nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

nombre reservado

Servicio Nacional de Migraciones Recurso de Protección Rol N° 1322-2024.- La Serena, trece de agosto de dos mil veinticuatro.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, interponiendo recurso de protección en conformidad a lo establecido en los números 1 y 2 del Auto acordado sobre Tramitación y fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales decretado por la Excma. Corte Suprema con fecha 17 de julio de 2015, así como en ejercicio del derecho conferido en el Artículo 20 de la Constitución Política de la República, en beneficio de nombre reservado, empleada, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, región de Coquimbo, dirigido en contra Servicio Nacional de Migraciones, representado por don nombre reservado, Sociólogo, con domicilio en domicilio reservado, por privar y/o perturbar en forma ilegal y arbitraria el derecho garantizado en el artículo 19 N° 2 de la Carta Magna -la igualdad ante la ley-, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 6, 7, 8, 9, 14, 24 y 27 de Ley N°19.880 de 2003, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado, y asimismo con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley N°21.325 de 2021, Ley de Migración y Extranjería, y el artículo 46 de su Reglamento contenido en el Decreto Supremo N°296 de 2022, dada la omisión ilegal y arbitraria en emisión de la orden de giro y dictación del acto terminal que aprueba o rechaza solicitud de carta de nacionalización, realizada con fecha 23 de junio de 2023.

Expone que la requirente ingresó al país en calidad de turista, para luego cambiar su condición migratoria a residente temporario por visa otorgada, con el propósito de establecerse y desarrollar su proyecto de vida en Chile. Posteriormente, en virtud del vencimiento de su visado, solicitó el beneficio migratorio de residencia definitiva el cual le fue otorgado, en razón de lo cual, es de observar que ha residido más de 5 años en el país desde el otorgamiento de la visa que dio origen a su solicitud de residencia definitiva.

Continúa relatando que el 23 de junio de 2023, ingresa solicitud de nacionalización, lo que consta en comprobante de solicitud acompañado en el primer otrosí. Sin embargo, a la fecha de la interposición de la presente acción, no había recibido ninguna respuesta por parte del servicio recurrido, ni se ha liberado la orden de giro correspondiente al beneficio solicitado, lo que la mantiene en una situación de preocupación e incertidumbre ante un trámite por demás demorado.

Manifiesta que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Sigue indicando que, la acción constitucional de protección, según lo señalado en el artículo primero del Auto Acordado sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, debe ser interpuesto por el afectado dentro de un plazo de 30 días corridos desde la comisión del acto o de la ocurrencia de la omisión arbitraria e ilegal que ocasione la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales.

En esa misma línea, destaca que atendido el permanente perjuicio que reporta la omisión recurrida, se encuentra dentro del plazo para su interposición, citando para ello fallo el considerando octavo de sentencia de 17 de diciembre de 2018, emanado en causa Rol N°67873-2018. Acotando que la omisión alegada, es de carácter permanente.

Indica que la Excma. Corte Suprema ha señalado que el vocablo “arbitrariedad” o “ilegalidad” están unidos por la conjunción “o” y traduce dos tendencias u orientaciones precisadas, la ilegalidad significa contraria a los supuestos de la ley, y el acto administrativo lo será cuando excede el ámbito de su competencia, el procedimiento diseñado al respecto, con el fin que el legislador asignó al mismo acto; en cambio, la arbitrariedad, tiene lugar en el campo de las facultades discrecionales, o sea, aquellas en que el administrador goza de poderes amplios, y manifiesta opinión de un modo antojadizo, instintivo, inmotivado”.

Arguye que las garantías y derechos constitucionales que resultan afectados lo son por la omisión arbitraria e ilegal por parte del servicio recurrido en el excesivo tiempo de tramitación en dar respuesta a la solicitud de nacionalización realizada, esto es desde la solicitud ingresada por la recurrente el 23 de junio de 2023, habiendo trascurrido hasta la data que impetró la acción, 1 año 11 meses y 22 días, sin que la autoridad administrativa se haya pronunciado sobre la solicitud formulada, destacando que, la acción de protección de garantías constitucionales procede ante una omisión arbitraria o ilegal que amenace, prive o perturbe un derecho protegido por la Carta Fundamental.

Sobre este particular, especifica que la jurisprudencia nacional ha sido constante, pacífica y diaturna en el sentido de señalar que existe arbitrariedad e ilegalidad en mantener más del plazo legal, vale decir plazo fatal establecido en el artículo 27 de la Ley 19.880 de 2003, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado, destacando jurisprudencia emitida por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción en fallo de fecha 19 de abril de 2022 en causa Rol N° Protección 3564-2022, mediante el cual se acoge con costas la acción cautelar, y se ratifica por la Excelentísima Corte Suprema en fallo de fecha 11 de mayo de 2022, en causa Rol N° Civil-12629-2022.

Cita jurisprudencia, fallo de la Excelentísima Corte Suprema de fecha 29 de mayo de 2024 en causa Rol N° Civil 17386-2024; Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel en fallo causa Rol N° Protección 196-2022 de fecha 19 de julio de 2022; y fallo de la Iltma. Corte de Apelaciones de Concepción, en causa Protección Rol N° 74521-2022, emitida en fecha 26 de enero de 2023.

