nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A

nombre reservado

AFP Planvital S.A.

Recurso de protección Rol Nº134-2025.- La Serena, uno de abril de dos mil veinticinco.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, empleado, con domicilio en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra de ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A., representada legalmente por nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, por el acto que señala como ilegal y arbitrario, consistente en rechazar su solicitud de retiro de fondos de conformidad a lo establecido en la Ley N°18.156, lo que vulnera su derecho a la igualdad ante la ley y derecho de propiedad del artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política.

Señala que es un ciudadano venezolano, que se encuentra registrado en el sistema de seguro social de Venezuela, circunstancia acreditada en virtud de certificado emitido por la embajada de Venezuela en Chile de 27 de octubre de 2022, el cual señala que fue presentado previamente ante la recurrida, como parte de una solicitud de retiro de fondos de 17 de abril del 2023, la cual indica que fue aprobada.

No obstante, expone que en fecha reciente efectuó una nueva solicitud de retiro de fondos previsionales. Sin embargo, la recurrida le exigió nuevamente la presentación del certificado de inscripción en el sistema de seguro social venezolano.

Sin embargo, alega que dicha exigencia resulta imposible de cumplir, debido al cierre de la Embajada de Venezuela en Chile, lo que impide obtener una nueva versión del documento. Asimismo, sostiene que la información contenida en el certificado previamente presentado no ha cambiado desde su emisión, manteniendo su validez. En consecuencia, afirma que la recurrida ha rechazado su solicitud de retiro de fondos, sin otorgar una justificación válida.

Luego, indica que este proceder de la recurrida infringe el derecho a la propiedad privada consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, por cuanto lo privan de un dinero que le pertenece y respecto del cual cumple con todos los requisitos para solicitar su devolución; como también, señala que se vulnera su derecho a la igualdad ante la ley del artículo 19 N°2 del mismo cuerpo legal, estimando que la exigencia de presentar un nuevo certificado es una medida arbitraria.

Culmina solicitando que se acoja el recurso de protección, ordenando a la recurrida que autorice el retiro de sus fondos previsionales, considerando como válidos los documentos previamente presentados, o se adopten las medidas que se estimen necesarias para restablecer el imperio del derecho, con costas.

Acompañó a su recurso: 1. Copia de cédula de identidad chilena. 2. Copia del certificado emitido por la Embajada de Venezuela en Chile, legalizado en noviembre de 2022. 3. Copia del Certificado de Movimientos Cuenta Obligatoria de abril de 2023. 4. Copia de la declaración jurada presentada ante AFP Plan Vital.

SEGUNDO: Que, a folio 11 del expediente, se evacuó informe por AFP PLANVITAL S.A., solicitando el rechazo del recurso.

Expone que el 27 de enero de 2025 el recurrente don nombre reservado, presentó a la Administradora una solicitud de devolución de fondos previsionales de conformidad a la Ley N°18.156. Entre los documentos acompañados a dicha solicitud, se acompañó una constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de 27 de octubre de 2022 y legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores el 17 de noviembre de 2022, documento que señalaba tener una validez de 120 días.

En consecuencia, afirma que en la solicitud presentada en el año 2025 se acompañó un certificado más de 2 años vencido, motivo por el cual, la Administradora no tuvo más alternativa que rechazar la solicitud.

Asimismo, expone que previamente, el 23 de febrero de 2023, el recurrente había presentado otra solicitud de devolución de fondos, la que también fue rechazada, sin perjuicio que el certificado de afiliación, en ese momento, se encontraba vigente.

No obstante, expone que de acuerdo a la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones, la circunstancia que el documento en cuestión haya estado vigente en tiempos pasados, no le otorga una vigencia permanente para una solicitud posterior, más aún si entre una y otra solicitud transcurren casi dos años.

Finalmente, sostiene que el rechazo a la solicitud del actor no es ilegal ni arbitraria, ya que se funda en las normas legales que regulan la materia y especialmente en las normas administrativas impartidas por la Superintendencia de Pensiones, haciendo mención a los oficios N°2301 de 08 de febrero de 2024 y N°15855 de 28 de agosto del mismo año, que fundan el rechazo a la solicitud de devolución de fondos previsionales en la circunstancia de no estar vigente el respectivo certificado de afiliación del seguro correspondiente al país de origen.

Por lo señalado, solicitó el rechazo del recurso de protección, con costas.

Acompañó a su informe: 1) Oficio N° 2301 de fecha 8 de febrero de 2024 de la Superintendencia de Pensiones 2) Oficio N°15855 de fecha 28 de agosto de 2024 de la Superintendencia de Pensiones.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, para resolver el recurso, es dable sostener que el rechazo al retiro pedido por el actor lo fue basado en el incumplimiento de los requisitos legales.

En efecto, valga recordar que el artículo 7 de la Ley N°18.156 establece que “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”, esto es, “a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.”

Al respecto, no consta satisfecha la exigencia de haberse anexado -al momento de presentarse la solicitud de retiro de fondos- los documentos indicados, en especial, aquel consignado en la letra a) precedente, esto es, el certificado previsional en una entidad extranjera con vigencia a la fecha del requerimiento, sobre todo por la redacción de la norma, que exige la actualidad de dicha pertenencia (“que se encuentre afiliado”), circunstancia que es tácitamente reconocida por el actor, al sostener que ese dato constaba en el certificado presentado en su solicitud efectuada en el año 2023. Aquello es contrario a la lógica, considerando que es la parte quien debe acreditar el cumplimiento de las exigencias legales.

A lo anterior abona el documento que el propio actor acompañó a folio 1 y el trámite que indicó haber efectuado tiempo atrás, lo que permite sostener que este libelo no podrá ser acogido, sin perjuicio de las nuevas solicitudes que el actor inicie, previa acreditación del cumplimiento de los requisitos mencionados.

Por último, en cuanto al nuevo certificado a afiliación acompañado por el recurrente ante esta instancia, cabe considerar que el mismo no fue presentado ante la institución respectiva al momento de efectuar la solicitud de retiro de fondos, razón por la cual, no permite concluir que el rechazo de la recurrida haya sido arbitrario o ilegal, desde que se trata de un documento que no tuvo a la vista la administradora de fondos para emitir su pronunciamiento.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de AFP Planvital S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol N°134-2025(Protección).-