nombre reservado con I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS Y CGR

nombre reservado

Contraloría Regional de Coquimbo y otro Recurso de protección Rol N°1351-2025.- La Serena, veintinueve de agosto dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece Omar Beltrán Valle, abogado, en favor de nombre reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Contraloría Regional de Coquimbo y de la Ilustre Municipalidad de Los Vilos, señalando como acto ilegal y arbitrario, la diferencia remuneratoria que se habría producido a propósito de la adecuación de su situación estatutaria, lo que representa una vulneración a los derechos consagrados en el artículo 19 N°2, 16 y 24 de la Carta Fundamental.

Refiere que el recurrente fue contratado por la Ilustre Municipalidad de Los Vilos el 3 de marzo de 2014, para realizar el trabajo de Coordinador Comunal del Proyecto de Integración Escolar del Departamento de Administración de Educación Municipal, debiendo a desarrollar todas aquellas actividades que emanen de la naturaleza de su empleo, al amparo del Código del Trabajo.

Luego, relata el cambio en la modalidad de su contratación, pasando a ser de carácter estatutario, haciendo presente la serie de pronunciamientos que ha efectuado el órgano contralor y que esta modificación importó un perjuicio pecuniario, en tanto comenzó a recibir una remuneración menor a propósito de su encasillamiento.

Culmina solicitando se ordene “la restitución y el pago de lo adeudado según la Contraloría General de la República como por los contratos que se encuentran vigentes entre el recurrente y el municipio, debiéndosele respetar su calidad y su retribución, respetando los bonos existentes a su cambio de funciones y, asimismo, se le debe ordenar a la recurrida que en el más breve plazo de cumplimiento a lo ordenado por el ente contralor y se le restituya al recurrente las sumas adeudadas, con expresa condena en costas.”

Acompañó a su recurso: 1. Liquidaciones de remuneraciones; 2. Contrato de trabajo de 3 de marzo de 2014 y anexo de 5 de enero 2016; 3. Oficio Contraloría General de la República, de 23 de febrero de 2022, que remite oficio Nº187.776; 4. Oficio E-217811/22, de 26 de mayo de 2022; 5. Oficio E-387963, de 1 de septiembre de 2023; 6. Decreto Alcaldicio Nº3007, de 2 de octubre de 2023; 7. Decreto Alcaldicio N°3619, de 29 de noviembre de 2023; 8. Recurso administrativo de reposición de 10 de octubre de 2023; 9. Complementación recurso administrativo de 14 de noviembre de 2023; 10. Sentencia laboral Juzgado del Letras y Garantía de Los Vilos; 11. Informe pericial sicológico; y 12. Oficio 581.044, de 2024.

SEGUNDO: Que comparece la Ilustre Municipalidad de Los Vilos, evacuando el informe requerido.

Expone que el 14 de diciembre 2023, el actor presentó denuncia por tutela laboral en contra de la Municipalidad de Los Vilos, originándose la causa Rol T-4-2023, en la que alegó los mismos hechos que expone en esta sede, acción que fue rechazada por sentencia de 20 de noviembre de 2024.

Señala que los hechos guardan relación con una resolución de la Contraloría General de la República que, conociendo de una presentación del actor, ordenó mediante Oficio E187776, de 23 de febrero de 2022, corregir su contratación, considerando para ello la naturaleza técnico pedagógica del cargo de coordinador del Proyecto de Integración Escolar e instruyó a la Municipalidad de Los Vilos regularizar su nombramiento, ajustándolo a su carácter estatutario, esto es, regido por la ley N°19.070 y no por el Código del Trabajo.

Esgrime que, como consecuencia de la referida corrección, se produjo una merma en su remuneración de $291.026 brutos, la que fue reclamada en sede administrativa y judicial, argumentando que, a su juicio la referida disminución de la remuneración debe ser pagada a través de planilla suplementaria. En el mismo sentido ha insistido, erradamente, en su derecho a ser contratado en calidad de titular, en circunstancias que el organismo contralor y el tribunal de Los Vilos rechazaron la referida alegación.

Menciona que en seis oportunidades se ha dirigido a la Contraloría General de la República reclamando por los mismos hechos. Así, respecto a la última presentación, a través del Oficio E33262, de 23 de mayo de 2025, el ente contralor nuevamente vuelve a pronunciarse respecto a su calidad contractual, señalando: "...Debe concluirse que al señor nombre reservado le asistirá el derecho de acceder a la titularidad docente que pretende, en la medida que satisfaga las exigencias previstas en el citado dictamen E412514 de 2023, cuyo cumplimiento deberá ser verificado por la municipalidad de Los Vilos que, en caso de contratarlo, deberá dictar el correspondiente acto administrativo de carácter meramente declarativo, de conformidad con el dictamen E532925 de 2024".

