nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD ILLAPEL

nombre reservado, nombre reservado

Ilustre Municipalidad de Illapel Recurso de Protección Rol 133-2024.- La Serena, cuatro de abril de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece don José Ignacio Díaz Maldonado, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación convencional de doña nombre reservado, comerciante, domiciliada en domicilio reservado, deduciendo acción constitucional de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Illapel, corporación autónoma de derecho público, representada por su alcalde don Denis Cortés Aguilera, ambos con domicilio en domicilio reservado singularizada, en razón de la decisión de no renovar la patente de alcoholes rol N° 40093 que se adoptó en la sesión ordinaria N° 92 de fecha 9 de enero de 2024 del H. Concejo Municipal y que se concretizó en el Decreto Exento N° 94 de fecha 25 de enero de 2024, la que estima ilegal y arbitraria.

Explica que su representada tuvo patente de expendio de cervezas por más de 30 años, que cumple con todos los requisitos legales para tener y mantener la misma y que, sin escuchar sus defensas, se le negó la renovación de su patente, lo que se realizó en la sesión Ordinaria N° 92 del Concejo Municipal ya singularizada.

Añade que en dicha sesión del concejo, fue solo la patente de su representada la que se trató, y lo anterior se debió a lo expresamente señalado por el alcalde en dicha sesión “… habíamos dejado una patente pendiente, que era para sumar antecedentes que tenía (sic) que ver más bien con informe de carabineros, tenia (sic) que ver con muchos trascendidos respectos a situaciones afuera del lugar del local, entonces se pidió toda la información que podía venir ya con respaldos de junta de vecinos y carabineros, como de otras instancias…”.

Destaca que en dicha sesión del concejo se decidió no renovar la patente de su representada, lo que fue comunicado a su representada mediante el decreto alcaldicio el día 26 de enero de 2024.

Reitera que su representada es contribuyente y titular de la patente municipal para operar el establecimiento de expendio de alcoholes en un inmueble ubicado en domicilio reservado que ella fue otorgada aproximadamente hace 30 años y ha sido renovada durante todos estos años pagándose el respectivo impuesto en la Tesorería Municipal de forma semestral.

Destaca que la renovación pacífica de la patentes municipales de la recurrente cambió sustancialmente el año 2024, dado que en la sesión ordinaria ya singularizada, la que fue transmitida a través de la cuenta de Facebook de la Municipalidad y que puede verse en el enlace que indica, se dio cuenta de que la junta de vecinos del sector señala su total desacuerdo y rechaza que esta patente sea renovada, para fundar su oposición adjuntó un pendrive con audio, videos e imágenes.

Señala que también se dio a conocer en este Concejo el informe N° 2-2024 de la Dirección de Seguridad Pública Comunal, que señala que el local donde se emplea la patente de alcoholes de su representada fue fiscalizado en 4 oportunidades durante el año 2023, de los cuales solo se originó una infracción el día 14 de abril de 2023, por venta de alcohol a persona ebria en el interior del local. Da cuenta ese mismo informe que se requirió a la 4° Comisara de Carabineros de Illapel se otorgara información respecto a si existían denuncias vinculadas a este local de alcoholes, informando mediante oficio N° 4-2024 dicha institución que existen 3 denuncias, una por lesiones leves del 28 de agosto de 2023, otra por lesiones leves de fecha 5 de noviembre de 2023 y un robo en lugar no habitado de fecha 8 de octubre de 2023.

Destaca que, todo hecho ocurrido fuera del local donde se emplea la patente de alcohol de su representada, no es de su responsabilidad, ya que es propio de las funciones que legalmente le están conferidas a instituciones del Estado y no a los particulares. Es así como la decisión del Concejo es arbitraria e ilegal, pues se funda en problemas de control del orden público y seguridad en el sector donde se ubica el establecimiento, lo que es responsabilidad del Estado –mediante Carabineros-, y de la Municipalidad –por medio de sus Inspectores-, lo que no puede ser reprochado a un privado, en este caso a su representada.

Transcribe la parte considerativa del referido Decreto Alcaldicio N° 94 del año 2024, el que fue recepcionado por su representada el 26 de enero de 2024 y en que se decide rechazar “la solicitud de renovación de patente de alcohol primer semestre 2024, Nº 400093, categoría F: Expendio de Cervezas, ubicada en Carrera N° 291, comuna de Illapel, local conocido por el nombre de ‘La Mina’, a nombre de nombre reservado, RUT Nº RUT reservado”, además de eliminar la misma del rol general de patentes de alcoholes, disponiendo la notificación del acto administrativo.

Sostiene que conforme al Auto Acordado sobre tramitación del Recurso de Protección, la presente acción es procedente en cuanto a su plazo, atendido que su representada tomó conocimiento del hecho en la oportunidad que en el cuerpo de este recurso se señala, verificándose en consecuencia el ingreso del presente recurso a esta Ilustrísima Corte, antes del término de los 30 días corridos que al respecto establece la norma en comento.

Añade que se ha impetrado el presente recurso ante Tribunal competente, toda vez que el referido cuerpo normativo permite que el interesado accione en la jurisdicción de la Corte en donde se hubiere cometido el acto denunciado como ilegal o arbitrario, cuestión también satisfecha desde el momento en que ello fue promovido en el territorio jurisdiccional de la Región de La Serena.

Explica que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Añade que, atendida su especial naturaleza, para que pueda prosperar, es indispensable que quien lo intente, acredite la existencia de un derecho actual que le favorezca, que esté claramente establecido y determinado, y que corresponda a uno de aquellos a que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Agrega que para que el recurso de protección sea acogido, es necesario que los hechos en que se hace consistir la arbitrariedad o ilegalidad estén comprobados y que con estos hechos se haya sufrido perturbación, privación o amenaza en el ejercicio legítimo de las garantías y derechos que la Constitución asegura y que son los enumerados taxativamente en el artículo 20 de este cuerpo legal.

Sostiene que de la transcripción que el recurso contiene del Decreto Alcaldicio N° 94 del año 2024 se puede extraer que el mismo, únicamente menciona antecedentes normativos y descriptivos, seguidos por una serie de consideraciones genéricas, que no permiten aclarar los motivos específicos que determinan la decisión de no renovar la patente de alcoholes en estudio.

Afirma que el acto administrativo señala que se hizo consulta previa a las juntas de vecinos, sin referirse, ni aun someramente, a lo expresado por aquellas con relación al tema.

