SOCIEDAD DE TRANSPORTES Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS REP. POR DON nombre reservado con INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO DE COQUIMBO

Sociedad de Transportes y Arriendo de Maquinarias Inspección Provincial del Trabajo de Coquimbo Recurso de Protección Rol N° 1324-2016.- La Serena, veintinueve de agosto de dos mil dieciséis.-.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1° Que, comparece nombre reservado, en representación de Sociedad de Transportes y Arriendo de Máquinas Limitada, ambos domiciliados en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Coquimbo, domiciliada en domicilio reservado, con motivo de la Resolución N° 302 de 06 de julio de 2016, de la que tomó conocimiento el 07 de julio del presente año, en que se expresa que no dieron curso a la solicitud de sustitución de multa formulada en contra de la Resolución de multa (S) N° 1295/16/41 de 18 de mayo de 2016, por estimar que no se cumplía con el requisito de admisibilidad al ser presentada la solicitud luego de transcurrido el plazo de 30 días corridos contados desde la notificación de la multa, actuación que se efectuó de forma personal el 20 de mayo de 2016.

Funda el recurso en que se encuentran vulnerado en sus derechos protegidos por la Carta Magna en el artículo 19 N° 3 en relación con los artículos 6 y 7 de la Constitución Política del Estado, artículo 25 de la Ley 19.880 y artículo 506 ter del Código de Trabajo, por la actuación arbitraria e ilegal del recurrido al no dar curso a la reconsideración de multa presentada dentro de 30 días hábiles.

Sostiene que tanto la reconsideración de multa como la sustitución de ésta son actos de carácter administrativos conforme expresan los artículos 503, 504 y 506 ter del Código del Trabajo, normas todas que se encuentran ubicadas en el Título II “Del procedimiento de reclamación de multas y demás resoluciones administrativas” de lo que desprende que en el caso de marras se está frente a un procedimiento administrativo, siendo aplicable en consecuencia el artículo 25 de la ley 19.880.

Concluye solicitando que la recurrida deje sin efecto la Resolución N° 302 de fecha 06 de julio del año 2016 por ser ilegal y arbitraria, o bien US Iltma. adopte las medidas que estime, con expresa condena en costas.

2° Que, a fojas 71, Osvaldo Véliz Rojas, Inspector Provincial del Trabajo de Coquimbo, evacuando el informe respectivo expuso que las sanciones fueron notificadas de manera personal el 20 de mayo de 2016 y solo el 29 de junio de 2016, esto es, al cuadragésimo día corrido la reclamante solicitó la sustitución de la multa en la forma contemplada en el artículo 506 ter del Código del Trabajo, la que fue declarada inadmisible por extemporánea, en consecuencia, sostiene que el actuar se ha sujetado a la legalidad vigente proceder conforme las facultades que la ley otorga al servicio en el artículo 506 ter, 511 y 512 del Código del Trabajo, agrega que el artículo 512 del Código del Trabajo no especifica si el plazo de 30 días es un plazo de días corridos o hábiles, por lo que para determinar su naturaleza, corresponde en primer término, recurrir a las restantes disposiciones del Código del Trabajo y en tal sentido el artículo 435 del Código del Trabajo establece en su inciso primero que los plazos establecidos en el Libro V son fatales, con excepción de aquéllos establecidos para la realización de las actuaciones propias del Tribunal, cualquiera sea la forma en que se expresen y que, en consecuencia, la posibilidad de ejercer un derecho o la oportunidad para ejecutar un acto se extingue, por el solo ministerio de la ley, con el vencimiento del plazo. Esta misma norma establece en su inciso tercero que los términos de días que establece el Título I del Libro V se entenderán suspendidos durante los días feriados; en este sentido, la norma del artículo 435 es inaplicable a este caso por cuanto se refiere expresamente al Título I del Libro V y no al Título Final que es donde se encuentra regulada la solicitud de reconsideración administrativa en el artículo 512 del Código del Trabajo. Por otra parte el artículo 312 del Código del Trabajo, referido a los plazos de la negociación colectiva, señala expresamente que cuando un plazo de días establecido en el Libro IV venciere en día sábado, domingo o festivo, se entiende prorrogado hasta el día siguiente hábil, la que tampoco es aplicable al caso, dado que se refiere únicamente a plazos de días del Libro IV relativos a la negociación colectiva. Atendido lo anterior, para determinar si el plazo establecido en el artículo 512 del Código del Trabajo es un plazo de días hábiles o corridos, y no siendo aplicables al caso las disposiciones de los artículos 435 y 312 como ya se ha señalado, resulta procedente aplicar las normas supletorias del derecho común establecidas en el Código Civil, en especial lo dispuesto en el artículo 50 de dicho cuerpo legal. En el caso del plazo establecido en el artículo 512 y dado que la norma no señala que se trata de días hábiles, debe entenderse que se trata de días corridos. Esta interpretación se encuentra en armonía con la disposición del artículo 503 del Código del Trabajo, pues en esta última norma, establecida fuera del Título l y referida al plazo para interponer la reclamación judicial respecto de la aplicación de una multa por parte de este Servicio, el legislador estableció expresamente que se trata de días hábiles. Similar situación se producen en el artículo 508, norma ubicada en el mismo Título que el artículo 512, referida a la notificación por carta certificada y en la que el legislador señala expresamente que se trata de un plazo de días hábiles. De acuerdo a lo anterior y según la interpretación armónica de las disposiciones citadas, es posible entender que cuando el legislador laboral ha querido establecer plazos de días hábiles lo ha señalado expresamente, tal como señaló a propósito de los plazos establecidos en los artículos 503 y 512 del Código del Trabajo y que cuando nada ha dicho debe entenderse que se trata de un plazo de días corridos, cual es precisamente la hipótesis del artículo 512 de dicho cuerpo legal.

