Protección contra Hospital nombre reservado y de Aulas nombre reservado

nombre reservado y otros Hospital de La Serena y otro Recurso de protección Rol N° 1346-2026 La Serena, dieciséis de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece doña nombre reservado, abogada, deduciendo recurso de protección en favor de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, todos niños, niñas y adolescentes que cursan distintos niveles de educación parvularia, básica y media, acción que dirige en contra del Hospital nombre reservado y de Aulas nombre reservado.

Expone que los beneficiarios presentan Trastorno del Espectro Autista grados 2 y 3 y trastorno motor, indicando que uno de ellos presenta además síndrome de Down y trastorno motor, y que todos reciben terapias especializadas en la Fundación nombre reservado. Sostiene que, atendida la entidad de sus condiciones, experimentan barreras significativas para asistir y permanecer regularmente en establecimientos educacionales convencionales, razón por la cual han sido derivados a la modalidad de educación hospitalaria y, particularmente, a atención domiciliaria.

Refiere que el acto que estima ilegal y arbitrario consiste en el rechazo de las derivaciones médicas emitidas por el neurólogo infantil doctor nombre reservado para el período correspondiente al segundo semestre del año 2026, decisión que habría sido comunicada únicamente por medio de correos electrónicos, sin que se dictara una resolución formal, acto administrativo escrito o pronunciamiento individual respecto de cada estudiante. Añade que, al tiempo de producirse dicho rechazo, los beneficiarios ya se encontraban matriculados y habían recibido efectivamente atención educativa en el Aula nombre reservado durante el primer semestre del año.

Como antecedente general, explica que el Aula nombre reservado constituye una modalidad especial de atención educativa cuyo marco normativo sitúa principalmente en el artículo 40 de la Ley N°20.422, complementado —según sostiene — por los Decretos Supremos de Educación N°374 y N°375 de 1999.

Indica que dicha modalidad se encuentra destinada a niños, niñas y adolescentes que, por padecer patologías o condiciones médico- funcionales, no pueden asistir regularmente a un establecimiento educacional convencional y que puede prestarse mediante aula hospitalaria propiamente tal, atención en sala de hospitalización o atención domiciliaria.

Sostiene que, conforme al artículo 40 de la Ley N°20.422, son presupuestos de acceso a dicha modalidad que el estudiante padezca una patología o condición médico-funcional, que ésta le impida asistir regularmente a su establecimiento educacional y que exista prescripción del médico tratante acerca del lugar en que debe prestarse la atención. Enfatiza que, a su juicio, la ley no contiene un listado cerrado de diagnósticos, no exige hospitalización actual ni un período mínimo de hospitalización, tampoco exige que el profesional que emite la derivación pertenezca al hospital ni que ésta provenga de un servicio clínico específico. De allí concluye que la derivación del médico tratante constituye el antecedente médico esencial para acceder a la educación hospitalaria y que la imposición de requisitos distintos o adicionales carecería de sustento legal.

En relación con la situación particular de los beneficiarios, señala que varios de ellos mantienen una trayectoria previa y prolongada dentro del sistema de Aulas Hospitalarias. Se detiene especialmente en el caso de su hijo nombre reservado, quien presenta diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista y trastorno motor y, según afirma, se encuentra bajo modalidad de Aula Hospitalaria desde primero básico, siempre por prescripción del doctor nombre reservado. Expone que durante el año 2024 cursó séptimo básico en Aula nombre reservado, obteniendo promedio general 6,9, y que durante 2025 cursó octavo básico en Aula nombre reservado, con promedio general 7,0 y asistencia de 100%, antecedentes que, a juicio de la recurrente, demostrarían que la misma institución que posteriormente objetó las derivaciones había reconocido y sostenido previamente su trayectoria educativa. Añade que durante 2026 el referido estudiante cursaba primer año de enseñanza media bajo igual modalidad.

Continúa señalando que en marzo de 2026 los padres y apoderados de los estudiantes concurrieron personalmente al Aula nombre reservado con el objeto de matricularlos, presentando cada uno las respectivas derivaciones médicas emitidas por el doctor nombre reservado, en las que se consignaban sus diagnósticos y se solicitaba atención domiciliaria. Afirma que dichas derivaciones fueron aceptadas, que los estudiantes fueron matriculados y que recibieron efectivamente clases entre marzo y junio de 2026.

Agrega que, de acuerdo con la práctica seguida en años anteriores, las derivaciones del médico tratante solían comprender el período marzo-diciembre. Sin embargo, durante 2026 —según sostiene— el propio Aula nombre reservado habría requerido que las derivaciones se presentaran en dos períodos distintos, esto es, una primera derivación de marzo a junio y una segunda de julio a diciembre. En razón de esa exigencia, los padres presentaron en julio las derivaciones de continuidad para el segundo semestre, convencidos de que se trataba de la prolongación de un proceso educativo ya iniciado y aceptado durante el primer semestre.