Refiere que en la decisión impugnada se hace mención del informe emitido por Carabineros de Chile, que refiere a 3 hechos delictuales durante el año 2023, sin que se indique en ninguno de sus apartados como esas denuncias guardan relación con el local comercial en cuestión.

Destaca que se hace mención del informe N° 2-2024 de la Dirección de Seguridad Pública Comunal, el cual señala que el local mantiene una multa durante el año 2023, pero que no indica si el mismo en alguna oportunidad ha sido clausurado por incumplimientos graves o de otra índole.

Afirma que los argumentos en que se ha pretendido justificar la decisión perjudicial para la recurrente se refieren a situaciones genéricas, innominadas e inespecíficas, de modo que los antecedentes reseñados en caso alguno pueden ser entendidos como suficientes para satisfacer los requisitos de motivación contemplados en la ley.

Destaca que tal conclusión se afinca en el fin último relacionado con la exigencia de motivación de todo acto administrativo, que no es otro que la necesidad de explicitar fundamentos razonables, de manera tal que sean comprensibles para el administrado, proveyéndole la información necesaria para que, en caso de disconformidad o agravio, ejerza los mecanismos recursivos que le franquea la ley, ante las autoridades pertinentes.

Sostiene que tal presupuesto no será satisfecho sino cuando los argumentos del órgano administrativo que adopta la resolución consistan en motivos objetivos y comprobables que doten de razonabilidad a la decisión terminal, suprimiendo todo dejo de arbitrariedad.

Examina que deber de fundamentación o motivación del acto administrativo, destacando que es uno de sus elementos de legitimidad, conforme lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 8° de la Constitución y el artículo 2° de la Ley N° 18.575 LOCBGAE. El elemento de motivación consiste en la exposición clara y precisa de los motivos y razones fácticas y jurídicas que indujeron al órgano de la administración, a la emisión del acto administrativo terminal.

Añade que en la misma línea, la Ley 19.880 que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado, dispone expresamente en sus artículos 11 inciso segundo y 41 inciso cuarto, la obligación de fundar y motivar sus actuaciones.

Cita decisiones de nuestro máximo tribunal, exponiendo que : “La literalidad de la norma ha sido complementado con la jurisprudencia judicial y Dictámenes Contralores, que han instaurado que la motivación del acto debe ser racional, proporcionada y habilitada, puesto que la inexistencia o error en los motivos de hecho que fundamentan el acto administrativo, determinan su arbitrariedad” (Sentencia de la Excma. Corte Suprema, rol N° 19.585-2016. / Sentencia de la Excma. Corte Suprema, rol N° 5120-2016.)

Hace presente que el deber de fundamentación del acto administrativo, también ha sido desarrollado en los Dictámenes Nº 22.766 de 2016, Dictamen N° 85.700 de 2016 y Dictamen N° 6.400 de 2018, que actualiza y sistematiza los dos textos anteriores, y que a grandes rasgos recuerdan a los órganos de la administración del estado que la Resolución que resuelve la no renovación de la contrata de un funcionario público, es un acto administrativo, y como tal, debe ser un acto motivado de forma clara y precisa, exponiendo los fundamentos de hecho y derecho en que se funda, con respeto al principio de confianza legítima que ampara a todo aquel funcionario que ha sido objeto de dos o más renovaciones sucesivas e interrumpidas.

Sostiene que en el caso de su representada, la normativa y jurisprudencia antes referida ha sido infringida flagrantemente, mediante el actuar arbitrario e ilegal de la recurrida.

Insiste que el acto administrativo recurrido, no tiene un fundamento claro y preciso, que cite los antecedentes de hecho en los que se funda, y los que es más grave con un fundamento jurídico dudoso. Señala que se refiere, desde luego, al incumplimiento por parte de la autoridad administrativa, de la exigencia de una adecuada motivación de todo acto administrativo que afecte derechos de terceros, según lo establece el artículo 11 inciso 2° de la comentada Ley N° 19.880, siendo obligatoria esta norma para el caso.

Destaca que no existe un desarrollo del fundamento de la decisión en el decreto que se le comunicó a su representada, tal como antes se expuso.

Expone que los hechos y consideraciones de derecho relatadas, no reflejan sino un actuar ilícito, que contraviene las normas y principios que ha dispuesto la Jurisprudencia, tanto de los Tribunales superiores de justicia como de la Contraloría General de la República, y que por cierto, han vulnerado seriamente elementales derechos constitucionales respecto de su representada, al materializarse a su respecto una no renovación de su patente dispuesto por un decreto que si bien aparenta indicar hechos y fundamentos, estos en realidad son vagas e imprecisas y por ende no cumplen con el estándar jurídico para producir sus efectos.

Explica que el artículo 20 de la Carta Fundamental que consagra el recurso de protección, comprende dentro de su ámbito de garantías el numeral 2° del artículo 19 del mismo texto, por consiguiente, se resguarda mediante la acción de protección la igualdad ante la ley.

Afirma que la igualdad ante la ley es un valor y un principio constitucional de la más alta relevancia. Curiosamente, las constituciones les dedican disposiciones claras, completas y específicas rasgo que no se advierte a propósito de otro valor y principio de mayor relevancia aún, que es el de la libertad. Asociada a los adjetivos que la califican, v.gr., la conciencia, el culto, la expresión y el desplazamiento físico o ambulatorio, la libertad carece de preceptos fundamentales sólo dedicados a ella, como tal, pues los más amplios que la contemplan, por ejemplo, en el artículo 2° N°1 de la Carta Fundamental de Bonn, la acotan de alguna manera, característica que tampoco se observa con respecto a la isonomía.

Explica que la igualdad y la libertad de las personas son valores y principios básicos del constitucionalismo. Se concretan con el carácter de derechos públicos subjetivos esenciales y universales, muy próximos a la fuente de todos los atributos inalienables del ser humano, esto es, a la dignidad. Por ese carácter primordial y amplio, el cual se irradia o proyecta en todos los derechos fundamentales, algunos autores sostienen que la igualdad y la libertad son el fundamento de todos los atributos inherentes a la naturaleza humana, individualmente y asociada. Consecuente con el rasgo expuesto, constituciones vigentes como la de Alemania y España no se refieren a la igualdad en cuanto derecho, pues la realzan aún más, al situarla en el nivel de los valores determinantes del sentido del ordenamiento jurídico completo, incluyendo el Código Político.

