nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

nombre reservado

Superintendencia de Seguridad Social Recurso de Protección Rol N°1342-2024 La Serena, cuatro de septiembre de dos mil veinticuatro.

Visto y Teniendo Presente:

PRIMERO: Que a folio 1, comparece Claudio Fernández Ramírez, abogado de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región de Valparaíso, Centro de Atención Jurídica de Segunda Instancia de La Serena, y deduce recurso de protección en favor de nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), representada por nombre reservado.

Sostiene que la Superintendencia de Seguridad Social, mediante la Resolución Exenta N°R-01-DFS-107084-2024 de fecha 7 de julio de 2024, rechazó solicitud de reconsideración del dictamen N°R-01-S-38095-2024, de fecha 08 de marzo de 2024, el que a su vez había confirmado lo resuelto por la COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO, manteniendo el rechazo de la licencia médica N°RUT reservado, extendida por un total de 60 días a contar del 08 de febrero de 2024, por reposo no justificado. Asimismo, en la misma resolución señalada de fecha 07 de julio, la recurrida se pronuncia respecto del reclamo deducido por doña nombre reservado respecto de la resolución de la misma COMPIN, que en su momento confirmó el rechazo de la licencia médica N°RUT reservado, extendida también por un total de 60 días, por la misma causal de rechazo, esto es, reposo no justificado.

Señala que doña nombre reservado, de 66 años, trabajaba como jornal en diversas empresas de la zona. En noviembre de 2022, debido a múltiples síntomas, comenzó a otorgársele licencias médicas sucesivas tras ser diagnosticada con dos hernias lumbares izquierdas. Ante los intensos dolores que padecía, en enero de 2023 se le realizó un bloqueo facetario, procedimiento que lamentablemente no tuvo éxito, lo que llevó a una intervención quirúrgica de urgencia en el Hospital de Coquimbo en marzo de 2023. La recuperación de la Sra. nombre reservado ha sido lenta y más prolongada de lo esperado, requiriendo tratamientos adicionales, como una infiltración en la zona afectada, para intentar acelerar su proceso de mejora y recuperar su capacidad laboral.

Afirma que la resolución que motiva el presente recurso, señala que el fundamento de rechazo de la licencia referida sería por reposo no justificado, indicando, como suele hacer la recurrida en las resoluciones que dicta en esta materia, lo siguiente: “Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos médicos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los más de 440 días de reposo ya autorizados, por la misma patología. Los informes médicos aportados, no detallan evolución del cuadro, incapacidad funcional actual, ni recuperabilidad. Tampoco acredita adecuadamente la realización de kinesioterapia, ni presenta procedimientos terapéuticos pendientes durante la vigencia de las licencias reclamadas, no fundamentando rol terapéutico del reposo prescrito”.

Indica que, pese a que del tenor de la resolución se evidencia la falta de una justificación racional y completa por parte del ente administrativo, destacando que doña nombre reservado siempre ha sido atendida por el Dr. nombre reservado, especialista en Neurocirugía del Hospital San Pablo de Coquimbo.

Afirma que, por otra parte, lo manifestado por la recurrida en su resolución no corresponde a la realidad, ya que la Sra. nombre reservado efectivamente se encuentra en tratamiento kinesiológico en el CESFAM Rural Pan de Azúcar, correspondiente a su domicilio, al menos desde agosto de 2023.

Sostiene que, por lo tanto, y a diferencia de lo argumentado por la recurrida, el rechazo de las licencias solicitadas por la Sra. nombre reservado resulta arbitrario e ilegal. Indica que, en primer lugar, no se analizan ni se mencionan los antecedentes, certificados e informes médicos presentados en sede administrativa por la Sra. nombre reservado ni aquellos ya existentes en poder de la administración. En segundo lugar, argumenta que la recurrida parece razonar bajo la premisa de que el mero transcurso del tiempo es suficiente para que una persona recupere su capacidad de trabajo, sin considerar las particularidades del caso, las características de la paciente, la evolución de su condición y las posibles complicaciones derivadas del tratamiento médico, que inciden directamente en la velocidad de recuperación de la capacidad laboral.