Prosigue argumentando que cobra especial relevancia lo dispuesto en los artículos 4, 7, 9 y 27 de Ley N°19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, debiendo destacarse el artículo 7 y 27, al consagrar el Principio de Celeridad, esto es, que el procedimiento sometido al criterio de celeridad se impulsará de oficio en todos sus trámites. Añade que, dicha norma, indica que las autoridades y funcionarios de los órganos de la Administración del Estado deberán actuar por propia iniciativa en la iniciación del procedimiento de que se trate y en su prosecución, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Asimismo, y en concordancia con lo anterior, indica que el artículo 9°, se refiere al Principio de Economía Procedimental, estableciendo que la Administración debe responder a la máxima economía de medios con eficacia, por lo cual se decidirán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo, siempre que no sea obligatorio su cumplimiento sucesivo, evitando trámites dilatorios En este mismo orden de ideas, especifica que es importante acotar los resultados del informe Nº178/2022 de fecha 12 de mayo de 2023, correspondiente a la auditoría realizada y planificada por parte de la Contraloría General de la República, dado el impacto social que genera el proceso de entrega de residencias, el cual repercute en el acceso a derechos fundamentales de los extranjeros que se encuentran esperando resolución de su trámite, en la cual se indica explícitamente lo siguiente:

“[...] Para aquellas solicitudes de residencias temporales y definitivas realizadas entre los años 2019 y mayo de 2022, se identificaron demoras entre 180 y hasta 990 días corridos en las distintas etapas del proceso, tanto en aquellas tramitadas en el sistema "SIMPLE" como en el "B-3000"1°, por motivos tales como, atrasos en las etapas de admisibilidad, de análisis, de ingreso, calificatoria y resolutiva, todas efectuadas por el SERMIG.

Se acreditó la existencia de 37.284 y 158.883 solicitudes de residencias temporales y definitivas, respectivamente, tramitadas mediante la plataforma "SIMPLE", las que al mes de agosto de 2022, aún no habían sido gestionadas por el SERMIG, con el objeto de iniciar su proceso de revisión.

Lo anterior no se ajusta al principio de celeridad contenido en el artículo 7° de la ley N° 19.880, ni se condice con los principios de eficiencia y control consagrados en el artículo 3°, inciso segundo y 5° de la citada ley N° 18.575.

Por lo anterior, el servicio deberá continuar ejecutando las medidas adoptadas, a fin de poder ir atendiendo las solicitudes pendientes de revisión, de lo cual tendrá que informar el estado de avance, no solo a nivel de totales, sino detallando la situación por cada caso, y la disminución de aquellos pendientes de revisión, al término de 60 días hábiles, contados desde la recepción del presente informe final. [...]”

Expone en relación al “silencio administrativo positivo” indicando que, “los administrados gozan de una mejor acción contenida en el artículo 64, en relación con el artículo 24, de la ley 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos”, señalando que el recurso de protección precisamente se establece en la Carta Fundamental como una garantía constitucional ante la violación, amenaza o perturbación por acciones u omisiones ilegales y arbitrarias a los derechos protegidos por el artículo 20 en relación con el artículo 19 de nuestra constitución.

Estima que el servicio recurrido no puede predisponer el agotamiento de la vía administrativa por frente la vía judicial, ya que ni el constituyente ni el legislador señala que sea necesario agotar la vía administrativa, o que se debe recurrir por otra vía administrativa para restablecer el imperio de un derecho de rango constitucional, por lo que no cabe hacer tal distinción, siendo el Recurso de Protección la garantía escogida por los recurrentes para el restablecer el imperio del derecho frente a la omisión ilegal y arbitraria que vulnera el derecho de igualdad ante la ley, máxime cuando la omisión es generada por la misma administración en detrimento de los recurrentes, por la cautela y los derechos que tutela la acción constitucional incoada.

En ese sentido -señala- resulta totalmente inadmisible que el servicio recurrido siga justificando la demora excesiva en que existen vías distintas a la acción cautelar, que obligarían al agotamiento de la vía administrativa, cuestión que ha sido superada, y con criterio firma por parte de la Excelentísima Corte Suprema en causa Rol N° Civil-81212-2021 de fecha 10 de noviembre de 2021.

Continua exponiendo que, se debe tener presente que, tampoco es procedente la causal de excepción prevista en el artículo 27 de la Ley 19.880 de 2003, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado, atendido a debe existir una imprevisión, situación que en la especie no se configura, y que también ha sido abordada por la jurisprudencia nacional en causa Rol N° Protección-48188-2022 de fecha 19 de julio de 2022 de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción.

Añade que es importante destacar y hacer especial énfasis que en los Estados democráticos en donde impera el Derecho no puede haber espacio para la arbitrariedad en el ejercicio del Poder Público -citando el significado de arbitrariedad según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española- y que, precisamente para evitarla, nuestro Constituyente y Legislador ha tomado las previsiones de instituir la acción cautelar llamada recurso de protección en los casos que por actos u omisiones arbitrarios o ilegales se produzca la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías señalados en el artículo 20 de la Constitución Política, por cuanto ello significa el quebrantamiento del Derecho.