Prosigue explicando que la igualdad, para que sea bien entendida y concretada, presupone una hermenéutica convencida de la necesidad de que llegue a ser justa. No basta lo que digan los artículos de la Constitución y las leyes, puesto que, es necesario, además, que la interpretación y aplicación de esas normas sean hechas con sujeción a la justicia. Es esta disposición del intérprete la que lleva, en definitiva, a la equidad. Y este valor resulta ser, a su vez, el que vuelve posible, y no una proclamación sólo filosófica o moral, que la isonomía justa.

Sostiene que en este caso se presenta claramente una vulneración a la igualdad ante la ley. Para el caso de autos, las normas se aplican de forma distinta entre todos los propietarios de una patente de alcoholes en la comuna de Illapel, a quienes en las sesiones ordinarias del Honorable Concejo Municipal N° 90 y 91 se les renovó la patente y respecto de su representado, a quien en la sesión ordinaria N° 92 de dicho concejo se le rechazó su renovación.

Colige que, en la medida que organismo autónomo constitucional como lo es una Municipalidad infrinja estas normas, habrá existido una flagrante infracción a la garantía constitucional de igualdad ante la ley.

Afirma que, en el caso de su representada, no se actuó por parte de la recurrida, de manera igualitaria y justa, toda vez que se dispuso la no renovación de su patente en infracción a las reglas y disposiciones con arreglo a las cuales se ha regido este tipo de actuaciones.

Añade que la forma en que ello ocurrió ocasiona para su representada un abierto actuar arbitrario e ilegal; arbitrario por cuanto la recurrida obra de forma diversa a la situación fáctica descrita por la norma, pues si bien dicta el correspondiente acto motivado, sus motivos son vagos e imprecisos; e ilegal pues naturalmente desatiende los mandatos entregados tanto por el legislador, los Tribunales superiores de justicia y el organismo contralor.

Sostiene que de lo anterior deviene que, respecto de su representada, se vulnere la legítima confianza que tenía en que su patente fuera renovada, atendidas las anteriores prórrogas de esta por más de 2 años en cada caso, situación que materializa la infracción a la garantía constitucional acá descrita, al haberse obrado de forma disímil a lo señalado por la norma sin tener la recurrida justificación alguna para desatender las reglas a las que se encuentra obligada.

Indica que se incurre en la vulneración de la garantía constitucional que nos ocupa al brindarse un trato discriminatorio a su representada, en relación a otros contribuyentes y propietarios de patentes de alcoholes a quienes, en situación equivalente, esto es, sin un acto administrativo fundado, no se les puede no renovar su patente.

Cita y transcribe el artículo 19 N° 21 de la Constitución Política, para afirmar que, en el caso de marras, la municipalidad recurrida además ha vulnerado esta garantía constitucional al impedir, en los hechos, el ejercicio de una actividad económica lícita a pesar de que la recurrente ha respetado todas las normas legales que regulan dicha actividad.

Añade que la actividad comercial que desarrolla es absolutamente lícita, esto es, no es contraria a la moral, al orden público ni a la seguridad nacional. Pues bien, a pesar de todo lo anterior, sin invocarse fundamento alguno, el Honorable Concejo Municipal de Illapel y el Decreto Alcaldicio respectivo, por vías de hecho, se le ha pretendido impedir a la recurrente el ejercicio de esta garantía constitucional.

Refiere que existe una cuestión no menor que, a pesar de no impactar directamente en las consideraciones jurídicas que han de formularse para resolver el fondo asunto planteado, merecen un párrafo especial por su impacto social y económico. Las instalaciones en que funciona la patente tienen un valor superior a los 200 millones de pesos. Ese es el nivel de inversión que la recurrente ha debido realizar progresivamente a lo largo de 30 años para lograr la construcción y buen funcionamiento del establecimiento donde desempeña su profesión de comerciante.

Expone que ha experimentado una disminución cuantiosa que ha dejado de percibir causando un daño económico por concepto de ventas (en promedio) $500.000 (quinientos mil) diarios aproximadamente, haciendo un cálculo en promedio a los dos años anteriores a la no renovación de la patente de alcoholes.

Refiere al artículo 19 N° 22 de la Constitución Política, el que asegura a todas las personas el derecho a la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica.

Expone que a pesar de que el establecimiento comercial de la recurrente se encontraba en la misma situación que varios otros establecimientos de la comuna, la I. Municipalidad de Illapel, ha hecho una diferencia arbitraria en desmedro de su representada en el trato que se le ha otorgado en materia económica.

Sostiene que se ha pretendido impedir a la recurrente continuar con la explotación de su negocio, a pesar de no existir un fundamento jurídico objetivo, razonable, que permita diferenciar la situación del local de su representada con el resto de los locales similares de la comuna y que sí fueron aprobados con la renovación.

Analiza el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política, señalando que la recurrente es propietaria de la patente de alcoholes N° 40093, que adquirió e incorporó a su patrimonio hace más de 30 años. En consecuencia, no puede ser despojada de estos bienes incorporales, ni de los atributos del dominio que acompañan a esta propiedad, sino en virtud de una ley general o especial que lo autorice, cuestión que en la especie no ocurre.

Sostiene que la “no renovación” de la patente, o “patente con partes” o “dejar sin efecto” la patente (que son las nomenclaturas utilizadas por las autoridades recurridas en los actos impugnados) importa, en los hechos, materializar una privación del derecho de propiedad que posee la recurrente sobre la patente de alcoholes referida. Como ha sido explicado, esta verdadera expropiación se produce sin que exista una ley general o especial que la autorice, toda vez que la recurrente ha cumplido cabalmente todas y cada una de las obligaciones generales, inclusive la pena pecuniaria, que pesan sobre los titulares de patentes de esta clase. Entonces, mientras no cambien las circunstancias fundamentales de ley (Rebus sic Stantibus legis) que permitieron la obtención de las patentes y mientras el titular mantenga su inquebrantable respeto de las normas legales y reglamentarias que regulan el consumo y expendio de bebidas alcohólicas, le está vedado a la autoridad despojar al titular de su derecho adquirido, como es precisamente lo que intenta hacer la municipalidad recurrida, pese a estar en todo momento asesorada por abogado durante la sesión de concejo municipal. Como quiera, sostiene que en la especie hay una vulneración flagrante de las cuatro garantías constitucionales citadas, por lo que procedería que esta Iltma. Corte, adopte las medidas de protección que en Derecho corresponden, poniendo fin al actuar ilegal o arbitrario de las autoridades de la I. Municipalidad de Illapel.

