Protección contra SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

nombre reservado

Subsecretaría del Interior Recurso de protección Rol Nº1341-2026 La Serena, veintisiete de agosto de dos mil veintiséis.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece Pablo Peñaloza Parra, abogado, interponiendo recurso de protección en beneficio de don nombre reservado, de nacionalidad colombiano, profesión u oficio desconocido, con domicilio en domicilio reservado, dirigido en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, dependiente del Ministerio del Interior, representado por don nombre reservado, ingeniero, con domicilio en domicilio reservado, y de la SUBSECRETARIA DEL INTERIOR, dependiente del Ministerio del Interior, representado por don nombre reservado

nombre reservado, abogado, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana de Santiago, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la omisión de pronunciamiento sobre la solicitud de regularización extraordinaria, realizada el 24 de octubre de 2025, omisión que vulnera su derecho fundamental de la igualdad ante la ley del artículo 19 Nº2 de la Constitución Política de la República.

Expone que la parte recurrente, ingresó por paso no habilitado al país, con motivo de la crisis existente en su país de origen.

Añade que el 24 de octubre de 2025 envió una solicitud de regularización extraordinaria, normada en el artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325.

No obstante, indica que a la fecha no ha recibido ninguna respuesta por parte de las recurridas, lo que la mantiene en una situación de preocupación e incertidumbre ante un trámite por demás demorado, situación que vulnera su derecho a la igualdad ante la ley del artículo 19 Nº2 de la Constitución Política.

Destaca lo dispuesto en los artículos 4, 7, 9 y 27 de la Ley Nº19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, en particular los artículos 7 y 27 que regulan el principio de celeridad, con la obligación de impulsar el procedimiento de oficio.

Por lo anterior, solicita acoger la acción interpuesta, y ordenar a la recurrida que se pronuncie sobre la solicitud de regularización extraordinaria, dentro de un plazo no mayor a 30 días, adoptando las medidas que el tribunal estime pertinentes para restablecer el imperio del derecho, con costas.

Posteriormente, a folio 6, se desistió del recurso con respecto al Servicio Nacional de Migraciones, persistiendo únicamente con relación a la Subsecretaría del Interior.

SEGUNDO: Que, a folio 5 se evacuó informe por la Subsecretaría del Interior, solicitando el rechazo del recurso.

Señala que la regularización migratoria se enmarca dentro de las concesiones cuyo otorgamiento es una facultad de la autoridad, no una obligación para la misma, la que sólo accederá a la solicitud, siempre que se cumplan los requisitos y estándares que se han establecido internamente.

Refiere que la normativa de la Ley N°21.325 regula dos tipos de regularizaciones migratorias: una de carácter general, cuyos criterios y procedimientos son dispuestos por el Subsecretario del Interior, pero ejecutados por el Servicio Nacional de Migraciones; y otra de carácter excepcional, de aplicación particular, por casos calificados o motivos humanitarios, sujeta a un procedimiento desformalizado que resuelve el Subsecretario del Interior.

Sin embargo, precisa que en la actualidad no existen procedimientos de regularización vigentes de aplicación general. Por lo que, cualquier solicitud que se realice sobre esta materia sólo puede tramitarse como solicitud de otorgamiento excepcional por casos calificados o humanitarios, de acuerdo a lo establecido en el artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325.

En cuanto al estado de la solicitud de otorgamiento excepcional de la parte recurrente, señala que actualmente se encuentra en etapa de tramitación en dicha Subsecretaría, previo a que la autoridad suscriba el acto administrativo que la resuelve.

Por otro lado, señala la vía del recurso de protección, de naturaleza cautelar y emergencia, no es la pertinente para declarar derechos nuevos ni tutelar meras expectativas, lo que desnaturaliza su finalidad. Asimismo, sostiene que al acogerse recursos como el de autos, se produce una afectación a la garantía de la igualdad ante la ley, al colocar en una situación favorable a la parte recurrente, sin que exista una razón aparente que lo justifique.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra de la Subsecretaría del Interior, por la dilación injustificada en dar respuesta a la solicitud de regularización migratoria presentada, lo cual califica la parte recurrente de ilegal y arbitrario, señalando que vulnera su garantía fundamental contemplada en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la Republica.

Solicita que se ordene a la recurrida resolver sin más demora su solicitud o bien adoptar las medidas que se estimen apropiadas para resguardar y restablecer el imperio del derecho.

SEXTO: Que, para resolver el asunto en examen, se debe acudir a lo estatuido en la Ley N°19.880. En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior, resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por último, el artículo 14 del mismo cuerpo legal, define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

SÉPTIMO: Que, no obstante, de acuerdo a los antecedentes que constan en la tramitación de la presente causa, aparece que la solicitud de la parte recurrente, presentada el 24 de octubre de 2025, se encuentra en tramitación ante la Subsecretaría del Interior. En tal sentido, resulta oportuno tener presente que el requerimiento tendiente a la obtención de la regularización extraordinaria, normado en la Ley N°21.325, debe culminar mediante la decisión del Subsecretario del Interior, autoridad facultada por ley para conceder dicho beneficio en caso de existir fundamentos calificados que así lo ameriten. Además, al tratarse de una concesión especial de la autoridad, que es de carácter excepcionalísima, el análisis de los diversos antecedentes necesarios para su pronunciamiento, requiere de un tiempo que es evidentemente superior al de los demás trámites administrativos de requerimiento ordinario.

En consecuencia, por ahora no se puede reprochar a la recurrida una dilación de la entidad suficiente, que haga concluir la existencia de una omisión arbitraria o ilegal y que implique una discriminación arbitraria en relación a otros interesados, por lo que la acción deberá ser desestimada a su respecto.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto a favor de don nombre reservado en contra de la Subsecretaría del Interior.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1341-2026 (Protección).-