RECURSO DE PROTECCION INTERPUESTO POR ADECCO RECURSOS HUMANOS S.A. CON LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO DE LA nombre reservado

Adecco Recursos Humanos S.A Inspección Provincial del Trabajo Recurso de protección nombre reservado Nº 1347-2018-PRO La nombre reservado, veinticinco de enero de dos mil diecinueve.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el 30 de noviembre de 2018, comparece la abogada Rocío López Gandarillas, en representación de ADECCO Recursos Humanos S.A. interponiendo recurso de protección en contra de Inspección Provincial del Trabajo de La nombre reservado, señalando que su representada solicitó reconsiderar la multa administrativa N° 1213/18/10 de la que fue notificada con fecha 23 de agosto de 2018.

Agrega que una vez cursada la multa por no contener las liquidaciones de remuneraciones un anexo con los montos de cada comisión, bono, premio u otro incentivo, junto al detalle de cada operación que le dio origen y la forma empleada para su cálculo, ello conforme el artículo 54 bis inciso tercero y 506, ambos del Código del Trabajo, multa respecto de la cual, como ya se dijo, solicitó su reconsideración, corrigiendo la infracción para lo cual acompañó a la presentación todos los documentos que dan cuenta de la subsanación de las omisiones constatadas en la infracción, solicitud que fue desestimada con fecha 29 de octubre de 2018, decidiéndose mantener el monto de la multa, por no haberse acreditado la corrección integra de la infracción.

Señala que la recurrida por medio de la decisión de mantener la multa ha vulnerado lo dispuesto en los numerales 3°, inciso 5°; y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Sostiene que tanto en la resolución de multa como en la de reconsideración queda demostrado que la fiscalizadora y la inspectora utilizaron un criterio que al momento de resolver un acto administrativo no debe ser utilizado, pues el fiscalizador actúa fiscalizando hechos y derecho y no debe interpretar la norma o aplicar las normas de la sana critica pues esto es facultativo de un juez.

Cita normativa que apoya su postura y sostiene que la recurrida excede ampliamente las facultades con las que cuenta la Dirección del Trabajo y sus funcionarios, dando una interpelación distinta a la natural del artículo 54 bis del Código del Trabajo, e incluso dando una interpretación distinta de la otorgada por la propia Dirección del Trabajo atribuyéndose facultades que no le corresponden y constituyéndose así en una Comisión Especial.

Señala - eso sí, sin precisar la forma en que se habrían producido las vulneraciones que se denuncian - que en este caso particular el acto administrativo estuvo alejado del principio de legalidad, toda vez que en la inspección administrativa fueron infringidos los principios de probidad, eficiencia y coordinación, como asimismo los principios de contrariedad e imparcialidad, los cuales se encuentran establecidos en la Ley 19.880.

Indica que en el Dictamen ORD N° 1643/015 de 18 de abril de 2018 se exige que en el anexo se debe señalar las operaciones que dieron origen al pago de las comisiones y no el monto de dinero de cada una de tales operaciones, cuestión que no se está cumpliendo en la resolución recurrida.

En definitiva, solicita que se acoja el recurso, se deje sin efecto el Ordinario N° 294 de 29 de octubre de 2018 dictado por la recurrida y que se deje sin efecto la multa administrativa N° 1213/18/10, todo ello, con costas.

Para fundar sus alegaciones acompaña:

1. Copia de escritura pública de fecha 27 de febrero de 2018, otorgada en la Notaría de Santiago de doña nombre reservado, que lo habilita para actuar en estos autos.

2. Resolución de multa n° 1213/18/10 de fecha 1 de junio de 2018.

3. Copia de reconsideración de multa 1213/18/10 4. Formulario para solicitar reconsideración de multa.

5. Resolución de reconsideración de multa N° 294 de fecha 29 de octubre de 2018, notificada a esta parte con fecha 31 de octubre de 2018.

SEGUNDO: Que el 31 de diciembre de 2018, informa el recurso la recurrida, solicitando el rechazo del mismo con la respectiva condena en costas, indicando que la fiscalización de que fue objeto la recurrente, tiene como antecedente la denuncia efectuada ante la Inspección del Trabajo de Illapel (debió decir La nombre reservado)por trabajadores de la recurrente quienes señalaron a la fiscalizadora que se les proporcionaban las liquidaciones de sueldo, pero que no se acompañaban a las mismas el detalle de las comisiones y de la forma de cálculo de las comisiones, por lo que una vez constatado lo anterior, la fiscalizadora solicitó al empleador que presentara la documentación omitida, lo que efectuó el día 29 de mayo de 2018, instancia en la que el empleador sólo presentó parte de la documentación requerida, ya que no exhibió el detalle de las comisiones EPA y MB Clientes Nuevos ni la forma de cálculo utilizada para el pago de dichos bonos, razón por la cual se le curso la multa de la referencia.