Solicita, en definitiva, tener por deducido recurso de protección, someterlo a la tramitación de rigor y, en definitiva, que se acoja el mismo, ordenando se restablezca el imperio del derecho dejando sin efecto los actos ilegales o arbitrarios que privan, perturban y/o amenazan a su representada en el legítimo ejercicio de las garantías consagradas en los numerados 2°, 21°, 22º y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, declarando arbitrarias o ilegales las actuaciones de la recurrida y disponiendo dejar sin efecto las actuaciones practicadas por ésta, relativas a la -no renovación de la patente de alcoholes- ya individualizada y en su lugar, se disponga que esa autoridad debe dictar el decreto respectivo que la conceda, ordenando a la I. Municipalidad de Illapel, proceder a la renovación de la patente N° 40093 de propiedad de doña nombre reservado y, asimismo, disponer que el Departamento de Rentas Municipales gire los derechos que corresponde a dicha patente de alcohol y, en definitiva, que perciba dichos valores, manteniéndola vigente mientras no se verifique una causal de extinción prevista en la ley, o adoptar las medidas que esta I. Corte considere necesario para el pleno restablecimiento del derecho, todo ello con costas.

Acompaña en su acción de protección los siguientes documentos; 1.- Mandato judicial y, 2.- Decreto Exento N° 00094/2024.

SEGUNDO: Que, evacuó informe don Miguel Alejandro Jopia López, abogado, en representación judicial de la I. Municipalidad de Illapel, solicitando que el recurso sea rechazado en razón que la Municipalidad de Illapel, no ha incurrido en ninguna acción u omisión, arbitraria o ilegal vulneradora de los derechos fundamentales de la recurrente.

Explica que, como lo reconoce la recurrente, mediante Decreto Exento N° 94 de fecha 25 de enero de 2024, se procedió a sancionar el acuerdo N° 1 de la sesión ordinaria N° 92 de fecha 9 de enero de 2024 del H. Concejo Municipal, que acordó por unanimidad de los Concejales, rechazar la solicitud de renovación de la patente de alcohol categoría “F: Expendio de Cervezas” - Nº 400093, ubicada en Carrera N° 291, comuna de Illapel, local conocido por el nombre de “La Mina”, a nombre de nombre reservado, RUT N° RUT reservado.

Agrega que, de acuerdo a las exigencias legales de motivar los actos administrativos, la decisión del cuerpo colegiado, y del Alcalde, fue conforme los antecedentes registrados en la oficina de rentas municipales y por información del Juzgado de Policía Local de Illapel, Dirección de Seguridad Pública e información de la Junta de Vecinos: Los motivos que fundan tal rechazo, y que constan en el acta y registro de audio y video de la referida Sesión del Concejo, antecedente que forma parte íntegra del presente acto administrativo, serían los siguientes argumentos:

“i.- nombre reservado, Director de Administración y Finanzas: Se solicitaron antecedentes a la Junta de Vecinos, quienes informan mediante presentación acompañada a esta sesión de Concejo el desacuerdo a que se renueve la patente de alcohol al local en cuestión, acompañando medios de prueba de situaciones que alteran el orden público vinculados al funcionamiento del local, acompañando en un pendrive videos y fotografías expuestas a los Concejales; ii.- nombre reservado, Director de Seguridad Pública: De acuerdo con el informe N° 2 de seguridad pública, se indica que el local fue fiscalizado en 4 oportunidades de 2023, registrando una infracción al artículo 41 de la Ley de Alcoholes, al vender alcohol a persona en estado de ebriedad, causa que fue concluida con sentencia condenatoria en el Juzgado de Policía Local con fecha 2 de mayo de 2023 (causa 594/2023); iii.- Informe a Carabineros de Illapel, quienes indicaron mediante oficio de fecha 9 de enero de 2024, que el Local tiene asociada 3 denuncias, una por lesiones leves de fecha 21 de agosto de 2023, otra por robo en lugar no habitado de fecha 8 de octubre de 2023, y otra por lesiones leves de fecha 5 de noviembre de 2023; iv.- Concejala Janet Araya: la materia ha sido tratada en 2 sesiones previas, reuniendo antecedentes para una mejor decisión, conforme al ordenamiento jurídico. En el presente caso, el titular arrendó su patente, pero no supervisó que los arrendatarios no incurrieran en estas situaciones que afectan al orden público; v.- Concejala María Díaz, se lamenta el desorden en el funcionamiento de la patente de alcohol, por lo que correspondería aplicar lo dispuesto en el ordenamiento. Los titulares de la patente debían asegurarse del cumplimiento de las exigencias de orden público y seguridad por parte de los arrendatarios, por lo que no es posible tolerar estas situaciones que afectan a los vecinos del sector y, vi.- Concejala Hermosina Manquez, nuestra decisión se debe corresponder con lo que informan los vecinos, y hemos tomado conocimiento de vecinos que no han podido dormir con tranquilidad, ya que producto de los consumidores del local, hay personas ebrias, que además orinan fuera de sus casas, sin que se pueda salir con tranquilidad. Han sido testigo de personas que en muy mal estado por ebriedad salen del mismo local alterando el orden público. En estas circunstancias, debemos velar por la Seguridad y tranquilidad de los vecinos.”

