Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

nombre reservado, nombre reservado

Superintendencia de Salud Recurso de Protección Rol N° 135-2019.- La Serena, veinticinco de abril de dos mil diecinueve.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que ha comparecido don nombre reservado, administrativo de faena, domiciliado en domicilio reservado, e interpone recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), representada por don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, en razón de haber sido declarada su enfermedad como de origen común, pese a los exámenes acompañados y ha haberse expuesto por 35 años a ruido de máquinas, al desempeñarse como operador al interior de una mina.

Agrega que como consecuencia le fue retirada su licencia para desempeñarse como operador, lo que hizo cambiar su desempeño laboral, contando actualmente con una renta mísera y un 70% de incapacidad.

SEGUNDO: Que en sustento de su acción cautelar el recurrente acompañó los siguientes documentos: a) dos resoluciones de calificación de origen de los accidentes y enfermedades ley N° 16.744, de 18 de abril de 2018; b) carta de apelación del recurrente ante la Superintendencia de Salud, de 24 de julio de 2018; c) copia de la apelación del recurrente deducida ante la Superintendencia de Seguridad Social, de 27 de julio de 2018; d) cédula de identidad y credencial de discapacidad del recurrente; e) contrato de trabajo del accionante con la “Sociedad Contractual Minera Terra Némesis”; f) copia del Ordinario 50.313, de 11 de octubre de 2018, emitido por la Superintendencia de Seguridad Social; g) copia de la apelación del recurrente ante la Superintendencia de Seguridad Social, de 8 de noviembre de 2018; h) copia de la evaluación audiológica médico legal Peecca, de 6 de noviembre de 2018; e, i) copia del Ordinario 453, de 11 de enero de 2019, emitido por la Superintendencia de Seguridad Social.

TERCERO: Que, con fecha 8 de abril del 2019, comparece don Sebastián de la Puente Hervé, abogado, en representación de la recurrida Superintendencia de Seguridad Social y evacuando el informe solicitado sostiene que la acción intentada es extemporánea, puesto que, según se desprende del expediente administrativo, el recurrente presentó un escrito con fecha 27 de julio del 2018, solicitando un pronunciamiento acerca del origen laboral o común que debe asignarse a la hipoacusia que presenta, el que fue resuelto mediante el Ord. 50.313 de 11 de octubre del 2018, decidiéndose que la enfermedad que lo afectaba no era de naturaleza laboral sino común y que no presenta silicosis pulmonar, resolución respecto de la cual el accionante solicitó su reconsideración con fecha 8 de noviembre de 2018, la que fue rechazada en virtud del Ord. 453 de 11 de enero del presente año, circunstancias que permiten demostrar que don nombre reservado conocía, a lo menos desde el mes de julio del 2018, la calificación efectuada por la SUSESO, transcurriendo más de seis meses entre tal fecha y la interposición del recurso. Añade que, a su juicio y fundado en la jurisprudencia, las reclamaciones posteriores, en particular las reconsideraciones, no pueden servir como antecedente para computar un nuevo plazo de interposición.

Enseguida, afirma que la acción intentada es improcedente, toda vez que la calificación de una enfermedad como laboral o común es parte de lo que se conoce como derecho a la seguridad social, derecho expresamente excluido por el constituyente de la acción de protección. En este sentido, argumenta que la acción constitucional es de carácter excepcional, por lo que solo procede en los casos de privación, perturbación o amenaza de las garantías constitucionales taxativamente señaladas por la Carta Fundamental, entre las que no se encuentra el derecho mencionado, haciendo improcedente el recurso intentado en contra de su representada.

Respecto del fondo del recurso, señala que a la recurrida le corresponde supervigilar el adecuado ejercicio a la seguridad social, para lo cual el legislador la ha dotado de amplias atribuciones legales en torno a las funciones que debe cumplir en su rol de fiscalizadora del Estado, de acuerdo a lo previsto en el artículo 1° de la ley 16.635 modificada por la ley 20.691 del año 2013, entre las que se encuentran las de interpretar administrativamente las normas legales y reglamentarias de seguridad social, dictar resoluciones administrativas e instrucciones a las entidades sometidas a su control y resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos en materias que no sean litigiosas y que estén dentro de su competencia.

