nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

nombre reservado

Superintendencia de Seguridad Social Recurso de protección Rol N° 1349-2024 La Serena, cuatro de septiembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que a folio 1, el 26 de julio de 2024, comparece JESSICA GIRLANDA DIAZ REYES, C.I.N°RUT reservado, Abogada, en representación judicial de don nombre reservado (SIC), C.I.N°RUT reservado, dependiente, ambos con domicilio para estos efectos, en domicilio reservado e interpone recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), persona jurídica de derecho público, representada por doña nombre reservado, de profesión ingeniero comercial, en su calidad de Superintendenta de Seguridad Social, con domicilio en domicilio reservado, por el acto que considera ilegal y arbitrario consistente en la dictación de la Resolución Exenta N° R-01-UME-99767-2024 Santiago, de 26 de junio de 2024, que rechazó su reclamo y confirmó el rechazo de la licencia médica N° 100215089-8 y N° 101627167-1, extendidas por un total de 60 días a contar de 24 de marzo de 2024.

Funda el recurso indicando que en marzo de 2023 fue víctima de un asalto, de tipo encerrona, oportunidad en que resultó con diversas lesiones, entre ellas fractura de nariz y pérdida de piezas dentales, y en lo psicológico, con trastorno por estrés postraumático. Lo anterior sumado a una ruptura de pareja y separación de su cuarto hijo, mermaron su salud mental, por lo que en noviembre de 2023 comenzó un tratamiento con el médico Psiquiatra de Adultos, Dr. nombre reservado, siendo diagnosticado con trastorno por estrés postraumático, encontrándose actualmente medicado.

En ese contexto se han extendido licencias médicas, las que fueron pagadas, salvo las dos últimas correspondientes a: Licencias Médicas N°s 100215089-8, 101627167-1, extendidas por un total de 60 días a contar del 24 de marzo de 2024.

Agrega que las dos licencias aprobadas y las dos rechazadas, han sido extendidas por el mismo facultativo y por el mismo diagnóstico, por lo que no se entiende, la disparidad de la decisión, motivo por el cual recurrió a la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), con la finalidad de que esta entidad reconsiderara el rechazo, entidad que resolvió confirmar el rechazo.

Acusa falta de fundamentación del acto y vulneración de los artículo 11 y 41 de la Ley 19.880, por cuanto el acto administrativo carece de razonamiento, en orden a expresar las razones médicas que sustentan el rechazo, así como desde el punto de vista fáctico, en orden a señalar los hechos en que se basa la decisión denegatoria; limitándose únicamente a indicar que su pronunciamiento era desfavorable, sin expresar de modo alguno cuál fue el análisis efectuado para determinar el rechazo de las referidas licencias médicas.

En cuanto a las garantías vulneradas refiere las dispuestas en el artículo 19 n° 1 y n° 24 de la Constitución Política de la República, esto es, al derecho a la Vida y a la integridad física y psíquica de las personas, por el dolor, impotencia, angustia y dolor que la situación le ocasiona al no disponer durante dos meses consecutivos con los medios económicos suficientes para hacer frente a las necesidades diarias; y derecho de propiedad, al verse privado de su legítimo derecho a percibir su remuneración.

Culmina solicitando dejar sin efecto la Resolución Exenta N ° R-01-UME-99767-2024 Santiago, 26/06/2024 y ordenar el pago de las licencias médicas N°s 100215089-8, 101627167-1; o bien, la adopción de las medidas que esta Ilustrísima Corte estime pertinente, con la finalidad de restablecer el imperio del derecho; todo ello, con expresa condenación en costas de la contraria.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos 1.- Copia de la Resolución Exenta Nº N°s 100215089-8, 101627167-1, emitido por la Superintendencia de Seguridad Social, con fecha 26 de Junio de 2024, que rechaza las licencias médicas Nºs 100215089-8, 101627167-1. 2.- Informe médico complementario respecto de las Licencias Médicas N°s 100215089-8, 101627167-1, emitido por el médico psiquiatra don nombre reservado.