Añade que en relación a la votación al interior del Concejo, ésta fue de la siguiente forma: “i.- Concejala María Díaz, por las denuncias del último semestre asociadas a la patente, que incluyen lesiones leves, y junto a lo informado por los vecinos, los videos que demuestran las circunstancias en que opera la patente de alcohol, el ordenamiento jurídico exige rechazar la renovación de la patente de alcohol; ii.- Concejala Janet Araya, de acuerdo con lo debatido en la sesión ordinaria N° 90 de fecha 29 de diciembre de 2023; N° 91 de fecha 5 de enero de 2024; y N° 92 de fecha 9 de enero de 2024, voy a rechazar la renovación de la patente de alcohol, por las evidencias incorporadas en la sesión. Aclaró que la decisión no solo se trata sobre el orden público en el exterior del local que le correspondería a Carabineros, sino que a las evidencias entregadas por los vecinos, en los cuales se aprecia a personas en muy mal estado de ebriedad, videos, fotografías, informes de carabineros, lo que permite sostener que los vecinos como buenos fiscalizadores de la sociedad, dan fe de su reclamo, por lo que queda por acreditado la afectación al orden y seguridad de los vecinos del sector; iii.- Concejal Fabián Olivares, de acuerdo con el detalle de los informes entregados por Seguridad, Carabineros y la Junta de Vecinos, quienes aportan evidencia del mal funcionamiento del local. He tenido presente los informes sobre infracción a la ley de alcohol condenada, así como otras denuncias remitidas a la Fiscalía Local de Illapel. Lo anterior, sumado a las evidencias de video y fotografías de lo que ocurre en el lugar. Si bien creo necesario que la comuna tenga lugares de esparcimiento y turismo, aquello debe funcionar conforme a exigencias de respeto, buena fe, con trabajo transparente y en coordinación con los vecinos, y en este caso recuerdo que en varias oportunidades fui testigo del malestar de los vecinos respecto del funcionamiento del local. Con todos los antecedentes expuestos, solo me queda rechazar la renovación de la patente de alcohol; iv.- Concejal José Luis Núñez, ya con lo expuesto por los Concejales, más los informes de los vecinos, de la dirección de seguridad en coordinación con las policías, además teniendo presente las externalidades que sufren los vecinos del sector, procedo a rechazar la renovación de la patente de alcohol; v.- Concejala Hermosina Manquez, por los antecedentes incorporados el Director DAF, Seguridad Pública, Carabineros, los informes de los vecinos, con fotos y videos, y en razón de la seguridad y tranquilidad de los vecinos, rechazó la renovación de la patente de Alcohol; vi.- Concejal Eduardo Cortés, debido a la complejidad de la patente de alcohol, teniendo presente que se ha debatido ya en las últimas 3 sesiones de Concejo, y de acuerdo a lo informado por los vecinos, situaciones ocurridas en local, el registro de infracción a la ley de alcoholes. Procedo a rechazar la renovación de patente de Alcohol; vii.- Presidente Denis Cortés Aguilera, conforme a los antecedentes de la Dirección de Seguridad Pública en el Concejo anterior, sobre las fiscalizaciones y denuncias de los vecinos, así como el informe que hoy se presenta junto con informe de Carabineros, con registro de infracción condenada a la Ley de Alcoholes, más denuncias derivadas a fiscalía, y además el informe de junta de vecinos con medio de pruebas sobre el mal funcionamiento de la patente de alcohol, también rechazo la renovación de la patente de alcohol.”

Añade que el razonamiento del Honorable Concejo Municipal, es que existe infracción a la Ley de Alcoholes por venta a persona en estado de ebriedad; lo que además se extiende al funcionamiento habitual del local que se condice con un malestar comprobable de parte de los vecinos del sector, quienes aportaron evidencias sobre este mal funcionamiento, al verificarse que los usuarios del local habitualmente estarían en un estado grave de embriaguez, y que al salir del local alteran el orden y la tranquilidad de los vecinos. A estos antecedentes se suma lo informado por Carabineros, sobre 3 denuncias derivadas a Fiscalía, por lesiones y robo en lugar no habitado, asociados al funcionamiento de la Patente de Alcohol.

Añade que los miembros del H. Concejo Municipal determinan que la gravedad de la infracción de venta de alcohol a persona ebria sumado al informe de la Junta de Vecinos y la evidencia aportada, es un hecho cuestionable al momento de decidir la renovación de la patente de alcohol, ya que se contrapone a las políticas nacionales y locales de prevención del abuso en el consumo de alcohol, por lo mismo se espera que los responsables de los locales dejen de vender alcohol a una persona que ya se encuentra en estado de ebriedad, especialmente porque implica un factor de riesgo tanto para la persona embriagada como para las demás personas en su entorno. Por lo anterior, cobra relevancia que la ley sancione este tipo de conducta de venta de alcohol a persona ebria.

Agrega que existe una basta jurisprudencia de la Contraloría General de La República ratificando la potestad de la Municipalidad para no renovar patentes de alcoholes, en el mérito de los distintos antecedentes y aspectos analizados y evaluados durante el procedimiento administrativo, entre estos Dictámenes Nº 51.824/2015; 70.162/2014; 52.317/2013; 499/2012; 16.572/2010; y 49.882/2008.

Expone que en base a la jurisprudencia administrativa citada anteriormente la Municipalidad tiene el deber de proteger el bien común e interés general del cuerpo social, por lo tanto, la Municipalidad no se encuentra restringida por aspectos objetivos para verificar la renovación de una patente de alcohol, sino que también aquellos que importan una evaluación o apreciación del municipio, relacionada en general con las funciones que se desarrollan en el ámbito del territorio comunal.

Sostiene que, de conformidad a los dictámenes 16.572/2010; y 49.882/2008, citados anteriormente, las transgresiones a la regulación del expendio de las bebidas en comento, constituye un factor que debe ser considerado para efectos del otorgamiento, renovación, caducidad o traslado de dichas patentes.

Agrega que si bien el artículo 65 letra o) de la Ley N° 18.695, entrega la facultad al Alcalde, para que previo el acuerdo del Concejo se resuelva entre otros, la renovación de las patentes de alcoholes, previa consulta a las juntas de vecinos respectiva, la Contraloría General de La República en varios dictámenes ha aportado orientación sobre los aspectos que debe considerar la Municipalidad (Alcalde y Concejo), para resolver sobre la materia.

Refiere que el Dictamen N° 16.572/2010 y N° 49.882 de 2008, orientaron a la decisión del Concejo y Alcalde, en orden a rechazar en primer término la renovación de la patente de alcohol. Los dictámenes en síntesis indican que, los procesos judiciales relacionados con la patente de alcohol ante el Juzgado de Policía Local son aspectos que pueden ser ponderados por las entidades edilicias al otorgar, renovar y trasladar patentes de alcoholes, según lo sostenido en los dictámenes Nos 25.859, de 2005, 49.882, de 2008 y 54.968, de 2009, de este Organismo de Control.

Afirma que son aspectos para considerar la seguridad pública, las molestias vecinales u otras de similar naturaleza que corresponde evaluar al municipio al otorgar, renovar o trasladar patentes de alcoholes. Sin perjuicio de lo anterior, es el propio Concejo Municipal, quien ha considerado la gravedad de los hechos que conforme a los antecedentes aportados, se mantendrían en el tiempo.