Añade el informante que los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales son contingencias cubiertas por el seguro social obligatorio, en los términos definidos en los artículos 5° y 7° de la ley 16.744, mientras que las personas protegidas están contempladas por los artículos 2° y 3° del mismo cuerpo legal, siendo el criterio distintivo para determinar que una enfermedad es profesional, el que ésta se origina de manera directa por el ejercicio de una profesión o trabajo que le cause incapacidad o muerte, siendo esencial la relación causal directa entre el quehacer y la patología presentada por el trabajador. Señala que reitera tal criterio el contenido del artículo 16 del D.S. 109 de 1968 del Ministerio del Trabajo, que dispone que para que una enfermedad se considere profesional es indispensable que haya tenido su origen en trabajos que entrañan el riesgo respectivo.

En relación al procedimiento, refiere que se encuentra contemplado en los artículos 77 y siguientes de la ley 16.744, el que ha sido seguido a cabalidad por la SUSESO, en una materia que, por definición legal, es de su competencia exclusiva y sin ulterior recurso.

Continúa indicando que, en la especie, se recurre contra un dictamen de su representada, pronunciado dentro del ámbito de su competencia y de acuerdo con sus facultades, sin que pueda precisarse por el recurrente cuál es la ilegalidad imputada ni la norma infringida por la recurrida, desprendiéndose, por tanto, que se objeta la aplicación de una norma específica en uso de sus atribuciones, que no ha resultado conveniente para la recurrente.

Asevera, el informante que la determinación relativa a si una enfermedad es laboral o común no pude considerarse como algo indubitado, siendo desestimada su calificación de laboral por la instancia correspondiente, luego de la revisión y estudio de los antecedentes, justificando su decisión, descartándose por tanto la arbitrariedad.

En fin, solicita el rechazo de la acción constitucional entablada, con costas.

CUARTO: Que la recurrida allegó a los autos, copia autorizada íntegra del expediente administrativo respectivo, en relación al recurrente.

QUINTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEXTO: Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SÉPTIMO: Que, en relación a la alegación de extemporaneidad de la acción constitucional deducida, preciso es consignar que el numeral 1° del Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, dispone que el recurso de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

OCTAVO: Que, por otra parte, además conveniente resulta tener presente que el inciso 2° del artículo 54 de la ley 19.980, dispone que una vez interpuesta una reclamación en contra de una resolución administrativa se interrumpe el plazo para ejercer la acción jurisdiccional, el cual volverá a contarse desde la fecha de notificación del acto que la resuelve; en consecuencia, a partir de la notificación de la resolución que deniega el recurso administrativo deducido debe contabilizarse el plazo de treinta días para la interposición del recurso de protección, puesto que es a partir de ese momento que se configura el hecho cierto de que la autoridad administrativa ha denegado definitivamente la solicitud correspondiente.

NOVENO: Que, en el caso sub lite, del mérito de los antecedentes allegados al recurso se infiere que, efectivamente, la recurrente mediante presentaciones de fechas 27 de julio del 2018, solicitó a la SUSESO un pronunciamiento relativo al origen laboral o común que debe asignarse a la afección de salud de que padece, puesto que la Asociación Chile de Seguridad había resuelto que la hipoacusia que señala sufrir tiene origen no laboral y que tampoco evidencia silicosis pulmonar, presentación que la Superintendencia de Seguridad Social resolvió mediante el Ord. 50313 de 11 de octubre del 2018, declarando de origen común la referida afección, por lo que no procedía otorgar en este caso la cobertura de la ley 16.744; que, luego, el accionante dedujo ante la recurrida recurso de reconsideración en contra de la mencionada resolución, el que fue rechazado, en definitiva, por Ord. 453 de fecha 11 de enero del año en curso, por lo que, no cabe sino concluir que desde esta última fecha y aquella en que accionante interpuso el recurso de protección -6 de febrero del 2019- no transcurrió el plazo de treinta días que para tal efecto dispone el mencionado Auto Acordado de nuestro Tribunal Supremo; y, en consecuencia, habiéndose deducida oportunamente la acción constitucional, la alegación de extemporaneidad promovida por la recurrida debe ser desechada.

