nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

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Servicio Nacional de Migraciones Recurso de protección Rol Nº1321-2026 La Serena, veinte de agosto de dos mil veintiséis.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, interponiendo recurso de protección en beneficio de doña nombre reservado, empleada, de nacionalidad venezolana, con domicilio en domicilio reservado, dirigido en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, representado legalmente por don nombre reservado, ingeniero, ambos con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana, por la dictación de la Resolución Exenta N°2600100428573, de 24 de julio de 2026, mediante la cual se le tuvo por desistida de la solicitud de carta de nacionalización, afectándose con ello el derecho a la igualdad ante la ley del artículo 19 Nº2 de la Constitución Política.

Expone que el 18 de agosto de 2024 la recurrente solicitó carta de nacionalización. Luego, el 25 de marzo de 2025, indica que el Servicio habría requerido antecedentes adicionales, pero que la resolución recurrida no habría precisado cuál era concretamente el documento solicitado. Finalmente, el 24 de julio de 2026 se declaró desistida la petición porque la interesada supuestamente no remitió la documentación dentro del plazo otorgado.

Afirma que la recurrente no tuvo conocimiento del requerimiento, pues éste habría sido enviado por correo electrónico y la comunicación habría quedado almacenada en la bandeja de spam. Solo habría tomado conocimiento de su existencia al ser notificada de la resolución que declaró desistida su solicitud. Cuestiona, además, el tiempo transcurrido durante la tramitación y sostiene que la autoridad ya contaba, o podía contar mediante sus sistemas y la cooperación con otros organismos, con diversos antecedentes relevantes, entre ellos información migratoria y penal.

Luego, afirma que la resolución carece de fundamentación, porque no identifica el documento cuyo incumplimiento habría provocado el desistimiento. Invoca los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880 que exigen que las decisiones administrativas sean motivadas, razonables y proporcionales. Añade que el prolongado tiempo transcurrido entre la solicitud y el requerimiento resulta contrario al plazo máximo de seis meses previsto en el artículo 27 de la Ley N° 19.880.

Asimismo, argumenta que se habría utilizado improcedentemente la figura del desistimiento del artículo 31 de la Ley N° 19.880, pues ésta correspondería a una etapa preliminar del procedimiento. Explica que la carta de nacionalización comprende una primera fase de verificación de requisitos por el Servicio Nacional de Migraciones y una segunda destinada a la decisión de otorgar o rechazar la nacionalización. A su juicio, después del tiempo transcurrido no podía considerarse que el procedimiento continuara en una etapa meramente inicial. Distingue, además, el desistimiento del abandono del procedimiento regulado en el artículo 43 de la misma ley.

Agrega que, conforme a los principios de interoperabilidad, cooperación, eficiencia, eficacia y economía procedimental, la Administración debía intentar obtener o verificar por sí misma los antecedentes disponibles en otros organismos, en vez de poner término al procedimiento. Incluso plantea, a modo de hipótesis, que si se trataba de antecedentes penales o económicos, éstos podían ser comprobados mediante información migratoria o requerimientos a otras reparticiones públicas.

Por lo señalado, afirma que existe una vulneración de la igualdad ante la ley, porque la recurrente habría recibido un trato desigual respecto de otros solicitantes que, encontrándose en circunstancias semejantes, habrían obtenido respuestas favorables.

Finalmente, sostiene que la falta de motivación configuraría también una desviación de poder, toda vez que el Servicio habría empleado sus facultades para dar por desistida la solicitud pese a disponer de mecanismos administrativos para verificar el cumplimiento de los requisitos. Reitera que las facultades discrecionales no eximen a la Administración de actuar con objetividad, imparcialidad y respeto al debido proceso.

Por lo anterior, solicita que se deje sin efecto la resolución impugnada, se efectúe una nueva revisión documental, se requieran efectivamente los antecedentes adicionales que sean pertinentes, de ser necesario, y se ordene dar continuidad a la solicitud de nacionalización, pronunciándose sobre ella dentro de un plazo de 60 días, con costas.