Afirma que la doctrina sostiene que la exigencia de un procedimiento administrativo reglado para la producción de un acto administrativo terminal tiene una consagración constitucional, lo que se puede apreciar en el artículo 7°, inciso primero, de la Constitución Política de la República, y artículo 63 N°18 de la carta fundamental, lo que en definitiva, se traduce en un procedimiento reglado tendiente a asegurar que antes de la dictación de un acto administrativo final, la Administración cumpla con una serie de trámites y plazos impuestos por la propia Constitución y las leyes.

Refiere que existen una serie de principios consagrados por la Ley N° 19.880 sobre las bases de los procedimientos administrativos en el artículo 4°: principio de escrituración, gratuidad, celeridad, conclusivo, economía procedimental, contradictoriedad, imparcialidad, abstención, no formalización, inexcusabilidad, impugnabilidad, transparencia y publicidad; principios que se estarían desconociendo durante la tramitación de la petición administrativa de la recurrente, ya que el legislador fue enfático al establecer la obligación de cumplimiento de los plazos por parte de la administración, concretamente en el artículo 23 y 27.

Argumenta que, la potestad discrecional se manifiesta generalmente cuando las normas de Derecho Público se encuentran redactadas de un modo facultativo, pero aquí veríamos un imperativo “no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final”. En síntesis, los actos discrecionales son aquellos actos emitidos cuando el derecho frente a un hecho concreto no precisa instrucción alguna, y concede al órgano administrador la facultad de elegir la consecuencia jurídica y plazos que estime más conveniente. La única excepción que permite la extensión de dicho plazo es el “caso fortuito o fuerza mayor”, situación frente a la que no nos encontraríamos, si se considera que no es imprevisible ni irresistible, ya que la actitud de la administración al responder es justificar su actuar en la cantidad de solicitudes.

Observa que lo relatado no se condice con el principio de inexcusabilidad, toda vez que no se han adoptado medidas para resolver las peticiones dentro del plazo establecido por el legislador, lo que no guarda relación con el deber constitucional de servicio al ciudadano, entendiendo que la “Servicialidad del Estado”, se encuentra en nuestra Carta Fundamental en el inciso 4º del artículo, a saber: “El Estado está al servicio de la persona humana”; por lo que el actor principal sería “la persona humana” y su primacía, por tratarse de un ser substancial y trascendente, y, por otra, está presente la idea de autoridad/servicio a la persona, considerada ésta como una “función”, esto es, una actividad finalizada, en beneficio de otros.

Sostiene que la recurrida no ha adoptado medidas reales y eficaces que tiendan a atender las peticiones planteadas por los administrados, dentro de un procedimiento administrativo reglado, con plazos claros establecidos en la ley que obligan a las autoridades, y personal de la Administración nombre reservado en la tramitación de los asuntos, plazos que se pretenden dejar abiertos sin importar que ello vulnere derechos fundamentales como en el caso de marras, puesto que no resulta razonable la espera exagerada de parte del servicio recurrido.

Continua exponiendo, que el servicio recurrido debe tramitar las peticiones administrativas planteadas dentro del plazo previamente establecido por el legislador, y sólo excusarse en la salvedad señalada por la misma norma, siempre y cuando se verifique, y se motive para el caso particular tal implicancia, ya que no bastaría una excusa generalizada en la cantidad de solicitudes planteadas, que sólo permite evidenciar el poco interés del servicio recurrido en adoptar medidas eficaces y reales que permitan dar respuesta a los administrados conforme a los principios y plazos de la ley, entendiendo que el fin último del Estado son las personas de acuerdo al principio de servicialidad, por lo que las esperas ilegales y arbitrarias, pugnan finalmente con los derechos fundamentales de los administrados, y permitir tal situación, derivaría en un retroceso para un Estado de Derecho y para el ejercicio de los derechos fundamentales de los administrados.

Cita parte del informe Nº178/2022 de 12 de mayo de 2023, correspondiente a la auditoría realizada y planificada por parte de la Contraloría General de la República, referente al extravío de documentación provocado por la caída del sistema “B-3000.

Por otro lado, indica que la normativa sectorial no establece los plazos dentro de los cuales la autoridad administrativa debe pronunciarse, ya sea en relación a la permanencia de extranjeros en Chile o al otorgamiento de visa, en cualquiera de sus modalidades. Ahora bien, la naturaleza de estos procedimientos administrativos requiere de la autoridad un pronunciamiento oportuno, de ahí la necesidad de establecer un tiempo de sustanciación del mismo.

Prosigue señalando que la nueva Ley de Migraciones, no se pronunció sobre el particular, pero si estableció ciertos principios que conviene recordar. Destaca la noción de procedimiento migratorio informado, en virtud del cual es deber del Estado, proporcionar información sobre el mismo, en forma íntegra, oportuna y eficaz, para lo cual, es indispensable que el procedimiento comparta iguales caracteres. Además, el artículo 7 de la Ley establece que el Estado debe promover que los extranjeros cuenten con sus autorizaciones y permisos de residencia necesarios para su estadía en el país, lo que sólo tiene lugar, con las respectivas autorizaciones que pueda conferir la autoridad, haciendo referencia al artículo 1 inciso 3 de la ley 19.880.

