Protección contra Inspección Provincial del Trabajo de Limarí-Ovalle

nombre reservado y otra Inspección Provincial del Trabajo del Limarí Recurso de Protección Rol N° 1325-2015.- La Serena, ocho de octubre de dos mil quince.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que a fojas 7,don Mario Rodríguez Ardiles, abogado, en representación de la "Congregación El nombre reservado" y en representación de la Fundación Educacional Colegio Santa María Eufrasia, domiciliada en domicilio reservado, ambas representadas por doña nombre reservado, religiosa, domiciliada en domicilio reservado, interpuso nombre reservado en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Limarí-Ovalle, representada por el Inspector Provincial don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado y en contra de don nombre reservado, del mismo domicilio en su calidad de abogado de la Inspección Provincial del Trabajo del Limarí-Ovalle, por infracción del N° 3° inciso 5° del artículo 19 de la Constitución Política del Estado al atribuirse funciones que le son propias a los tribunales de Justicia establecidos en la Constitución y las leyes. Afirma que el acto arbitrario e ilegal es el "INFORME DE FISCALIZACIÓN 0402/2015/485, emitido por la, Inspección Provincial del Trabajo de Limarí, intitulado como “INFORME DE FISCALIZACIÓN POR POSIBLE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES-PRACTICAS ANTISINDICALES", de fecha 4 de agosto del 2015, puesto en conocimiento por el Tercer Juzgado de Letras del Trabajo de Ovalle, emitido en cumplimiento a lo ordenado por el precitado tribunal, por resolución de fecha 16 de junio de 2015 en causa Rit T-2-2015 sobre tutela laboral, interpuesta por doña nombre reservado y por doña nombre reservado. La resolución dispuso la realización de un informe de fiscalización, al tenor de lo indicado en la demanda de autos, oficiando a la Inspección Provincial del Trabajo de Ovalle; encargándose de dicha diligencia don nombre reservado, siendo su informe vulneración de derechos fundamentales, consistente en "Vulneración de la libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público y vulneración de la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades." Luego refiere los hechos denunciados y contexto en que se producen, transcribiendo parte de la demanda por tutela de derechos fundamentales, consignando declaraciones de testigos además la declaración de la representante del empleador directora doña nombre reservado, describiendo la metodología utilizada en la investigación, antecedentes documentales relacionados con los hechos denunciados, visita inspectiva al Colegio Santa María Eufrasia, luego se hace una descripción de los hechos constatados emitiendo conclusiones tanto en los hechos como en el derecho, indicando como hechos constatados que: Efectivamente se realizó una misa en el establecimiento demandado, como despedida de los cuartos medios y a la que las demandantes no asistieron, debido a que esta era de carácter opcional. También resulta efectivo que las demandantes concurrieron ese mismo día un local de comida, lo que fue registrado mediante una fotografía que luego fue subida a la red social Facebook, y en la que una de las demandantes efectuó un comentario inadecuado; que el informe refiere una colisión de los derechos fundamentales de las trabajadoras con el ejercicio de las facultades del empleador haciendo un análisis de las mismas y emitiendo un juicio de ponderación de las garantías fundamentales en conflicto: poder de dirección de la empresa y por la otra, el derecho a la vida privada y la libertad de opinión e información de las demandantes, conforme a los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas que infringen otra garantía fundamental, emitiendo como conclusión “que existen indicios suficientes que den cuenta de la lesión al derecho a la libertad de opinión y de informar sin censura previa (art. 19 n° 12 inc. 1) tutelado por el artículo 485 del Código del Trabajo.", apareciendo el informe de fiscalización del recurrido nombre reservado; agrega que si bien el artículo 489 inciso 6° del Código del Trabajo, establece la facultad del juez de la causa de requerir el informe de fiscalización a que se refiere el inciso cuarto del artículo 486 del mismo cuerpo legal, éste deberá emitirse acerca de los hechos denunciados, que pudieren constituir indicios de vulneración de garantías fundamentales, no siendo posible que tales hechos sean ponderados a priori por la Inspección del Trabajo, pues la ponderación de derecho de los mismos hechos, constituye parte esencial de la actividad jurisdiccional, reservada constitucionalmente a los tribunales establecidos por ley, teniendo como límites constitucionales y legales dichas atribuciones fiscalizadoras lo dispuesto en los artículos 62, 71 y 76 de la constitución Política y lo dispuesto en los artículos 486, 505 y 2 del Código del Trabajo; que el actuar de la recurrida vulnera lo dispuesto en el artículo 19 inciso 3° en relación con el artículo 76 de la Constitución Política, pues obró como una "Comisión Especial", pues sobrepasó o desbordó sus límites materiales en el caso sub lite, sometiendo a enjuiciamiento jurídico los hechos constatados, usurpando atribuciones exclusivas del poder judicial, investigando hechos que sólo podía constatar o verificar, dándose la tarea de un juez sustanciador, y ha efectuado una especie de sumario, intentando determinar si hechos ocurridos en el pasado, ocurrieron o no, toma declaraciones a testigos, no para determinar si en la actualidad por ejemplo, se obliga a los profesores a asistir a misa, y si se les prohíbe optar libremente por sus actividades fuera del trabajo; que la conducta de las recurridas es ilegal toda vez que ha excedido sus atribuciones por el hecho mismo de pronunciarse sobre el punto debatido ante el Juez natural, vulnerando además todos los principios del debido proceso, resolviese el asunto debatido por las partes, haciendo de tribunal en paralelo a la jurisdicción natural, y es arbitraria, porque no hay razón atendible para extender las facultades de fiscalización de la recurrida Inspección ni de su abogado, al juzgamiento del asunto controvertido en sede judicial.