SEGUNDO: Que a folio 9, el 22 de agosto de 2024, comparece nombre reservado, en representación de la Superintendencia de Seguridad Social.

En primer término, alegó la improcedencia del recurso, por cuanto la materia sobre la que versa el recurso dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En subsidio, en cuanto al fondo, evacúa informe solicitando sea rechazado, con costas.

Menciona que mediante la Resolución Exenta Nº R-01-UME-99767-2024, de 26 de junio de 2024, previa solicitud de informe y del estudio de los antecedentes del caso, su representada concluyó que: “…el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 100215089-8, 101627167-1, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado de 141 días.

“Que, los informes médicos adjuntos, no describen la sintomatología presentada durante el período de reposo reclamado ni la presencia de síntomas de gravedad que ameriten mayor reposo médico. No se detalla la evolución del cuadro clínico, ni se especifica la realización de ajustes farmacológicos en función de dicha evolución, con fechas y resultados, así como tampoco se menciona un plan de manejo orientado al reintegro laboral”.

Concluye dicha Resolución que: “Esta Superintendencia confirma el rechazo de las licencias médicas N°s 100215089-8, 101627167-1, de acuerdo a lo anteriormente expuesto”.

Señala que la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral y que el actuar Superintendencia de Seguridad Social se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales y legales que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras, por lo que el presente recurso desborda los límites de la acción de protección, no existiendo respecto de la recurrente un derecho preexistente e indubitado.

Acota que se realizó respecto del Sr. nombre reservado, un INFORME PSIQUIÁTRICO 2ª OPINIÓN MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA, por la Dra. nombre reservado, médico psiquiatra, de Alerces Psiquiatría, concluyendo lo siguiente “Desde un punto de vista psiquiátrico, impresiona un trastorno de estrés postraumático. Patología de origen común y recuperable. Con manejo insuficiente que no ha logrado disminuir sintomatología para lograr un buen nivel de funcionamiento. Pendiente atención psicológica. Se sugiere controles con psiquiatra.

Reposo laboral otorgado en licencia N.º 3-95386818 sí se encuentra justificado según cuadro descrito. Por examen mental y anamnesis, paciente estaría en condiciones de reintegrarse a su trabajo 16 días posterior al término de licencia evaluada, es decir el 18/01/2024. Se estima que mayor tiempo de reposo que el aquí propuesto, más aún sin un tratamiento adecuado, no cumple un rol terapéutico, sino que contribuye a perpetuar síntomas fóbicos y conductas desadaptativas. 7- SUGERENCIA NUEVA EVALUACIÓN (Si/No) No. 8- ORIGEN LABORAL (Si/No) No”.

Añade que día 24 de junio de 2024, la profesional de su representada, Dra. nombre reservado, informó lo siguiente en relación al Sr. nombre reservado: “Fundamentos de la resolución: No acoge Reposo indicado impresiona excesivo, sin clara finalidad terapéutica. Sin derivación a especialista ni dispositivos de mayor complejidad. Que, los informes médicos adjuntos, no describen la sintomatología presentada durante el período de reposo reclamado ni la presencia de síntomas de gravedad que ameriten mayor reposo médico. No se detalla la evolución del cuadro clínico, ni se especifica la realización de ajustes farmacológicos en función de dicha evolución, con fechas y resultados, así como tampoco se menciona un plan de manejo orientado al reintegro laboral. Conforme a lo anterior, el reposo reclamado impresiona como no justificado por ser prolongado y sin claro rol terapéutico.”

Refiere además que el médico tratante del recurrente, Dr. nombre reservado, no se encuentra registrado con la especialidad de médico psiquiatra, conforme a la consulta realizada en el Registro.