SEGUNDO: Que, a folio 6 de autos, compareció la recurrida SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, solicitando el rechazo del recurso.

Señala que la recurrente es titular de Permanencia Definitiva vigente y que el 18 de agosto de 2024 presentó solicitud de carta de nacionalización, ID N° 71132745. Explica que la solicitud fue avanzando por distintas etapas y que, el 25 de marzo de 2026, se le requirieron documentos adicionales mediante comunicación electrónica Folio N° 96354231, por estimarse incompleta o insuficiente la documentación acompañada. Precisa que aquella comunicación indicaba expresamente cuál era el documento requerido, consistente en la carpeta tributaria de la recurrente, obtenible en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos, y la forma de continuar el procedimiento. Además, se otorgó a la recurrente un plazo de 60 días hábiles para subsanar la falta, bajo apercibimiento de tenerla por desistida conforme al artículo 31 de la Ley N° 19.880.

En consecuencia, controvierte la afirmación de que la recurrente desconociera qué antecedente debía acompañar. Sostiene que existió una clara notificación, remitida al correo electrónico informado por la propia interesada y registrado en la plataforma institucional. La comunicación indicaba, además, que debía ingresar con Clave Única a la plataforma, revisar la solicitud de recepción de antecedentes adicionales, adjuntar únicamente la documentación requerida y finalizar el trámite.

Agrega que, como la documentación no fue acompañada dentro del plazo, el 24 de julio de 2026 se dictó la Resolución Exenta N° 2600100428573, que declaró desistida la solicitud de nacionalización. Puntualiza que la resolución dejó constancia de que la solicitud había sido declarada incompleta, que se otorgaron 60 días hábiles para subsanarla y que la recurrente no remitió la documentación requerida dentro del plazo legal. Por ello, se aplicó el artículo 31 de la Ley N° 19.880. La misma resolución reservó a la interesada el recurso de reposición administrativa del artículo 59 de dicha ley.

Luego, refiere que el plazo de seis meses del artículo 27 de la Ley N° 19.880 no es fatal, pues la propia norma permite exceder dicho término en caso fortuito o fuerza mayor y sostiene que la crisis migratoria y el elevado número de solicitudes han generado una demora que constituiría una circunstancia de esa naturaleza.

Afirma que las solicitudes de extranjeros son tramitadas bajo iguales condiciones y que correspondía a la recurrente acreditar que otras personas en idénticas circunstancias habían obtenido una tramitación o decisión más favorable, carga que, según el informe, no habría satisfecho.

Agrega que la nacionalización demora, según la información institucional, aproximadamente tres años, por tratarse de una especial gracia del Estado que requiere un análisis exhaustivo de los antecedentes y la intervención de distintos organismos públicos. En tal sentido, sostiene que su tramitación es necesariamente más extensa que la de otros procedimientos administrativos ordinarios y que el Servicio enfrenta actualmente una cantidad desproporcionada de solicitudes.

Asimismo, enfatiza que la recurrente se encuentra en situación migratoria regular, por ser titular de Permanencia Definitiva, y que el estado de su solicitud de nacionalización no le impide ejercer los derechos protegidos constitucionalmente ni afecta su estatus migratorio. Puede ingresar y salir del país, desplazarse libremente y desarrollar actividades remuneradas lícitas. Por ello, estima que no existe una necesidad cautelar urgente que justifique la intervención de la Corte.

En definitiva, solicita que se rechace el recurso de protección en todas sus partes, por estimar que su actuación se ajustó a derecho, que la recurrente fue debidamente requerida para subsanar su solicitud y no lo hizo dentro del plazo otorgado, y que no existe vulneración de garantía constitucional alguna.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por la dictación de la Resolución Exenta N°2600100428573, de 24 de julio de 2026, mediante la cual se le tuvo por desistida de la solicitud de carta de nacionalización, por no acompañar la documentación requerida por la autoridad, señalando que vulnera su garantía fundamental contemplada en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Solicita que se deje sin efecto la resolución impugnada, ordenando a la recurrida efectuar una nueva revisión documental, se requieran efectivamente los antecedentes adicionales que sean pertinentes y se ordene dar continuidad a la solicitud de nacionalización.