Solicita se restablezca el imperio del derecho haciendo cesar definitivamente el acto arbitrario e ilegal de Inspección del Trabajo de Ovalle, representada por don nombre reservado y de su abogado don Félix Alejandro Ossandón Espinosa, ordenando la Corte dejar sin efecto el informe de fiscalización N° 485 de fecha 4 de Agosto de 2015 de la Inspección Provincial del Trabajo del Limarí-Ovalle;

SEGUNDO: Que a fojas 93, informa la recurrida, solicita su rechazo en todas sus partes, con costas, indicando que el 13 de marzo de 2015, las Sras. nombre reservado y nombre reservado interpusieron ante el Tercer Juzgado de Letras de Ovalle una demanda laboral por tutela de derechos fundamentales con ocasión del despido y cobro de indemnizaciones y prestaciones laborales en contra del Colegio Santa María Eufrasia de la Congregación del Buen Pastor; que en la audiencia preparatoria, a solicitud de la demandante, el Tribunal ordenó la realización de un informe de fiscalización al tenor de lo indicado en la demanda y oficiar a la Inspección Provincial del Trabajo de Ovalle al respecto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 486 del Código del Trabajo, relatando los hechos denunciados en forma análoga a la recurrente; por lo que inició el procedimiento de fiscalización Nº 0402.2015.485, de acuerdo a las instrucciones contenidas en la Orden de Servicio Nº 2 de 04.02.2011 de la Dirección del Trabajo, constituyéndose la respectiva Fiscalía por el fiscalizador Sr. nombre reservado y por el abogado Sr. Félix Ossandón Espinosa, y dada la complejidad de las materias, y de acuerdo a los procedimientos del Servicio, éstas deben ser investigadas por Fiscalías, que constituyen una unidad especializada de composición interdepartamental e interdisciplinaria, integrada por abogados, fiscalizadores, y en su caso por mediadores, cuya función es investigar atentados contra derechos fundamentales y prácticas antisindicales, así como intervenir en el adecuado desarrollo de las etapas de dicho proceso; que por lo anterior, el funcionario fiscalizador Sr. nombre reservado se constituyó en las dependencias de la recurrente, comunicando al representante del empleador del inicio de la investigación y procediendo a requerir documentación, a efectuar citaciones tanto a trabajadores como a la Directora del Colegio; que el funcionario procedió a evacuar el respectivo informe con los resultados de la investigación indicando los hechos denunciados, las garantías que se consideraban vulneradas, identificando a la empresa, describiendo la metodología utilizada, los hechos y la forma por medio de la cual se constataron, la circunstancia de haber citado a la empleadora a fin de que ésta formulara sus descargos y la no comparecencia de la misma, y por último, la conclusión final dando cuenta sintética sobre la acreditación o no acreditación de los hechos denunciados; y de acuerdo a las instrucciones de este Servicio, el abogado Sr. Félix Ossandon Espinosa procedió a ponderar los resultados de la fiscalización elaborando una minuta de Conclusiones Jurídicas debidamente fundada, concluyendo la existencia de indicios de vulneración del derecho a la libertad de opinión y de informar sin censura previa, todo lo cual forma parte del procedimiento administrativo de dicho Servicio; antecedentes que fueron remitidos al Juzgado, siendo impugnados por el recurrente, impugnación que fue rechazada por el juez a quo, y posteriormente, por orden del tribunal se complementó el informe de fiscalización, aclarando el nombre de los declarantes singularizados exclusivamente por número.