Finaliza solicitando tener por interpuesto Recurso de Protección en contra del servicio recurrido ya individualizado, por la omisión ilegal y arbitraria en emisión de la orden de giro y dictación del acto terminal que aprueba o rechaza solicitud de carta de nacionalización, acogerlo a tramitación ordenando al servicio recurrido que se pronuncie sobre la misma dentro de un plazo de 60 días conforme con los principios que le impone su reglamentación en el artículo 37 de la Ley 21.325 y en el artículo 46 de su Reglamento contenido en el Decreto Supremo N° 296 de 2022 o el que esta Corte estime conforme al mérito de autos, y en general adoptar las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho, todo lo anterior con expresa condena en costas.

Acompañó a su presentación: 1) Comprobante de solicitud de nacionalización; 2) Cédula de identidad para extranjeros y 3) Certificado de residencia.

SEGUNDO: Que, a folio 4 se evacuó informe por La Dirección Regional de Coquimbo del Servicio Nacional de Migraciones.

Expone primeramente la situación migratoria de la recurrente, indicando que aquella ingresa por primera vez al país, el 02 de noviembre de 2017, en calidad de turista, por el paso fronterizo Carretera Chacalluta.

Así, el 05 de junio de 2018, la Gobernación de Chacabuco, le otorgó por primera vez visa temporaria por motivos laborales, en calidad de titular, por el plazo de un año. Dicho beneficio se mantuvo vigente desde el 11 de junio de 2018 hasta el 11 de junio de 2019.

Prosigue señalando que, con fecha 07 de mayo de 2020, la recurrente obtiene permiso de permanencia definitiva, otorgado por el Departamento de Extranjería y Migraciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Así las cosas, el 23 de junio de 2023 doña nombre reservado solicita carta de nacionalización ante el Servicio Nacional de Migraciones, mediante solicitud ID 66007314, la que se encuentra en etapa de primer análisis, tal como consta en la imagen que adjunta en dicho informe.

Expone que, en mérito de los antecedentes, encontrándose en tramitación la solicitud de la recurrente, quien cuenta con situación migratoria regular en el país, y considerando además que las solicitudes de nacionalización deben ser resueltas por el presidente de la República, en carácter discrecional, no se vislumbra que la omisión en el pronunciamiento del acto administrativo final genere vulneración, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías fundamentales de la actora.

Indica, que en la tramitación de una solicitud de carta de nacionalización y su otorgamiento, intervienen distintos organismos públicos, a saber, el Servicio Nacional de Migraciones, la Policía de Investigaciones de Chile y el Ministerio del Interior, por lo que su otorgamiento escapa a las facultades de ese Servicio, cumpliendo cada uno de los organismos señalados, una determinada función, siendo finalmente el presidente de la República quien otorga o no la nacionalidad chilena.

Prosigue relatando que, en nuestro ordenamiento jurídico, la Constitución Política de la República no señala métodos para obtener la nacionalidad chilena por vías derivativas, que es la forma en que se conoce en doctrina a aquellas vías de adquisición de nacionalidad que se contraponen a las conocidas como originarias. En cuanto a las vías derivativas, se contemplan en los numerales 3° y 4° del artículo 10 de la Carta Fundamental, así como en el inciso final de dicha norma. En el caso concreto es relevante aquello dispuesto en el numeral 3°.

Añade que, si bien el constituyente remitió la regulación del otorgamiento de carta de nacionalización a la ley, en la actualidad se mantienen vigentes las disposiciones contenidas en el Decreto N°5142 de 1960, que fijó el texto refundido de las disposiciones sobre nacionalización de extranjeros (en lo sucesivo “Decreto N°5142”). En dicha norma se regula el procedimiento especial para el otorgamiento de esta especial gracia, debiendo estarse a lo dispuesto en la Ley N°19.880 de forma supletoria.

Así las cosas, el artículo 2° del Decreto N°5142 establece, en su inciso primero, los requisitos esenciales que facultan a la autoridad competente para el otorgamiento de carta de nacionalización, señalando en su artículo 1° cuál es la autoridad competente, que originariamente corresponde al Presidente de la República, facultad actualmente delegada en el señor Ministro del Interior y nombre reservado.

Especifica que el procedimiento de otorgamiento de carta de nacionalización es especialísimo, y se encuentra regulado, como ya señaló en el Decreto N° 5142 de 1960, el cual establece las competencias que corresponden efectuar a cada una de las Instituciones o Servicios que intervienen en él, y cuyo otorgamiento escapa a la decisión del Servicio Nacional de Migraciones, correspondiendo al Presidente de la República, facultad actualmente delegada en el señor Ministro del Interior y nombre reservado, no existiendo un derecho indubitado a la concesión de una carta de nacionalización, que corresponde a una especial gracia otorgada por el Estado a través de la Presidencia de la República.

Puntualiza que en ese contexto, las solicitudes de carta de nacionalización son sometidas por ese Servicio a un exhaustivo análisis, tomando especialmente en consideración la importancia y relevancia que tiene en todo orden de cosas la concesión de la nacionalidad Chilena, incluido un informe que debe elaborar la Policía de Investigaciones de Chile, y que debe remitir directamente al Ministerio del Interior, para que finalmente, de ser procedente, se dicte el respectivo decreto que concede o no la carta de nacionalización por el Presidente de la República, facultad actualmente delegada en el señor Ministro del Interior y nombre reservado.

