Protección contra TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

nombre reservado

Tesorería General de la República Recurso de protección Rol Nº1326-2026 La Serena, ocho de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, profesión u oficio desconocido, con domicilio en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra de TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Rol único tributario N° 60.805.000 0, representada legalmente por nombre reservado

Reyes, profesión u oficio desconocido, ambos con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana, por el acto que señala como ilegal y arbitrario, consistente en la iniciación de un procedimiento de cobro fundado en normas del Código Tributario para perseguir una deuda proveniente de un crédito con garantía estatal regulado por la Ley N°20.027, lo que vulneraría sus derechos fundamentales a la igualdad ante la ley, el derecho a un justo y racional procedimiento, y su derecho de propiedad, de los numerales 2, 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política.

Expone que, en el contexto de un plan general de recuperación de créditos CAE, el 06 de abril de 2026 Tesorería dictó un mandamiento de ejecución y embargo, ordenando requerirla de pago y, en su defecto, embargar bienes de su propiedad, incluso con auxilio de la fuerza pública. Indica que dicho acto le fue notificado por correo electrónico el 13 de julio de 2026 y que se sustenta expresamente en los artículos 171 y siguientes del Código Tributario. Añade que la recurrida emitió una nómina o certificado que lo individualiza como deudora de $8.315.418, por concepto de “CRED CAE L20027”.

Argumenta que, conforme al artículo 169 del Código Tributario, las nóminas de deudores tienen mérito ejecutivo respecto de obligaciones tributarias, citando jurisprudencia de la Corte Suprema (Rol N° 7367-2024) que habría reconocido que las deudas provenientes del CAE constituyen deudas del sector público, pero no tienen carácter tributario. De ello concluye que una obligación derivada del CAE no puede subsumirse dentro del Código Tributario y que la nómina utilizada por la recurrida carece de aptitud para constituir título ejecutivo en este caso.

A continuación, en cuanto a la naturaleza jurídica de la obligación, afirma que ésta se origina en un contrato de mutuo celebrado con una institución financiera y que los verdaderos títulos en que consta la deuda son los pagarés suscritos por el recurrente. La intervención del Fisco se produciría únicamente por el sistema de garantía establecido en la Ley N° 20.027: pagada la deuda al acreedor original, operaría la subrogación legal de los artículos 1608 y 1610 del Código Civil. Por ello, sostiene que el Fisco reemplaza al acreedor, sin crear una obligación nueva ni modificar su naturaleza, que continúa siendo eminentemente civil.

Afirma que la recurrida posee facultades para cobrar créditos del sector público, entre ellas las contempladas en el artículo 2 del DFL N° 1 de 1994 y en el artículo 35 del Decreto Ley N° 1.263. Sin embargo, sostiene que tales disposiciones tienen un carácter meramente instrumental y no autorizan a Tesorería a alterar la naturaleza de la obligación, sustituir el título en que ésta consta ni extender el ámbito de aplicación del Código Tributario a obligaciones no tributarias. Afirma que una interpretación contraria importaría atribuir a la Administración potestades no conferidas por la ley, infringiendo el principio de juridicidad.

Enseguida, cuestiona la sustitución del pagaré por una nómina administrativa de deudores. Sostiene que esa nómina únicamente da cuenta de una supuesta deuda, pero no contiene su fuente jurídica ni sus condiciones esenciales, mientras que los pagarés sí constituyen los títulos en que consta la obligación. Afirma que reconocer mérito ejecutivo a la nómina supone extender una norma excepcional (el artículo 169 del Código Tributario) fuera de su ámbito propio, infringiendo los artículos 1 y 4 del mismo Código y tornando ilegal el procedimiento desde su origen.

Luego, insiste en que no se trata de una mera discusión de legalidad ordinaria, sino de un uso desviado de potestades públicas, pues la Tesorería habría aplicado un procedimiento de ejecución tributaria a una obligación ajena a dicho ámbito, habilitando medidas invasivas como el embargo sin existir habilitación legal suficiente. Invoca los artículos 6 y 7 de la Constitución y los artículos 1 y 4 del Código Tributario, sosteniendo que la recurrida habría actuado fuera de su competencia y extendido indebidamente un régimen excepcional.

