Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

nombre reservado

Servicio Nacional de Migraciones Recurso de protección Rol Nº1331-2026 La Serena, catorce de agosto de dos mil veintiséis.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don Marcelo Carvallo Contreras, abogado, en representación de don nombre reservado, de nacionalidad haitiana, quien a su vez actúa en representación de su hijo nombre reservado, también de nacionalidad haitiana, interponiendo recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, fundado en la excesiva dilación en resolver la solicitud de residencia definitiva solicitada el 19 de diciembre de 2024, estimando que dicha omisión es ilegal y arbitraria y vulnera la garantía de igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Señala que no ha recibido respuesta de su solicitud a la fecha de interposición del recurso, ni se ha emitido un pronunciamiento terminal de la autoridad, lo que lo habría mantenido en un estado de incertidumbre. Sostiene que ha transcurrido ampliamente el plazo de seis meses contemplado en el artículo 27 de la Ley N°19.880 y que la autoridad habría infringido, además, los principios de celeridad, conclusivo, economía procedimental e inexcusabilidad establecidos en los artículos 7, 8, 9 y 14 del mismo cuerpo legal.

Finalmente, solicita que se acoja el recurso y se ordene al Servicio Nacional de Migraciones que, dentro de un plazo razonable, se pronuncie respecto de la Solicitud de residencia definitiva, dándole curso y dictando el correspondiente acto administrativo terminal.

SEGUNDO: Que, evacuó informe la recurrida Servicio Nacional de Migraciones solicita el rechazo del recurso.

Señala que el recurrente solicitó el 19 de diciembre de 2024 el beneficio de permanencia definitiva, la cual desde su recepción ha avanzado por distintas etapas de análisis.

Añade que el 26 de marzo de 2025 se le notificó, mediante comunicación electrónica, una solicitud de documentos adicionales, requiriéndose antecedentes para acreditar el vínculo con un menor, certificados de nacimiento debidamente apostillados o legalizados y una declaración jurada de expensas, junto con antecedentes destinados a acreditar el sustento económico del sostenedor.

Posteriormente, el 24 de julio de 2025, mediante comunicación electrónica se le notificó un “previo rechazo”, concediéndole un plazo de 10 días hábiles para formular descargos y acompañar los documentos destinados a desvirtuar la causal invocada, solicitando la declaración jurada de expensas. Asimismo, consta que el 30 de julio de 2026 se inició una nueva etapa de “Solicitud de documentos adicionales”, encontrándose actualmente la solicitud en estado “Pendiente”. En dicha oportunidad se requirió un certificado de nacimiento vigente, debidamente apostillado o legalizado, otorgándose un plazo máximo de 60 días corridos para presentar la documentación.

Precisa que, a la fecha de su informe, el recurrente todavía se encuentra dentro de dicho plazo, correspondiéndole subsanar los antecedentes requeridos para que la autoridad pueda continuar la tramitación, dependiendo del interesado acompañar los documentos solicitados.

Agrega que no se ha dictado ningún acto que disponga su expulsión o abandono del país y que el plazo de seis meses previsto en el artículo 27 de la Ley N°19.880 no tiene carácter fatal, sino que obliga a la Administración a resolver dentro de un plazo razonable, haciendo presente además la elevada cantidad de solicitudes migratorias que debe tramitar el Servicio.

Finalmente, solicitan el rechazo del recurso de protección.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por la excesiva dilación en emitir un pronunciamiento respecto de la solicitud de residencia definitiva, presentada el 19 de diciembre de 2024.

Por su parte, la recurrida solicita el rechazo del recurso, señalando que la solicitud ha continuado su tramitación y que, desde el 30 de julio de 2026, se encuentra pendiente de que el recurrente acompañe documentos adicionales, estando aún dentro del plazo otorgado para subsanarlos, por lo que no existiría una omisión ilegal o arbitraria.

SEXTO: Que, de los antecedentes expuestos, se advierte que el 26 de marzo de 2025 la recurrida solicitó, entre otros antecedentes, certificado de nacimiento debidamente apostillado o legalizado, lo que fue cumplido por el acto en tiempo y forma.

Posteriormente, el 24 de julio de 2025 se dictó y notificó el previo rechazo, fundado únicamente en la falta de declaración de expensas.

Sin embargo, con fecha 30 de julio de 2026, la autoridad volvió a requerir el certificado de nacimiento que ya había sido acompañado, aludiendo a que se requería uno debidamente actualizado, olvidando que éste ya había sido recepcionado conforme por la autoridad, traduciéndose, entonces, en una carga que esta Corte estima como arbitraria.

En efecto, los plazos legales deben correr en contra de la Administración, en virtud de los principios de conclusión y celeridad de la Ley N°19.880, sin que el administrado pueda quedar entregado a la voluntad de la entidad en cuanto a exigirle reiteradamente documentos que, conforme el transcurso del tiempo sin avances de la autoridad, vayan quedando desfasados.

A ello debe sumarse que en este caso el asunto que se ventila dice relación con un adolescente, a quien beneficia el estatuto protector conformado por la Convención sobre Derechos del Niño (artículos 3 y 12), la carta fundamental (artículo 19), Ley N°21.430 (artículos 1, 7, 28 y 50) y Ley N°19.968 (artículo 16), entre otros, los que demanda, cada uno y éstos en su conjunto, el irrestricto respeto al interés superior del joven, demandando de todos, incluida la autoridad, resolver analizando los antecedentes en favor del joven.

De esta manera la autoridad, al cursar reiteradas e innecesarias exigencias, todas cumplidas por actos del progenitor del solicitante, ha actuado fuera del marco legal antes aludido y de forma arbitraria, motivo por el que este recurso será acogido en los términos que se indicará.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don Marcelo Carvallo Contreras, en representación nombre reservado, en favor de su hijo nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, y se ordena a este último emitir el correspondiente pronunciamiento respecto de la solicitud de residencia definitiva, dentro del plazo de 30 días corridos, contado desde que la presente sentencia quede ejecutoriada.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol 1331-2026.- (protección)