Agrega que en ese orden de ideas, se debe tener especialmente presente que, de acuerdo a la reiterada jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, vinculante para los órganos del Estado, el plazo máximo establecido en el artículo 27 de la Ley N° 19.880, no constituye un plazo fatal para la administración, por lo cual su vencimiento no implica la caducidad o invalidación del acto respectivo (aplica dictámenes N° 45.312, de 2013, N° 7.626, de 2014, y N° E170.194, de 2021). Lo anterior, ha sido corroborado por la Excma. Corte Suprema en sentencia de fecha 20 de marzo de 2023, en autos rol N° 115.064-2022.

Afirma que en síntesis, respecto de lo informado sería posible concluir que existe una solicitud de carta de nacionalización presentada por la extranjera recurrente. Que, actualmente, los extranjeros se encuentran respecto a su situación migratoria en el país, totalmente regular, en atención a que son titulares de residencia definitiva en el país, y que en virtud de lo anterior, la actora mantiene situación migratoria regular en el territorio nacional, pudiendo hacer ingreso y egreso del país sin limitaciones y transitar libremente por éste. En consecuencia, la recurrida entiende que no existe actualmente una conducta que genere vulneración, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos protegidos por la acción de protección, adicionando que la recurrente puede efectuar toda actividad remuneracional lícita, y desenvolverse libremente en el país, más aún cuando se mantiene su cédula de identidad vigente.

Agrega que, de acuerdo a lo informado, como autoridad migratoria ha dado cuenta de su actuar conforme a la Constitución, normas legales y reglamentarias dictadas conforme a ella, por lo que no es posible sostener la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace los derechos fundamentales de la recurrente, máxime cuando no existe un derecho indubitado a la concesión de una carta de nacionalización, que corresponde a una especial gracia otorgada por el Estado a través de la Presidencia de la República, motivos suficientes que deben llevar al rechazo del recurso en todas sus partes, siendo totalmente improcedente la condena en costas requerida.

Hace presente que es necesario recalcar que la competencia del Servicio Nacional de Migraciones respecto de las solicitudes de carta de nacionalización solamente se limita a la tramitación de dicha solicitud y no se extiende a la resolución de la misma, en virtud del artículo 157 N° 8 de la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería.

Así, la participación del Servicio Nacional de Migraciones en este tipo de procedimientos termina con la remisión, mediante oficio ordinario, de la calificación favorable o desfavorable de la solicitud de carta de nacionalización analizada, junto con todos los demás antecedentes aportados, al Gabinete de la Subsecretaría del Interior, para para que la autoridad competente -el Presidente de la República- resuelva su concesión o rechazo y se emita el acto administrativo final, firmado por el Ministro del Interior y nombre reservado.

Expone que en este caso en particular, la solicitud de carta de nacionalización de la recurrente se encuentra en trámite, sin embargo, esa autoridad migratoria ya habría remitido el Oficio referido a la autoridad competente con una calificación favorable de la solicitud, encontrándose finalizada su responsabilidad en la tramitación, quedando a determinación del Ministerio del Interior el desarrollo de la solicitud de la recurrente.

En lo que respecta al tiempo de tramitación, indica que de acuerdo a lo señalado en el artículo 27 de la Ley 19.880, el plazo del procedimiento administrativo podrá ser mayor a 6 meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose como tal, el aumento exponencial de los flujos migratorios hacia el país, proveniente de diversos países, lo cual tuvo por consecuencia un aumento importante en la cantidad de solicitudes recibidas por esa autoridad. Añade, que lo anterior significó un retraso considerable e irresistible para la autoridad migratoria que, ha sido reconocido por sentencias ejecutoriadas como un caso fortuito que excusa la dilación de las solicitudes de naturaleza migratoria, sin que ello, por sí solo, implique vulneración de derechos fundamentales de los extranjeros, al mantener residencia regular en el país y contar con documentación a su disposición para acreditar dicha condición en el país.

Entiende que el plazo establecido en el artículo 27 de la Ley N° 19.880 es un plazo que entra en la categoría de “no fatal”, debido a que la ley no declara expresamente que tenga dicha naturaleza, como tampoco existe alguna sanción de caducidad asociada al transcurso del plazo. En consecuencia, se impone como un plazo “no fatal”, esto es, un plazo referencial y prudencial para la administración, no perentorio y posible de ser prorrogado, además a su respecto no se ha establecido la sanción de caducidad.

Cita como jurisprudencia aplicable, sentencia de fecha 10 de mayo de 2023 (considerando décimo), causa Rol N° 13364-2023, de la Excelentísima Corte Suprema, que dirime la discusión sobre la naturaleza del plazo establecido en el artículo 27 de la Ley 19.880, confirmando la tesis de ese servicio, en relación a que dicho plazo no es de naturaleza fatal para la Administración; fallo de 12 de octubre de 2023, causa rol N° 3151-2023 emanado de la Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel; y causas Rol 119-2024 de 14 de febrero de 2024 y Rol 808-2024 de 01 de abril de 2024 de esta Corte.