Indica que, desde un punto de vista normativo, es relevante considerar el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, que evidencia que la actuación de la recurrida en este caso se aparta de las normas y procedimientos aplicables en materia de autorización de licencias médicas. Cita lo dispuesto en el artículo 16, 21 y 22 de dicho reglamento, de las cuales se desprende que la SUSESO, como ente fiscalizador del cumplimiento de la normativa aplicable a las prestaciones de seguridad social, pudo haber ordenado a la COMPIN que solicitara al médico tratante de la Sra. nombre reservado información complementaria sobre las patologías que la aquejan, así como su tratamiento y evolución, o bien que se realizara un peritaje para determinar su estado de salud, dado que esto está dentro de sus competencias. Sin embargo, afirma que, de manera infundada, optó por rechazar las licencias médicas sin constatar que la totalidad de los antecedentes aportados por la usuaria en su reclamo hayan sido revisados y ponderados al momento de resolver, ni fundamentando las razones clínicas que llevan a considerar injustificado el reposo prescrito en dichas licencias.

Afirma que, además, debe considerarse que el acto impugnado es un acto administrativo que debe cumplir con los requisitos establecidos en la Ley 19.880, entre ellos el principio de imparcialidad y la debida fundamentación, requisitos que en el caso presente no se cumplen.

Concluye que, por las razones ya expuestas, no se entiende el motivo del rechazo de las licencias cuando, a diferencia de lo sostenido en la resolución, sí se acredita que la Sra. nombre reservado presenta una patología con una evolución lenta y que no ha estado exenta de complicaciones en su tratamiento.

Indica que el actuar de la recurrida vulnera las garantías constitucionales del derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, conforme al artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, dado que la Sra. nombre reservado ha tenido que endeudarse para cubrir sus gastos médicos, lo que complica aún más la recuperación de su enfermedad. Asimismo, sostiene que se vulnera el derecho a la igualdad ante la ley, previsto en el artículo 19 N°2 de la Constitución, por constituir una discriminación respecto de otros ciudadanos en iguales condiciones de salud, quienes sí pueden acceder al subsidio por reposo laboral y finalmente, sostiene que también se infringe el derecho de propiedad, ya que el rechazo indebido de las licencias médicas, privan del derecho a la retribución monetaria contemplada en la ley, en caso que el trabajador se imposibilite de trabajar por motivo de enfermedad, como en este caso.

Por lo expuesto, solicita que se ordene a la recurrida dejar sin efecto la Resolución Exenta N° R-01-DFS-107084-2024, de 7 de julio de 2024, que rechazó la solicitud de reconsideración de su representada respecto del Dictamen R-01S-38095-2024, manteniendo el rechazo de la licencia médica N° RUT reservado, y que también rechazó el reclamo de doña nombre reservado, confirmando el rechazo de la licencia médica N° RUT reservado y, en su lugar, se acoja tanto la reconsideración como el reclamo, autorizando las licencias médicas referidas, y subsidiariamente, solicita que se ordene a la recurrida realizar todos los exámenes y evaluaciones médicas necesarias para determinar la existencia de la incapacidad laboral temporal que motivó el reposo prescrito por las licencias médicas, y que, con base en los resultados, proceda al pago de éstas en un plazo de 30 días hábiles administrativos, bajo apercibimiento de que, de no cumplir lo ordenado dentro del plazo indicado, deberá la recurrida proceder a autorizar y disponer el pago de las licencias indicadas, de plano y sin más trámite.

Solicita tener por acompañados los siguientes documentos: Resolución Exenta N° R-01-DFS-107084-2024, Informes Médicos del Dr. nombre reservado (de fechas 8 de febrero, 4 de abril y 6 de junio de 2024), Informe Policlínico del Hospital San Pablo de Coquimbo de 25 de julio de 2023, Informe del Kinesiólogo nombre reservado CESFAM Rural Pan de Azúcar de 4 de agosto de 2023, y Certificado de Subsidio de Incapacidad emitido por la C.C.A.F. Los Andes.