Afirma que la Municipalidad a través de su Alcalde y el H. Concejo Municipal, ejercieron la facultad legal del artículo 65 letra o) de la Ley N° 18.695, en orden a decidir sobre la renovación o no de patentes de alcoholes, determinando que la patente objeto del presente recurso, no podían ser renovadas conforme con los argumentos antes expuestos, cuestión que no constituye en caso alguno una acción u omisión arbitraria o ilegal. Además, a diferencia de lo sostenido por la recurrente, la decisión adoptada en forma alguna la imposibilita para continuar con otros giros comerciales, sin perjuicio que pueda volver a solicitar nuevamente patente de alcoholes, conforme al procedimiento administrativo pertinente.

Expone que, más allá de las referencias jurídicas del escrito de la contraparte, en síntesis, se debe tener presente que la recurrente, excusa su actuar reprochable, en que se trataría de una contribuyente de más de 30 años, y que las situaciones alegadas ocurren fuera de su local, por lo que no tiene ninguna responsabilidad en los cuestionamientos de los vecinos del local, y en un ánimo totalmente sin reflexión o mea culpa.

Añade que les extraña que se alegue en su favor la cantidad de tiempo en que ha funcionado su local con patentes de alcoholes, sin que haya reparado en las situaciones de malestar que estaba ocasionando a sus vecinos, al entorno, y además en su propio local donde se constató infracción a la Ley de Alcoholes por venta a persona en estado de ebriedad.

Asevera que los argumentos del recurrente demuestran una total falta de conexión con la realidad y la empatía, por cuanto el derecho de propiedad o a ejercer una actividad económica, no es absoluto en desmedro de la seguridad y libertades de las demás personas del entorno de la recurrente, en este sentido no existen derechos fundamentales superiores a otro, sino que deben ser ponderados en el caso en concreto, y dicha exigencia también no solo corre para el tribunal sino también cuando el municipio debe dictar un acto de autoridad y tal como ocurrió en la especie, velando por el interés de la seguridad y orden de los vecinos del sector.

Sostiene que queda de manifiesto que la intención del legislador en esta materia ha sido de sumo cuidado, encomendando todo un procedimiento de renovación periódica y constatación de la situación de los contribuyentes. Por lo mismo, cree que no es tolerable que se disminuya o se reste importancia a las consecuencias generadas por el local a su entorno, por cuanto ha quedado demostrado, ni tampoco se ha impugnado la infracción a la ley de alcoholes motivo por el cual el Concejo Municipal optó por rechazar la renovación de la patente. Además, se ha indicado que dicha circunstancia no es el argumento exclusivo del Concejo para tal decisión, sino que también el contexto informado por la Junta de Vecinos Gabriela Mistral,.

Insiste que la decisión solo afecta a la patente de alcoholes, por cuanto la recurrente podrá realizar cualquier giro comercial que estime oportuno, o incluso solicitar nuevamente patentes de alcoholes, sin perjuicio de la debida evaluación de antecedentes que realiza el Concejo conforme a la Ley N° 18.695 y Ley de Alcoholes.

Estima que la Municipalidad de Illapel se ajustó a derecho, al resolver con su Concejo Municipal, la no renovación de la patente de alcoholes, en virtud de los antecedentes que fueron aportados durante el proceso, en dicho mérito se debe rechazar el presente recurso.

Solicita tener por evacuado el informe requerido a su representada, tenerla como parte en el presente recurso y que el recurso sea rechazado en todas sus partes con costas.

Acompaña los siguientes documentos: 1.- Decreto Exento Nº 94 de fecha 25 de enero de 2024 y, 2.- Set de fotografías aportadas por la Junta de Vecinos Gabriela Mistral.

TERCERO: Que, en forma previa a la vista de la causa, el recurrente acompañó los siguientes documentos: 1.- Informa prórroga de solicitud de información MU110T000158; 2.- Informa prórroga de solicitud de información MU110T0001590, y 3.- Informa prórroga de solicitud de información MU110T0001593. Por su parte, la entidad edilicia recurrida acompañó en la misma oportunidad los siguientes documentos: 1.- Dictámenes: N° 51.824/2015; 70.162/2014; 52.317/2013; 499/2012; 16.572/2010 y 49.882/2008; 2.- Carta de fecha 8 de enero de 2024 de la Junta de Vecinos Gabriela Mistral, que forma parte de los antecedentes que orientaron la decisión contenida en el acto administrativo impugnado en la presente causa; 3.- Informe N° 2 de la Dirección de Seguridad Pública, que forma parte de los antecedentes que orientaron la decisión contenida en el acto administrativo impugnado y, 4.- Oficio N° 4 de fecha 9 de enero de 2024 de Carabineros de Chile, que forma parte de los antecedentes que orientaron la decisión contenida en el acto administrativo impugnado.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales con-templado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en la misma disposición se enumeran, ello mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias dirigidas a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio de tales garantías fundamentales.

QUINTO: Que, como se desprende de lo expuesto, constituye requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que proviene de la persona natural o jurídica o entidad contra el cual se deduce la acción de protección. Es decir la conducta que se imputa -acción u omisión- deber ser contraria a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEXTO: Que, la acción de protección deducida en estos autos dice relación con la decisión adoptada del Concejo Municipal de Illapel en la sesión ordinaria N° 92, realizada el 9 de enero de 2024, en la que se acordó por unanimidad de los Concejales, rechazar la solicitud de renovación de la patente de alcohol categoría “F: Expendio de Cervezas-Nº 400093, ubicada en Carrera N° 291, comuna de Illapel, local conocido por el nombre de ‘La Mina’, a nombre de nombre reservado, RUT N° RUT reservado. Dicha decisión administrativa posteriormente se materializa en el Decreto Exento N° 94 de fecha 25 de enero de 2024, acto administrativo en el que se exponen los fundamentos fácticos tenidos en cuenta para la decisión del citado Concejo y los antecedentes tenidos a la vista, ello además de la votación de cada concejal y los fundamentos del mismo.