Señala que, pese a ello, las nuevas derivaciones fueron rechazadas. Explica que el antecedente central de tal decisión corresponde a un correo electrónico de fecha 30 de julio de 2026, remitido por doña nombre reservado, a quien individualiza como educadora de párvulos del Hospital nombre reservado, en el que se comunicó que las derivaciones emitidas por el doctor nombre reservado “no podrán ser cursadas para su ingreso al Aula nombre reservado”, agregándose que los diagnósticos no corresponderían a patologías que justificaran el ingreso, que los pacientes no se encontrarían en tratamiento hospitalario y que las derivaciones provendrían de una Fundación y no se enmarcarían en los criterios establecidos para la atención educativa hospitalaria.

Controvierte cada uno de esos fundamentos. En primer lugar, sostiene que es incorrecto afirmar que las derivaciones provenían de la Fundación nombre reservado, desde que éstas fueron emitidas por el neurólogo tratante y posteriormente presentadas por cada padre o apoderado. Precisa que el hecho de que los niños reciban terapias en la Fundación no transforma a dicha entidad en autora de las derivaciones. Afirma que esa confusión revelaría un criterio perjudicial hacia los estudiantes por el solo hecho de recibir apoyo terapéutico en una organización especializada en autismo.

En segundo término, cuestiona que una educadora de párvulos o un equipo administrativo puedan afirmar que los diagnósticos “no corresponden a patologías que justifiquen el ingreso”, pues estima que ello importa desconocer o descalificar el criterio clínico del neurólogo infantil que actúa como médico tratante.

Destaca además que el doctor nombre reservado se desempeñaría en el propio Hospital nombre reservado, de modo que incluso la exigencia que informalmente se habría planteado en cuanto a que el médico debía pertenecer al establecimiento de salud se encontraría satisfecha.

En tercer lugar, reprocha que la decisión no se hubiera formalizado mediante una resolución escrita ni se hubiera individualizado la situación de cada estudiante, sino que se hubiese transmitido exclusivamente mediante comunicaciones electrónicas de carácter general. Sostiene que tal forma de proceder les impidió conocer con precisión los fundamentos normativos y técnicos aplicados y dejó a los niños y adolescentes sin una vía clara de revisión o subsanación.

Afirma que la consecuencia concreta de dicha decisión fue que los beneficiarios quedaron, a mitad del año escolar, sin continuidad educativa y en riesgo de permanecer definitivamente fuera del sistema escolar, pese a que la educación hospitalaria existiría precisamente para impedir situaciones de desescolarización derivadas de condiciones de salud que obstaculicen la asistencia regular.

En cuanto a la ilegalidad y arbitrariedad denunciadas, sostiene que la decisión vulnera, en primer término, el artículo 40 de la Ley N°20.422, desde que aquella disposición utiliza la expresión abierta “patologías o condiciones médico-funcionales” y entrega relevancia a la prescripción del médico tratante respecto del lugar en que debe prestarse la atención educativa.

A juicio de la recurrente, ni el TEA grado 2 o 3 ni el trastorno motor se encuentran excluidos de la norma y, por el contrario, constituyen condiciones médico-funcionales capaces de justificar la modalidad cuando impiden la asistencia regular.

Sostiene, asimismo, que la actuación recurrida vulnera el derecho a la integridad psíquica, consagrado en el artículo 19 N°1 de la Constitución, pues la interrupción abrupta de la trayectoria educativa de niños y adolescentes con necesidades de apoyo relevantes afectaría su estabilidad emocional, su desarrollo cognitivo y social y su proceso de aprendizaje.

Invoca también la igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación arbitraria, previstas en el artículo 19 N°2 de la Constitución, fundando dicha alegación en que el rechazo se habría apoyado en la condición de discapacidad o neurodivergencia de los estudiantes y en la circunstancia de encontrarse vinculados a una Fundación especializada en autismo.

Estima que considerar que tales diagnósticos no justifican el ingreso, sin una evaluación individual suficiente, configuraría un trato discriminatorio.

Alega igualmente afectación del derecho a la educación, previsto en el artículo 19 N°10 de la Constitución, sosteniendo que éste no se agota en el acceso formal a una matrícula, sino que comprende la continuidad de la trayectoria educativa, especialmente respecto de niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad o vulnerabilidad.

Añade que la Ley N°21.545 refuerza el deber estatal de garantizar igualdad de oportunidades, inclusión social y educativa y ausencia de discriminación respecto de personas autistas; e invoca los artículos 3, 23 y 28 de la Convención sobre los Derechos del Niño y el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en cuanto impondrían deberes especiales de protección e inclusión educativa.

En apoyo de su pretensión, refiere además jurisprudencia de Cortes de Apelaciones y de la Excma. Corte Suprema relativa a estudiantes con TEA, continuidad educativa, ajustes razonables e interés superior del niño, sosteniendo que los tribunales han reconocido la necesidad de evitar decisiones administrativas que produzcan exclusión educativa de estudiantes con discapacidad o neurodivergencia y que cualquier interrupción de su proceso escolar debe encontrarse especialmente fundada.

