nombre reservado con COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA

nombre reservado

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Antofagasta Recurso de protección Rol N°1359-2024.

La Serena, dieciséis de diciembre dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece don Gonzalo Aguilera Jofré, abogado, en favor de doña nombre reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Antofagasta, señalando como omisión ilegal y arbitraria la falta de notificación de la sanción de suspensión de la facultad de emitir licencias médicas y, como acto de dichas características, el requerir, a propósito de un proceso de fiscalización, una cantidad elevada de informes y antecedentes adicionales en el acotado plazo de 7 días, lo que representa una vulneración los derechos a la vida y a la integridad física y psíquica, igualdad ante la ley, libertad de trabajo y de propiedad, consagrados en el artículo 19 N°1, 2, 16 y 24 de la Constitución Política de la República.

Sostiene que la recurrente, médico cirujano de profesión, atiende y trata diariamente a pacientes que sufren variadas y graves patologías de la salud. En ese contexto, acota que el buen ejercicio de su profesión exige diagnosticar y tratarlos adecuadamente, realizarles diversos tratamientos farmacológicos, exámenes físicos y, en muchos casos, como parte indispensable del tratamiento, otorgarles reposo laboral mediante la emisión de una licencia médica.

Manifiesta que a fines de marzo del año en curso y sin motivo previo, se le suspendió la facultad de emitir licencias médicas y la venta de talonarios de éstas. Sin embargo, recién el 1 de abril de 2024 recibió mediante correo electrónico una solicitud de fiscalización, en la que se le requería información relacionada con 50 licencias médicas, a lo que debía adicionar un informe médico, ficha clínica de cada paciente y copia del bono o de la boleta de atención médica correspondiente, requerimiento que fue reiterado el 9 de abril del mismo año.

Expone que en ningún momento se negó a tal requerimiento e intentó cumplir con la oportuna entrega de la información solicitada. No obstante, la recurrida rechazó la información relacionada con la ficha clínica de los pacientes, sin indicar qué antecedentes eran los que faltaban.

Señala que nunca fue válidamente notificada de alguna sanción impuesta en su contra, sino que sólo del proceso de fiscalización, enterándose de la multa únicamente al revisar el portal web de la Tesorería General de la República.

Explica que la recurrida ha incurrido en una omisión ilegal, esto es, la falta de notificación, lo que importa infringir el artículo 17 letra a) de la Ley N°19.880, en cuanto el interesado tiene derecho a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos y el artículo 45 del referido cuerpo legal, en tanto los actos administrativos deberán ser notificados a los interesados conteniendo su texto íntegro. Sobre el particular, agrega que la comunicación de las resoluciones que apliquen este tipo de sanciones es un requisito que la ley exige a la recurrida para su validez, al tenor de lo dispuesto en el artículo 2 inciso 2° de la Ley N°20.585, omisión que, por lo demás, provoca la transgresión de los artículos 4 y 10 de la Ley N°19.880, al privarla de ejercer la más mínima contradictoriedad en el procedimiento, esto es, efectuar alegaciones destinadas a dejar sin efecto tales sanciones, impidiéndole incluso de hacer uso del reclamo establecido en el inciso 3° del artículo 2 de la Ley N°20.585.

Indica, en relación a la arbitrariedad, que resulta antojadizo que exista una sanción de suspensión de la facultad de emitir licencias médicas en circunstancias que no ha sido notificada de ninguna resolución que la aplique, irracionalidad que deviene en una afectación directa al derecho a ser oído y a defensa.

Culmina solicitando se deje sin efecto la suspensión aplicada y se ordene retrotraer el procedimiento al estado de notificar como en derecho corresponde la resolución que aplica la sanción de suspensión de licencias médicas; se dejen sin efecto todos los requerimientos de información remitidos mediante correos electrónicos de 1 y 9 de abril de 2024, absteniéndose de formularlos en términos similares y desproporcionados en lo sucesivo; que en este procedimiento u otro que se inicie se limite a la solicitud de una licencia médica o, en su defecto, recaiga la petición en un número razonable de éstas; que en el caso del actual procedimiento, se le conceda un plazo de 3 días para cada informe, o bien, uno que no sea inferior a un informe diario; y que se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio de los derechos vulnerados, todo ello con costas.

Acompaña al recurso: 1. Correo electrónico de 1 de abril de 2024 que solicita información relacionada a licencias médicas; 2. Correo electrónico de 9 de abril de 2024 que reitera solicitud de información relacionada a licencias médicas; 3. Conversación vía correo electrónico de 17 y 18 de julio de 2024, en los que solicita la resolución de la sanción de suspensión de emisión de licencias médicas; y 4. Captura de pantalla del sitio web de la Tesorería General de la República que da cuenta de la existencia del cobro de una deuda.

SEGUNDO: Que a folio 24, comparece doña nombre reservado, en representación de la recurrida Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región de Antofagasta, evacuando el informe requerido.

En primer lugar, refiere que la Ley N°20.585 en su artículo 2 otorgó facultades a las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez para fiscalizar a los prestadores que emiten licencias médicas, señalando que se han establecido criterios considerados riesgosos para iniciar procesos de fiscalización, encontrándose dentro de ellos la recurrente, dado que registró la emisión de un total de 1.774 licencias médicas en un año móvil, correspondiente al período comprendido entre el 28 de marzo de 2023 y el 27 de marzo de 2024.