Finaliza solicitando Se tenga por evacuado el informe requerido a esa autoridad migratoria, y conforme a lo expuesto, se rechace en todas sus partes el recurso de protección intentado, por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria que prive, perturbe o amenace los derechos fundamentales de la recurrente, sino que conforme lo latamente argumentado, la autoridad ha ceñido su actuar a la Constitución Política de la República y las normas legales y reglamentarias dictadas conforme a ella, siendo totalmente improcedente la condena en costas requerida por la contraria.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: La Subsecretaría del Interior, evacua informe, a folio 7, en el que primeramente solicitó la incompetencia, basándose en que-de ser efectiva- la supuesta omisión arbitraria e ilegal alegada, sólo se podría reprochar a la entidad que encuentre facultado para resolver el asunto, esto es, la autoridad superior del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el que posee domicilio en la comuna de Santiago, Región Metropolitana; adicionando a lo anterior que parte recurrente habría declarado un domicilio distinto al señalado en su presentación, el que se encontraría fuera del territorio jurisdiccional de esta Ilma. Corte de Apelaciones. Excepción de incompetencia que fue rechazada, por considerar que la recurrente acompañó documentos suficientes que acreditaron que tiene su domicilio en la ciudad de La Serena, lo que implica que en esta ciudad ha de producir sus efectos el acto impugnado.

Los razonamientos del informe evacuado, versan en que el otorgamiento de cartas de nacionalización a personas extranjeras se efectúa por decreto expedido con la sola firma de la autoridad superior del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a través del ejercicio de una facultad expresamente contemplada en la ley, según lo dispuesto en los artículos 84 de la ley N° 21.325; 1° y 2° del decreto supremo N° 5.142, de 1960, del entonces Ministerio del Interior; y 1, apartado IV, N° 4, de la ley N° 16.436, en virtud de los cuales se otorga al Ministerio del Interior y Seguridad Pública la facultad de conceder cartas de nacionalización, deponiéndola en términos potenciales, al indicarse que “podrá” otorgarse esta concesión a quienes cumplan los requisitos allí señalados.

Indica además que por su parte, el artículo 157, N° 8, de la ley N° 21.325, dispone que corresponde al Servicio Nacional de Migraciones tramitar las solicitudes de carta de nacionalización para su posterior resolución por parte del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Ello, en la práctica, implica que es dicho Servicio quien recibe tales solicitudes, a fin de revisar su admisibilidad, tramitarlas y ordenar su pago -aspecto último que se desprende de lo dispuesto en el artículo 12 del decreto supremo N° 5.142, de 1960, del entonces Ministerio del Interior, en concordancia con lo establecido en el artículo 178 de la ley N° 21.325-, para luego proponer su resolución a la autoridad superior del referido Ministerio, la cual concederá o rechazará la petición a través de la dictación del respectivo decreto exento.

Precisa que, en relación con el caso de autos, es posible informar que la solicitud de otorgamiento de carta de nacionalización de la parte recurrente se encuentra, actualmente, en tramitación ante el Servicio Nacional de Migraciones, lo cual, tal como se indicó anteriormente, es una etapa previa a la entrega de los antecedentes al Ministerio del Interior y Seguridad Pública para su posterior resolución, de conformidad con el procedimiento y competencias definidas explícitamente en la ley.

Considera que la acción de protección de autos no solo debe ser rechazada totalmente, sino que, además, procede la expresa condena en costas para la parte recurrente, por cuanto, en el fondo, no existen motivos plausibles para litigar, puesto que las solicitudes de otorgamiento de carta de nacionalización son sometidas a un exhaustivo análisis, lo cual, en ocasiones, significa una tramitación más extensa que la esperada por las personas que las realizan. Cabe hacer presente que el referido análisis se encuentra plenamente justificado, dada la importancia, tanto jurídica como práctica, que implica otorgar una carta de nacionalización a una persona extranjera.

Adiciona que las solicitudes de otorgamiento de carta de nacionalización constituyen un ejercicio del derecho a petición consagrado en el artículo 19, N° 14, de la Constitución Política de la República, lo que significa que este tipo de solicitudes son requerimientos de interés privado que se efectúan a la autoridad competente, quien no se encuentra obligada a aceptarlos, sino que únicamente accederá a ellos siempre que se cumplan los requisitos y estándares que, al respecto, se han establecido para tales fines, de acuerdo con sus procesos de revisión y ponderación internos.

Manifiesta a modo ejemplar, que solo entre enero y marzo de 2024 se han presentado -en promedio- 3.400 solicitudes mensuales de otorgamiento de cartas de nacionalización. Sin embargo, dicha cifra debe contextualizarse en el total de solicitudes relacionadas con nacionalizaciones que, anualmente, se han ingresado en los últimos años: el 2021, se contabilizaron más de 10.000; el 2022, más de 30.000; y el 2023, más de 40.000.

Señala que corresponde desechar de plano cualquier alegación que pretenda calificar como arbitraria la no dictación de un acto administrativo terminal respecto de la solicitud de la parte recurrente, toda vez aquello no es producto de un mero capricho, sino de la verificación de un procedimiento reglado, cuya aplicación se ha visto exponencialmente incrementada en los últimos años.

En relación con una supuesta ilegalidad -indica- relacionada con la no dictación del acto administrativo terminal en comento dentro de un determinado plazo, señala que, de acuerdo con la reiterada jurisprudencia tanto de la Excma. Corte Suprema como de la Contraloría General de la República, el plazo máximo de 6 meses que el artículo 27 de la ley N° 19.880 establece para todo procedimiento administrativo no constituye un plazo fatal, por lo que su vencimiento no implica la caducidad ni invalidación del acto respectivo, tal como ambos organismos han razonado, en su sentencia ROL N° 115.064-2022 -la cual ha sido respaldada reiteradamente por dicha Excma. Corte, a modo ejemplar, en ROLES N° 252.117-2023, 190.711-2023, 182.755-2023, 147.371-2023 y 149.658-2023, entre otros- y en sus dictámenes N° 45.312, de 2013; N° 7.626, de 2014; y N° E170.194, de 2021, entre otros, respectivamente.