Concluye que el rechazo de las derivaciones médicas, comunicado sin una resolución formal, fundado —según afirma— en hechos erróneos y en un cuestionamiento improcedente de la indicación del médico tratante, constituye un acto ilegal y arbitrario que priva, perturba y amenaza el legítimo ejercicio de las garantías antes señaladas.

Solicita, en consecuencia, que se acoja el recurso; que se declare ilegal y arbitrario el rechazo de las derivaciones; que se ordene la reincorporación inmediata de los diecisiete estudiantes a la modalidad de atención domiciliaria del Aula nombre reservado durante el período restante del año 2026 y mientras subsista prescripción médica; que se ordene reconocer como válidos los certificados e informes emitidos por el doctor nombre reservado; que los recurridos se abstengan de ejecutar actos que impidan o condicionen indebidamente la continuidad educativa de los estudiantes; que se adopten las demás medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y que se condene en costas.

SEGUNDO: Que informa Aulas nombre reservado, representada por el abogado don Reinaldo Domínguez Machuca, solicitando el rechazo íntegro del recurso respecto de su representada, por estimar que no ha incurrido en acto u omisión ilegal o arbitrario alguno que prive, perturbe o amenace garantías constitucionales de los niños, niñas y adolescentes recurrentes.

Como cuestión preliminar, sostiene que el recurso parte de una premisa errónea al atribuir a Aulas nombre reservado la decisión de rechazo de las derivaciones médicas. Señala que del propio libelo y de los antecedentes acompañados por la recurrente se desprende que la comunicación material de 30 de julio de 2026 emanó de doña nombre reservado, profesional vinculada al sector Salud, quien habría indicado que las derivaciones emitidas por el doctor nombre reservado no podían ser cursadas y habría expresado observaciones relativas a los diagnósticos, a la inexistencia de tratamiento hospitalario y al origen de los antecedentes.

Sobre esa base, afirma que no existe resolución, acto formal o decisión autónoma emanada de su representada que haya rechazado las derivaciones o negado educación a los estudiantes, y que la circunstancia de formar parte de una estrategia intersectorial no transforma al Aula nombre reservado en autora de todas las decisiones adoptadas por el sector Salud.

Explica que Aulas nombre reservado es un establecimiento educacional reconocido por el Ministerio de Educación y no una autoridad sanitaria. Distingue, por ello, entre las funciones del sector Salud y las que corresponden al establecimiento educacional. Sostiene que al primero compete pronunciarse sobre la condición clínica del estudiante, tratamiento, restricciones, indicaciones sanitarias, compatibilidad de las modalidades y antecedentes que sustentan la derivación; mientras que a su representada corresponde recibir los antecedentes habilitantes, formalizar la matrícula con la familia, planificar la respuesta pedagógica, asignar docentes, impartir enseñanza, evaluar y resguardar la trayectoria educativa.

Añade que las Orientaciones Pedagógicas y Curriculares para Escuelas Hospitalarias 2026 contemplan un flujo administrativo secuencial entre Salud, familia y Educación. Conforme a dicho esquema, la primera etapa consiste en la derivación de ingreso, cuya responsabilidad principal recae en el equipo de salud tratante; luego interviene la familia y, sólo con posterioridad, la Escuela Hospitalaria en la fase de verificación de antecedentes y matrícula. De allí concluye que su representada no puede diagnosticar, invalidar diagnósticos, emitir o aprobar derivaciones médicas ni sustituir al médico tratante, al establecimiento de salud o al Servicio de Salud.

Niega igualmente que exista discriminación por razón de TEA. Destaca que los mismos estudiantes fueron admitidos, matriculados y atendidos por el Aula durante el primer semestre de 2026 y que, en algunos casos, mantenían una trayectoria prolongada bajo esta modalidad, con emisión de certificados, informes y calificaciones. A su juicio, esos antecedentes resultan incompatibles con la hipótesis de una política institucional de exclusión basada en el diagnóstico de autismo.

Precisa, sin embargo, que la inexistencia de discriminación no significa que el diagnóstico de TEA produzca, por sí solo, un derecho automático o permanente a educación hospitalaria. Señala que la modalidad se encuentra vinculada a una condición de salud concreta y a la imposibilidad o dificultad significativa de asistir regularmente a un establecimiento educacional, por lo que debe existir un análisis individual y funcional que determine si concurren los presupuestos para la atención hospitalaria.

En relación con el artículo 40 de la Ley N°20.422, manifiesta que su representada no desconoce que dicha disposición reconoce atención educativa a estudiantes que padezcan patologías o condiciones médico-funcionales que requieran permanecer internados, en el lugar que determine el médico tratante o en tratamiento ambulatorio. Tampoco discute la importancia de la prescripción médica. No obstante, sostiene que dicha norma no autoriza a una Escuela Hospitalaria a prescindir de toda coordinación con el sector Salud, sustituir el procedimiento sanitario, aprobar por sí misma derivaciones ni declarar unilateralmente cumplidos los presupuestos clínicos de ingreso.