Conforme a lo anterior concluye que el dictamen impugnado por el recurrente, referido a las licencias reclamadas, encuentra correlato fáctico en los antecedentes que obran en el expediente administrativo que se acompaña, en los que no sólo se encuentra las resoluciones impugnadas, sino una serie de antecedentes médicos y administrativos, que respaldan la conclusión de dichas resoluciones y que cumplen con los parámetros de fundabilidad y de estándar de motivación de la decisión impugnada exigidos tanto por el artículo 16 del Reglamento de Licencias Médicas como por los artículos 11, 16 y 41 inciso 4º, todos de la Ley Nº19.880.

Respecto de la vulneración de garantías constitucionales indica, en cuanto al derecho a la vida, integridad física y psíquica, la Superintendencia ha limitado a ejercer las facultades que la ley le ha conferido. En cuanto al derecho de propiedad refiere que el otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho de propiedad en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso.

Acompaña a su informe: Expediente administrativo de la recurrente.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, en cuanto a la alegación de improcedencia de la acción en materias de seguridad social, toda vez que el artículo 20 de la Carta Fundamental no la establece dentro del catálogo taxativo de garantías constitucionales protegidas, cierto es que la recurrente alega la conculcación de otras que sí lo están, motivo por el que se desestimará tal alegación.

SEXTO: Que, en cuanto al fondo, es relevante tener presente que este recurso se erige en contra de la Resolución Exenta N° R-01-UME-99767-2024, de 26 de junio de 2024, mediante la cual se rechaza recurso de reconsideración, confirmando rechazo de las licencias médicas N°s 100215089-8, 101627167-1, por reposo no justificado, la que es del siguiente tenor “VISTO: La Ley N°16.395, que fija el texto refundido de la ley de organización y atribuciones de la Superintendencia de Seguridad Social; el D.S. N°3, de 1984, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento de autorización de licencias médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional y las Resoluciones N°s 6, 7 y 8, de 2019, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón.

CONSIDERANDO: Que, ha recurrido con fecha 09 de abril de 2024 a esta Superintendencia don nombre reservado, RUN RUT reservado, reclamando por cuanto la COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s 100215089-8, 101627167-1, extendidas por un total de 60 días a contar del 24 de marzo de 2024 emanado de la ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS S.A., por reposo no justificado.

Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 100215089-8, 101627167-1, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado de 141 días.

Que, los informes médicos adjuntos, no describen la sintomatología presentada durante el período de reposo reclamado ni la presencia de síntomas de gravedad que ameriten mayor reposo médico. No se detalla la evolución del cuadro clínico, ni se especifica la realización de ajustes farmacológicos en función de dicha evolución, con fechas y resultados, así como tampoco se menciona un plan de manejo orientado al reintegro laboral.

RESUELVO:

Esta Superintendencia confirma el rechazo de las licencias médicas N°s 100215089-8, 101627167-1, de acuerdo a lo anteriormente expuesto.

Se deja constancia que, en contra de la presente resolución, se podrá interponer con nuevos antecedentes un recurso de reposición ante esta Superintendencia, dentro del plazo de 5 días hábiles administrativos, contados desde la fecha de notificación de la presente Resolución, de acuerdo a lo señalado en los artículos 59 y 25, de la Ley N°19.880 sobre procedimientos administrativos. Dicho recurso debe interponerse a través de la Página Web de la Superintendencia de Seguridad Social (www.suseso.cl).”

SÉPTIMO: Que, para el análisis de las licencias, digamos que el Decreto Supremo N°3 del Ministerio de Salud sostiene que “Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en proporción que corresponda.” (Artículo 1°)

Luego, el artículo 16 del citado cuerpo normativo regula que “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia.”

Enseguida, agrega que “Sin perjuicio de lo anterior la Compin, podrá requerir todos los demás antecedentes y exámenes que el Ministerio de Salud ordene solicitar, respecto de aquellas patologías específicas que éste señale, para que la licencia pueda ser visada por períodos superiores a los que esa Secretaría de Estado determine.”

