nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR 18 DE SEPTIEMBRE

nombre reservado

Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de septiembre Recurso de protección Rol N° 1356-2024.- La Serena, veintiocho de agosto de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el treinta de julio de dos mil veinticuatro comparece nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR 18 DE SEPTIEMBRE.

Expone que el 05 de junio de 2017, suscribió pagaré N°410038336, en favor de la recurrida, por la suma de $ 5.787.758, por concepto de mutuo, más los intereses correspondientes, en 60 cuotas mensuales y sucesivas, comenzando la primera de ellas el 19 de julio 2019.

Añade que se pactó que el simple retardo en el pago de cualquiera de las cuotas en la forma y fecha pactada permitiría hacer exigible el total de la deuda considerándola de plazo vencido y capitalizados los intereses devengados y no pagados conforme al artículo 9 de la Ley N°18.010.

Refiere que, debido a complejidades de índole financiera, no fue posible de su parte seguir pagando las cuotas pactadas con Caja 18 de septiembre, constituyéndome en mora a partir de la cuota número 14, cuyo vencimiento data del 10 de agosto de 2020, habiéndose hecho exigibles 47 cuotas, por un total de $4.971.208. Así las cosas, Caja de Compensación 18 de septiembre interpuso en su contra demanda ejecutiva, el 27 de febrero de 2021, como consta en la causa ROL C-260-2021, tramitada ante el 2º Juzgado de Letras de Coquimbo, caratulada “nombre reservado/nombre reservado”, para efectos de cobrar el pagaré referido.

Sin embargo, la demanda ejecutiva nunca fue notificada por la ejecutante. Recién el 12 de agosto de 2022, el tribunal lo tuvo por notificado y requerido de pago de manera expresa, teniendo también por opuesta la excepción contemplada en el artículo 465 (sic) numeral 17° del Código de Procedimiento Civil, es decir, la prescripción de la deuda o sólo de la acción ejecutiva. Añade que una vez transcurrido el término probatorio, el tribunal citó a las partes a oír sentencia y, finalmente, se dictó sentencia definitiva el 21 de abril de 2024, por medio de la cual se acogió la excepción opuesta y, en consecuencia, se declaró prescrita la acción derivada del pagaré suscrito. Por consiguiente, se rechazó la demanda ejecutiva deducida por la recurrida. Destaca que la referida sentencia se encuentra firme y ejecutoriada a partir del 13 de julio de 2023, archivándose la ejecución individual el 22 de marzo de 2024.

Hace presente que, a la fecha, mantiene un trabajo estable, con la legítima expectativa de percibir sus remuneraciones de manera íntegra y previsible, de acuerdo con lo pactado con su empleador. A pesar de lo anterior, a partir de la liquidación del mes de junio del año en curso, su sueldo refleja una merma, constando un descuento aplicado por la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de septiembre, por el ítem denominado Préstamos CCAF, por la suma de $108.651.

Así las cosas, la recurrida tomó la determinación de sustraer del ámbito extrajudicial el cobro del crédito que le otorgó, a pesar de haber interpuesto una demanda ejecutiva, la cual se encuentra vigente, pero sin tramitar por parte de la ejecutante.

Señala que no fue informado previamente por algún canal de comunicación respecto de la decisión unilateral de la recurrida en ejecutar los descuentos que finalmente ordenó a su empleador. Es por esta razón que nunca tuvo elementos ni informaciones de alguna clase o especie que le permitieran prever una afectación en su sueldo. Lo anterior, especialmente considerando que Caja de Compensación 18 de septiembre, por voluntad propia, había judicializado el cobro de la deuda.

Aduce que el actuar de la recurrida es un acto arbitrario, tanto en su realización como en el monto que ordenó retener a su empleador y reviste un abuso de los preceptos legales que regulan el funcionamiento de estas entidades respecto al cobro oportuno de los créditos sociales (Ley N°18.833) descontando una proporción estructural de su remuneración líquida, de manera intempestiva, sin entregar alguna información previa a mi persona ni a mi empleador.