Agrega que, a partir del segundo semestre de 2026, las derivaciones debían someterse a un proceso de revisión conforme a lineamientos regionales elaborados por el Servicio de Salud Coquimbo. Señala que los criterios regionales no fueron creados por Aulas nombre reservado, sino por la autoridad sanitaria, y que su representada debía ajustarse a ellos.

Invoca especialmente un correo electrónico de fecha 26 de agosto de 2026 remitido por doña nombre reservado a la Coordinadora del Aula nombre reservado, en el que se aprobaron determinadas derivaciones de otros estudiantes, se derivó territorialmente otra y se indicó que las derivaciones futuras debían ser entregadas a la referente por los equipos clínicos y no directamente por los apoderados. En ese mismo correo se señaló que, respecto de las diecisiete derivaciones del doctor nombre reservado, se estaba a la espera de instrucciones de la unidad jurídica. A juicio de la recurrida, este antecedente demuestra que era el sector Salud quien recibía, revisaba y determinaba el curso de las derivaciones y que el Aula no tenía control unilateral sobre su admisibilidad.

Sostiene, además, que la discusión sobre la eventual corrección o incorrección de tales lineamientos debería dirigirse, en lo sustantivo, contra la autoridad que los creó u ordenó aplicar, y no contra su representada, que sólo se encontraba obligada a cumplirlos.

Respecto de la continuidad educativa, afirma que el Aula nunca manifestó voluntad de excluir a los estudiantes y que, por el contrario, realizó gestiones para obtener las derivaciones necesarias, precisamente con el objeto de poder formalizar las matrículas y reanudar la atención. Refiere que solicitó información al Hospital y al sector Salud y que permaneció disponible para actuar tan pronto se completara la etapa sanitaria previa.

Añade que, sin una derivación habilitante y sin matrícula vigente para el período respectivo, su representada no podía comenzar formalmente la prestación educativa. Reitera que el propio flujograma ministerial sitúa primero la derivación de ingreso a cargo del equipo de Salud y sólo después la validación y matrícula compartida a cargo de la Escuela Hospitalaria. Por ello sostiene que exigirle reincorporar unilateralmente a los estudiantes sin aquella documentación importaría obligarla a ejercer competencias que no posee y a omitir etapas expresamente previstas por la normativa sectorial.

En cuanto a las garantías constitucionales invocadas, hace presente que el derecho a la educación del artículo 19 N°10 no se encuentra directamente comprendido dentro del catálogo de garantías tuteladas por el artículo 20 de la Constitución, de modo que la acción sólo podría prosperar si se acreditara una afectación a alguna garantía efectivamente cautelada, como la igualdad ante la ley o la integridad psíquica. Niega que ello haya ocurrido respecto de su representada, por no existir acto propio, autónomo y arbitrario susceptible de producir tal afectación.

Concluye que el recurso no individualiza una decisión independiente de Aulas nombre reservado que haya rechazado las derivaciones; que el criterio sanitario cuestionado proviene del sector Salud; que su representada no posee competencia para aprobar derivaciones ni sustituir dicho proceso; que no existe discriminación por TEA; y que, si la Corte estimara necesario adoptar medidas destinadas a resguardar la continuidad educativa, éstas deberían dirigirse a la autoridad sanitaria encargada de completar la evaluación y derivación correspondiente.

Solicita, en consecuencia, que el recurso sea rechazado respecto de Aulas nombre reservado, con costas.

TERCERO: Que, informando el Hospital nombre reservado, representado por el abogado don Liam Camus Quelopana, solicitan el rechazo íntegro del recurso respecto del establecimiento hospitalario, por estimar que no ha incurrido en acto u omisión ilegal o arbitrario ni ha vulnerado las garantías constitucionales invocadas por los recurrentes.

Comienza señalando que la acción se dirige contra el Hospital y Aulas nombre reservado y que se les atribuye el rechazo de derivaciones médicas emitidas por el neurólogo infantil doctor nombre reservado respecto de estudiantes con diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista y otras condiciones asociadas, quienes habrían recibido atención educativa hospitalaria durante el primer semestre de 2026. Expone que la controversia surge porque las nuevas derivaciones para el período julio-diciembre fueron objetadas, según la recurrente, por estimarse que los estudiantes no se encontraban en tratamiento hospitalario y que sus antecedentes no satisfacían los criterios de ingreso.

Sostiene que el recurso confunde dos cuestiones distintas: el derecho de todo niño, niña y adolescente a recibir educación, que el Hospital reconoce plenamente, y la pretensión de acceder o permanecer de manera automática e indefinida en una modalidad educativa excepcional. A su juicio, la educación hospitalaria no constituye una alternativa general al sistema educacional ordinario, sino un dispositivo transitorio de continuidad pedagógica asociado a una situación de salud concreta.

