nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

nombre reservado

Servicio Nacional de Migraciones Recurso de protección Rol N°1335-2024.- La Serena, dos de agosto de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece nombre reservado, venezolana, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección contra el Servicio Nacional de Migraciones, representado por nombre reservado, señalando como omisión ilegal y arbitraria la falta de respuesta sobre su solicitud de residencia definitiva presentada el 15 de agosto de 2023, omisión que representa una violación al derecho de igualdad ante la ley, establecido en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, reforzado por los artículos 6, 7, 8, 9, 14, 24 y 27 de la Ley N°19.880.

Sostiene que la recurrente ingresó a Chile en calidad de turista para luego cambiar su condición migratoria a residente por visa temporaria otorgada con el propósito de establecerse y desarrollar su proyecto de vida en Chile.

Indica que el 15 de agosto de 2023 solicitó el beneficio migratorio de residencia definitiva. Posteriormente, recibió notificación para el pago de los derechos, lo que realizó el 2 de marzo de 2024, sin que a la fecha haya recibido comunicación alguna, lo que la mantiene en una situación de preocupación e incertidumbre ante un trámite por lo demás demorado.

Destaca que cobra relevancia lo dispuesto en los artículos 4, 7, 9 y 27 de la Ley N°19.880, en particular los principios de celeridad y economía procedimental en virtud de los cuales la Administración debe responder a la máxima economía de medios con eficacia, evitando trámites dilatorios y principio conclusivo conforme al cual todo el procedimiento administrativo está destinado a que la Administración dicte un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo y en el cual exprese su voluntad.

En otro orden de ideas, añade que el recurrido no puede predisponer el agotamiento de la vía administrativa por frente a la vía judicial, ya que ni constituyente ni el legislador señalan que sea necesario agotarla o que se debe recurrir por otra vía administrativa para restablecer el imperio de un derecho de rango constitucional, por lo que no cabe hacer tal distinción. Además, de que tampoco es procedente la causal de excepción prevista en el artículo 27 de la Ley N°19.880, atendido a que debe existir una imprevisión, situación que en la especie no se configura.

Cita jurisprudencia y solicita tener por interpuesto recurso de protección en contra del recurrido y ordenarle que se pronuncie sobre la solicitud de residencia definitiva, dentro de un plazo no mayor a 30 días, conforme los principios que impone la legislación vigente, adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Acompaña a su presentación: 1. Cédula de identidad para extranjeros; 2. Comprobante de solicitud N°23697673, de 6 de enero de 2022; 3. Resolución Exenta N°22026062; 4. Resolución Exenta N°22385822, de 31 de agosto de 2022, emitida por el Servicio Nacional de Migraciones; 5. Comprobante de envío de solicitud de residencia definitiva de 15 de agosto de 2023, ID 67105305; 6. Certificado de residencia definitiva en trámite emitido por el Servicio Nacional de Migraciones, de 3 de enero 2024; y 7. Comprobante de pago de 2 de marzo de 2024.

SEGUNDO: Que a folio 4, comparece don nombre reservado, abogado del Servicio Nacional de Migraciones, evacuando el informe requerido.

En primer lugar, solicita se declare la inadmisibilidad de la acción, dado que no existe alguna vulneración, ni siquiera en grado de amenaza, de las garantías fundamentales alegadas.

En efecto, sostiene que en el presente recurso de protección se alega la supuesta omisión arbitraria o ilegal al no dictar un acto terminal respecto a la solicitud de residencia definitiva de la recurrente y que dicha omisión generaría por sí sola una supuesta vulneración o amenaza de sus derechos fundamentales. En ese contexto cita la sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema, en sus causas Rol 115.064-2022 y 115.368-2022, ambas de fecha 20 de marzo del 2022.

Reitera que no existe alguna arbitrariedad ni ilegalidad, ni aún en grado de amenaza, por parte de esa autoridad que pueda ser tutelada mediante la presente acción de protección, por lo que la materia excede con creces la tutela cautelar que es propia del recurso de protección y que dada la jurisprudencia reciente debe ser declarado inadmisible.

Señala que todo extranjero que tenga una solicitud de residencia en trámite en nuestro país se puede desarrollar de forma plena, sin que esté impedido de realizar trámites esenciales con su cédula de identidad ante cualquier entidad pública o privada.

En subsidio, opone la excepción de falta de legitimación pasiva, ya que el presente recurso de protección se dirige en contra del Servicio Nacional de Migraciones, pero la supuesta acción u omisión que se considera ilegal o arbitraria emana de terceros indeterminados, haciendo hincapié en las sentencias ya individualizadas de la Excma. Corte Suprema. En dicho sentido la recurrente ha errado al intentar su recurso de protección en contra de esa autoridad en atención a que no ha vulnerado, perturbado o amenazado alguno de los derechos fundamentales incoados por el recurrente, todo esto conforme a los artículos 38, 43 y 45 de la Ley N°21.325, por lo que mal podría ser esa autoridad el legitimado pasivo de la acción que se emprende.

