Protección contra Inspección Provincial del Trabajo de Coquimbo

nombre reservado

Inspección Provincial del Trabajo de Coquimbo Recurso de Protección Rol N°1325-2016.

La Serena, doce de Agosto de dos mil dieciséis.

VISTOS Que con fecha diecinueve de Julio de dos mi dieciséis comparece don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Coquimbo, domiciliada en domicilio reservado, solicitando que se adopten las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y en especial dejar sin efecto la resolución Nº 281 de 22 de Junio de 2016, toda vez que dicho acto administrativo perturba la garantía del debido proceso consagrada en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República.

Señala que con fecha de 19 de Mayo de 2016 se le sancionó por la Inspección Provincial del Trabajo de Coquimbo con una serie de multas a beneficio fiscal, mediante Resolución Administrativa N° 3120/16/17, la que fue notificada al actor el día 20 de Mayo de 2016.

Agrega, que el día 20 de Junio de 2016, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 506 ter del Código del Trabajo, el recurrente solicitó la sustitución de las multas aplicadas por la incorporación a un programa de asistencia al cumplimiento, comunicando la recurrida, mediante la resolución que se impugna, esto es, la número 281 de 22 de Junio de 2016, que la solicitud no fue presentada dentro de los 30 días corridos contados desde la notificación de la resolución de multa, único motivo que llevó a la institución recurrida a no acoger su petición de sustitución.

Indica al efecto que existen diversas disposiciones en el Código del Trabajo que reafirman que la sustitución de multa y la reconsideración son actos de carácter administrativos, mencionando al efecto, el artículo 503 y 504 del Código del ramo, así como el epígrafe del título II referido al procedimiento de reclamación de multas y demás resoluciones administrativas, de las que se infiere que estamos ante un procedimiento administrativo.

De esta forma resultaría aplicable en la especie el artículo 25 de la Ley N° 19.880, artículo que regula el cómputo de los plazos en los procedimientos administrativos determinando que son inhábiles los días sábados, domingos y festivos para estos efectos.

En consecuencia resultaría evidente que se ha cometido un error en la resolución N° 281 de 22 de Junio de 2016, privando así al recurrente de forma arbitraria e ilegal del derecho al debido proceso, habiendo presentado su solicitud dentro de plazo legal, señalando que en la resolución no se esbozó ningún otro argumento que no fuera la extemporaneidad para desestimar su petición.

En razón de lo expuesto concluye solicitando que, en definitiva, se acoja la presente acción de protección, dejando sin efecto la resolución N° 281 de 22 de Junio de 2016, por ser ilegal y arbitraria, con costas.

Que a fojas 45, comparece don Osvaldo Véliz Rojas, abogado en representación de la recurrida, evacuando el informe requerido en autos, solicitando el rechazo de la presente acción constitucional con expresa condenación en costas.

Expone que el día 19 de Mayo de 2016, en el marco de un proceso de fiscalización se cursó al recurrente las multas contenidas en la resolución 3120.2016.17, siendo notificado un representante de la empresa con fecha 20 de Mayo de dos mil dieciséis, siendo efectivo que posteriormente, con fecha 20 de Junio de 2016 (al día 31 corrido) el recurrente solicitó la sustitución de la multa cursada de conformidad con el artículo 506 ter N° 1 del Código del Trabajo.

Señala que habiéndose verificado que la solicitud referida fue presentada fuera del plazo legal de 30 días corridos, se le declaró inadmisible por extemporánea mediante resolución N° 281 de 22 de Junio de 2016.

Expone el informante que los artículos 506 ter y 512 del Código del trabajo no especificaron la naturaleza del plazo para la interposición de las solicitudes a que ellos aluden, siendo el caso que las normas del Código Laboral que establecen plazos de días útiles, como los artículos 435 y 312 del texto señalado no resultan aplicables en la especie, de forma que debe acudirse a la regla supletoria establecida en el artículo 50 del Código Civil, que dispone que los plazos en general son de días corridos, razonamiento que ha sido aplicado por los tribunales de justicia conforme a la jurisprudencia que cita en su libelo.

Añade que el artículo 25 de la Ley 19.880 no resulta aplicable en esta materia ya que es ajena a la realidad y a los principios laborales, no existiendo un vacío que deba ser suplido por el referido texto legal al contemplar el artículo 506 ter del Código del Trabajo una regulación especial, por lo que no cabe sostener que el plazo se suspenda los días sábados, domingos o festivos.

Reforzaría lo anterior los dictámenes de la Contraloría General de la república Nº 64.985 de 20 de Noviembre de dos mil nueve y Nº 17.344 de 10 de Marzo de 2014 que determinaron que el plazo es de días corridos.

Estima en razón de lo expuesto que no ha existido ilegalidad ni arbitrariedad alguna en el accionar de la Inspección recurrida y que no se ha vulnerado garantía alguna ya que el organismo fiscalizador aplica el mismo criterio respecto de todos los administrados, de acuerdo a las instrucciones del Servicio y de Contraloría General de la República no vulnerándose el derecho al debido proceso pues era carga de la empresa presentar sus defensas dentro del plazo legal.

Que con fecha diez de Agosto último se trajo los autos en relación.