Explica que, conforme a la Ley General de Educación, la Ley N°21.430, la Ley N°21.545, la Circular N°586 de la Superintendencia de Educación, la estrategia nacional de Escuelas Hospitalarias y las orientaciones del Ministerio de Educación, el sistema debe asegurar una educación inclusiva y la continuidad de la trayectoria escolar, pero ello no implica que toda persona con TEA deba ser escolarizada en una escuela hospitalaria.

Desarrolla especialmente la naturaleza de la educación hospitalaria, señalando que ésta se encuentra dirigida a estudiantes hospitalizados o sometidos a tratamiento médico ambulatorio o domiciliario cuya condición de salud afecta su asistencia al establecimiento educacional de origen. Su finalidad sería asegurar continuidad durante ese impedimento y, posteriormente, coordinar el retorno o revinculación con la educación regular.

Añade que las modalidades de aula nombre reservado, sala de hospitalización y atención domiciliaria son respuestas flexibles vinculadas a la situación clínica y educativa concreta del estudiante. No constituirían un sistema paralelo, una escuela especial destinada a estudiantes autistas ni una modalidad permanente por la sola existencia de un diagnóstico.

Respecto del Trastorno del Espectro Autista, sostiene que se trata de una condición del neurodesarrollo y no de una enfermedad que, por sí sola, haga procedente la educación hospitalaria. Precisa que un estudiante autista puede presentar, además, una enfermedad, convalecencia o condición médico- funcional que le impida asistir regularmente a clases, supuesto en el cual la modalidad podría resultar procedente, pero por razón de ese impedimento sanitario actual, concreto e individualmente acreditado y no por el TEA en abstracto.

Señala que el análisis debe considerar diagnóstico asociado, funcionalidad, tratamiento, duración estimada, modalidad requerida, riesgos y posibilidad real de asistir al establecimiento de origen con apoyos. A su juicio, aceptar que el diagnóstico de TEA o la sola preferencia por un entorno protegido basten para acceder indefinidamente a educación hospitalaria sería contrario al enfoque inclusivo, pues podría normalizar la separación del estudiante de su comunidad escolar y debilitar los deberes de inclusión y ajustes razonables del establecimiento de origen.

En cuanto a la derivación médica, sostiene que es necesaria, pero no produce automáticamente el ingreso. Refiere que el formulario nacional de derivación y los lineamientos regionales exigen que el profesional tratante identifique la condición de salud, la modalidad solicitada, el período de derivación, las precauciones y recomendaciones clínicas, y demás antecedentes necesarios para evaluar la respuesta educativa.

Destaca que la indicación debe ser temporal, revisable y vinculada a la evolución de la condición de salud.

Agrega que la prescripción médica constituye un antecedente calificado para acreditar el componente sanitario, pero no sustituye la validación técnica ni obliga por sí sola a matricular o mantener al estudiante en una modalidad específica.

Sostiene que la decisión exige intervención coordinada de Salud, Educación, la escuela hospitalaria, el establecimiento de origen y la familia, cada uno dentro de sus respectivas competencias.

Respecto de las derivaciones del doctor nombre reservado, afirma que las observaciones formuladas no desconocieron su competencia profesional ni los diagnósticos emitidos, sino que estuvieron dirigidas a verificar si cada derivación se originaba en el proceso asistencial correspondiente y si contenía antecedentes suficientes para demostrar una imposibilidad actual de asistencia regular durante el período solicitado. Añade que el hecho de que un profesional también se desempeñe en la red pública no transforma automáticamente en institucional una indicación emitida en consulta privada y fuera de los registros, controles y responsabilidades del establecimiento de salud.

Defiende la exigencia de trazabilidad asistencial, señalando que ésta permite comprobar la vigencia de la indicación, coordinarla con el equipo tratante, definir medidas de seguridad, evitar decisiones contradictorias y asegurar que los recursos excepcionales se asignen bajo criterios uniformes y verificables.

Sostiene también que la atención recibida durante el primer semestre no genera un derecho adquirido a repetirla durante el segundo, pues cada nuevo período exige revisar las condiciones actuales. Una modalidad que pudo estar justificada en un momento puede dejar de serlo si cesa el impedimento de salud, si existen apoyos suficientes en el establecimiento de origen o si corresponde iniciar un retorno progresivo.

Enfatiza que la revinculación no debe entenderse como una medida adversa, sino como parte del objeto de la pedagogía hospitalaria. El interés superior del niño, a su juicio, no equivale necesariamente a mantener siempre la alternativa más protegida o la solicitada por los adultos, sino a determinar qué entorno favorece mejor el aprendizaje, autonomía, participación social, sentido de pertenencia y desarrollo integral de cada estudiante.

