nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL LA SERENA

nombre reservado

Superintendencia de Seguridad Social La Serena Recurso de Protección Rol N°132-2024.- La Serena, dos de abril de dos mil veinticuatro.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que a folio 1, comparece don Christian Andrés Tabilo Tapia, abogado en representación de don nombre reservado y deduce recurso de protección en contra la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), señalando como acto ilegal y arbitrario el rechazo arbitrario e ilegal, la Resolución Exenta NºR-01-DC-01081-2024 de 3 de enero de 2024, a través de la cual se rechazó el reclamo deducido por el actor y se ordenó por la recurrida la restitución del actor de diferencias pagadas en exceso por los subsidios generados por las licencias médicas Nº RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, 84559542-9, 85775708-4, 87084260-0, 88050896-2, 89262953-6 y 90377463-0.

En primer término, el recurrente señala antecedentes de contexto respecto de su petición. Indica que se declaró su invalidez parcial por una dolencia de lumbago crónico el 7 de julio del 2021, que posteriormente le diagnosticaron otras patologías de origen no laboral, y que, entre mayo de 2018 y noviembre de 2021, la Caja de Compensación y Asignación Familiar Los Andes, en adelante, “CCAF Los Andes” le pagó ininterrumpidamente los subsidios por incapacidad laboral.

Entre diciembre de 2021 y abril de 2022, se rechazaron los respectivos pagos, situación que determinó que el actor vuelva nuevamente a trabajar durante los meses de mayo, junio y julio del 2022.

Posteriormente continuó con sus patologías y se le prescribió una nueva licencia médica por cervicalgia entre otras dolencias, por lo que se le pagaron sendas licencias médicas por la CCAF Los Andes desde octubre del 2022 a enero del 2024, de manera ininterrumpida.

Explica que desde mayo del 2018 a noviembre del 2021 la referida Caja de Compensación pagó un subsidio de $966.896 mensuales, sin embargo, en el periodo comprendido de octubre del 2022 hasta septiembre del 2023 se le pagó la suma de $661.257.

En relación con esa diferencia, el 4 de mayo de 2023 el actor presentó un requerimiento solicitando el recálculo del pago del subsidio por incapacidad laboral, argumentando que la base de cálculo de éste se encontraba errónea, ya que según el inciso 1º del artículo 8 del DFL Nº44/78, se debe considerar “el promedio de la remuneración mensual neta, del subsidio o de ambos, que se haya devengado en los tres meses calendarios más próximos al que se inicia la licencia”.

Que, en ese sentido, la CCAF Los Andes consideró los meses más próximos al inicio de la licencia prescrita en octubre del 2022, vale decir, los meses de junio, julio y septiembre del mismo año; sin embargo, sostiene que no correspondía considerar el mes de septiembre, pues en éste el actor únicamente recibió la suma de $87.500, que correspondió a un bono de fiestas patrias, y teniendo igualmente en consideración que el recurrente no trabajó ni percibió subsidio en esa fecha. Arguye que, como tampoco tiene información respecto de las rentas de agosto de 2022, lo correcto sería considerar para el cálculo del subsidio las rentas imponibles percibidas en los meses de mayo, junio y julio del año 2022, que corresponden a la suma de $1.274.012 pesos, por cada uno de esos meses.

Indica que la CCAF Los Andes informó a través de un correo electrónico del día 25 de septiembre del 2023 que se acogió a su petición de recálculo del monto de pago de las licencias, desde aquellas que van del período comprendido entre el 30 de octubre del 2022 hasta el 22 de septiembre del 2023, generando un saldo a favor del actor por el monto de $2.457.388, el que se pagará por transferencia bancaria. Hace presente que el valor diario que la Caja de Compensación calculó para pagar las licencias médicas es de $30.458,15 pesos, cifra lejana a la que estima correcta en derecho, que equivaldría a $42.516,688.