Respecto a la reconsideración administrativa indica que en ningún caso se alegó por la recurrente, la existencia de un error de hecho al imponerse la multa, sino que sólo se solicitó la rebaja de la misma fundado en el hecho de haberse acreditado la corrección de la infracción después de 15 días de notificada la multa, acompañando las liquidaciones de remuneraciones del periodo octubre 2017 a marzo 2018 a las que se adjuntaban en varios casos, una hoja anexa.

Sostiene que de la revisión de dichos anexos se pudo verificar que los mismos no contenían el detalle de cada operación y la forma de cálculo que daba origen a dichos bonos. Verificándose además que tales anexos se referían al cumplimiento de metas para octubre, noviembre y diciembre de 2018, en circunstancias que acompañaban las liquidaciones de remuneraciones de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2017. Se agrega además que la documentación acompañada por la empleadora no contenía la firma de los trabajadores por lo que no pudo establecerse si tales anexos habían sido entregados a los trabajadores en cumplimiento de la norma legal infringida.

Conforme a lo anterior, sostiene que al no haberse acreditado fehacientemente el cumplimiento íntegro del artículo 54 bis del Código del Trabajo infringido se resolvió mantener la multa impuesta.

Alega que el recurso intentado sería extemporáneo porque lo que se busca invalidar es la multa notificada el día 23 de agosto de 2018, excediéndose el plazo para interponer la acción de protección contenido en el Auto Acordado Sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, emanado de la Corte Suprema.

Sostiene además que las actuaciones de la Inspección Provincial han sido legales y carentes de arbitrariedad, toda vez que la infracción cursada se funda en la vulneración por parte de la recurrente de las reglas contenidas en los incisos 3° de los artículos 54 y 54 bis del Código del Trabajo, normas que en su opinión, obedecen al “principio de certeza de las remuneraciones”, cuyo objetivo dice relación con otorgar un mínimo de certeza y seguridad a la relación laboral, específicamente en cuanto al pago de las remuneraciones. Agrega que en el Dictamen N° 1643/015 de 18 de abril de 2015 el Servicio ha señalado que el contenido del anexo a que se refiere el citado artículo 54 bis se satisface en la medida que en él se indiquen cada una de las operaciones que le cupo realizar al trabajador para devengar el pago de dichos estipendios, de manera tal que le permita a éste la debida certeza en la determinación del monto de lo que le corresponde percibir por tales conceptos.

En cuanto a la legalidad de la resolución que desestimó la reconsideración deducida por la recurrente, se señala por la informante que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 511 del Código del Trabajo, se faculta al Director del Trabajo para reconsiderar las multas administrativas impuestas, dejándolas sin efecto cuando aparezca de manifiesto que se ha incurrido en un error de hecho al aplicar la sanción, situación que se ha descartado en la especie al no haberse alegado su existencia por parte del empleador; o bien proceder a su rebaja, cuando se haya acreditado fehacientemente haber dado íntegro cumplimiento a las disposiciones legales infringidaS, lo que en este caso al no haber ocurrido no era procedente acceder a la rebaja de la multa impetrada.

Se indica, además, que la Dirección del Trabajo, en el marco de la actuación fiscalizadora objeto del reproche, ha sometido su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, dentro de su competencia y en la forma que determina la ley y con pleno respeto a los principios establecidos en las Leyes N° 19.880 y N° 18.875, sin que en ello se haya atribuido facultades jurisdiccionales propias de los Tribunales de Justicia Refiere que no ha conculcado las garantías fundamentales de la recurrente, ya que ha actuado dentro de un procedimiento de fiscalización legalmente establecido, constatando una grave infracción a la normativa laboral, cuya corrección no fue acreditada al momento de resolverse la reconsideración administrativa, y que la multa se impuso por una infracción a la normativa laboral, es decir, en resguardo de los derechos de los trabajadores, lo que no constituye lesión de ninguna especie al derecho de propiedad del recurrente, a menos que tuviera propiedad sobre la facultad de incumplir la normativa laboral de la cual obviamente carece.

Acompaña para fundar sus alegaciones:

1. Informe de fiscalización N° 0401/2018/688 incluyendo informe de exposición.

2. Notificación de inicio de procedimiento de fiscalización 0401.2018.688 3. Acta de requerimiento de documentación y citación de 24.05.2018 y acta de comparecencia y presentación de documentación de 29.05.2018.