Sostiene que el actuar de la recurrida vulnera lo dispuesto por el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Invoca lo dispuesto en la Ley N°18.833, artículos 21 y 22. Refiere que en la presente situación, se puede advertir un uso arbitrario e ilegal de la citada norma, de acuerdo con lo establecido por nuestra jurisprudencia, de manera categórica y uniforme, toda vez que, una Caja de Compensación, como todo grupo intermedio prestador de un servicio, está subordinada a la Constitución Política de la República.

Al respecto, el acto de autotutela, efectuado por Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de septiembre, se trata de un descuento ilegal y arbitrario de su remuneración, ya que, en su oportunidad, manifestó su voluntad expresa e inequívoca de ejercer la cláusula de aceleración, produciendo el vencimiento anticipado de todas las cuotas pendientes, cobrando de esta manera la totalidad de la deuda como de plazo vencido en sede civil. Por lo anterior, resulta arbitrario que habiendo ejercido la cláusula de aceleración, la recurrida ordene la retención de montos a su conveniencia y mediante un mecanismo paralelo a la vía judicial que ella misma ejerció y promovió mediante el cobro ejecutivo, cuya situación es agravada por el hecho de no dar noticias o informaciones previas a la determinación del descuento, o explicar el por qué ni el cómo se llegó a ese monto ordenado a descontar, lo que corresponde a una vulneración a la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N°24 de nuestra Constitución Política de la República, esto es, el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, toda vez que, se le ha privado y ha perturbado de su derecho de propiedad sobre un monto de $ 108.651 de su liquidación de sueldo, que podría repetirse para los pagos de los próximos meses de remuneración, mediante un mecanismo paralelo a la vía judicial que la misma recurrida CCAF 18 de Septiembre ejerció y promovió mediante el cobro ejecutivo del pagaré referido.

Adiciona que también existe arbitrariedad en el actuar de la recurrida al ordenar un descuento amparándose en el artículo 22 de la Ley N°18.833, desconociendo su deber de dar noticias previas respecto a su determinación de ejecutar los abusivos e inoportunos descuentos.

Por estas consideraciones solicita se condene expresamente en costas a la recurrida y se le ordene cesar todo tipo de retención o descuento en su remuneración; restituir los descuentos efectuados, así como también los que puedan llevar a efectuarse durante la tramitación de la presente acción; y condenar en costas a la recurrida.

Acompaña los siguientes documentos: 1. Liquidación de sueldo, correspondiente al mes de junio de 2024; 2. E-book civil, causa ejecutiva ROL C-260-2021, tramitada ante el 2º Juzgado de Letras de Coquimbo, caratulada “nombre reservado/nombre reservado”.

SEGUNDO: Que, evacuó informe MATÍAS JAVIER ZOROQUIAIN VELEZ, abogado, en representación convencional de la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR 18 DE SEPTIEMBRE.

Expone que el 10 de mayo de 2019 el actor solicitó a su representada un crédito por la cantidad de $5.690.000 (cinco millones seiscientos noventa mil pesos), con una tasa de interés correspondiente a 1,75%, pagadero en 60 cuotas de $156.576; operación identificada con el folio 410038336.

Añade que el actor pagó de forma más o menos regular las primeras 17 (diecisiete) cuotas del crédito. Luego, atendida la circunstancia que el crédito del señor nombre reservado registró morosidad, se activaron los mecanismos de cobro extrajudiciales correspondientes; entre ellos, la incorporación del crédito en la base de aquellas operaciones morosas que pueden y deben ser cobradas al deudor, mediante el descuento en sus remuneraciones, tanto por la Caja acreedora como por las demás C.C.A.F. que forman parte de la plataforma Intercajas. Todo ello, en estricto apego a la normativa que regula la actividad.