DÉCIMO: Que en cuanto a la alegación de la recurrida, en orden a que el recurso de protección incide en un aspecto específico del derecho a la seguridad social, garantizado en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, derecho que no se encuentra contemplado dentro del catálogo del artículo 20 de dicho texto constitucional, por lo que no está amparado por la acción constitucional, debe tenerse en consideración que el numeral 2° del referido Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección previene que es preciso examinar el recurso deducido a fin de determinar si se mencionan hechos que podrían constituir vulneración de alguna de las garantías indicadas en el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental. Pues bien, en la especie, de la lectura del libelo recursivo, no obstante lo escueto del relato del recurrente y que además, no precisa la garantía constitucional que estima vulnerada -teniéndose en consideración al respecto que ha sido una acción interpuesta directamente por una persona no letrada- es posible concluir que el accionante reclama a través del presente arbitrio la decisión contenida en el Ord. 435 de fecha 11 de enero del presente año, en virtud de la cual la SUSESO rechazó la reconsideración de la decisión contenida en el Ord. 50313 de fecha 11 de octubre del año 2018, que declaró que la enfermedad de la recurrente era de origen común, por lo que corresponde a esta Corte discernir si los actos reprochados podrían constituir alguna transgresión a alguno de los derechos fundamentales protegidos por la acción constitucional intentada; por lo tanto, la argumentación sostenida por la recurrida en este aspecto, carece de sustento.

UNDÉCIMO: Que, mediante el presente arbitrio constitucional la accionante ha reclamado, en definitiva y como se ha consignado, la resolución contenida en el Ord. 453, de fecha 11 de enero del 2019, dictada por la Superintendencia de Seguridad Social, que rechazó la reconsideración interpuesta en contra del Ord. 50313, pronunciada por dicha autoridad administrativa el 11 de octubre del 2018, que declaró como de origen común la afección de salud que presentaba la recurrente.

DUODÉCIMO: Que la aludida resolución contenida en el Ord. 50313, se pronuncia acerca del origen laboral o común que debe asignarse a la afección de salud que presenta don nombre reservado, señalando que los profesionales médicos de la SUSESO procedieron al análisis de los antecedentes clínicos y laborales disponibles y a su estudio por los especialistas correspondientes, concluyendo que la hipoacusia que presenta, según la audiometría no PEECCA de 10 de abril del 2018, es de origen común, por cuanto de conformidad con los antecedentes ocupacionales solo es posible inferir exposición al ruido hasta el año 2011, por tanto, atendido el tiempo transcurrido, no corresponde realizar evaluación de hipoacusia actual por la ley 16.744; además, consigna que no presenta silicosis pulmonar, toda vez que, no obstante tener antecedentes de exposición laboral a sílice, la radiografía de tórax de 6 de abril del año 2018, no se evidencian opacidades parenquimatosas concordante que este diagnóstico, añadiendo que, en consecuencia, se declara como enfermedad común la hipoacusia que presenta el recurrente y también se dictamina que no presenta silicosis pulmonar y, por ende, no resulta procedente en la especie, otorgar la cobertura del aludido texto legal.