En cuanto al fondo del recurso señala que nombre reservado solicitó el 15 de agosto de 2023 el beneficio migratorio de permanencia definitiva, bajo el ID 67105308, solicitud que desde el 3 de marzo de 2024 se encuentra en etapa RESOLUTIVA.

Luego, reseña antecedentes de derecho relativos al trámite de permanencia definitiva y las normas protectoras de la Ley N°21.325.

Hace presente que el Servicio Nacional de Migraciones ha actuado con apego estricto a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, indicando que no existe acto u omisión arbitraria o ilegal que genere privación, perturbación o amenaza a los derechos consagrados en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita el rechazo de la acción intentada.

Acompaña a su informe: 1. Oficio Ordinario N 67130, de 7 de noviembre de 2022, del Servicio Nacional de Migraciones; 2. Oficio Ordinario N°80585, de 29 de diciembre de 2022, del Servicio Nacional de Migraciones; 3. Oficio Ordinario N°80586, de 29 de diciembre de 2022, del Servicio Nacional de Migraciones; 4. Oficio Ordinario N°843, de 14 de junio de 2023, de la Dirección del Trabajo; 5. Oficio Ordinario N°34.531, de 27 de julio de 2023, de la Superintendencia de Salud; 6. Sentencia de la Excma. Corte Suprema, en causa Rol 115.064-2022, de 20 de marzo de 2023; y 7. Sentencia de la Excma. Corte Suprema, en causa Rol 115.368- 2022, de 20 de marzo de 2023.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que la solicitud de declarar inadmisible el recurso que formula la recurrida en su informe será desestimada, pues el examen de admisibilidad de la presente acción constitucional fue realizado en la etapa procesal correspondiente, apreciándose por esta Corte que el recurso fue intentado oportunamente y en él se alude a hechos que –a lo menos en abstracto– son aptos para constituir infracción de garantías constitucionales.

SEXTO: Que, asimismo, se rechazará la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el Servicio Nacional de Migraciones, pues con prescindencia de lo que se pudiera decidir en cuanto al fondo del asunto planteado, lo cierto es que la conducta calificada de ilegal o arbitraria por el recurrente –consistente, como se ha dicho, en la falta de pronunciamiento respecto a su solicitud de permanencia– corresponde precisamente a esa repartición pública.

SÉPTIMO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por la dilación injustificada en dar respuesta a la solicitud de permanencia definitiva presentada el 15 de agosto de 2023, lo cual la actora califica de ilegal y arbitraria, señalando que vulnera la garantía fundamental contemplada en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Solicita que se ordene al recurrido pronunciarse sobre la solicitud de permanencia definitiva dentro de un plazo máximo de 30 días, conforme los principios que impone la legislación vigente, adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

OCTAVO: Que, para resolver el asunto en examen, se debe acudir a lo estatuido en la Ley N°19.880. En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior, resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por último, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

NOVENO: Que de acuerdo a los antecedentes que constan en la tramitación de la presente causa, no se evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, en los términos que aduce la recurrente, toda vez que consta que la solicitud de residencia definitiva fue realizada recién el 15 de agosto de 2023, encontrándose desde el 3 de marzo de 2024 en etapa resolutiva.

Así las cosas, en consideración a la fecha de la petición, en este caso particular, no se advierte en su tramitación una dilación excesiva que haga concluir la existencia de una omisión arbitraria o ilegal por parte de la recurrida, máxime considerando que es un hecho público y notorio la crisis migratoria que ha afectado al país este último tiempo, lo que ha generado un aumento de trabajo de los organismos administrativos vinculados al tema, lo que permite concluir que las garantías fundamentales invocadas por la recurrente, no se ven, en este caso, conculcadas, desde que no importa una discriminación en contra de quien recurre en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han presentado solicitudes ante la autoridad migratoria. No obstante lo anterior, considerando los principios que informan el actuar de la recurrida, deberá pronunciarse respecto de la solicitud presentada dentro de un plazo razonable, conforme se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve:

I.- Que, SE RECHAZA la solicitud de declarar inadmisible el recurso.

II.- Que, SE RECHAZA la excepción de falta de legitimación pasiva.

III.- Que, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, sin perjuicio de lo anterior, deberá el organismo recurrido pronunciarse sobre la petición dentro de un plazo razonable.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1335-2024 Protección.-