Cita fallo ROL N° 115.064-2022 y ROL N° 38.231-2023, de la Excma. Corte que concluyen que este tipo de procedimientos migratorios son reglados y constan de diversas etapas, por lo que la sola demora en la tramitación de las solicitudes respectivas no permite apreciar alguna vulneración en los derechos que la Constitución Política de la República garantiza a las personas, ni aún en grado de amenaza.

Estima que, incluso cuando se pudiese considerar que se está ante una omisión arbitraria o ilegal en el caso concreto, corresponde recordar que las hipótesis normativas de procedencia de la acción de protección se encuentran taxativamente señaladas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. En ese contexto, es la parte recurrente quien no sólo debe probar la existencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal, sino, además, que aquello le significa una privación, perturbación o amenaza de alguno de los derechos o garantías a que se refiere el referido artículo, para efectos de que su acción de protección sea admisible y, eventualmente, acogida.

Refiere que es improcedente que la parte recurrente considere que el solo hecho de que su solicitud de otorgamiento de carta de nacionalización no se encuentre resuelta es, por sí mismo, una circunstancia que implica una vulneración de derechos fundamentales. Por el contrario, la parte recurrente debe explicar por qué, en este caso, la no dictación del acto administrativo terminal es ilegal o arbitraria, además de señalar expresamente cuál o cuáles derechos o garantías tuteladas se encontrarían privadas, perturbadas o amenazadas por esa circunstancia y la relación de causalidad entre la supuesta omisión antijurídica y el agravio a dichos derechos o garantías, tal como acertadamente razona la Excma. Corte Suprema en el considerando primero de su sentencia ROL 10.494-2023.

Señala que el solo hecho de solicitar el otorgamiento de carta de nacionalización significa que la persona extranjera se encuentra en situación migratoria regular, sin órdenes de abandono o expulsiones pendientes, y con permanencia definitiva vigente en nuestro país, lo que se traduce en que puede ejercer sus derechos sin limitación alguna. De ahí que sea improcedente afirmar que una eventual demora en la tramitación de su solicitud sea lesiva de derechos, razonamiento que ha sido confirmado por la Excma. Corte Suprema en numerosas sentencias, tales como en los ROLES N° 14.784-2024 y 149.658-2023, entre otras.

Termina al señalar que la parte recurrente no ha aportado antecedentes suficientes que permitan apreciar que esa Subsecretaría o el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, hayan incurrido en actos u omisiones manifiestamente arbitrarias o ilegales que priven, perturben o amenacen ostensiblemente sus derechos o garantías tutelables por esta vía, por lo que la discusión del asunto de autos excede con creces las materias que deben ser conocidas en esta sede, razón por la cual la acción de protección que nos ocupa no puede prosperar. Y que el acoger acciones de protección como la de la especie, implica una afectación a la garantía de igualdad ante la ley, al poner en una situación favorable a la parte recurrente sin que exista una razón aparente que la justifique, en desmedro de las personas extranjeras que efectúan sus solicitudes de otorgamiento de carta de nacionalización por la vía regular, sin activar mecanismos judiciales, e incluso con una fecha anterior a la parte recurrente, y que aún no cuentan con una respuesta de tal solicitud. Adicionando que no procede instrumentalizar un requerimiento de otorgamiento de carta de nacionalización mediante una acción de protección, al corresponder su otorgamiento única y exclusivamente al Presidente de la República, por medio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, razonamiento que, asimismo, ha sido confirmado por la Excma. Corte Suprema, en sentencias ROLES N° 32.598-2022 y 52.030-2023, entre otras. Esto, por cuanto el otorgamiento de cartas de nacionalización es, por su naturaleza jurídica, una concesión que otorga el Estado de Chile por una gracia, en razón del mérito de quien la solicita, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente, y siempre que la autoridad facultada para ello así lo estime pertinente, toda vez que el decreto supremo N° 5.142, de 1960, del entonces Ministerio del Interior, indica los requisitos mínimos para solicitar la carta de nacionalización, así como el procedimiento que debe seguirse para resolver dicha solicitud, pero no contiene artículo alguno que altere la naturaleza de concesión potencial de su otorgamiento, siendo evidente que se trata de una facultad y no de una obligación, debiendo, en todo caso, respetarse los impedimentos establecidos en el artículo 86 de la ley N° 21.325.

Solicita el rechazo de la acción de protección de autos por las razones aquí expuestas, con expresa condena en costas, por no existir motivos plausibles para litigar.

QUINTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEXTO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra del Servicio Nacional de Migraciones, dada la omisión ilegal y arbitraria en emisión de la orden de giro y dictación del acto terminal que aprueba o rechaza solicitud de carta de nacionalización, realizada por la recurrente con fecha 23 de junio de 2023, alegando que dicha determinación vulnera el derecho de igualdad ante la ley.