En cuanto a las garantías constitucionales, denuncia primeramente infracción al principio de juridicidad, porque la recurrida habría ejercido potestades que la ley no le confiere para esta clase de obligaciones.

Luego estima vulnerada la igualdad ante la ley del artículo 19 N°2, pues se le habría sometido a un régimen propio de deudores tributarios, más gravoso y expedito, a diferencia de otros deudores civiles o crediticios sujetos a procedimientos judiciales ordinarios.

Asimismo, acusa vulneración del artículo 19 N°3 de la Constitución, porque el procedimiento tributario restringiría sustancialmente sus medios de defensa: limitaría las excepciones oponibles y las posibilidades probatorias, permitiría una ejecución forzada temprana y carecería de un contradictorio pleno previo a la adopción de medidas patrimoniales. Añade que la recurrida asumiría simultáneamente la determinación de la deuda, la generación del supuesto título ejecutivo y su ejecución, sin intervención previa de un tribunal imparcial. Vincula esta alegación con el artículo 18 bis de la Ley N° 20.027, que dispone que las acciones de cobro de estos créditos deben sujetarse a las reglas generales de procedimiento, esto es, ser conocidas por los tribunales ordinarios conforme al derecho común. Por ello, estima que la TGR ha sustituido el procedimiento previsto en la ley especial por un régimen ejecutivo administrativo fundado en el Código Tributario, desconociendo además el principio de especialidad normativa.

Finalmente, sostiene vulnerado el derecho de propiedad del artículo 19 N°24, porque el procedimiento cuestionado habilita la afectación directa de su patrimonio mediante el embargo. Al carecer de base legal válida, toda medida de ejecución derivada de dicho procedimiento constituiría, al menos, una perturbación ilegítima de su propiedad y eventualmente una privación, si llegare a materializarse el embargo.

Por ello, solicita que se acoja el recurso de protección, dejando sin efecto el procedimiento de cobro iniciado por la recurrida, incluyendo el mandamiento de ejecución y embargo; se ordene a la recurrida abstenerse de continuar con dicho procedimiento de cobro por la vía tributaria; se adopten todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del recurrente; con costas.

SEGUNDO: Que, a folio 8 del expediente, se evacuó informe por la recurrida, solicitando el rechazo del recurso.

En primer lugar, afirma que no existe demanda ni expediente administrativo de cobranza vigente asociado al RUT de la recurrente, ni consta la confección de una nómina de deudores morosos, el despacho de un mandamiento de ejecución y embargo, requerimiento de pago o medida de apremio alguna.

Señala que el único documento acompañado por la actora es un certificado de deuda, que acredita una acreencia CAE registrada mediante Formulario 34, folio N° NUM000, pero que no equivale a una nómina del artículo 169 del Código Tributario ni demuestra la existencia de un procedimiento ejecutivo. Agrega que tampoco se acompañó el supuesto correo electrónico de notificación de 13 de julio de 2026 ni copia del mandamiento invocado. Por ello, sostiene que el recurso carece de objeto cautelar actual, pues pretende dejar sin efecto actuaciones que no existen o no se encuentran acreditadas. Asimismo, estima improcedente solicitar que Tesorería se abstenga de iniciar futuras cobranzas, porque ello convertiría la protección en una acción declarativa o preventiva destinada a impedir anticipadamente el ejercicio de potestades legales frente a actuaciones todavía inexistentes.

Añade que la controversia jurídica planteada (sobre el régimen aplicable a la cobranza del CAE) es compleja y no versa sobre un derecho preexistente e indubitado susceptible de tutela por esta vía sumaria.

