiento que debe aplicarse a estos casos, el cual debe encontrarse inserto en el Reglamento Interno Escolar, y ser conocido por la comunidad escolar.

SÉPTIMO: Que, cabe consignar que el propio Reglamento Interno de Convivencia Escolar del 2026 en su apartado 11.24 dispone la aplicación Aula Segura de la Ley N°21.128, indicando que su objetivo es establecer un procedimiento frente a situaciones que afectan gravemente la convivencia escolar y seguridad del establecimiento, y que se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa que causen daño a la integridad física y psíquica de cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, padres, madres y/o apoderados, alumnos, asistentes de la educación, o de terceros que se encuentren en las dependencias del Liceo, tales como: promoción y venta de drogas, agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del Liceo.

Además, se detalla quien unidad del establecimiento llevará a cabo el protocolo, la información que debe ponerse en conocimiento del apoderado, y su derecho de apelar de la medida impuesta, así como el órgano que resolverá esta.

OCTAVO: Que, de lo expresado por las partes y de los antecedentes allegados al proceso, es posible advertir que, los hechos por los cuales se expulsa a la hija de la recurrente del liceo fueron graves y dicen relación con agresiones físicas y verbales cometidas por la adolescente junto a otros compañeros, en contra de dos alumnas en dependencias del colegio, lo que incluso fue denunciado a la Fiscalía Local.

Que fue entrevistada la alumna, e iniciada una investigación en su contra, fue citada su apoderada -madre recurrente- donde se le explicó la medida de expulsión por aula segura, y se le informó del plazo para apelar, lo cual realizó el 18 de junio de 2026, recurso que fue rechazado por el Consejo de Profesores el 6 de julio de 2026, lo que fue notificado a la apoderada.

A lo anterior se suma, que la Superintendencia de Educación tomó conocimiento de la medida, y previa revisión de los antecedentes consideró que la medida fue tomada con respeto a la normativa educacional sobre la materia.

NOVENO: Que, en consecuencia, no se advierte por esta Corte la vulneración a la garantía del debido proceso, por cuanto el establecimiento respetó el protocolo dispuesto por su RICE, siendo la joven oída, informada su apoderada, la que incluso apeló de la expulsión. Tampoco se vislumbra infracción a la igualdad ante la ley, pues la alumna fue sancionada junto a todos los demás alumnos que participaron en los actos de violencia, por lo que no se le otorgado un trato discriminatorio en comparación con los demás jóvenes involucrados.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se RECHAZA sin costas el recurso de protección interpuesto en favor de la adolescente nombre reservado, en contra del Liceo nombre reservado.

Se deja sin efecto la orden de no innovar decreta a folio 4.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1363-2026 (Protección).