4. Copias de correos electrónicos exhibidos durante la fiscalización.

5. Resolución de multa N° 1213/2018/10, incluyendo comprobante de remisión a través de correo certificado.

6. Solicitud de reconsideración administrativa de multa de 14.09.2018 y todos sus antecedentes adjuntos.

7. Resolución N° 294 de 29.10.2018 de la Sra. nombre reservado, incluyendo comprobante de remisión a través de correo certificado TERCERO: Que, en primer lugar, corresponde pronunciarse respecto de las alegaciones de extemporaneidad del recurso formulada por la Inspección Provincial del Trabajo de La nombre reservado, aduciendo que el acto administrativo que se pretende dejar sin efecto no es solo la Resolución N° 294 de fecha 29 de octubre de 2018, que mantuvo la sanción impuesta, sino la multa propiamente tal contenida en la Resolución N° 1213/2018/10, de la cual tomó conocimiento la recurrente el día 23 de agosto de 2018, razón por la cual el plazo de interposición del presente recurso debe contarse a partir de esa fecha, de donde resulta que al haberse presentado el recurso ante esta Corte el día 30 de noviembre del mismo año el mismo ha sido interpuesto en forma extemporánea.

CUARTO: Que según el N 1º del Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, el recurso o acción de protección debe interponerse ante la Corte de Apelaciones respectiva, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

QUINTO: Que, actualmente y de manera reiterada, la Corte Suprema, basada en lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley N° 19.880 - norma que en su inciso 2° dispone que una vez interpuesto una reclamación se interrumpe el plazo para ejercer la acción jurisdiccional, el cual volverá a contarse desde la fecha de notificación del acto que la resuelve - ha sostenido que a partir de la notificación de la resolución que deniega el recurso administrativo deducido, debe contabilizarse el plazo de treinta días para la interposición del recurso de protección, puesto que es a partir desde ese momento que se configura el hecho cierto que la autoridad administrativa ha denegado definitivamente la solicitud correspondiente. (Corte Suprema, 21 octubre 2013 nombre reservado 7749-2013)

SEXTO: Que, en la especie, ambas partes están contestes en señalar que la resolución que impuso la multa, fue objeto de una reclamación administrativa por la vía de una reconsideración, la cual fue resuelta por la Resolución N° 294, ya mencionada, con el resultado indicado previamente en cuanto a la decisión de mantener la multa aplicada y que le fuera notificada al recurrente el día 31 de octubre de 2018.

Por consiguiente el plazo para interponer la acción de protección debe contarse a partir de esta última fecha, oportunidad en que la recurrente tomó conocimiento del acto administrativo terminal que puso fin en esa sede a la cuestión debatida, por lo que al haberse deducido el presente recurso ante esta Corte, el día 30 de noviembre de 2018, la interposición del mismo se ha efectuado dentro de plazo, razón por la cual corresponde desestimar la alegación de extemporaneidad efectuada por la recurrida.

SÉPTIMO: Que, en cuanto al fondo, como se ha sostenido reiteradamente por la jurisprudencia, el recurso de protección de derechos constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye desde el punto de vista procesal, una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de los derechos fundamentales que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, la existencia de un acto u omisión ilegal - esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o, arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, quebrantando a uno o más de los derechos protegidos.

El carácter sucinto de la acción en examen, así como el hecho de dejar subsistentes las vías legales respectivas para discutir contenciosamente el asunto, impone- para su éxito- por una parte la existencia de un derecho indubitado; y, por la otra, que la privación, perturbación o amenaza en el ejercicio del derecho, como ya se dijo, provenga de actos manifiestamente arbitrarios o ilegales que puedan establecerse sumariamente en el procedimiento normado por el Auto Acordado de la Corte Suprema que regula la materia.

OCTAVO: Que de acuerdo a lo expuesto por las partes y los antecedentes incorporados, la resolución recurrida mantuvo la decisión de multa Nº 1213/18/10-1 que condenó a la empresa “ADECCO Recursos Humanos S.A.” a pagar un monto de 60 UTM por no contener por no contener las liquidaciones de remuneraciones un anexo con los montos de cada comisión, bono, premio u otro incentivo, junto al detalle de cada operación que le dio origen y la forma empleada para su cálculo, respecto de la remuneración del mes de octubre a diciembre de 2017 y de enero a marzo de 2018 de los trabajadores señores nombre reservado, Evelýn nombre reservado y nombre reservado.

