Protección contra Ministerio del Interior y Seguridad Pública y de la Subsecretaría del Interior

nombre reservado

Ministerio del Interior y otro Recurso de Protección Rol N° 1354-2026.- La Serena, veinticinco de agosto de dos mil veintiséis.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en representación de don nombre reservado, empleado, de nacionalidad venezolana, titular de cédula de identidad para extranjeros N°NUM000, domiciliado en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y de la Subsecretaría del Interior, por la omisión que califica de ilegal y arbitraria consistente en no dictar el decreto que ponga término al procedimiento de carta de nacionalización solicitado por su representado, estimando vulnerada la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Expone que el recurrente ingresó al país en calidad de turista, posteriormente obtuvo residencia temporal y, antes de su vencimiento, permanencia definitiva, la que se mantiene vigente. Señala que, con fecha 1 de junio de 2024, ingresó su solicitud de carta de nacionalización, identificada en los antecedentes con el N°NUM001, y que posteriormente pagó íntegra y oportunamente los derechos correspondientes.

Afirma que el Servicio Nacional de Migraciones ya habría cumplido la actuación que le correspondía dentro del procedimiento, remitiendo al Ministerio del Interior el proyecto de decreto de carta de nacionalización y los antecedentes de la solicitud, por lo que la actuación pendiente sería únicamente la decisión de la autoridad recurrida mediante el decreto respectivo. En apoyo de dicha afirmación acompaña oficio N°NUM002, de 30 de julio de 2026, dirigido por el Director Nacional del Servicio Nacional de Migraciones al Subsecretario del Interior, mediante el cual se remite el expediente, se informa que el solicitante cumple con los requisitos del Decreto Supremo N°5.142, que al 23 de julio de 2026 no registra antecedentes policiales ni judiciales negativos, y se adjunta el proyecto de decreto para aprobación de la autoridad.

Sostiene que, al momento de recurrir, habían transcurrido más de dos años desde el ingreso de la solicitud sin que se hubiese dictado el decreto terminal, manteniéndose el recurrente en una situación de incertidumbre. En cuanto a la ilegalidad de la omisión, invoca los artículos 6, 7, 8, 9, 14, 23, 24 y 27 de la Ley N°19.880, destacando los principios de celeridad, conclusivo, economía procedimental e inexcusabilidad y el deber de la Administración de impulsar de oficio el procedimiento hasta su conclusión.

Añade que la Ley N°21.325 y el Decreto Supremo N°5.142, de 1960, del Ministerio del Interior, regulan el procedimiento de nacionalización y que la Ley N°19.880 resulta aplicable supletoriamente en todo aquello no previsto especialmente.

Sostiene que el artículo 27 fija como regla que los procedimientos administrativos no pueden exceder de seis meses, salvo caso fortuito o fuerza mayor, y que no basta una referencia genérica al volumen de solicitudes para justificar una demora prolongada.

En cuanto a la oportunidad del recurso, afirma que la omisión denunciada es permanente y se renueva mientras no se dicte el acto administrativo terminal. Asimismo, descarta que los mecanismos de silencio administrativo constituyan una vía excluyente o un requisito previo para acudir a la tutela constitucional.

Finalmente, sostiene que la demora importa un trato desigual respecto de otros administrados que, encontrándose en una situación jurídica equivalente, han obtenido una respuesta formal dentro de un plazo razonable. Solicita que se acoja el recurso y se ordene al Ministerio del Interior y a la Subsecretaría del Interior dictar el decreto que resuelva la solicitud dentro de treinta días, o del plazo que esta Corte estime pertinente, con costas.

SEGUNDO: Que, evacuando informe, comparece don Pedro Pablo Vidal Matus, abogado, en representación del Ministerio del Interior y de la Subsecretaría del Interior, solicitando el rechazo total de la acción, con expresa condena en costas.

En cuanto al marco normativo, explica que el otorgamiento de cartas de nacionalización se efectúa mediante decreto expedido con la sola firma de la autoridad superior del Ministerio del Interior, en virtud de los artículos 84 de la Ley N°21.325; 1° y 2° del Decreto Supremo N°5.142, de 1960, del Ministerio del Interior; y 1°, apartado IV, N°4, de la Ley N°16.436. Precisa que se trata de una facultad conferida en términos potenciales, pues la normativa dispone que la carta “podrá” otorgarse a quienes cumplan los requisitos respectivos.

Añade que, conforme al artículo 157 N°8 de la Ley N°21.325, corresponde al Servicio Nacional de Migraciones tramitar las solicitudes de carta de nacionalización para su posterior resolución por el Ministerio del Interior. Explica que dicho Servicio recibe las solicitudes, revisa su admisibilidad, las tramita, ordena el pago de derechos y, una vez concluida esa fase, propone su resolución a la autoridad superior del Ministerio, la cual concede o rechaza la petición mediante el decreto respectivo.

Respecto del estado concreto de la solicitud, informa que los antecedentes de don nombre reservado fueron recibidos por el Ministerio del Interior desde el Servicio Nacional de Migraciones el 13 de agosto de 2026 y que el acto administrativo que la resuelve se encuentra actualmente en tramitación, previo a la firma de la autoridad. Agrega que, una vez concluido dicho trámite, el acto será notificado al interesado.

En cuanto a la inexistencia de una omisión ilegal o arbitraria, sostiene que las solicitudes de carta de nacionalización son sometidas a un análisis exhaustivo, atendida la relevancia jurídica y práctica de conceder la nacionalidad chilena. Afirma que este procedimiento constituye una manifestación del derecho de petición del artículo 19 N°14 de la Constitución y que la autoridad no está obligada a acceder favorablemente a lo pedido, sino a ponderar los antecedentes conforme a la normativa aplicable.