SEXTO: Que, el acto impugnado, consistente en la resolución del Servicio Nacional de Migraciones por la cual se tuvo a la recurrente por desistida de la solicitud de carta de nacionalización, se basa en el siguiente fundamento:

“(…) 2. Que, evaluada la petición, con fecha 25-03-2026, mediante correo electrónico, se notificó a la persona extranjera que la solicitud enviada se encontraba incompleta, y se le otorgó el plazo de 60 días hábiles para subsanar la falta y acompañar toda la documentación requerida, bajo apercibimiento de tener por desistida su solicitud, según consta en el artículo 31 de la Ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

3. Que, el peticionario no remitió la documentación solicitada dentro del plazo legal otorgado para tales efectos.

4. Que, de este modo, no habiéndose subsanado la presentación de la persona solicitante dentro de plazo, corresponde aplicar lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley N° 19.880 supra individualizada, declarando el desistimiento de la solicitud”.

SÉPTIMO: Que, luego, para la resolución del asunto, es oportuno tener presente que de los antecedentes allegados por las partes resulta un hecho asentado que la solicitud de carta fue presentada el 18 de agosto de 2024. Asimismo, consta que la solicitante fue notificada a su correo electrónico el 25 de marzo de 2026 del requerimiento de antecedentes adicionales, como también, que el Servicio precisó que aquellos correspondían a su carpeta tributaria, explicando inclusive la forma de obtener el antecedente en cuestión, no siendo acompañados por la recurrente en la etapa administrativa dentro del plazo otorgado por la autoridad.

Sin perjuicio de ello, resulta relevante tener presente que el artículo 31 de la Ley N°19.880 dispone en su inciso 1° que: “Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos señalados en el artículo precedente y los exigidos, en su caso, por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de cinco días, subsane la falta o acompañe los documentos respectivos, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición”.

OCTAVO: Que, en el escenario antes descrito, se advierte que la resolución impugnada resulta contraria a derecho, por cuanto la disposición legal en que el Servicio fundó la decisión que se impugna, en cuanto a tenerla por desistida, está prevista para la fase inicial del procedimiento administrativo. Sin embargo, de los antecedentes allegados a la causa, y considerando especialmente el tiempo transcurrido entre la presentación de la solicitud de nacionalización y la dictación del acto que se cuestiona, se advierte que la sustanciación del procedimiento había ya superado dicha etapa. Por consiguiente, la recurrida no se encontraba habilitada para aplicar la sanción prevista en el artículo 31 de la Ley N°19.880, lo que vuelve la resolución en ilegal, debiendo por ello acogerse la acción, según se dirá en lo resolutivo, toda vez que dicha decisión afecta el derecho a la igualdad ante la ley de la recurrente, consagrado en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, en la medida que le brinda un trato distinto al de otros solicitantes respecto de quienes se ha continuado la tramitación para postular a la carta de nacionalización.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones, sólo en cuanto se deja sin efecto la Resolución Exenta N°2600100428573, de 24 de julio de 2026, mediante la cual se le tuvo por desistida de la solicitud de carta de nacionalización y, en su lugar, la recurrida deberá abrir un nuevo término, no inferior a treinta días corridos, para que la recurrente pueda acompañar la documentación requerida, para luego emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda.

Acordada con el voto en contra de la abogada integrante señora Salas, quien estuvo por rechazar el recurso de protección, por estimar que no se verifican los reproches efectuados por la parte recurrente a la resolución impugnada, atendido que, de los antecedentes acompañados por esta, consta la notificación de la solicitud de mayores antecedentes a su correo electrónico, en consecuencia, era carga de la actora continuar con la tramitación de su solicitud. Asimismo, la decisión que se impugna emana de la autoridad competente, dentro de sus atribuciones, fundado en causa legal y dotada de la motivación necesaria para sustentar la decisión adoptada.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1321-2026 (Protección).