Refiere que iniciado el proceso, el 1 de abril de 2024 realizó solicitud de antecedentes mediante Ordinario N°2402201908 respecto 50 licencias médicas, contando la profesional con 7 días corridos para incorporar en el sitio web los antecedentes requeridos por cada una de ellas, esto es, ficha clínica de cada paciente, informe médico y bono de atención o comprobante del pago.

Manifiesta que no habiendo presentado la información peticionada, el 9 de abril del año en curso se le envió reiteración de la misma mediante Ordinario N°2402201908 contando con otros 7 días corridos adicionales para su cumplimiento.

Indica que vencido aquel y tras revisión de los antecedentes aportados por la recurrente se concluyó que no los presentó, verificándose las siguientes observaciones: “Informes médicos de cada paciente: SÍ cumple con lo solicitado; fichas clínicas de cada paciente: NO cumple con la información que debe contener la ficha clínica tal como lo establece el Decreto Nº41, del 2012, del Ministerio de Salud; bonos o boletas de atención de cada paciente: SÍ cumple con lo solicitado”. En efecto, en las fichas clínicas allegadas no existen datos completos del paciente, al no especificarse la fecha de nacimiento ni edad; no se identifica el número de ficha del paciente ni la fecha de la creación de ella; y no se visualiza un registro cronológico y fechado de todas las atenciones de salud recibidas.

Explica que al no entregar la totalidad de los antecedentes requeridos se configura la hipótesis dispuesta en el inciso 2º del artículo 2 de la Ley N°20.585, que faculta para sancionar a la profesional con multas a beneficio fiscal de hasta 10 Unidades Tributarias Mensuales, además de suspender tanto la venta de formularios de licencias médicas, como la facultad para emitirlas hasta por 15 días, razón por la que el 17 de abril de este año, emitió la Resolución Exenta Nº240220190802, mediante la cual aplicó a la actora una multa a beneficio fiscal de 10 Unidades Tributarias Mensuales y suspendió la facultad de emitir licencias médicas, por un plazo de 15 días, a contar del 23 de abril del presente año.

Expresa que a la fecha del informe, la recurrente se ha mantenido en la negativa de proporcionar antecedentes solicitados, por lo que las sanciones han sido renovadas por los actos administrativos que singulariza, siendo la última de ellas aquella pronunciada el pasado 5 de diciembre.

Finalmente, destaca que la primera notificación de la sanción impuesta fue remitida a la recurrente el mismo 17 de abril 2024, mediante carta certificada al domicilio consignado en las boletas de servicio que adjuntó en plataforma, esto es, Marchant Pereira N°150, Oficina 901, Providencia, Santiago. Ello, en atención a que en el sistema de tramitación de licencias del Fondo Nacional de Salud, figura como domicilio “Villalón, Ovalle”, sin especificar numeración u otra referencia.

Acompaña a su informe: 1. Resolución Exenta N°240220190803, de 9 de mayo de 2024; 2. Resolución Exenta N°240220190804, de 24 de mayo de 2024; 3. Resolución Exenta N°240220190805, de 10 de junio de 2024; 4. Resolución Exenta N°240220190806, de 25 de junio de 2024; 5. Resolución Exenta N°240220190807, de 11 de julio de 2024; 6. Resolución Exenta N°240220190808, de 26 de julio de 2024; 7. Resolución Exenta N°240220190809, de 12 de agosto de 2024; 8. Resolución Exenta N°240220190810, de 27 de agosto de 2024; 9. Resolución Exenta N°240220190811, de 16 de septiembre de 2024; 10. Resolución Exenta N°240220190812, de 1 de octubre de 2024; 11. Resolución Exenta N°240220190813, de 16 de octubre de 2024; 12. Resolución Exenta N°240220190814, de 4 de noviembre de 2024; 13. Resolución Exenta N°240220190815, de 19 de noviembre de 2024; 14. Resolución Exenta N°240220190816, de 5 de diciembre de 2024; 15. Comprobantes envío carta certificada Correos de Chile envío N°6000250073643; 16. Correo electrónico de 31 de mayo de 2024, 17 de julio de 2024 y 18 de julio de 2024; 17. Decreto N°41 del Ministerio de Salud; y 18. Fichas Clínicas asociadas a las licencias médicas incorporadas por la recurrente.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, para la resolución del asunto, conviene tener presente que lo reprochado por la recurrente guarda relación con la imposición de sanciones por parte de la recurrida, al amparo de lo dispuesto en la Ley N°20.585, sin que el acto administrativo que las dispuso haya sido debidamente notificado.

Sobre el punto, es preciso señalar que la información relativa al domicilio de la recurrente, contenida en la plataforma del servicio efectivamente es incompleta, tal como lo alegó la recurrida al evacuar su informe, de manera que a fin de asegurar el debido conocimiento por parte de la Dra. nombre reservado de la sanción aplicada, utilizó información contenida en la base de datos de otro servicio público, que por mandato legal del artículo 11 del Código Tributario, corresponde que aporte y actualice el administrado, por lo que, a diferencia de lo sostenido por la actora, esta Corte estima que la Resolución Exenta Nº240220190802, de 17 de abril de 2024, pronunciada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Antofagasta sí fue comunicada legalmente. A lo anterior debe adicionarse que se observó por parte de la recurrida la información entregada respecto de 18 fichas clínicas, lo que hasta la fecha no ha sido subsanado por la actora, verificándose en la especie la reiteración exigida por el artículo 2 de la Ley N°20.585, sin que el actuar reprochado sea ilegal o arbitrario, al subsumirse en las competencias que la ley le otorga a la autoridad administrativa, motivos por los que se rechazará el recurso intentado conforme se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Antofagasta.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1359-2024 Protección.