Por su parte, en virtud de la resolución contenida en el Ord. 453, dictada con fecha 11 de enero del año en curso, la recurrida rechazó la reconsideración intentada por el accionante en contra de la resolución reseñada en el párrafo precedente, indicando que los antecedentes del caso han sido estudiados por profesionales médicos de la SUSESO, quienes revisaron nuevamente todos los antecedentes disponibles en su expediente, concluyendo que no existen nuevos elementos que permitan modificar lo resuelto, por cuanto no se acreditó exposición ocupacional al riesgo por ruido después del año 2011, por lo que no cabe sino ratificar que la hipoacusia que actualmente padece, es de naturaleza común y que a la vez, tampoco se han demostrado alteraciones radiológicas compatibles con el diagnóstico de silicosis pulmonar. En consecuencia, determina que no procede hacer lugar a la solicitud de reconsideración.

DECIMOTERCERO: Que, a fin de resolver sobre la procedencia del recurso de protección deducido, útil resulta recordar que por la naturaleza de esta acción constitucional, la eventual vulneración de las garantías debe ser evidente, siendo necesario que de la sola lectura de los antecedentes allegados aparezca una manifiesta privación de un derecho indubitado garantizado por la Constitución Política de la República, y que por ello requiere ser amparado mediante la adopción de medidas de resguardo destinadas a restablecer el imperio del derecho; y, enseguida, asimismo conveniente es dejar establecido que el recurso de protección está destinado a resolver situaciones inequívocas, de fácil y rápida comprobación, dentro de un procedimiento breve y sumarísimo.

DECIMOCUARTO: Que, en el caso sub judice, del mérito de lo expuesto por el accionante y la recurrida y del contenido de la instrumental allegada a los autos, no es posible constatar la existencia indubitada de un derecho constitucional amagado o vulnerado por la Superintendencia de Seguridad Social, sino que resulta nítido que el conflicto que se ha suscitado se refiere a la existencia de diferencias relacionadas con la naturaleza de la enfermedad de que padece la recurrente, esto es, si se trata de una afección de origen profesional, como afirma el recurrente, o bien de origen común como ha establecido la autoridad administrativa, debate que, entonces, atendida su complejidad, no es procedente dilucidar por medio de este recurso constitucional, por no constituir la vía idónea, toda vez que no es posible en un procedimiento de esta clase, de carácter sumarísimo, sin período de discusión ni de prueba, decidir sobre materias de naturaleza médicas y técnicas, sobre las cuales en autos no existen certezas claras, definitivas y concluyentes, que permitan colegir que lo resuelto por el órgano médico especializado establecido por la ley deba ser enmendado, más aún cuando el accionante solo ha solicitado a la Corte que decida que la afección de que padece sea calificada como enfermedad profesional.

DECIMOQUINTO: Que, solo a objeto de colmar el aspecto formal del recurso intentado, preciso es tener en consideración, en primer término, que la resolución reprochada por la accionante, esto es, la contenida en el Ord. N° 453, de fecha 11 de enero del 2019, que rechazó la reconsideración interpuesta, como el Ord. 50313, emitido el 11 de octubre del año 2019, objeto de dicho recurso, fueron pronunciadas por la autoridad técnica de fiscalización competente, vale decir, la Superintendencia de Seguridad Social, dentro del ámbito de las funciones y atribuciones que le confiere la ley, de conformidad a lo que disponen los artículos 1°, 3°, 30 de la ley 16.395, modificada por la ley 20.691 y artículo 77 de la ley 16.744; y, en segundo lugar, que del examen de ambas resoluciones, reseñadas en el basamento duodécimo precedente, se desprende que no aparecen desprovistas de motivaciones, sino que por el contrario, se encuentran debidamente fundadas y, asimismo, respaldadas en los antecedentes e informes médicos y técnicos arrimados al expediente administrativo iniciado ante la SUCESO por requerimiento efectuado por el propio recurrente; en consecuencia, no es posible vislumbrar ilegalidad o arbitrariedad en el acto administrativo que consideró como enfermedad común la afección de salud que presenta el recurrente.

DECIMOSEXTO: Que, como corolario de lo reflexionado en las consideraciones que anteceden, solo cabe concluir que la acción constitucional entablada no puede prosperar.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, sin costas.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del ministro titular, don Fernando Ramírez Infante.

Rol N° 135-2018.