Protección contra Subsecretaría del Interior

nombre reservado

Subsecretaría del Interior Recurso de protección Rol N°1361-2026 La Serena, treinta y uno de agosto de dos mil veintiséis.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, a folio 1, doña nombre reservado, venezolana, cédula de identidad NUM000, domiciliada en domicilio reservado, deduce recurso de protección en contra de la Subsecretaría del Interior, por haber dictado la Resolución Exenta N°NUM001, de 28 de marzo de 2025, mediante la cual se rechazó la solicitud de permiso de residencia temporal extraordinaria, acto ilegal y arbitrario, toda vez que se dictó sin ponderar sus circunstancias personales, familiares y humanitarias, limitándose a aplicar de forma genérica la normativa migratoria, omitiendo antecedentes que acreditan su arraigo en Chile, vulnerándose con ello las garantías constitucionales establecidas en los numerales 2 y 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere que el 28 de agosto de 2024 presentó solicitud de residencia temporal excepcional, la cual fue rechazada mediante resolución de 28 de marzo de 2025, indicando que no existían circunstancias excepcionales o humanitarias, resolución que carece de fundamentación, omitiendo antecedentes que fueron puestos en conocimiento de la autoridad.

Señala que actualmente, reside en La Serena, es madre de una niña que depende de su cuidado, siendo el principal sustento económico del grupo familiar, antecedentes que la recurrida no valoró, vulnerando los principios de razonabilidad, proporcionalidad, objetividad e imparcialidad, careciendo de fundamentación suficiente.

Concluye solicitando se declare que la Resolución Exenta N°NUM001, de 28 de marzo de 2025, es ilegal y arbitraria por vulnerar las garantías constitucionales establecidas en los numerales 2 y 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República y se acoja el recurso ordenando a la autoridad dictar una nueva resolución debidamente fundada, efectuando un análisis de todos los antecedentes, con costas en caso de oposición.

SEGUNDO: Que, a folio 4, don Sebastián Álvarez Moscoso, abogado, en representación de la Subsecretaría del Interior, informa el recurso.

Refiere normativa aplicable al caso y señala que la acción debe ser rechazada con expresa condena en costas.

Prosigue señalando que la autoridad ponderó debidamente los antecedentes aportados por la recurrente, en virtud de lo cual consideró que no se configura un caso excepcional, calificado ni humanitario, lo que se indicó expresamente en la parte considerativa de la resolución que se reclama, ello por cuanto la recurrente funda su solicitud en situaciones fácticas genéricas relacionadas a bienestar económico y personal, teniendo presente que el arraigo familiar que indica la actora debió ser considerado, no contribuye a sostener que se está frente a un caso calificado o humanitario bajo los criterios del artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325, no existiendo una actuación ilegal ni arbitraria, por lo que la acción no puede prosperar.

Concluye reiterando la solicitud de rechazo del recurso, con costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, la presente acción se erige en contra de la Subsecretaria del Interior por la dictación de la Resolución Exenta N°NUM001, de 28 de marzo de 2025, la cual se ordenó notificar mediante correo electrónico o por carta certificada, acompañando la recurrente carta remitida por el recurrido, mediante la cual se adjunta copia de la referida resolución, la cual data de 22 de mayo de 2025. Al efecto, consta en el expediente digital que el recurso se interpuso el 06 de agosto de 2026, lo cual excede el plazo fatal de 30 días corridos desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión, fijado en el Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección, por lo cual, el recurso se torna extemporáneo, debiendo ser rechazado.

SEXTO: Que, a mayor abundamiento, resulta oportuno tener presente que es una atribución indelegable de la Subsecretaría del Interior, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325, disponer, en casos excepcionales, el otorgamiento de permisos de residencia temporal a extranjeros que se encuentren en el territorio nacional, en casos calificados o por motivos humanitarios, con independencia de la condición migratoria del beneficiario.

SÉPTIMO: Que, sin perjuicio de lo señalado, las facultades conferidas por el ordenamiento jurídico a la autoridad administrativa, en conformidad a lo dispuesto por la Constitución Política, no pueden ejercitarse de forma caprichosa o injustificada, por lo que, tal como demandan las leyes y la Carta Fundamental, los actos de las autoridades deben ser motivados y dar cuenta de las circunstancias y antecedentes ponderados para arribar a una determinada decisión, bajo el riesgo de que su omisión permita establecer que el acto no es lo suficientemente fundado según parámetros establecidos por nuestro ordenamiento jurídico.

OCTAVO: Que, al efecto, el acto impugnado, consistente en la dictación de la resolución que rechazó la solicitud de regularización extraordinaria, aparece debidamente fundada, señalando la normativa aplicable al caso y los supuestos de procedencia de la regularización extraordinaria, refiriendo en el considerando décimo tercero que la recurrente funda su solicitud en la situación en la que se encontraría el país de origen, señalando en el considerando décimo quinto que no es argumento suficiente para acceder a la solicitud de regularización extraordinaria, por sí mismo, el mero hecho de señalar que el país de origen pueda verse afectado negativamente en el ámbito político, social y económico, no pudiendo considerarse que la sola nacionalidad de una persona pueda configurarse como un caso calificado o humanitario.

NOVENO: Que, de esta manera, no se verifican los reproches efectuados por la recurrente a la resolución impugnada, atendido que este fue emanado de la autoridad competente, dentro de sus atribuciones, fundado en causa legal y dotada de la motivación necesaria para sustentar la decisión adoptada, por lo que el recurso necesariamente deberá ser rechazado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA por extemporáneo, sin costas, el recurso de protección de deducido por nombre reservado en contra de la Subsecretaria del Interior.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1361-2026 Protección.-