Por su parte el artículo 24 del mismo texto sostiene, en lo pertinente que, en el caso de que “…sea necesario un nuevo examen del trabajador o solicitar informes o exámenes complementarios para pronunciarse sobre la misma, el plazo se prorrogará por el lapso necesario para el cumplimiento de esas diligencias, el que no podrá exceder de 60 días, decisión que deberá ser comunicada al trabajador y al empleador.”

Dado el encuadre normativo, estamos en condiciones de afirmar que, del mérito de los antecedentes expuestos, no cabe duda de que la argumentación otorgada por la recurrida devela la obligación que -a su juicio- pesaría sobre el paciente de demostrar la viabilidad de su reposo temporal. Aquello, sin duda, pone de cargo del recurrente, afectado por una patología de salud mental, de buscar uno y otro profesional del área, que sea de confianza de la recurrida y, pagando sus servicios, obtenga un informe que ratifique el diagnóstico otorgado por su médico tratante.

De todo lo anterior, fluye con prístina claridad, que el organismo a cargo de pronunciarse sobre las licencias médicas otorgadas al trabajador es quien debe asumir un rol activo en torno al análisis de la viabilidad de las mismas, sin poner de cargo del paciente, afectado por una enfermedad, que sea él quien procure la obtención de antecedentes que avalen el diagnóstico del médico tratante de éste, siendo improcedente, a juicio de estos sentenciadores, esgrimir como argumentos de rechazo la falta de antecedentes aportados por el propio paciente.

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “…la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez del mismo. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y juridicidad.

OCTAVO: Que, con lo dicho, emana que la argumentación otorgada al paciente por la recurrida es escueta y vaga, no logrando, a juicio de esta Corte, informar al actor los motivos del rechazo, por cuanto efectúa un análisis genérico de los informes médicos acompañados en el expediente administrativo, en especial informe evacuado por el médico tratante del actor don nombre reservado, situación que transforma la mentada resolución en escueta y vaga, en tanto mantuvo la negativa, por ende, arbitraria, circunstancia que escapa a los márgenes de sus facultades y al expreso mandato legal, dejando al paciente en una situación compleja, pues debe ser éste quien procure nuevos exámenes, siendo aquello una obligación que la propia ley pone de cargo del organismo que analiza su contenido, razón suficiente para entender que, aunque aparezca, la fundamentación de rechazo de las licencias dada en este asunto, es carente de sustento fáctico, al no mediar antecedentes obtenidos por la propia institución y que echen por tierra las recomendaciones médicas que las precedieron.

NOVENO: Que este actuar de la recurrida atenta evidentemente con las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 numerales 1 y 24; la primera, pues dificulta su vida e integridad física; la segunda porque, al no contar con el subsidio de incapacidad laboral, afecta el patrimonio de la recurrente, desde que el trabajador, que padece una patología, no cuenta con el dinero proveniente de este ítem, afectando aún más su debilitada salud mental.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

I.-Que se rechaza la alegación de improcedencia de la acción constitucional.

II.- Que se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, sólo en cuanto se dispone que la recurrida deberá realizar a la recurrente todos los exámenes y evaluaciones médicas necesarias para determinar la existencia y eventuales concurrencias de la incapacidad laboral temporal que originó el reposo prescrito por las licencias médicas rechazadas N° 100215089-8 y N° 101627167-1, extendidas por un total de 60 días a contar del contar de 24 de marzo de 2024, por reposo no justificado, para luego determinar la factibilidad de su autorización, a fin de que con dichos resultados proceda –o no- al pago de aquellas, según corresponda y determine la autoridad competente, todo ello dentro de un plazo de treinta días hábiles administrativos, desde que esta sentencia quede ejecutoriada, bajo apercibimiento de que, de no cumplir lo ordenado dentro del plazo indicado, deberá la recurrida proceder a autorizar y disponer el pago de las licencias indicadas, de plano y sin más trámite.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 1349-2024 Protección.-