nombre reservado con nombre reservado

nombre reservado

nombre reservado

Recurso de protección Rol N°1340-2024 La Serena, veintidós de agosto de dos mil veinticuatro.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece Erika Muñoz Veliz, abogada, interponiendo acción constitucional de protección en favor de nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, dueña de casa, domiciliada en domicilio reservado, y en contra de nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, domiciliada domicilio reservado, por bloquear el camino de acceso a un predio en que la actora detenta derechos, ubicado en la comuna de Coquimbo. Como garantías vulneradas indica aquellas contenidas en los numerales 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que la recurrente es dueña de derechos equivalentes al 14,28% del denominado Lote 2, resultante de la subdivisión de la parcela número 81, de la Etapa E, del Proyecto de Parcelación de la Comunidad de la Herradura, que tiene una superficie aproximada de 5,31 hectáreas, en la comuna de Coquimbo, los cuales constan inscritos en el registro de propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Coquimbo del año 1999, asignándosele el sitio N°6, de una extensión de 1000 metros cuadrados, que colinda con el sitio N°7 en que vive la recurrida y que corresponde a un terreno de las mismas proporciones. Detalla que el sitio de la actora cuenta con un rol de avalúo en el Servicio de Impuestos internos y afirma que ella ha ejercido actos posesorios sobre su porción de terreno en forma permanente y constante. Sostiene que el 18 de julio pasado, al visitar la recurrente su propiedad pudo advertir que el cerco de madera y mallas que delimitaba el perímetro de su sitio fue derrumbado y que, en su lugar, se instaló un muro frontal, tipo pandereta que impide el acceso a su propiedad. Manifiesta que volvió a concurrir al lugar pasados tres días y que en esa oportunidad fue increpada violentamente por la recurrida quien se adjudicó la instalación del muro.

Sostiene que el acto de la recurrida afecta el derecho al debido proceso en la medida que esta actúa como una comisión especial al recurrir a vías de hecho, prescindiendo del ejercicio de acciones judiciales, para el amparo de los derechos que estime asistirle, y que afecta, asimismo, el derecho de propiedad en tanto le impide a la actora ejercer los derechos emanados de su dominio sobre el terreno.

Previas citas de derecho solicita acoger la acción intentada y, en definitiva, ordenar a la recurrida que retire la pandereta que impide el acceso al sitio de la actora y que se abstenga en lo sucesivo de incurrir en actos de similar naturaleza, con costas.

SEGUNDO: Que, evacuó informe por la recurrida la abogada Claudia Abufom Musa, solicitando el rechazo del recurso.

Alega, en primer lugar, la falta de legitimación pasiva de la recurrida para ser emplazada en la causa toda vez que ella no es la propietaria del predio colindante al de la actora, sino que la titular de éste es su madre, quien detenta un titulo inscrito a su nombre en virtud de regularización tramitada en bienes nacionales el año 2008, el que cuenta con unos deslindes determinados en el mismo título.

Por otra parte, sostiene que la actora no es dueña de una porción específica de terreno, sino que es titular de un porcentaje de derechos sobre el predio de mayor cabida del cual proviene el terreno de la madre de la recurrida.

Afirma que al tener el terreno de la madre de la recurrida unos límites determinados “mi representada cerró el terreno de su madre en el año 2018 quien tiene un título inscrito” y, finalmente, alega que la recurrente debe solicitar la partición del bien común sobre el cual tiene derechos, o bien solicitar la regularización del terreno que pretende en Bienes Nacionales.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

Que, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

CUARTO: Que, a partir de los antecedentes incorporados en esta causa no es posible concluir que la actora detente un derecho de carácter indubitado que pueda ser cautelado en esta sede, por cuanto según ella misma reconoce, que solo es titular de derechos sobre el predio de mayor cabida del cual deriva el terreno regularizado por la contraria y, por otra parte, no aparecen, a juicio de estos sentenciadores, fehacientemente acreditados los hechos en que esta sustenta su recurso, a saber, que en un sitio preciso y determinado existían deslindes que fueron removidos en forma unilateral e inconsulta por la recurrida en la época detallada en el recurso, alterando una situación de hecho que se mantenía vigente hasta antes de la intervención de la contraria.

Esta consideración conducirá al rechazo del recurso, sin perjuicio de las demás acciones jurisdiccionales que el ordenamiento jurídico le franquea para el resguardo de sus derechos.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve que SE RECHAZA sin costas el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado y en contra de nombre reservado

Acordada la decisión con el voto en contra de la Ministra Sandoval quien estuvo por acoger el recurso por las siguientes consideraciones:

1° Que, a partir de las presentaciones escritas de las partes se concluye que no es controvertida la situación de los terrenos sobre los que incide el recurso, ni la efectividad de haber existido un cierre perimetral en forma previa a la instalación por parte de la recurrida, de muros tipo ‘pandereta’ en el lugar en que ésta sostiene se emplazarían los deslindes del inmueble de propiedad de su madre.

Cabe destacar que la recurrida reconoce en forma explícita en su informe haber sido ella quien ejecutó materialmente los actos cuestionados en el recurso, al manifestar su abogada que “mi representada cerró el terreno de su madre en el año 2018 quien tiene un título inscrito”. Esta constatación lleva a desechar derechamente la alegación de falta de legitimación pasiva, pues aparece claramente establecido el nexo entre el acto reprochado de ilegal y arbitrario y la parte recurrida.

2° Que, a partir de los hechos asentados en los motivos precedentes es posible tener por establecido que la recurrida en forma unilateral ha procedido a alterar la situación de hecho existente, sin acudir para ello a las acciones jurisdiccionales que el ordenamiento jurídico le franquea para el resguardo de sus derechos, lo que entraña un acto de auto tutela proscrito por el derecho y, por tanto, constituye un acto ilegal y arbitrario que conculca el derecho de la contraria a un debido proceso al someterla al dictamen de una comisión especial, en los términos del artículo 19 N°3 inciso 5° de la Constitución Política de la República.

3° Que, establecida esa circunstancia, solo cabe acoger el presente arbitrio, pues tal como ha resuelto la Excma. Corte Suprema, actos como el que se describe en el recurso alteran el statu quo vigente e importan “una actuación que resulta contraria a derecho, toda vez que ejerció un acto de autotutela, proscrito por nuestro ordenamiento, según la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 Nº3 inciso 5º de la Constitución Política de la República, constituyéndose en una comisión especial. En efecto, la legislación contempla los procedimientos correspondientes para obtener de la judicatura, en su caso, el reconocimiento del derecho que pueda invocarse y, mientras ellos no sean ejercidos y dispuesto lo pertinente por la jurisdicción, no resulta lícito a la recurrida valerse de vías de hecho para zanjar la disputa que mantiene con la actora.” (Cons. Segundo, Sentencia dictada en recurso de protección Rol N°10.750- 2022).

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1340-2024 (Protección). -