CONSIDERANDO PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEGUNDO: Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

TERCERO: Que la recurrente estima como ilegal y arbitraria la decisión de la Inspección Provincial del Trabajo de Coquimbo adoptada mediante resolución 281 de fecha 22 de Junio del 2016, en virtud de la cual rechazó la solicitud de sustitución de multa que se formuló en contra de la Resolución de Multa N° 3120.2016.17, por estimar que había sido presentada en forma extemporánea, al no haber sido intentada dentro de los 30 días corridos contados desde la notificación de la referida resolución, agregando que la interpretación que efectúa la autoridad administrativa resulta errónea, toda vez que no considera la normativa supletoria que debe aplicarse en esta materia, vale decir, el artículo 25 de la ley 19.880, precepto que regula el cómputo de los plazos en los procedimientos administrativos, estableciendo que son hábiles los días sábados, domingos y festivos para tal efecto, por lo que la decisión recurrida vulnera las garantías del numeral 3 del artículo 19 de la Carta Fundamental, por cuanto al resolver la solicitud de sustitución ha vulnerado el derecho a un debido proceso que asiste al recurrente.

CUARTO: Que, por su parte, la recurrida al informar expuso que el día 19 de Mayo del 2016, se cursaron a la recurrente las multas contenidas en la resolución 3120.2016.17, que le fue notificada a un representante de la empresa con fecha 20 de Mayo del presente año, añadiendo que con fecha 20 de Junio último, la empresa solicitó la sustitución de las multas cursadas, por lo que habiéndose verificado la presentación de dicha solicitud fuera del plazo legal de 30 días corridos, la Inspección Provincial del Trabajo de Coquimbo, mediante resolución N° 281 de 22 de Junio de 2016, rechazó por extemporánea la petición, agregando el informante que el artículo 506 ter del Código del Trabajo no especificó la naturaleza del plazo para la interposición de la solicitud de reconsideración administrativa, de manera que debe acudirse a la regla supletoria establecida en el artículo 50 del Código Civil, que dispone que los plazos en general son de días corridos.

QUINTO: Que el artículo 1° inciso 1° de la ley 19.880 indica que dicho texto legal establece y regula las bases del procedimiento administrativo de los actos de la Administración del Estado, agregando que en caso de que la ley establezca procedimientos administrativos especiales, esta ley se aplicará con carácter de supletoria. Enseguida, en su artículo 2° previene que sus preceptos serán aplicables a los ministerios, las intendencias, las gobernaciones y los servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa; y, en fin, el inciso 1° del artículo 25 del referido cuerpo normativo prescribe que los plazos de días establecidos en esta ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.

SEXTO: Que la solicitud de sustitución de multa intentada por la recurrente ante la Inspección del Trabajo constituye una solicitud que ha de entablarse en sede administrativa, de modo que al no existir norma expresa que disponga lo contrario, deben aplicarse supletoriamente las normas de la citada ley 19.880 y, en el caso de autos, por consiguiente, efectivamente resulta aplicable su artículo 25, en lo relativo al cómputo de los plazos para la presentación de la aludida petición. En consecuencia, sólo cabe concluir que el referido plazo no es de días corridos, como ha pretendido la recurrida, sino de días hábiles, entendiéndose como inhábiles, conforme al precepto aludido, los días sábados, los domingos y los festivos.

SÉPTIMO: Que, al respecto, conveniente es consignar que no es posible interpretar que a falta de norma expresa en el artículo 506 ter del Código del Trabajo en relación a la forma de computar el plazo de 30 días allí contemplado, deba aplicarse supletoriamente el artículo 50 del Código Civil -norma referida al cómputo del plazo de días corridos- por cuanto, según se ha dicho, el artículo 25 de la ley 19.880 dispone que en los procedimientos administrativos los plazos de días que se establecen son de días hábiles, quedando excluidos las jornadas que la misma disposición indica.

OCTAVO: Que del mérito de los antecedentes documentales allegados al recurso y de lo expuesto por los litigantes, se infiere que la resolución multa 3120.2016.17 fue notificada al accionante con fecha 20 de Mayo del 2016 y que la solicitud de sustitución fue presentada el día 20 de Junio último; en consecuencia, solo cabe concluir que el referido recurso administrativo fue interpuesto dentro del plazo de 30 días hábiles contados desde la notificación de la mencionada Resolución de multa, vale decir, dentro del término contemplado en el artículo 503 ter del Estatuto Laboral, conforme a lo dispuesto en el precitado artículo 25 de la ley 19.880.

NOVENO: Que, atendido lo razonado precedentemente y sin perjuicio que la garantía del numeral 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República en el acápite planteado por el libelo no es materia del presente recurso, resulta en todo caso palmario que la recurrida ha incurrido en una conducta ilegal y, asimismo, arbitraria, toda vez que la interpretación plasmada en el acto administrativo reprochado, esto es, la resolución N° 281 de 20 de Mayo del 2016, vulnera la garantía de igualdad ante la ley, al negarse la tramitación de una solicitud administrativa, no obstante haber sido presentada dentro del término legal, impidiendo de esta forma al recurrente el ejercicio de sus derechos, además, de consolidar el pago de la multa, circunstancia que, asimismo, afecta su derecho de propiedad.

DÉCIMO: Que, conforme a lo reflexionado en los motivos que anteceden, la acción constitucional deberá ser acogida.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, debiendo la recurrida pronunciarse sobre la solicitud de sustitución de multa formulada por el recurrente en relación a la resolución número 3120.2016.17 de 19 de Mayo último.

Notifíquese, regístrese y archívese, en su oportunidad.

Rol N° 1325-2016. Civil Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de La Serena, integrada por los Ministros señor Vicente Hormazábal Abarzúa, señor Humberto Mondaca Díaz y la abogado integrante señora Elvira Badilla Poblete.

nombre reservado

Secretario (S)

La Serena, doce de Agosto de dos mil dieciséis, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.