Seguidamente, alega la improcedencia de la acción incoada, por cuanto el recurrente pretende instrumentalizar el recurso de protección para convertirlo en una instancia de apelación. En efecto, de la simple lectura del recurso no se logra advertir cuál es la supuesta vulneración a las garantías constitucionales y cuál es la causa de pedir, dado que se limita a reproducir pasajes de los dictámenes de la Contraloría General de la República y de la sentencia del juicio de tutela laboral.

Acompaña a su informe: 1. Sentencia en causa de tutela laboral, de 20 de noviembre de 2024; 2. Oficio E33262, de 23 de mayo de 2025 de la Contraloría General de la República; 3. Dictamen E412514, de 6 de noviembre de 2023; 4. Orden de trabajo N°43, emitida por el Departamento de Educación de la Municipalidad de Los Vilos, de 2 de marzo de 2009; 5. Decreto Alcaldicio N°136, de 29 de abril de 2009; y 6. Decreto Alcaldicio N°5454, de 17 de junio de 2015.

TERCERO: Que comparece la Contraloría Regional de Coquimbo, evacuando el informe requerido.

En primer lugar, a modo de contexto, señala que el recurrente no aclara contra qué acto de esta Contraloría Regional recurre, por lo que se deduce que sería el Oficio N°E83841, de 2025, que rechaza los recursos de reposición y jerárquico interpuestos por el actor, docente dependiente de la Municipalidad de Los Vilos, respecto el oficio N°E581044, de 2024, de dicho origen.

Indica que el recurrente presentó una solicitud de pronunciamiento, consultando respecto a la obligación de efectuar las rendiciones de cuentas del Programa de Integración Escolar de la Municipalidad de los Vilos, de la cual era coordinador comunal, pues esta función no se encontraba prevista en su contrato de trabajo ni se ajustaría a la naturaleza de sus funciones, la que fue atendida mediante el Oficio E187776, de 23 de febrero de 2022, el cual determinó que el actor se encontraba erróneamente contratado bajo las normas del Código del Trabajo, correspondiéndole estar regido por la Ley N°19.070, que establece el Estatuto para los Profesionales de la Educación, instruyéndole a la municipalidad en cuestión regularizar su nombramiento ajustándolo a su carácter estatutario.

Luego, menciona que en virtud de una consulta realizada por el ente comunal, atendida a través del Oficio E217811, de 26 de mayo de 2022, se precisó que la calidad de funcionario municipal debía mantenerse inalterable, sólo procediendo a regularizar su designación, debiendo su nombramiento ser en calidad de contratado afecto a las normas de la Ley N°19.070.

Posteriormente, refiere que el recurrente ingresó presentación, la cual fue atendida a su vez por el Oficio E387963, de 1 de septiembre de 2023, en el cual se le indicó que en virtud de lo preceptuado en los artículos 25 de la Ley N°19.070 y 70 del Decreto N°453, de 1991, del Ministerio de Educación, reglamento de dicho texto legal, las funciones que ejercía el protegido son desempeñadas por profesionales de la educación que deben ser nombrados en calidad de contratados y no de titulares, debiendo el municipio regularizar desde la fecha de la total tramitación del Oficio N°E187776, de 2022, su situación funcionaria otorgándole, desde aquella época, las remuneraciones, beneficios pecuniarios y derechos que sean pertinentes, de acuerdo con el Estatuto Docente, agregando de forma particular que si se había desempeñado efectivamente la docencia, correspondía que le fuere reconocido el tiempo laborado en el cálculo de la asignación de experiencia, prevista en el artículo 48 de la Ley N°19.070, independientemente de la modalidad bajo la cual fue contratado.

Acota que tomó conocimiento del Oficio Ordinario N°1.994, de 3 de octubre de 2023, de la Municipalidad de Los Vilos, mediante el cual se informaba el cumplimiento del Oficio E387963, de 2023, ya citado, acompañando el decreto alcaldicio N°3.007, de 2023, a través del cual se nombraba al recurrente en calidad de contratado regido por la Ley N°19.070, reconociéndole los bienios imputables a la asignación de experiencia.

Enseguida, en virtud de una consulta realizada por la Municipalidad de Los Vilos, se emitió el Oficio E581044, de 17 de diciembre de 2024, que indicó al municipio que no procedía que se pagaran las diferencias remuneratorias del interesado mediante planilla suplementaria, debido a su carácter excepcional en nuestro ordenamiento jurídico, lo que fue confirmado mediante el Oficio E29134, de 2025. Finalmente, a través del Oficio E83841, de 2025, resolviendo presentaciones tanto del municipio como del recurrente, se concluyó que al docente le asistía el derecho a la titularidad que consultaba, en la medida que satisficiere las exigencias previstas en el dictamen E412514, de 2023, lo que debía ser verificado por la Municipalidad de Los Vilos, dictando el correspondiente acto administrativo.