Solicita la recurrente se ordene al Servicio Nacional de Migraciones se pronuncie sobre la solicitud deducida en un plazo de 60 días conforme con los principios que le impone su reglamentación en el artículo 37 de la Ley 21.325 y en el artículo 46 de su Reglamento contenido en el Decreto Supremo N° 296 de 2022, y en general adoptar las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho, todo lo anterior con expresa condena en costas.

SEPTIMO: Que, de acuerdo con los antecedentes que constan en la tramitación de la presente causa, consta que el 23 de junio de 2023 doña nombre reservado, solicita carta de nacionalización ante el Servicio Nacional de Migraciones, mediante solicitud ID 66007314.

Resultando evidente que mediante el presente recurso se impugna la tardanza en respuesta del acto administrativo de solicitud de carta de nacionalización. En este sentido aparece de manifiesto que la finalidad del recurrente es que se otorgue respuesta por la autoridad a dicho requerimiento Que si bien la actora manifiesta que no ha recibido respuesta de aquello es importante indicar que el servicio recurrido señala que esa autoridad migratoria ya remitió el Oficio correspondiente a la autoridad competente con una calificación favorable de la solicitud, encontrándose finalizada su responsabilidad en la tramitación, quedando a determinación del Ministerio del Interior el desarrollo de la solicitud de la recurrente.

OCTAVO: Así las cosas, el actuar de la autoridad administrativa se encuentra de conformidad a la legislación vigente y dentro del ámbito de sus atribuciones, encontrándose éste exento de algún actuar arbitrario o ilegal, por lo que no se observa conculcación a la garantía de igualdad ante la ley, toda vez que, la petición, que da origen al presente arbitrio, ya fue resuelta en la parte que le corresponde, por el recurrido, habiendo remitido el Oficio respectivo a la autoridad competente. No siendo menos importante la evaluación de lo indicado por esa autoridad, ello es, “calificación favorable de la solicitud”.

Así, dado que el servicio emitió pronunciamiento en aquella parte que le compete, y habiendo remitido el oficio respetivo para la siguiente fase de la solicitud, se encontraría finalizada su responsabilidad en la tramitación.

OCTAVO: Que conforme a lo antes reflexionado, no se avizora ilegalidad en el proceder de la entidad pública recurrida, como tampoco arbitrariedad en la misma, sino que la demora en resolver la solicitud de la recurrente se debe a la tramitación de un procedimiento reglado, que consta de diversas etapas, y que dicha tramitación no ha vulnerado los derechos de la recurrente ni aún en grado de amenaza, de manera que, en la especie, no concurren los presupuestos previstos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, conlleva necesariamente a desestimar la acción constitucional promovida.

NOVENO: A mayor abundamiento, el procedimiento, que se generó a propósito de la solicitud de carta de nacionalización, se enmarca en los tiempos establecidos teniendo en cuenta la excesiva demanda que a la fecha afronta el servicio, razón por la que diversos trámites administrativos se ven dilatados a raíz de dicho incremento migratorio, sin perjuicio que los servicios estatales se encuentran desarrollando sus funciones cada vez con mayor normalidad, de forma tal que no aparece excesiva la extensión que ha tenido la tramitación de la solicitud de la actora.

Además, se debe tener presente la petición de carta de nacionalización, se encuentra sometida a un procedimiento uniforme y previamente establecido por el órgano, para el conocimiento, tramitación y resolución del mismo en el que, por lo demás, intervienen otros órganos del Estado, como son la Policía de Investigaciones y la Subsecretaría y Ministerio del Interior, escapando su otorgamiento a las facultades exclusivas del recurrido. Adicionalmente a ello, la recurrente sólo se avocó a manifestar la tardanza en la respuesta de su solicitud, sin determinar los perjuicios que ello le causa, más allá de mantenerla en una situación de preocupación e incertidumbre. Lo cierto es que, a pesar de aquello, al encontrarse con su residencia definitiva otorgada, mantiene su situación migratoria en el país totalmente regular, pudiendo hacer uso de los derechos que ello conlleva, hacer ingreso y egreso del país sin limitaciones y transitar libremente por éste, pudiendo efectuar toda actividad remuneracional lícita, y desenvolverse libremente en territorio nacional, más aún si se mantiene su cédula de identidad vigente, lo que salvaguardia la hipótesis de estimar que la tardanza en resolver la solicitud de la recurrente es una omisión que puede ser considerada, “prima facie” infundada o arbitraria, ya que fácticamente no lo sería, pues de acuerdo a lo indicado no se constata una eventual privación, perturbación o amenaza a alguno de los derechos constitucionales que ampara la acción constitucional del artículo 20 de la Carta Magna, recurrible por esta vía.

Que no obstante, de lo razonado hasta acá, en cuanto a la alegación de la parte recurrente en relación a haberse transgredido el artículo 27 de la Ley N°19.880, por trascurrir más de seis meses sin que el Servicio recurrido emita pronunciamiento. Sobre el particular, debe aclararse lo resuelto por la Excma. Corte Suprema en relación con este plazo, es que el mismo no es fatal y que debe interpretarse la norma en el sentido que obliga a la Administración a pronunciarse o concluir un procedimiento en un plazo razonable. En este sentido, los órganos correspondientes deben pronunciarse en un plazo razonable a fin de evitar mantener en la incertidumbre a los peticionarios.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto a favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1322-2024 (Protección). -