Añade que la permanencia en una escuela hospitalaria tampoco puede presumirse siempre inocua, pues cuando la atención se desarrolla dentro de un establecimiento de salud deben considerarse medidas de prevención de infecciones y evitar exposiciones sin justificación clínica. Precisa que ello no constituye una contraindicación general respecto de estudiantes autistas, sino una razón adicional para efectuar una evaluación individual de la modalidad más adecuada.

En cuanto a la aplicación al caso concreto, sostiene que la decisión controvertida no se fundó en el diagnóstico de TEA, en la pertenencia de los estudiantes a una fundación privada ni en una valoración negativa de los niños, sino en la insuficiencia o falta de correspondencia de las nuevas derivaciones con los presupuestos sanitarios y procedimentales de la modalidad: acreditación individual de un impedimento de salud actual, delimitación temporal, pertinencia de la modalidad y vinculación con un proceso asistencial trazable.

Afirma que tales parámetros son generales y aplicables a cualquier estudiante en situación equivalente. Así, un niño autista que además presente una condición de salud que le impida concurrir regularmente y cumpla con el procedimiento podrá acceder a la modalidad; mientras que una persona sin TEA que no satisfaga esos requisitos tampoco adquiere derecho a ella por la sola recomendación de un profesional.

Añade que la revisión de las derivaciones no extingue el derecho a la educación, pues la continuidad debe asegurarse mediante el establecimiento de origen con los ajustes y apoyos que impone la legislación inclusiva o mediante la escuela hospitalaria cuando concurran los requisitos respectivos.

Respecto de las competencias del Hospital, señala que su intervención se limita a las responsabilidades sanitarias, de coordinación y de resguardo del correcto funcionamiento de la estrategia, mientras que la escuela hospitalaria depende técnica y administrativamente del sector Educación. Por ello, afirma que no puede imputarse al Hospital una obligación de disponer unilateralmente la matrícula educativa o sustituir la evaluación técnica de ingreso.

Niega la existencia de ilegalidad, pues estima que la normativa invocada asegura continuidad educativa e inclusión, pero no reconoce un derecho incondicionado a una modalidad domiciliaria hospitalaria por todo el tiempo que indique unilateralmente un certificado. Afirma que el Hospital aplicó requisitos propios de una estrategia sanitaria-educativa excepcional y actuó dentro de sus competencias.

Niega también la arbitrariedad, sosteniendo que la actuación se sustenta en criterios verificables: naturaleza transitoria y finalista de la modalidad, necesidad de un impedimento de salud concreto, evaluación individual, suficiencia y trazabilidad de la derivación, coordinación con el establecimiento de origen y uso equitativo de una capacidad especializada.

En cuanto a las garantías constitucionales, rechaza la vulneración de la igualdad ante la ley, por estimar que no existió un trato desfavorable basado en el TEA, sino aplicación de criterios generales vinculados a la situación de salud y regularidad de la derivación. Rechaza asimismo la afectación de la integridad física o psíquica, pues sostiene que no se individualiza una conducta sanitaria del Hospital que haya causado una amenaza cierta e inmediata a los recurrentes.

Finalmente, respecto del derecho a la educación, afirma que éste permanece vigente, pero que no existe un derecho constitucional a imponer una modalidad específica, excepcional e indefinida prescindiendo de sus requisitos.

Concluye que la recurrente no identifica una negativa al derecho a la educación, sino una discrepancia con la evaluación y regularidad de una modalidad determinada; que el Hospital no desconoció los diagnósticos, no excluyó a los estudiantes por su discapacidad y no impidió su escolarización, sino que exigió acreditar caso a caso los presupuestos que justifican la pedagogía hospitalaria y sujetar la derivación al procedimiento correspondiente.

Solicita, por tanto, que se tenga por evacuado el informe y se rechace íntegramente el recurso respecto del Hospital nombre reservado, con costas, acompañando como antecedentes de respaldo los lineamientos generales de funcionamiento de Escuelas Hospitalarias de la Red Asistencial de la Región de Coquimbo para 2026, un ordinario sobre derivaciones médicas, el formulario de derivación, las Orientaciones Pedagógicas y Curriculares para Escuelas Hospitalarias 2026, la resolución que adjudica las escuelas hospitalarias de la red, un documento informativo sobre Escuela Hospitalaria y la Circular N°586 de la Superintendencia de Educación.

CUARTO: Que, el recurso de protección previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que dicha disposición contempla frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que produzcan privación, perturbación o amenaza, facultando a esta Corte para adoptar las providencias necesarias destinadas a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Por consiguiente, para que la acción pueda prosperar debe establecerse, en primer término, la existencia de un acto u omisión imputable a la parte recurrida; luego, que dicha conducta sea ilegal, por contrariar el ordenamiento jurídico, o arbitraria, por obedecer al mero capricho o carecer de fundamento racional; y, finalmente, que de ella derive una afectación actual o inminente a alguna de las garantías protegidas por el artículo 20 de la Carta Fundamental.

