Protección contra Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S

nombre reservado

AFP Cuprum S.A Recurso de Protección Rol N°1339-2025.- La Serena, diecinueve de agosto de dos mil veinticinco.

Visto y considerando:

Primero: Que Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, recurre de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., por la negativa a la petición de retiro de fondos para extranjero, alegando vulneración de sus garantías constitucionales previstas en los números 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política.

Expone que la protegida requirió la devolución de sus fondos previsionales, conforme lo previsto en la Ley 18.156, recibiendo respuesta por parte de la recurrida, el 1 de julio del presente año, en que fue denegada la solicitud, invocando como causal el no haber acompañado contrato de trabajo que dio inicio a la relación laboral con el Servicio de Salud Antofagasta y el Hospital Provincial de Ovalle, y por no haber acompañado documentación que acredite que el trabajador se encuentra afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, destacando que la Constancia Electrónica de Cotizaciones otorgada por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no se encuentra debidamente legalizada ni apostillada, y no indica que, en caso de enfermedad, cuente con una cobertura que incluya prestaciones médicas y pecuniarias.

Hace presente que la recurrente acompañó Resolución Exenta RA NUM000 y anexo en los que manifiesta la voluntad de estar afiliada a la seguridad social de su país de origen y declaración jurada donde afirma estar afiliada a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile que le otorga prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, siendo su voluntad mantener su afiliación al referido sistema de seguridad social o previsión social en el extranjero, junto a un certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales debidamente apostillado; y su título profesional.

Alega que, en su calidad de profesional extranjera, cumple con los previstos en la norma, siendo procedente realizar el retiro de fondos de la AFP, siendo la negativa arbitraria, en cuanto la recurrida realiza una interpretación formalista de la norma, desatendiendo a la finalidad del legislador, el disponer de sus ahorros previsionales, entendiendo que los documentos presentados cuentan con la validez necesaria de procedencia, tanto el contrato, sus anexos y el certificado de afiliación al seguro social del país de origen.

Sostiene que le fue exigido contrato de trabajo, en circunstancias que la recurrente cuenta con nombramiento de relación laboral, por lo que no es imputable el requisito, siendo profesional en el área pública, sin que se rija por el Código del Trabajo.

En segundo lugar, argumenta que la ley solo indica que la solicitante debe encontrarse afiliada a un régimen de seguridad social en el extranjero, sin efectuar distinciones de la oportunidad o de la época en que tendría que producirse, pudiendo además validarse su certificado de afiliación al contar con constancia electrónica, emana de un organismo público y verificable en la web oficial de esa institución, más cuando acompañó certificado de afiliación legalizado ante el Consulado de Venezuela y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, verificable mediante código QR, siendo el actuar de la recurrida arbitrario e ilegal, vulnerando el derecho de propiedad de la recurrente.

Hace presente que AFP Modelo, respecto de otro afiliado en idéntica situación de la actora, el 19 de junio del presente, concedió el retiro de fondos previsionales, siendo la negativa arbitraria, más cuando desconoce que no existen relaciones diplomáticas entre los Estados de Chile y Venezuela, por lo que pone a la recurrente en una posición imposible de superar, más cuando existen distintos medios para verificar la autenticidad de la constancia, atentando contra su derecho de igualdad ante la ley y de propiedad, por lo que, previas citas jurisprudenciales, pide que se reconozca como válida la documentación acompañada, se proceda a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y, dentro de un plazo razonable, efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por el recurrente o el que esta Corte estime conforme al mérito de autos.

Segundo: Que informa José Felipe Aguilera Navarro, abogado Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., quien pide el rechazo de la acción.

Junto con invocar el marco normativo que regula la petición de la actora, precisa que el rechazo se funda en pronunciamientos de la Superintendencia de Pensiones, quien regula el procedimiento objeto del recurso, invocando Oficio Ordinario 23.241, de 13 de septiembre de 2016, que indica que la certificación debe referir expresamente que el trabajador ha tenido y mantiene dicha cobertura durante su permanencia en Chile, y que, en el caso de la cobertura por enfermedad, esta debe comprender tanto prestaciones médicas como pecuniarias.

Agrega que el Oficio Ordinario 9.663, de 2 de mayo de 2017, que resuelve en el mismo sentido, y Oficio Ordinario 12.194, de 1 de julio de 2025, donde refiere que, respecto de la cobertura previsional fuera de Chile, el trabajador extranjero debe presentar un documento que acredite de manera específica que, durante la prestación de sus servicios en Chile, ha contado con protección respecto de todos los riesgos exigidos por la ley, vejez, invalidez, sobrevivencia y enfermedad. Además, de que la cobertura de salud es integral, incluyendo tanto prestaciones médicas como pecuniarias en caso de incapacidad laboral de origen común.

Concluye de lo anterior que no basta con un documento que describa genéricamente los beneficios del sistema de seguridad social extranjero, debiendo precisar que ha estado efectivamente cubierto por todos los riesgos exigidos por la Ley 18.156 durante todo el período en que prestó servicios en Chile.

En cuanto a la apostilla y legalización del documento, sostiene que se trata de un requisito esencial para la validez del instrumento en Chile, puesto que fue emitido por una institución perteneciente a país ajeno, lo que ha sido ratificado por Oficio Ordinario 32.365, de 27 de diciembre de 2016, Oficio Ordinario 24.089, de 11 de noviembre de 2019, y Reservado 25.057, de 29 de diciembre de 2023, que previene que “la documentación pertinente que sirva para acreditar los requisitos copulativos establecidos en las letras a) y b) del artículo 1° de la Ley 18.156 debe presentarse debidamente legalizada o apostillada, según corresponda”, por lo que la exigencia reviste carácter de obligatoria y no admite interpretaciones alternativas.