Señala que, si bien la Caja accedió a lo solicitado y se recalculó el monto del subsidio, dicho monto no corresponde a lo que legalmente le correspondía percibir al recurrente, por lo que el 8 de octubre del 2023, es decir a 13 días de la notificación de la resolución de la CCAF, el actor interpuso un reclamo ante la Superintendencia de Seguridad Social, en adelante “SUSESO”, solicitando una revisión del cálculo del subsidio por incapacidad laboral de las mencionadas licencias médicas otorgadas por los periodos que van de octubre del 2022 a septiembre del 2023, reiterando que aquel debía regirse por el promedio de las tres últimas remuneraciones del recurrente, las que corresponden a mayo, junio, y julio del año 2022.

Relata que, no obstante, para realizar el mencionado cálculo la Caja consideró los ingresos de enero del año 2023 por $734.630, diciembre de 2022 por $1.005.477 y noviembre del mismo año, por RUT reservado, todo lo cual arroja un pago mensual de $913.448.

Sostiene que el acto ilegal y arbitrario que reclama a través de este recurso, consiste en que el 3 de enero del 2024, a través de la Resolución Exenta No R-01-DC-01081-2024 la SUSESO resolvió “instruir a la CCAF Los Andes, gestionar la restitución de las diferencias pagadas en exceso por los subsidios pagados por las licencias médicas que indica a contar del 27 de febrero del 2023, debiendo el actor reintegrar los valores al fondo de incapacidad laboral, debiendo informar al interesado que se le pueden otorgar facilidades para la restitución o condonación de lo pagado en exceso si las circunstancias calificadas lo justifican.”

Sostiene que son dos los argumentos que esgrime la recurrida para no acoger el reclamo presentado por el recurrente y, a su vez, condenarlo a la restitución de las diferencias pagadas en exceso por los subsidios pagados.

En primer término, que la recurrida señaló que el reclamo respecto de las licencias extendidas entre el 30 de octubre del 2022 y el 26 de febrero del 2023 estaba prescrito, considerando para ello la aplicación del Oficio N°34.680 de 27 de septiembre de 2020, norma que indica que el plazo de prescripción es de 6 meses y se refiere tanto a la solicitud del beneficio como al cobro efectivo o sobre liquidación, de manera que era dentro de dicho plazo que debería haberse solicitado la reliquidación del subsidio. En este Dictamen la SUSESO instruye y, a la vez, confirma su criterio sobre el “Subsidio por incapacidad laboral”, postura que dice relación con su interpretación del inciso 2° del artículo 24 de la Ley N°18.469, norma que dispone: “El derecho a impetrar el subsidio por incapacidad prescribe en seis meses desde el término de la respectiva licencia”

Indica que se le informó que, habiéndose terminado la licencia N°RUT reservado el 26 de febrero del 2023, el plazo para cobrar el subsidio venció el 26 de agosto del 2023, por lo que, al 8 de octubre de 2023, fecha en la que efectúa la reclamación ante la SUSESO, el derecho se encontraba prescrito, ya que el plazo para realizar la presentación prescribió el 26 de agosto del 2023.

Sin embargo, la recurrida no consideró el procedimiento que se inició ante la CCAF Los Andes, y que se inició el 4 de mayo, culminando el 25 de septiembre de 2023, sin que nada se diga del por qué no consideró el reclamo que el actor formuló ante la Caja dentro del término de prescripción, para efectos de su interrupción. En el mismo sentido, indica que la recurrida, al no decir nada respecto del por qué se desestimó la reclamación del recurrente ante la Caja, verifica una segunda ilegalidad y que guarda relación con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N°19.880, que ordena que las resoluciones que emanen de la administración deben ser fundadas.