Expone en cuanto a la legalidad del acto, que la recurrida ha actuado en todo momento dentro del ámbito de las atribuciones que la ley y la Constitución le han entregado; que corresponde a la Dirección del Trabajo la fiscalización de la aplicación de la legislación laboral, lo que se reitera en el artículo 505 de Código del Trabajo, por lo dispuesto en los artículos 23º y siguientes del D.F.L. Nº 2, los Inspectores del Trabajo tienen el carácter de ministros de fe de todas la actuaciones que realicen en el ejercicio de sus funciones, dentro de las cuales podrán tomar declaraciones bajo juramento, encontrándose facultados para visitar lugares de trabajo, mantener conversaciones privadas con los trabajadores, requerir la documentación necesaria para efectuar sus labores de fiscalización, citar a empleadores, a trabajadores, etc., conforme a las facultades conferidas por dicho cuerpo legal, pudiendo requerir su tutela cualquier persona a través del procedimiento establecido en los artículos 485 y siguientes de dicho cuerpo legal, imponiéndose a este Servicio el deber de emitir un informe de fiscalización sobre una posible vulneración de derechos fundamentales ya sea a requerimiento del Tribunal competente; o cuando la Inspección del Trabajo, actuando dentro del ámbito de sus atribuciones y sin perjuicio de sus facultades fiscalizadores, tome conocimiento de una vulneración de derechos fundamentales, facultándolo en ambos casos a hacerse parte en el juicio respectivo. Tal deber como la facultad conferida a la recurrida, necesariamente consideran una apreciación jurídica por parte del Servicio la que no obstante, no es vinculante para el juez de la causa. Por el contrario, si la facultad fiscalizadora de este Servicio no comprendiera una apreciación jurídica de los hechos, no podría ejercer las facultades de denunciar al Tribunal los hechos que estime vulneratorios de derechos fundamentales ni hacerse parte en los respectivos juicios.

Agrega, dentro del ámbito de su competencia, la Inspección Provincial del Trabajo de Limarí - Ovalle procedió a emitir un informe al tenor de los hechos de la demanda RIT T-2-2015, conforme a lo instruido por el Tribunal, que se refieren a una alegación de un despido vulneratorio de derechos fundamentales, y el informe de fiscalización y la minuta de conclusiones jurídicas, constituyen uno o más de los antecedentes probatorios que el sentenciador tiene a la vista, sin que los hechos constatados por el fiscalizador actuante ni el parecer de este Servicio sobre el particular puedan, en caso alguno, ser vinculante para el Sr. Juez, y como todo medio probatorio, puede ser contrastado con otros antecedentes, desvirtuado por otros medios de prueba, ser objeto de impugnaciones y formularse observaciones su respecto, en el proceso respectivo y mediante las herramientas jurídico procesales que la ley contempla al efecto, y el valor probatorio que en definitiva se le otorgue, será determinado por el sentenciador que conoce del juicio: que – añade- la alegación esencial de la recurrente se dirige contra la minuta de conclusiones jurídicas, lo que el recurrente solicita es dejar sin efecto el informe de fiscalización, comprendiendo tanto el capítulo evacuado por el fiscalizador nombre reservado como el Capítulo de Conclusiones Jurídicas evacuado por el abogado Félix Ossandón Espinosa, esto es, sustraer un antecedente probatorio al margen del juicio de lato conocimiento en el que éste se ordenó, y al margen de los medios de impugnación que la ley contempla.