Agrega que la recurrente no ha cumplido con acompañar el contrato de trabajo pertinente, requisito fundamental para la procedencia de su solicitud, en cuanto, tratándose de funcionarios que prestan servicios en organismos del Estado o Municipalidades, la devolución de cotizaciones resulta improcedente cuando la vinculación laboral se ha formalizado mediante Decreto o Resolución de Nombramiento.

Destaca que lo anterior se funda en doctrina administrativa de la Superintendencia de Pensiones, en particular, Oficio Ordinario 5.963, de 16 de abril de 2007, que estableció que la Ley 18.156 constituye una normativa de excepción y, por tanto, su interpretación debe realizarse de manera restrictiva, por lo que, tratándose de personal contratado por organismos públicos mediante decreto de nombramiento, sometidos a estatutos especiales y no a las normas generales del Código del Trabajo, la ley no tiene aplicación, toda vez que los contratos de trabajo a que se refiere no pueden ser asimilados a un decreto o resolución de nombramiento.

Esta interpretación, refiere, fue reforzada por el Oficio Ordinario 11.880, de 1 de junio de 2017, donde la Superintendencia precisó que los servicios de salud, en su calidad de organismos estatales funcionalmente descentralizados, dotados de personalidad jurídica y patrimonio propio, no se enmarcan en el concepto de empresa al que hace referencia el artículo 1 de la Ley 18.156; y Oficio Ordinario 6.948, de 22 de abril de 2025, siendo jurisprudencia administrativa uniforme y consistente en el tiempo.

Arguye que existe un criterio interpretativo establecido que excluye la aplicación de la Ley 18.156 respecto de funcionarios públicos nombrados por decreto o resolución, por lo que el rechazo de la petición se sustenta en las exigencias establecidas por la Ley 18.156 y en la jurisprudencia administrativa reiterada de la Superintendencia de Pensiones, órgano al cual la ley ha conferido la facultad de interpretar las normas en materias de su competencia, descartando arbitrariedad e ilegalidad.

En el mismo sentido, argumenta que la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia ha resuelto en concordancia con lo expuesto y argumenta, finalmente, los hechos expuestos en el recurso exceden el marco de procedencia de la acción de protección, cuya naturaleza es esencialmente cautelar y de urgencia, debiendo la materia ser conocida mediante un procedimiento de lato conocimiento, siendo competente la Superintendencia de Pensiones.

Tercero: Que el recurso de protección es la acción constitucional, de carácter cautelar, que pretende resguardar y garantizar la debida protección de los derechos fundamentales, en este caso, los del artículo 19 en sus números 2 y 24 de la Carta Fundamental, el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad respectivamente.

Cuarto: Que, por esta vía, se impugna la negativa de la Administradora de Fondo de Pensiones respecto al retiro de sus fondos de cotización previsional, alegando cumplir con la normativa y acompañando los antecedentes que hacen procedente su petición.

Quinto: Que la negativa invocada se funda en la inexistencia de un contrato de trabajo, la ausencia de prestaciones referidas por la seguridad social de su país y el omitir con legalizar certificado de afiliación a régimen previsional extranjero, así como también que la materia debe ser objeto de un juicio de lato conocimiento, donde tiene competencia la Superintendencia de Pensiones.

Sexto: Que, en primer término, cabe destacar que no consta que se haya recurrido a la Superintendencia de Pensiones, conforme previene el artículo tercero del DFL 101 de 1980, siendo dicha entidad quien debe resolver la materia que se ha puesto en conocimiento de esta Corte, más cuando se ha requerido otorgar validez a un documento emanado por una institución extranjera, lo que motiva necesariamente el rechazo de la acción, por no ser la vía idónea para la resolución de la controversia.

Séptimo: Que, a mayor abundamiento, en la especie, la petición de devolución de fondos de técnico extranjero se encuentra regulada en la Ley 18.156, siendo pertinente mencionar que, como expuso el abogado de la recurrida, la extranjera debe acreditar las prestaciones de seguridad social cubiertas por el régimen de su país de origen, lo que no ocurrió en la especie, y que la recurrente se desempeña en servicios de salud como organismos estatales, sin que su vínculo laboral se sustente en un contrato de trabajo, sino que de un órgano público descentralizado, lo que hace inaplicable la Ley 18.156 y, por tanto, descarta el supuesto de ilegalidad, haciendo improcedente el recurso.

Octavo: Que, asimismo, cabe prevenir que la trascendencia y objetivo de la apostilla de documentos oficiales emanados de autoridades extranjeras radica en garantizar la autenticidad, integridad y origen de los mismos, permitiendo su reconocimiento y eficacia jurídica conforme a los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile.

En este sentido, no puede esta Corte reconocer como válida documentación extranjera sin dicha formalidad, toda vez que ello implicaría desconocer las normas del derecho internacional privado (Convenio de la Apostilla de La Haya) y los principios de seguridad jurídica que rigen el reconocimiento de actos y documentos públicos o privados extranjeros en territorio nacional, lo que constituye un obstáculo adicional e insalvable para la procedencia de la pretensión deducida, precisamente por cuanto solicita expresamente se reconozca como válida la documentación que sustenta su petición principal de devolución de sus fondos previsionales.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado en contra de AFP Cuprum.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol N°1339-2025 Protección.-