SEGUNDO: Que evacuó informe Andrea Cisternas Tiemann, abogada, en representación de la recurrida, la Superintendencia de Seguridad Social.

Pide, en primer lugar, que se declare la improcedencia de la presente Acción de Protección, argumentando que la materia sobre la que realmente versa está relacionada con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En subsidio de lo anterior, informa el recurso. En primer término, refiere que el marco jurídico-normativo que regula la materia de la presente Acción de Protección establece que no existe acto ilegal o arbitrario por parte de la Superintendencia de Seguridad Social, ya que, su representada se limitó a resolver la situación dentro del ámbito de su competencia, conforme a la normativa aplicable.

Afirma que tampoco ha habido vulneración o amenaza a las garantías fundamentales que señala la recurrente. Destaca que el otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de un derecho relacionado con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración, según sea el caso. Cita lo dispuesto en el D.S. Nº3 de 1984 y el DFL. Nº44 de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, señalando que para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral se requiere cumplir con ciertos requisitos, entre ellos, la autorización de la licencia médica por la entidad correspondiente, como la ISAPRE o la COMPIN, y que la licencia médica es determinada por el organismo administrador de este derecho, de acuerdo con los antecedentes del caso, constatando primero la existencia de una enfermedad o accidente y, en segundo término, que dicha enfermedad o accidente cause una incapacidad laboral temporal que justifique la ausencia del trabajador por un determinado lapso.

Señala que, en virtud de lo expuesto, no existe el derecho de propiedad sobre eventuales subsidios, como pretende la recurrente, ya que para ello es necesario contar con licencias médicas autorizadas, lo cual no se cumple en este caso. Agrega que, si se considerara que basta con la emisión de la licencia médica por parte del profesional de la salud para que esta surta todos sus efectos, incluyendo el derecho al subsidio o remuneración, haría impensable que el legislador hubiera contemplado causales de rechazo de las mismas, como se contempla en el D.S. Nº 3 de 1984 del Ministerio de Salud. Indica que aplicar dichas causales significaría atentar contra el derecho de propiedad sobre el subsidio ya ingresado al patrimonio del trabajador, lo cual es inaceptable.

Da cuenta que esa Superintendencia, a través de diferentes profesionales médicos estudió los antecedentes del caso de la Sra. nombre reservado, en varias oportunidades, según lo siguiente:

1.- Consta en el expediente administrativo que la Sra. nombre reservado, por presentación de fecha 05 de marzo de 2024, reclamó ante ese servicio por cuanto la COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO, confirmó el rechazo de la licencia médica N°RUT reservado, extendida por un total de 60 días a contar del 08 de febrero de 2024, por reposo no justificado.

En razón de lo anterior, esta Superintendencia, previo estudio de los antecedentes por parte de los especialistas de este servicio, y con su mérito se concluyó que el reposo prescrito por la licencia médica señalada precedente no se encontraba justificado, mediante RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-S-38095-2024, 08 DE MARZO DE 2024, esta Superintendencia dictaminó lo siguiente: “Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por la licencia médica N° RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que el informe médico aportado no permite establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado. Que, resulta relevante además señalar que el recurrente no aporta informe médico amplio y fundado que indique evolución del cuadro clínico, compromiso funcional que le ocasiona la patología que le afecta, plan de tratamiento y fecha probable de alta y/o informe de recuperabilidad; certificado de lista de espera para evaluación por especialidad; carnet de kinesioterapias realizadas y/o pendientes; e informe de exámenes imagenológicos realizados, que permitan a profesionales médicos de este Organismo Fiscalizador formarse convicción respecto de la pertinencia de prolongar el reposo por sobre aquel ya autorizador por la Contraloría Médica de la COMPIN reclamada”.

Consta en el expediente administrativo que se acompaña a este informe, que la Sra. nombre reservado, por presentación de fecha 14 de marzo de 2024, reclamó por SEGUNDA VEZ, ante ese servicio, interponiendo un RECURSO DE RECONSIDERACION EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-S-38095-2024 de fecha 08 de marzo de 2024 mediante el cual se confirmó lo resuelto por la COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO , en orden de mantener el rechazo de la licencia médica N° RUT reservado, extendida por un total de 60 días a contar del 08 de febrero de 2024, por reposo no justificado y además reclamó por cuanto la citada Comisión Médica confirmó el rechazo de la licencia médica N° RUT reservado, extendida por un total de 60 días, bajo la misma causal de rechazo.