QUINTO: Que, atendido el modo en que se ha planteado la controversia, corresponde a esta Corte determinar, por una parte, si la objeción y rechazo comunicados respecto de las derivaciones médicas para el segundo semestre de 2026 se ajustaron al marco normativo aplicable a la educación hospitalaria y se sustentaron en una evaluación individual, suficiente y razonablemente fundada; por otra, si la actuación que se reprocha resulta imputable al Hospital nombre reservado, a Aulas nombre reservado o a ambos dentro de la cadena intersectorial de derivación, matrícula y prestación educativa; y, finalmente, si de tales actuaciones deriva una privación, perturbación o amenaza de garantías constitucionales susceptibles de tutela por esta vía.

Para dicho examen resulta especialmente relevante distinguir entre dos cuestiones que no son equivalentes: la existencia y validez de los diagnósticos médicos de los recurrentes, que no han sido controvertidos en autos, y la procedencia de la modalidad específica de educación hospitalaria domiciliaria para un período determinado, materia respecto de la cual las recurridas sostienen que deben concurrir presupuestos clínicos, funcionales y procedimentales adicionales.

SEXTO: Que, el artículo 40 de la Ley N°20.422, citado por ambas partes, contempla la atención escolar de alumnos y alumnas que padezcan patologías o condiciones médico-funcionales que requieran permanecer internados en centros especializados, en el lugar que el médico tratante determine o que se encuentren en tratamiento médico ambulatorio.

De la propia documentación acompañada por el Hospital se desprende, además, que los lineamientos regionales para 2026 consideran como población objetivo a estudiantes que, por una condición de salud aguda, crónica o de convalecencia, presenten imposibilidad de asistir en forma regular y continua a un establecimiento educacional y respecto de quienes exista prescripción médica de atención educativa, debiendo evaluarse la pertinencia de la modalidad conforme a la situación de salud concreta.

De esta manera, asiste razón a las recurridas en cuanto sostienen que la sola existencia de un diagnóstico de TEA no produce, por sí misma, un derecho automático e indefinido a permanecer en educación hospitalaria. Sin embargo, de ello no se sigue que pueda rechazarse en forma general una derivación médica sin analizar individualmente si la condición de salud y funcionalidad de cada niño impide o dificulta de modo significativo su asistencia regular, ni menos prescindir de una motivación que permita comprender por qué la prescripción del médico tratante resulta insuficiente en cada caso concreto.

SÉPTIMO: Que, en la especie, la comunicación de 30 de julio de 2026 que originó la controversia no da cuenta de una evaluación individual de cada uno de los diecisiete estudiantes.

Por el contrario, la decisión fue comunicada en términos generales respecto de las derivaciones del doctor nombre reservado, señalándose que no podían ser cursadas porque los diagnósticos no corresponderían a patologías que justificaran el ingreso, porque los pacientes no se encontrarían en tratamiento hospitalario y porque las derivaciones provendrían de una Fundación.

Tales fundamentos, en la forma en que fueron expresados, resultan insuficientes para dar cuenta del examen que la propia normativa sectorial exige. No se individualiza la condición médico-funcional de cada estudiante, el grado en que ésta incide en su capacidad de asistencia regular, la modalidad eventualmente idónea, la vigencia de la prescripción, las razones clínicas o funcionales que justificarían su revinculación inmediata al sistema ordinario ni la forma en que se ponderaron las circunstancias particulares de quienes, hasta semanas antes, se encontraban recibiendo educación hospitalaria.

OCTAVO: Que, además, la afirmación genérica de que las derivaciones no podían cursarse por provenir de una Fundación no se concilia, por sí sola, con los antecedentes del proceso. El conflicto no versa sobre certificados emitidos por una entidad terapéutica privada, sino sobre derivaciones suscritas por un médico individualizado como tratante de los estudiantes.

Si el problema consistía en la falta de trazabilidad institucional de tales indicaciones, en haber sido emitidas fuera del registro asistencial público o en no haberse utilizado el canal previsto por los lineamientos regionales, tales circunstancias debieron ser explicitadas de manera precisa y vinculadas con cada derivación, de modo de permitir su subsanación y evitar que una cuestión de procedimiento produjera, de hecho, una interrupción total de la escolarización.

No resulta suficiente, para sanar esa deficiencia, que en el informe evacuado ante esta Corte se hayan desarrollado posteriormente razones técnicas más extensas acerca de trazabilidad, temporalidad, revinculación e inclusión. El control de arbitrariedad debe recaer sobre los fundamentos que sustentaron efectivamente la decisión impugnada y que fueron comunicados a quienes resultaban afectados por ella, sin que una motivación construida con posterioridad pueda reemplazar íntegramente la fundamentación ausente o insuficiente del acto original.