Respecto del fondo, reconoce que el CAE no constituye un tributo, pero distingue entre la naturaleza originaria de la obligación y el régimen legal aplicable a su recuperación una vez que la acreencia ingresa al ámbito fiscal. Invoca el artículo 35 del DL N° 1.263, conforme al cual corresponde a Tesorería cobrar créditos del sector público utilizando los procedimientos administrativos y judiciales del Código Tributario, cualquiera sea la naturaleza del crédito. Por ello, niega que exista una transformación de la deuda civil en tributaria: se trataría simplemente de una remisión legal expresa a un determinado procedimiento de cobranza.

Sostiene también que los artículos 1° y 4° del Código Tributario no impiden esa aplicación, pues ésta no deriva de una analogía, sino de la remisión expresa del artículo 35 del Decreto Ley N°1.263. Asimismo, afirma que el artículo 18 bis de la Ley N°20.027 no establece que el juicio ejecutivo civil sea la única vía de cobro ni excluye el régimen general de cobranza de Tesorería.

En cuanto al título ejecutivo, explica que el certificado de deuda acompañado por la recurrente no es la nómina de deudores morosos del artículo 169. Si se iniciara válidamente una cobranza fiscal, esa nómina constituiría el título ejecutivo procesal previsto por la ley, sin que ello implique sustituir ilegítimamente los pagarés ni crear una nueva obligación.

Respecto de la jurisprudencia invocada por la actora, sostiene que el fallo Rol N°7.367-2024 sólo reconoce la naturaleza no tributaria del CAE, cuestión que Tesorería no controvierte, pero que no resuelve si un crédito del sector público puede someterse por disposición legal al procedimiento de cobranza tributaria. Añade que ese precedente se referiría principalmente a compensaciones o retenciones, mientras que la sentencia Rol N° 54.802-2024 habría reconocido la existencia de una deuda fiscal CAE y las facultades de Tesorería para su cobranza.

Finalmente, descarta la vulneración de las garantías invocadas, reiterando que no existe actualmente procedimiento ejecutivo, embargo, retención ni afectación patrimonial alguna, por lo que solicita el rechazo de la acción.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

CUARTO: Que, como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción constitucional de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria, y que provoque alguna de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

QUINTO: Que, en el caso de marras, el recurso de protección ha sido entablado en contra de Tesorería General de la República, por la iniciación de un procedimiento de cobro fundado en normas del Código Tributario para perseguir una deuda proveniente de un crédito con garantía estatal regulado por la Ley N°20.027.

Solicita que se deje sin efecto el procedimiento de cobro iniciado por la recurrida, incluyendo el mandamiento de ejecución y embargo; se ordene a la recurrida abstenerse de continuar con dicho procedimiento de cobro por la vía tributaria; y se adopten todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del recurrente.

SEXTO: Que, en este escenario, es preciso considerar que, de los antecedentes acompañados en autos, se advierte que la recurrida no ha iniciado ningún procedimiento ejecutivo de cobro respecto de la actora, como tampoco ha despachado mandamiento de ejecución y embargo, requerimiento de pago o medida de apremio alguna respecto de aquella. En efecto, la recurrente no ha acreditado la existencia de algún procedimiento de cobro de la deuda por concepto de CAE, pues el Formulario 34, folio NUM000, únicamente acredita la existencia de una deuda registrada en favor del Fisco, pero no un procedimiento ejecutivo, sin que se acompañara algún otro elemento de juicio para demostrarlo; presupuesto fáctico que resulta básico para que esta Corte pueda estar en posición de adoptar alguna medida, para resguardar alguno de los derechos fundamentales que se encuentran garantizados a través del recurso de protección.

SÉPTIMO: Que, conforme a lo anterior, es que se verifica que la situación de hecho que motivó la interposición de la presente acción cautelar, esto es, la existencia de un supuesto procedimiento de cobro para perseguir una deuda proveniente de un crédito con garantía estatal regulado por la Ley N°20.027, no es efectiva, motivo por el cual sólo cabe el rechazo de la acción presentada.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de Tesorería General de la República.

Comuníquese, regístrese y archívese.

Rol N° 1326-2026 protección.