Ahora bien, esta Superintendencia, previo estudio de los antecedentes, concluye rechazar la solicitud de reconsideración y mantener lo obrado en la resolución primaria. y mediante RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-DFS-107084-2024, DE 07 DE JULIO DE 2024, esta Superintendencia dictaminó lo siguiente: “Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los más de 440 días de reposo ya autorizados por la misma patología. Los informes médicos aportados, no detallan evolución del cuadro, incapacidad funcional actual, ni recuperabilidad. Tampoco acredita adecuadamente la realización de kinesioterapia, ni presenta procedimientos terapéuticos pendientes durante la vigencia de las licencias reclamadas, no fundamentando rol terapéutico del reposo prescrito”.

Por su parte, el profesional de esta Superintendencia, don nombre reservado, informó en Ficha Médica de fecha 03 de julio de 2024, “fundamentos de la resolución: mujer de 66 años, con más de 440 días con dg de lumbociática; reclama 120 días a contar del 08/02/2024; operada de hnp en marzo 2023, presenta informe de ncx que indica dg de ciatalgia por disfunción sacroilíaca, de manejo médico, derivada a unidad del dolor; presenta informe de kine que no indica adecuadamente las fechas de sesiones; sin pronóstico, no acredita leq para infiltración. se mantiene rechazo por falta de antec” (SIC).

Señala que, en consecuencia, analizados los antecedentes disponibles, en ese momento, los profesionales médicos de esa Superintendencia no lograron formarse convicción respecto de la procedencia de la justificación del reposo prescrito en las licencias médicas reclamadas, más allá del periodo de reposo ya autorizado, emitiéndose por su representada la resolución ya señalada precedentemente.

Por estas consideraciones, solicita rechazar en todas sus partes el recurso, con costas.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto. En otras palabras, el actuar u omitir es ilegal cuando, fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio de cualquier manera; o bien arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que se alcanza; y que, enseguida, provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

CUARTO: Que, en cuanto a la alegación de improcedencia de la acción recurrida por tratarse de materias de seguridad social, garantizadas en el N°18 del artículo 19 de nuestra Constitución Política de la República, que no se encuentran amparadas por la acción cautelar que se ejerce, se estima que dicha argumentación no puede prosperar, debido a que de los fundamentos fácticos del recurso, aparece que con el rechazo del pago de las licencias médicas, se ha visto vulnerado el patrimonio y la integridad psíquica de la parte recurrente, derechos que sí se encuentran tutelados por el recurso que se ejerce.

QUINTO: Que la recurrente impugna la Resolución Exenta N° R-01-DFS-107084-2024, de fecha 7 de julio de 2024, que confirma el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 60 días cada una a contar del 8 de febrero de 2024, por reposo no justificado.

Que la resolución impugnada señala al respecto que: “Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los más de 440 días de reposo ya autorizados por la misma patología. Los informes médicos aportados, no detallan evolución del cuadro, incapacidad funcional actual, ni recuperabilidad. Tampoco acredita adecuadamente la realización de kinesioterapia, ni presenta procedimientos terapéuticos pendientes durante la vigencia de las licencias reclamadas, no fundamentando rol terapéutico del reposo prescrito”.

SEXTO: Que, para resolver el asunto sometido al conocimiento de esta Corte, por vía de la presente acción cautelar, cabe señalar que el artículo 16 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, contenido en el Decreto Supremo Nº3, del Ministerio de Salud, de 1984, señala que “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia.”

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez de este. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y juridicidad.

SÉPTIMO: Que, además es necesario tener presente que el artículo 21 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional prescribe que “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas:

a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas;

b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe;

c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador;

d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador;

e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.