Añade, además, que la ley 19.880 es inaplicable en el caso de autos toda vez que existe una norma expresa que regula la presentación de solicitudes de multa y la interposición de reconsideraciones administrativas, no resultando procedente la aplicación de dicha ley que tiene el carácter de supletoria, la que además resulta ajena a la realidad y principios laborales, asimismo hace presente que tal es el criterio sostenido por la Contraloría General de la Republica que se pronunció sobre estas materias en el Dictamen N° 64.985 de 20 de noviembre de 2009, y N° 17.344 de 10 de marzo de 2014, los cuales son vinculantes para el servicio, por lo cual además, tampoco es arbitrario, o carente de racionalidad o caprichoso, ni ha conculcado la garantía aludida por el recurrente, solicitando en consecuencia su rechazo con costas.

Acompañó a su presentación los siguientes instrumentos: 1.- copia acta de asamblea de 29 de abril de 2014; 2.- ordinario N° 457 de 16 de abril de 2016 emitido por la Dirección del Trabajo; 3.- Extracto de firmas de rechazo de incorporación de Trabajadores Ley Subvención Escolar Preferente.

3° Que, encontrándose en estado la causa, a fojas 75 se trajeron estos autos en relación.

4° Que, el recurso de protección, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se creó con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional que la misma disposición señala y permite a cualquier persona, por sí o a favor de un tercero, recurrir ante el órgano jurisdiccional competente reclamando su amparo cuando estos derechos se sientan amagados- privados, amenazados o perturbados- por actos u omisiones arbitrarios o ilegales, buscando el inmediato restablecimiento del imperio del derecho y que se asegure la debida protección de las garantías que se denuncian conculcadas.

Siguiendo lo antes expuesto, es supuesto forzoso de acogimiento de la acción cautelar de protección, la comprobación de la existencia de un acto u omisión que sea ilegal o, bien, que sea arbitrario.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

Por último, atendida la naturaleza cautelar de acción deducida, para resolver esta Corte no se encuentra limitada a las garantías fundamentales denunciadas como violadas de tal manera que si se vislumbra privación, restricción, perturbación o amenaza de alguna otra de las garantías protegidas por el artículo 20 de la Carta Fundamental es posible pronunciarse sobre ella.

5° Que, la controversia planteada estriba en determinar si el plazo de treinta días para presentar reconsideración administrativa ante el Director del Trabajo, previsto en el artículo 512 del Código del Trabajo, es de días corridos o hábiles.

6° Que, la solicitud de reconsideración en cuestión se ha presentado en la etapa administrativa del procedimiento de reclamación por lo que por no existir norma expresa que establezca lo contrario en el Código de Trabajo, debe aplicarse en forma supletoria el artículo 25 de la Ley N° 19.880 que se refiere al cómputo de los plazos del procedimiento administrativo, disposición que señala que éstos son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos, toda vez que al existir un plazo “especial”, como es el contenido en la Ley N°19.880 respecto a los procedimientos administrativos, atendido lo dispuesto en el artículo 1° de la misma ley, éste prima por sobre las normas de carácter general comprendidas en el Código Civil. Este, por lo demás, es el criterio que ha establecido nuestro máximo tribunal en causas rol 10.084-2010, 12.637-2011, 2.836-2013 y 23.603-2014.

7° Que, a partir de lo anterior, cabe entender que la reconsideración planteada por la recurrente con fecha 29 de junio de 2016 fue presentada dentro de los treinta días hábiles contados desde la notificación de la multa en cuestión, lo que ocurrió el día 20 de mayo de 2016, siendo este un punto no controvertido por las partes.

8° Que, en consecuencia, la actuación de la recurrida constituye un acto ilegal, desde que por ella se negó a tramitar un recurso contemplado en la ley presentado dentro del plazo legal, quebrantando así la garantía del debido proceso consagrada en la Carta Fundamental. En efecto, que al interpretar la recurrida el artículo 512 del Código del Trabajo en la forma en que lo hizo, esto es, decidir que se trata de un plazo de días corridos y no de días hábiles, lo que le llevó a estimar extemporánea la reconsideración planteada por la recurrente no ha respetado el procedimiento previsto por el legislador para resolver las solicitudes de reconsideración de las multas administrativas impuestas por funcionarios del servicio por lo que la resolución atacada aparece adoptada por una comisión especial, violentando así el inciso quinto del numeral 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Asimismo, dicha actuación constituye un acto ilegal pues por ella se negó a tramitar un recurso presentado dentro de plazo legal, afectando la garantía de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, porque al desconocer la autoridad recurrida el término en toda su extensión ha dado un trato discriminatorio, que no puede ser aceptado.

Por las anteriores consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE el recurso de protección deducido por nombre reservado, en representación de Sociedad de Transportes y Arriendo de Máquinas Limitada, y, en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución Ordinaria N° 302 de 6 de julio de 2016 dictada por la Inspección Provincial del Trabajo de Coquimbo, debiendo la recurrida admitir a tramitación el recurso de reconsideración planteado por la recurrente el 29 de junio de 2016, respecto de la Resolución de Multa Nº 1295/16/41 de dieciocho de mayo de 2016.

Redacción del Ministro señor Christian Le-Cerf Raby.-.

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.

ROL IC N° 1324-2016.-.

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de La Serena, integrada por los Ministros Titulares señor nombre reservado, señor Christian Le-Cerf Raby y el abogado integrante señor Carlos del Río Ferretti. No firma el Ministro señor Shertzer, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por encontrarse con permiso.

nombre reservado

Secretaria (S)

La Serena, veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.