NOVENO: Que cabe consignar que conforme con lo previsto en el artículo 1° del DFL. N° 2 del año 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que fija las funciones de la Dirección del Trabajo, le corresponde a este organismo, entre otras atribuciones, fiscalizar la aplicación de la legislación laboral, otorgándoles, el artículo 23 del mismo texto legal, el carácter de ministro de fe a los inspectores del trabajo, respecto de las actuaciones que ejecuten en el ejercicio de sus funciones; que así las cosas sí el hecho objetivo constatado en el acto de fiscalización, a juicio de los inspectores del trabajo constituye infracción a la normativa laboral, su actuación se ajusta a las atribuciones de competencia de la Dirección del Trabajo; y, por tanto, la autoridad administrativa, se encuentra facultada para imponer multa, siendo necesario, tener presente al respecto, además, que el artículo 505 del Código del Trabajo prescribe que “la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y su interpretación corresponde a la Dirección del Trabajo”.

DÉCIMO: Que en el presente caso, de los antecedentes acompañados al recurso tanto por el accionante como por la autoridad administrativa, es posible inferir que la inspectora del trabajo, en el ejercicio de su labor fiscalizadora y previa denuncia de los trabajadores, constató situaciones objetivas que constituyen incumplimiento de leyes laborales, particularmente, de lo dispuesto en el inciso 3° artículo 54 del Código del Trabajo, toda vez que verificó que las liquidaciones de remuneraciones de los trabajadores nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, correspondientes a los meses de octubre, a diciembre de 2017; y, de enero a marzo de 2018, no contenían el anexo a que se refiere la norma citada, el cual, como ya se ha dicho, forma parte integrante de la respectiva liquidación, que debe contener los montos de las comisiones por el concepto bono EPA que recibe el trabajador, junto al detalle de cada operación que le dio origen y la forma empleada para su cálculo, por lo que concluyó que tal omisión era constitutiva de infracción y cursó la multa respectiva.

La infracción descrita no fue subsanada íntegramente por la recurrente en su reconsideración, ya que tal como lo señala la Inspección del Trabajo, y así se desprende de la documentación incorporada, que los anexos de liquidación no contienen el detalle de cada operación y la forma de cálculo que da origen al bono; que, además, están referidos a cumplimiento de metas de octubre a diciembre de 2018, en circunstancias que la infracción se hace consistir en la omisión de tales anexos en las liquidaciones que acreditan el pago de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2017; y, que la totalidad de la documentación acompañada por la recurrente no contiene la firma de los trabajadores respecto de los cuales se detectó la infracción, creando esto último una duda razonable en el Servicio de que realmente los trabajadores involucrados recibieron dichos anexos.

Todo lo anterior llevó a la recurrida a no tener por acreditado el cumplimiento íntegro de la infracción, por lo que al no existir un error de hecho ni habiéndose acreditado la completa corrección de la infracción constada se confirmó la multa impuesta, todo ello en atención a lo dispuesto en el artículo 511 del Código del Trabajo.

UNDÉCIMO: Que, de lo anterior es posible concluir que el inspector del trabajo, en el ejercicio de las funciones que la ley le otorga en el cumplimiento de la legislación laboral, no se ha arrogado facultades propias de los tribunales de justicia, toda vez que su actuar se limitó, a la constatación de un hecho objetivo en relación a la liquidación de la remuneraciones de los trabajadores mencionados y por los periodos indicados precedentemente, por lo que ante la infracción evidente a la exigencia contenida en el inciso 3° del artículo 54 bis del código tantas veces citado, omisión que de acuerdo al artículo 506 del mismo cuerpo normativo se castiga con multa, procedió a dictar la resolución sancionatoria y su posterior confirmación.

DÉCIMOSEGUNDO: Que, por consiguiente, habiéndose descartado en la especie la existencia de un acto arbitrario e ilegal por parte de la Institución recurrida que atente contra las garantías constitucionales referidas por el actor en su libelo, procede que la acción intentada en autos sea desestimada.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre tramitación del Recurso de Protección, se rechaza el recurso de protección deducido por la abogada doña Rocío López Gandarillas, en representación de ADECCO Recursos Humanos S.A.

Notifíquese, regístrese y archívese.

Redacción del ministro suplente Sr. nombre reservado N° 1347-2018 (Rec. de Protección).- Pronunciado por la Primera Sala de la Ilma. Corte de Apelaciones de La nombre reservado, integrada por la Ministro titular señora Marta Maldonado Navarro, el Ministro suplente señor Carlos Jorquera Peñaloza y el abogado integrante señor Mario Carvallo Vallejos.

La nombre reservado, a veinticinco de enero de dos mil diecinueve, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.