Añade que la actuación de la Inspección del Trabajo de Limarí-Ovalle, a través de sus funcionarios, no obedeció a un acto abusivo o caprichoso, sino que a una orden emanada del Tribunal competente y a sus propias funciones de fiscalizar el cumplimiento de la legislación laboral, para lo cual está expresamente facultada, ajustándose a la normativa pertinente ya citada contenida en el Código del Trabajo, y corresponde al ejercicio de las facultades fiscalizadoras de la Dirección del Trabajo contenidas en el DFL Nº 2 de 1967 y a las facultades que en materia de Derechos Fundamentales el Código del Trabajo entrega a este Servicio.

Explica que Servicio no ha resuelto el asunto controvertido, sólo ha realizado un informe de fiscalización emitiendo un parecer, conforme a las facultades legales de que dispone y al requerimiento judicial efectuado, sin que el mismo sea vinculante para el juez, dentro de otros medios de prueba, siendo en definitiva el juez de la causa quien resolverá el asunto controvertido, sin infringir en caso alguno el principio de juridicidad establecido en los artículos 6° y 7°, y 19 N° 3 inciso 4° de la Constitución Política de la República, ni las normas dictadas conforme a ella tales como la Ley Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado, el Código Orgánico de Tribunales o el Código del Trabajo.

En definitiva, solicita el rechazo en todas sus partes, con costas.

TERCERO: Que acorde con lo expuesto por las partes, para dilucidar la acción instaurada corresponde determinar si el informe de fiscalización cuestionado se realizó o no en conformidad a la ley y sin vulnerar los derechos consagrados en la Constitución;

CUARTO: Que según la recurrente el derecho amagado es aquel contenido en el artículo 19 Nº 3 inciso 4 de la Constitución, el cual establece que “Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho.”; pero, ocurre, en este caso, que la recurrida no actuó en función de su facultades fiscalizadoras y sancionadoras como acontece cuando se encuentre frente a infracciones, sino que lo hizo en virtud de una orden emanada de un órgano jurisdiccional, amparado en el artículo 486 inciso 4° del Estatuto Laboral “ La Inspección del Trabajo, a requerimiento del tribunal, deberá emitir un informe acerca de los hechos denunciados” de lo que se sigue claramente que no se divisa arbitrariedad ni ilegalidad alguna, desde que la recurrida actuó dentro del marco legal, sin asumir función jurisdiccional, no siendo el informe de manera alguna vinculante para el tribunal quien habrá de valorar, ponderar, y calificar este antecedente en su oportunidad.

Por esas consideraciones, disposiciones legales citadas y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se decide:

Que se RECHAZA el nombre reservado intentado a fojas 7, por don Mario Rodríguez Ardiles, en representación judicial de la Congregación el nombre reservado y Fundación Educacional Colegio Santa María Eufrasia, en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Limarí-Ovalle, representada por el Inspector Provincial don nombre reservado, y en contra de Félix Ossandón Espinosa, sin costas Regístrese, comuníquese y archívese, en su tiempo.

Redacción del ministro Sr. Humberto Mondaca Díaz.

Rol N° 1325-2015.- Pronunciada por la Segunda Sala de esta Corte de Apelaciones integrada por los Ministros Titulares señor nombre reservado, señor Humberto Mondaca Díaz y la Fiscal Judicial señora nombre reservado.

Jorge Colvin Trucco Secretario En La Serena, a ocho de octubre de dos mil quince, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.