Luego, ante el fracaso de la cobranza extrajudicial, y cumplimiento de la normativa que regula la materia -particularmente del Compendio de Normas que regulan a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar- se debió deducir la correspondiente demanda ejecutiva en contra del deudor. En efecto, el 27 de febrero de 2021 se inició la causa judicial, juicio ejecutivo, rol C-260-2021 del Segundo Juzgado de Letras de Coquimbo, que concluyó con la declaración de prescripción de la acción cambiaria; y ciertamente, sin haberse recaudado nada de lo adeudado.

Por su parte, recién en junio de 2024, se logró retomar el cobro y pago de esta operación de crédito morosa, mediante el descuento realizado por su empleadora, del monto de la cuota pactada, en su remuneración de junio de 2024, por la suma de $108.651; actuación que, en todo caso, se aprecia respetuosa de la normativa que regula la actividad.

Señala que, en las circunstancias antedichas, el cobro que impugna el actor se ha realizado en estricto apego a derecho y exento de cualquier ilegalidad o arbitrariedad. En tal sentido, y para una mejor referencia, hace presente determinados antecedentes de derecho que sólo pueden refrendar la legalidad y plena justificación del cobro.

Invoca el inciso primero del artículo 1º y el artículo 22 de la Ley 18.833, en relación con el artículo 58 del Código del Trabajo y el artículo 22 de la Ley 17.322.

Señala que resulta necesario tener en consideración el mandato que el actor otorgó a esta C.C.A.F. -contenido en la cláusula 10 del pagaré y en la cláusula quinta del contrato de crédito social celebrado entre el actor y esta C.C.A.F.- en que “otorga mandato y faculta a su actual empleador y a sus futuros empleadores, para descontar de sus remuneraciones el monto de las cuotas convenidas para el servicio de la deuda (…).”

En definitiva, el cobro de las cuotas de crédito social del actor, efectuado de la forma en que se ha hecho (descuento de la cuota del crédito social de las remuneraciones del señor nombre reservado), corresponde al cumplimiento de una obligación normativa expresa y exenta de cualquier arbitrariedad. Es claro, por lo demás, que la obligación del actor no ha sido extinguida por algún modo legal y ciertamente no se encuentra prescrita (la acción ordinaria de que dispone su representada para el cobro de la operación no ha sido objeto de discusión alguna en sede ordinaria).

De este modo, el descuento efectuado en cobro y pago de una operación de crédito malamente podría constituir una actuación arbitraria por parte de la Caja, como pretende hacer ver el recurrente. En consecuencia, su parte rechaza haber efectuado actuación ilegal o arbitraria alguna que hubiese infringido, perturbado o amenazado alguna garantía constitucional del recurrente.

Menciona que, sin perjuicio de que el actuar de su representada se ha ajustado estrictamente a derecho y no entraña arbitrariedad alguna, se ha instruido el cese del cobro del crédito y la restitución al actor del total recaudado desde junio de 2024. Con el objeto de facilitar tal pago, solicitaron al actor que le informe al correo correo reservado los datos de una cuenta bancaria de su titularidad junto a los demás datos necesarios para la transferencia. De tal pago se dará cuenta una vez que se haya efectuado.

Por estas consideraciones solicita se rechace el recurso de protección de autos.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, atendido el merito de los antecedentes, en particular, lo expuesto por la recurrida en su informe, del cual se colige que ha dispuesto el cese en los descuentos efectuados en las remuneraciones del actor como también la restitución de los descuentos efectuados, es que solo cabe concluir que el presente recurso ha perdido oportunidad, al haberse satisfecho íntegramente la pretensión del actor, por lo que solo cabe desestimar el mismo, al no vislumbrarse en la actualidad medidas que resguardo que puedan ser adoptadas por esta Corte.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve Que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR 18 DE SEPTIEMBRE.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1356-2024 (Protección).