NOVENO: Que cobra especial relevancia que los diecisiete estudiantes habían sido admitidos y atendidos por la misma red durante el primer semestre de 2026, existiendo en autos certificados de matrícula, antecedentes de alumno regular, informes de calificaciones e informes de personalidad correspondientes a diversos beneficiarios. Tal circunstancia no les confiere, por sí sola, un derecho adquirido a mantener indefinidamente la modalidad, pero sí imponía a las instituciones intervinientes un especial deber de continuidad, coordinación y fundamentación frente a cualquier modificación de criterio capaz de interrumpir abruptamente su trayectoria educativa a mitad del año escolar.

Si los criterios de derivación o su forma de tramitación variaron para el segundo semestre, correspondía implementar ese cambio de manera compatible con el interés superior de los niños y con la continuidad de sus procesos educativos, procurando vías de regularización, reevaluación o transición y evitando que la falta de coordinación entre Salud y Educación se tradujera en una exclusión material del sistema.

DÉCIMO: Que tampoco puede soslayarse que la controversia revela una disfunción interinstitucional reconocida por las propias recurridas. Aulas nombre reservado sostiene que estaba dispuesta a impartir educación, pero que no podía matricular sin derivaciones previamente validadas por Salud; el Hospital, a su vez, sostiene que las indicaciones debían ajustarse a determinados criterios y contar con trazabilidad asistencial. El resultado concreto de esa falta de coordinación fue que, durante un período, los estudiantes quedaron sin la continuidad educativa que ambas instituciones reconocen como finalidad del sistema.

La naturaleza intersectorial del modelo no permite trasladar al niño las consecuencias de las divergencias competenciales entre los órganos y entidades que lo integran. Si cada institución posee atribuciones parciales y complementarias, mayor es el deber de coordinación para impedir que el ejercicio fragmentado de tales competencias torne ilusorio el derecho cuya continuidad el sistema pretende asegurar.

UNDÉCIMO: Que, en cuanto a la imputación subjetiva de la conducta, los antecedentes permiten distinguir la situación de las recurridas. El rechazo material de las derivaciones tuvo su origen en la actuación del sector salud, comunicada por doña nombre reservado y posteriormente defendida por el Hospital en su informe. Aulas nombre reservado no aparece como autora del criterio sanitario cuestionado y, por el contrario, ha sostenido de manera reiterada que requería la habilitación de las derivaciones para proceder a matricular y atender.

Sin embargo, atendido que la tutela solicitada persigue restablecer una continuidad educativa que depende de la actuación coordinada de ambas recurridas, la medida de protección no puede agotarse en una declaración respecto del Hospital, sino que debe comprender las actuaciones que corresponden al Aula una vez recibidos los antecedentes habilitantes.

DUODÉCIMO: Que, en consecuencia, la actuación consistente en rechazar en términos generales las derivaciones de los recurrentes, sin una evaluación individual suficientemente explicitada y produciendo con ello la interrupción de una trayectoria educativa ya iniciada, resulta arbitraria, pues carece de una motivación concreta y proporcional respecto de cada beneficiario y no satisface el estándar de coordinación exigible cuando se encuentran comprometidos niños, niñas y adolescentes con discapacidad o necesidades de apoyo relevantes.

Tal actuación amenaza y perturba, a lo menos, la garantía de igualdad ante la ley del artículo 19 N°2 de la Constitución, desde que somete a los recurrentes a una exclusión material de una modalidad educativa previamente otorgada sin exteriorizar razones individualizadas que permitan verificar la existencia de un criterio objetivo y no discriminatorio aplicable a cada caso.

Asimismo, las consecuencias de una interrupción abrupta y carente de una alternativa educativa efectiva resultan aptas para incidir en su integridad psíquica, garantía expresamente protegida por el artículo 20.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 N°1 y N°2 y 20 de la Constitución Política de la República, el artículo 40 de la Ley N°20.422 y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de los diecisiete niños, niñas y adolescentes individualizados en autos, sólo en cuanto:

I. Se deja sin efecto el rechazo general comunicado respecto de las derivaciones médicas correspondientes al segundo semestre de 2026.

II. El Hospital nombre reservado deberá, respecto de cada beneficiario, tramitar y evaluar la derivación médica correspondiente conforme al artículo 40 de la Ley N°20.422 y a la normativa sectorial aplicable, mediante un examen individual de su condición médico-funcional, impedimento de asistencia regular, modalidad requerida, vigencia de la prescripción y demás antecedentes pertinentes, emitiendo una decisión fundada y coordinando oportunamente su remisión al establecimiento educacional.

III. Aulas nombre reservado, recibidas las derivaciones habilitantes, deberá adoptar sin demora las medidas de matrícula, coordinación y prestación educativa que correspondan, resguardando la continuidad de la trayectoria escolar de los recurrentes.

IV. Mientras se materializa el pronunciamiento individual antes ordenado y siempre que no exista contraindicación clínica debidamente fundada, las recurridas deberán mantener las medidas necesarias para evitar una nueva interrupción de la continuidad educativa de los beneficiarios durante el año escolar 2026.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N°1346-2026 Protección.