SÉPTIMO: Que, un elemento esencial de todo acto administrativo lo constituye su fundamentación, respecto del cual se ha sostenido que se trata de “un requisito indispensable que debe encontrarse siempre presente” (E. Corte Suprema, rol N° 27.467-2014), de forma tal que y si el acto aparece “desmotivado” o con “razones justificativas vagas, imprecisas y que no se avienen al caso concreto”, carece de un elemento esencial (E. Corte Suprema, rol N° 27.467-2014), de manera que la motivación sobre la base de fundamentos “meramente formales” implica arbitrariedad e ilegalidad (E. Corte Suprema, rol N° 27.467-2014), siendo una exigencia imperativa del acto administrativo que obliga a toda autoridad administrativa el “fundarlo debidamente en todos los antecedentes y circunstancias que el caso” (E. Corte Suprema, rol N° 58.971-2016). La Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, consagra los principios de transparencia y publicidad, en cuanto permite y promueve el conocimiento del contenido y fundamentos de las decisiones que adopten los órganos de la Administración del Estado. El artículo 11 inciso segundo del texto legal citado, establece la obligación de motivar en el mismo acto administrativo la decisión, los hechos y fundamentos de derecho que afecten los derechos o prerrogativas de las personas y por su parte el artículo 41 inciso cuarto del aludido texto legal dispone que “las resoluciones que contenga la decisión serán fundadas”. Exigencia que, por lo demás, resulta enteramente coherente al mandato contenido en el artículo 8° de la Constitución Política de la República y que se vincula directamente al principio de “Interdicción de la Arbitrariedad” contenida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, en cuanto la motivación del acto exterioriza las razones que han llevado a la Administración a dictarlo, exigencia que se impone en virtud del principio de legalidad y que hace posible el control de la arbitrariedad por cuanto permite evaluar la razonabilidad del acto, la idoneidad de los medios y la proporcionalidad.

OCTAVO: Que, el considerando quinto del ya referido Decreto Exento Nº: 00094/2024, de 25/ 01/ 2024, al establecer el supuesto fáctico que justifica la decisión administrativa señala: “El razonamiento del Honorable Concejo Municipal, es que existe infracción a la Ley de Alcoholes por venta a persona en estado de ebriedad; lo que además se extiende al funcionamiento habitual del local que se condice con un malestar comprobable de parte de los vecinos del sector, quienes aportaron evidencias sobre este mal funcionamiento, al verificarse que los usuarios del local habitualmente estarían en un estado grave de embriaguez, y que al salir del local alteran el orden y la tranquilidad de los vecinos. A estos antecedentes se suma lo informado por Carabineros, sobre 3 denuncias derivas a Fiscalía, por lesiones y robo en lugar no habitado, asociados al funcionamiento de la Patente de Alcohol”.

NOVENO: Que, al examinarse el Informe N° 2 de la Dirección de Seguridad Pública, que forma parte de los antecedentes que orientaron la decisión contenida en el acto administrativo impugnado conforme se afirma en el escrito por el cual se agregó al proceso, se exponen los siguientes antecedentes: 1.- Infracciones de Alcoholes: • 01 Infracción de Alcoholes: 14.04.2023 Infracción Art. 41° “Venta de Alcohol a persona ebria”; 2. Fiscalizaciones realizadas local de Alcoholes “La Mina” Inspectores Municipales: 04 fiscalizaciones año 2023 y, 3.- Denuncias que afecta al local de Alcoholes “La Mina” remitidas a la Fiscalía Local de Illapel: • 03 Denuncias año 2023: - Lesiones Leves, de fecha 21.08.2023; - Lesiones Leves, de fecha 05.11.2023 y, Robo lugar no habitado de fecha 08.10.2023. Además de ello, se agregan diversas fotografías respecto de las referidas fiscalizaciones. En relación a las referidas fotografías, no existe constancia en ellas del día y hora en que se realizaron las fiscalizaciones e, incluso, tampoco queda claro cuál es el local fiscalizado y si el que lo fue corresponde o no a aquel que amparaba la patente de alcoholes objeto del presente recurso, ello en razón que algunas fotografías corresponden a un recinto que se ubica claramente en una esquina y otro recinto, diverso atendiendo además los colores de los muros, a un local que no se ubica en una esquina y respecto del cual no se observa ni el nombre del local comercial, ni la dirección. Si bien en el informe se establece que el local comercial se le habría cursado una infracción el día 14 de abril de 2023 por “Venta de Alcohol a persona ebria” (artículo 41 de la Ley N° 19.995), no se encuentra acreditado que ocurrió con dicha infracción y, por tanto, si ella fue constatada finalmente previo proceso legalmente tramitado, por cuanto no hay copia de la sentencia en que el juez de policía local competente haya determinado o no la existencia efectiva de los hechos y aplicado la respectiva multa. En relación a las denuncias que se afirman habrían afectado el local comercial “La Mina” y que se habrían remitido a la Fiscalía Local de Illapel, no se acompañan copia de las respectivas denuncias, de forma tal que se ignora completamente si los hechos a que se refieren tales denuncias ocurrieron en el interior o en el exterior del local comercial referido o si quien tiene calidad de víctimas y/o imputados de tales hechos corresponden a terceros o a dependientes del recinto comercial, a su dueño o regente, de forma que la mera circunstancia de una denuncia -que es lo establecido en autos- no permite concluir, como lo fundamenta el acto administrativo impugnado, que ello es evidencia “sobre este mal funcionamiento, al verificarse que los usuarios del local habitualmente estarían en un estado grave de embriaguez, y que al salir del local alteran el orden y la tranquilidad de los vecinos”, afirmación fáctica que sostiene el acto administrativo impugnado y que, conforme un simple análisis de los antecedentes acompañados, no permiten concluir, de forma razonable y unívoca, el supuesto de hecho en que se sostiene la decisión impugnada a la luz de su motivación quinta. Algo similar ocurre con la carta de fecha 8 de enero de 2024 de la Junta de Vecinos Gabriela Mistral, por cuanto, ella contiene una serie de alegaciones y afirmaciones que dice relación con la afectación de la tranquilidad pública y que supuestamente el causante de ello sería la venta de alcohol que se realiza en el recinto, sin embargo, al menos en estos autos, no existe ningún medio de corroboración que así lo justifique y, por otro, de ser efectivo ello, se trataría a acciones de terceros y no de dependientes, de dueño y/o de administrador del recinto comercial “La Mina”, de forma que, se estaría imputando hechos que justifican la decisión administrativa impugnada sin fundamento real o, al menos, con un grado de certeza que permita fundar una decisión administrativa que genera efectos adversos en el administrado quien, hasta con anterioridad de la decisión administrativa impugnada, había obtenido sucesivas renovaciones de su patente de alcoholes.