Hace presente el considerable incremento de solicitudes de nacionalización, señalando que durante 2025 se presentaron 39.482 peticiones, equivalentes a un promedio de 3.290 mensuales, y que entre 2022 y 2025 ingresaron 163.629 solicitudes, lo que representa un aumento superior al 650% respecto del período 2018-2021. Sostiene que esta realidad, unida a la participación de múltiples organismos y a la necesidad de verificar los requisitos de cada solicitante, explica que la tramitación pueda extenderse.

Respecto del artículo 27 de la Ley N°19.880, afirma que el plazo de seis meses no tiene carácter fatal, por lo que su vencimiento no genera caducidad ni invalidación del procedimiento. Añade que la jurisprudencia que cita ha distinguido entre una mera dilación y aquella injustificada, sosteniendo que sólo esta última podría adquirir relevancia jurídica.

En cuanto a la afectación constitucional, sostiene que el recurrente se encuentra en situación migratoria regular, con permanencia definitiva vigente, y que la pendencia de la solicitud de nacionalización no impide el ejercicio de sus derechos ni afecta la vigencia de su documentación. Afirma que no se ha demostrado un trato desigual respecto de otras personas en situaciones equivalentes ni una afectación concreta de alguna garantía protegida por el artículo 20 de la Constitución.

Finalmente, argumenta que la acción de protección no puede ser instrumentalizada para obtener una aceleración preferente de estos procedimientos ni para sustituir a la autoridad competente en una decisión que constituye una concesión por gracia. Añade que acoger acciones de esta naturaleza podría afectar la igualdad respecto de otros solicitantes que ingresaron sus peticiones por la vía regular, incluso con anterioridad, y que aún esperan respuesta. Por ello solicita el rechazo del recurso, con costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que dicha disposición contempla frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que los priven, perturben o amenacen, facultando a esta Corte para adoptar las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

CUARTO: Que, el acto impugnado consiste en la falta de dictación del decreto que resuelva la solicitud de carta de nacionalización presentada por el recurrente el 1 de junio de 2024. Sin embargo, para apreciar la existencia de una omisión atribuible a las recurridas debe atenderse al reparto legal de competencias dentro del procedimiento y al momento en que los antecedentes quedaron efectivamente radicados ante la autoridad llamada a resolver.

QUINTO: Que, el artículo 157 N°8 de la Ley N°21.325 entrega al Servicio Nacional de Migraciones la tramitación de las solicitudes de carta de nacionalización para su posterior resolución por el Ministerio del Interior. En el caso concreto, el Servicio emitió el oficio N°NUM002 con fecha 30 de julio de 2026, mediante el cual remitió el expediente y el proyecto de decreto al Subsecretario del Interior.

La recurrida informó que dichos antecedentes fueron recibidos por el Ministerio del Interior el 13 de agosto de 2026 y que, desde entonces, el acto administrativo que resolverá la solicitud se encuentra en tramitación, previo a la firma de la autoridad. Así, a la fecha en que se interpuso el recurso, el 5 de agosto de 2026, no se encuentra acreditado que el expediente hubiese sido ya recibido por las recurridas y estuviera jurídicamente en condiciones de ser resuelto por éstas.

SEXTO: Que, por consiguiente, la extensa duración del procedimiento desde junio de 2024 no puede imputarse íntegramente al Ministerio del Interior ni a la Subsecretaría del Interior. La intervención decisoria de estas autoridades sólo se activa una vez concluida la fase previa radicada en el Servicio Nacional de Migraciones y recibida la respectiva propuesta de resolución.

Desde la recepción informada, ocurrida el 13 de agosto de 2026, el acto se encuentra en tramitación previa a firma, de manera que no se advierte una paralización o inactividad actual de la autoridad recurrida. El lapso transcurrido en esta fase resulta, a la fecha, reducido y compatible con la naturaleza de la actuación pendiente.

SÉPTIMO: Que, el artículo 27 de la Ley N°19.880 contempla un plazo máximo de seis meses para el procedimiento administrativo, salvo caso fortuito o fuerza mayor, pero dicho término no tiene carácter fatal ni su sola superación produce caducidad o ilegalidad automática. La razonabilidad de la demora debe apreciarse atendiendo a las actuaciones efectivamente desarrolladas y a la autoridad a quien corresponde cada etapa.

En la especie, además, la carta de nacionalización constituye una concesión por gracia y su decisión exige una valoración final de la autoridad competente. La documentación acompañada demuestra precisamente que la fase previa fue completada recientemente y que existe un proyecto de decreto actualmente sometido a tramitación, circunstancia incompatible con la existencia de una omisión manifiestamente arbitraria atribuible a las recurridas.

OCTAVO: Que, tampoco se ha acreditado una afectación concreta de la garantía de igualdad ante la ley. El recurrente mantiene permanencia definitiva vigente y situación migratoria regular, y no se han aportado antecedentes específicos que permitan establecer que las recurridas hayan dispensado a su solicitud un trato distinto, caprichoso o discriminatorio respecto de otros solicitantes que se encuentren en igual etapa procedimental.

En estas condiciones, considerando especialmente que al momento de interponerse la acción los antecedentes aún no constan recibidos por las recurridas y que, una vez ingresados, el acto administrativo comenzó su tramitación previa a firma, no se configura una omisión ilegal o arbitraria de entidad suficiente para hacer procedente la tutela cautelar solicitada.

Por consiguiente, el recurso será rechazado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por don Pablo Daniel Peñaloza Parra, en representación de don nombre reservado, en contra del Ministerio del Interior y de la Subsecretaría del Interior.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1354-2026 Protección.