Sin perjuicio de lo anterior la Compin, deberá requerir todos los demás antecedentes y exámenes que el Ministerio de Salud ordene solicitar, respecto de aquellas patologías específicas que éste señale, para que la licencia pueda ser visada por períodos superiores a los que esa Secretaría de Estado determine.”.

OCTAVO: Que, en conformidad a las normas legales precedentemente referidas, aparece que las resoluciones recurridas dictadas por la Superintendencia de Seguridad Social carecen de la fundamentación exigida por el ordenamiento jurídico, en la medida que su decisión contenida en los actos administrativos objeto de la presente acción, se funda exclusivamente en que se ha estimado que los antecedentes que obran en poder de esa entidad permiten entender que lo resuelto por la Isapre es justificado y que, por otra parte, no permitirían justificar el reposo prescrito.

Tal consideración, permite concluir que la decisión de la recurrida respecto a las licencias médicas materia del presente recurso es arbitraria al no expresar razones concretas en base a las cuales se califica el reposo como no justificado.

NOVENO: Que, si bien el rechazo de las licencias médicas fue realizado por la entidad llamada por la ley a resolver, no puede desatenderse que la falta de sustento fáctico en la decisión configura un motivo que amerita que ella sea calificada, a lo menos, de arbitraria, y que, de paso, deja en la indefensión al recurrente al no tener certeza de cuál o cuáles eran los antecedentes que debía aportar para superar la insuficiencia esgrimida.

A mayor abundamiento, la falta de ejercicio de atribución legal conferida por el artículo 21 del Decreto Supremo Nº3, del Ministerio de Salud, de 1984, aparece como antojadiza, pues bien pudo el ente administrativo llamado a resolver, disponer la práctica de diligencias que permitieran despejar sus dudas en torno a la procedencia de autorizar el pago de licencias médicas.

Que los mayores y mejores antecedentes que pudo haber aportado la práctica de peritajes, la elaboración de informes y otras medidas tendientes a recabar de mejor forma los fundamentos para el rechazo de la licencia médica, no aparecen vertidos en el acto administrativo que se reclama, el que se limita a indicar que lo resuelto por la Compin se encuentra justificado y que los antecedentes no permiten justificar el reposo prescrito, sin siquiera mencionar los efectivos datos que pudieron otorgar basamento a su decisión, impidiendo de ese modo a la destinataria tomar debido conocimiento de las razones por las que sus licencias médicas fueron rechazada, dejándola, como ya se ha dicho, en una situación de indefensión frente a los actos de la autoridad administrativa.

DÉCIMO: Que, en estas circunstancias, el actuar de la recurrida es arbitrario, ya que la falta de la necesaria fundamentación de su resolución de rechazo de la licencia médica transforma su decisión en caprichosa y carente de razones e injustificada, y este acto vulnera el derecho de propiedad del actor, protegido en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pues, como es obvio, dice directa relación con su patrimonio que se vio mermado por la referida decisión que le impiden acceder al subsidio por enfermedad, todo lo cual conduce a conceder la protección impetrada del modo que se dirá.

UNDÉCIMO: Que, a mayor abundamiento, lo razonado es coherente con lo resuelto recientemente por la Excma. Corte Suprema en la causa Rol N°157.728-2022, en cuanto consideró que “al basarse el ejercicio de la facultad de rechazar una licencia médica únicamente en la revisión de la información contenida en el documento rechazado, sin que se haya tomado previamente alguna de las medidas que permiten, según el Reglamento aplicable, fundamentar ese rechazo, la decisión recurrida carece de sustento y deviene en un acto meramente discrecional de la recurrida y, por ende, arbitrario y contrario a nuestro ordenamiento jurídico.” (Cons.5°, sentencia pronunciada el veintidós de marzo de dos mil veintitrés en la causa Rol 157.728-2022 sobre recurso de protección).

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que se RECHAZA la alegación de improcedencia de la acción opuesta por la recurrida y se ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, debiendo la recurrida proceder a autorizar el pago de las licencias médicas N°RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 60 días de reposo cada una, a contar del 8 de febrero de 2024.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol N° 1342-2024.- Protección