Argumenta que se acusa que la Municipalidad de Los Vilos no habría dado cumplimiento a lo instruido por la entidad de control, produciéndose una merma en las remuneraciones, puesto que la Contraloría Regional no habría señalado el mecanismo mediante el cual deben mantenerse inalterables sus derechos, ni tampoco se ha hecho cargo de las consecuencias jurídicas no resueltas producto de la situación descrita.

Alega la extemporaneidad del recurso, por cuanto el recurso de la especie tiene como fin que se mantengan íntegras las remuneraciones del recurrente producto de la adecuación de su situación estatutaria, cuestión respecto de la cual tomó conocimiento, a lo menos, desde la notificación del Oficio E581044, de 17 de diciembre de 2024, mediante el cual se indicó la improcedencia del uso de una planilla suplementaria.

Acusa falta de legitimación pasiva, en tanto lo verdaderamente impugnado es el actuar de la Municipalidad de Los Vilos consistente en no compensar la supuesta diferencia de sus remuneraciones derivada de la regularización de su situación laboral.

Afirma que no se advierte de qué manera el actuar, en orden a dar cumplimiento a la normativa que regula la materia, podría ser calificado como ilegal, toda vez que no ha hecho otra cosa que ejercer las facultades y desempeñar las funciones que le son propias, ni arbitraria, toda vez que, en primer lugar, fueron realizadas a solicitud expresa del recurrente y, en segundo término, los oficios se encuentran debidamente razonados sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de los antecedentes que avalan lo concluido, aplicando la jurisprudencia administrativa atingente.

Acompaña a su informe los diversos oficios pronunciados y jurisprudencia administrativa aplicable en la materia.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

QUINTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEXTO: Que, en relación con la recurrida Contraloría Regional de Coquimbo, primeramente, respecto de la alegación de extemporaneidad, es necesario tener presente que el numeral primero del Auto Acordado N°94-2025, dispone que: “El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos”.

A su turno, conviene indicar que, conforme fluye del recurso intentado y no obstante las alegaciones planteadas por el abogado recurrente en audiencia, por esta vía se reprocha el actuar ilegal y arbitrario que trajo como consecuencia una diferencia remuneratoria a propósito de la adecuación de su situación estatutaria.

Así las cosas, teniendo en cuenta que el recurso fue intentado el 29 de julio de 2025 y que la recurrida en su informe manifestó que el 17 de diciembre de 2024 emitió dictamen mediante el que determinó que el pago de diferencias de remuneraciones por planilla suplementaria es excepcional en el ordenamiento jurídico y sólo procede cuando un precepto legal lo ha señalado expresamente, lo que no ocurre en la especie, lleva a concluir que ya en esa data estaba en conocimiento de esta rebaja remuneratoria, lo que permite aseverar que el arbitrio fue interpuesto expirado el plazo previsto en el numeral primero del Auto Acordado, antes citado, por lo que se acogerá la excepción planteada en lo que respecta a esta recurrida, omitiéndose el pronunciamiento respecto de las demás alegaciones por resultar incompatibles con ello.

SÉPTIMO: Que, en cuanto a la recurrida Ilustre Municipalidad de Los Vilos, conviene indicar que la materia propuesta en el libelo no puede ser definida ni resuelta por esta vía constitucional. En efecto, ya se ha sostenido en casos anteriores -y similares- que la acción de protección constituye una de carácter extraordinaria y excepcional que busca restablecer el imperio de derecho ante actos u omisiones que hayan privado, perturbado o amenazado a su titular de la tenencia y goce de los mismos.

De esta manera, es imprescindible que la garantía o derecho cuya ejecución se pide no esté en duda y es justamente lo contrario lo que ocurre en este caso, en tanto se reclama la diferencia remuneratoria provocada como consecuencia del cambio de contratación. Hacerlo, importaría declarar un derecho cuya pertinencia se discute, lo que sólo podrá acontecer en un procedimiento civil o administrativo que permita el contencioso y, por tanto, la recepción de prueba que demuestre ambas tesis, que permita discutir la prueba de la contraria, oponer excepciones, etc. Nada de lo anterior cae dentro del marco de atribuciones con que cuenta esta Corte en el contexto de esta acción constitucional.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve:

I.- Que, SE ACOGE, la alegación de extemporaneidad planteada por la recurrida Contraloría Regional de Coquimbo, RECHAZÁNDOSE, sin costas, el recurso incoado en favor de nombre reservado, a su respecto, omitiéndose pronunciamiento respecto de las demás alegaciones planteadas.

II.- Que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Los Vilos.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1351-2025 Protección.