DÉCIMO: Que, resulta indudable, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 65 letra o) de ley 18.695, que la autoridad municipalidad se encuentra legalmente facultada para decidir la renovación o no de una patente de alcoholes, ello con el acuerdo previo del Concejo y considerando el informe que debe ser evacuado por la Junta de Vecinos del lugar donde se emplaza el establecimiento comercial que detenta la patente que se solicita renovar. Sin embargo, la decisión del Concejo de la I. Municipalidad de Illapel objeto de impugnación por la presente vía de protección y el respectivo acto administrativo materializado en Decreto Exento Nº: 00094/2024, de 25/ 01/ 2024, se han fundado en situaciones informadas por las entidades y organismo señalados precedentemente de carácter genérico e inespecífico, que además de no estar fehacientemente establecidas, no permiten vincular de forma alguna la afectación de las condiciones de seguridad y/o tranquilidad ciudadana del sector en que se emplaza el establecimiento comercial ya tantas veces señalado y que fundamenta el acto administrativo, con la actividad realizada en el mismo y/o la venta de alcohol, menos aún permiten determinar que el origen de los delitos informados sean consecuencia de tales actividades o que en el interior del recinto se comenten delitos. De esta forma, a juicio de estos sentenciadores, no existe antecedente fáctico alguno, que permita inferir o concluir, de forma fehaciente, que en el local comercial “La Mina” ocurran hechos eventualmente constitutivos de delito o conductas contrarias a la regulación del expendio de bebidas alcohólicas que sean promovidas o desarrolladas por sus dependientes, administradores o dueños y/o que incidan en la seguridad y/o tranquilidad ciudadana, conforme se afirma en el acto impugnado para justificar la decisión.

UNDÉCIMO: Que, si bien, el acceso a una patente de alcoholes no constituye un derecho absoluto, sino que está constituido por un permiso temporal que, otorgado conforme a la ley, permite el expendio de tal tipo de bebidas en la medida que se mantengan los supuestos que la hicieron otorgar y no exista motivo legítimo para que no sea renovada -dada su vigencia temporal- o caducada, en caso de justificarse, ello no significa que el acto administrativo que ordene su no renovación no deba ser fundamentado conforme lo que la Constitución Política de la República exige y, especialmente, atendiendo lo que dispone la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, de modo tal que una fundamentación meramente formal, como la que ocurre en este caso particular, o que no se sustenta en elementos de facto debidamente establecidos en forma previa a la decisión, tornan la misma en ilegal y arbitraria. En efecto, ello afecta y violenta la debida fundamentación del acto administrativo la cual exige que la Administración motive el mismo en hechos reales, comprobados y objetivos, de forma tal que la Administración no puede crear los hechos o sustentar sus decisiones en hechos inexistentes o no comprobables, toda vez que ello afecta su validez y tornándolo en arbitrario, ya que la exigencia de validez del mismo dice relación con que debe “encontrarse motivado en consideraciones que no dejen duda alguna sobre la procedencia de la decisión adoptada en razón del interés público involucrado” (E. Corte Suprema, rol 7025-2017), lo cual, en el caso de autos, por las razones ya consignadas, no se cumple.

DECIMOSEGUNDO: Que, por tanto, la indebida fundamentación explicada en los consideraciones precedentes, torna en arbitraria la decisión impugnada, toda vez que el acto administrativo que se materializa en la decisión de no renovar la patente de alcoholes categoría “F: Expendio de Cervezas-Nº 400093, ubicada en Carrera N° 291, comuna de Illapel, local conocido por el nombre de ‘La Mina’, a nombre de nombre reservado, RUT N° RUT reservado”, se encuentra desprovista de los fundamentos de hecho exigidos por el legislador para justificarla, sustentándose en el solo capricho o mera voluntad de la autoridad municipal que la adopta, haciendo imposible, en el caso de autos, determinar los motivos que han conducido a la autoridad a tomar la decisión. Así, se estima que la Municipalidad de Illapel, por intermedio de su Concejo, se encontraba impedida de adoptar la decisión reclamada, por cuanto carecía de los elementos de juicio necesarios e indispensables para sustentarla, advirtiéndose, entonces, que la falta de motivación para arribar a la resolución de negar la renovación de la patente de alcoholes generó para el recurrente una diferenciación inmotivada y, por ende, arbitraria, que ha infringido la garantía contemplada en el numeral 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, circunstancia que conduce necesariamente al acogimiento de la acción constitucional interpuesta.

DECIMOTECERO: Que, adicionalmente, la conducta del organismo recurrido afecta y lesiona el derecho a desarrollar una actividad económica que no resulta contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas que regulan la actividad, derecho fundamental contemplado en el número 21 del artículo 19 de la Constitución Política, por cuanto impide la realización de actividades comerciales en la venta de sustancias alcohólicas y si bien resulta indudable que las patentes de alcoholes, por expresa disposición legal son revisables y eventualmente renovables cada 6 meses, no es menos cierto que, otorgada la respectiva patente de alcoholes y manteniéndose las condiciones que permitieron su concesión no es posible que el Concejo niegue su acuerdo al otorgamiento o renovación, salvo que exista un obstáculo legal que se oponga a ello, de forma tal que mientras se den los requisitos legales respectivos, si existe un derecho de dominio sobre la misma, derecho de dominio que incluso permite la transferencia de la patente conforme expresamente lo autoriza el artículo 4° de la Ley N° 19.925. De esta forma, dado el carácter arbitrario del acto recurrido, éste afecta también el derecho de dominio consagrado en el N° 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República de que es titular la recurrente.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Illapel, consistente en el acuerdo de no renovar la patente de alcoholes F, de expendio de cervezas, Nº 400093, que ampara al recinto ubicado en domicilio reservado, en que funciona el establecimiento comercial con el nombre de fantasía “La Mina”, a nombre de nombre reservado, RUT N° RUT reservado, debiendo disponer la renovación de la referida patente, por el primer semestre del año 2024, adoptando el procedimiento pertinente.

Acordada con el voto en contra del ministro Sr. Troncoso, quien estuvo por rechazar el recurso interpuesto, teniendo para ello presente que tanto la decisión del Concejo Municipal como el Decreto Alcaldicio cuentan con una fundamentación extensa y suficiente, al apoyarse tanto en la opinión de la Junta de Vecinos Gabriela Mistral como en la información aportada por la Dirección de Seguridad Pública y de Carabineros de Chile, y que la revisión de la corrección sustantiva de dichos antecedentes excede el marco de una acción cautelar de urgencia como el presente recurso de protección, pues ha implicado una necesaria valoración probatoria para superar la controversia fáctica entre los litigantes, situación propia de un juicio de lato conocimiento, y en caso de autos, de los recursos previstos en tanto en la propia Ley Orgánica de Municipalidades como en la Ley 19.880.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante señor Enrique Labarca Cortés.

Rol N° 133-2024 (Protección).-