En segundo término, señala que respecto de siete licencias médicas que formaban parte del reclamo ante la SUSESO, se resolvió que debía efectuarse un nuevo cálculo, toda vez que estas licencias son discontinuas o aparecen por un nuevo diagnóstico, el que conforme a los antecedentes que se indican corresponde a la suma de un subsidio por incapacidad laboral diario por $27.878,57 y no por $30.458,16, que fue el monto fijado por la Caja de Compensación en septiembre del año 2023. Explica que el nuevo monto se deriva del hecho de no tomar en consideración, al momento de calcular el subsidio de incapacidad laboral, los montos pagados por la Caja en los meses de noviembre y diciembre de 2022 y enero y febrero del 2023, producto de haberse declarado por la propia recurrida la prescripción de las licencias que avalaban tales subsidios, conforme se señaló anteriormente.

Luego, sostiene que la recurrida no aplicó tal criterio en todas las licencias reclamadas, aplicándolo en forma indistinta en unas y en otras, cuestión que deja en evidencia la arbitrariedad en el actuar de la Superintendencia de Seguridad Social.

Indica que la recurrida vulnera, perturba y amenaza el derecho de propiedad del actor, al privarlo del derecho que tiene a percibir el Subsidio en el monto, forma y condiciones prescritas por el DFL Nº44 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, obligándolo a soportar los efectos de su accionar ilegal y arbitrario a partir de una merma importante del monto a pagar por Subsidio, y porque con su decisión de obligar al recurrente a “la restitución de las diferencias pagadas en exceso por los subsidios pagados”, impone, de forma ilegal y arbitraria, un gravamen sobre el patrimonio de su representado, el que no es justo ni razonable.

Por lo expuesto, solicita que se deje sin efecto la Resolución Exenta Nº R-01-DC-01081-2024, de fecha tres de enero del año 2024 y que, como consecuencia de lo anterior, se le ordene a la SUSESO acoger el Reclamo presentado por el recurrente con fecha 8 de octubre de 2023, y se proceda a realizar un nuevo cálculo del valor diario del Subsidio (SIL), esta vez, conforme a Derecho, considerando para ello, las licencias médicas que declaró prescritas, sin perjuicio de cualquier otra medida que este Tribunal considere necesaria para restablecer el Imperio del Derecho y asegurar el debido resguardo y respeto de las Garantías Fundamentales del recurrente, con expresa codena en costas.

Segundo: Que informa el recurso Francisco Ortega Bello, abogado, en representación de la Superintendencia de Seguridad Social.

En primer término, alegó la improcedencia del recurso por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En subsidio y en cuanto al fondo, estableció el marco jurídico-normativo que regula la materia de la licencia médica, indicando que aquella es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

En cuanto al caso del recurrente Sr. nombre reservado, indica que efectuó una presentación ante dicho organismo el 8 de octubre de 2023 apelando en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, debido a su descontento con el cálculo del subsidio por incapacidad laboral correspondiente a las licencias médicas otorgadas desde el 30 de octubre de 2023, identificadas con los números RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, 84559542-9, 85775708-4, 87084260-0, 88050896-2, 89262953-6 y 90377463-0, solicitando una revisión del cálculo efectuado por dicha Caja.

Arguye que en respuesta, la Superintendencia de Seguridad Social, tras revisar los antecedentes y el cálculo de los subsidios por incapacidad laboral realizado por la C.C.A.F. de Los Andes, obtuvo información de la Caja a través de la Carta N° 4870/2023, fechada el 18 de octubre de 2023. En ella, la Caja indicó que había recibido y que dispuso los procedimientos administrativos habituales, para la tramitación en la COMPIN Iquique, para las licencias médicas del periodo que abarca desde el 30 de octubre de 2022 hasta el 22 de septiembre de 2023, procediendo a su autorización y al cálculo del subsidio según las normas generales a que se refiere el inciso primero del artículo 8° del D.F.L. N°44, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y la información disponible, resultando en un pago final de $30.458,16 diarios por la licencia N° RUT reservado desde el 27 de febrero de 2023.

Luego, para las licencias médicas de origen común N°RUT reservado, RUT reservado, extendidas entre el 30 de octubre de 2022 y el 26 de febrero de 2023, mediante el Oficio N°34.680, de 27 de septiembre de 2000, ese Organismo Fiscalizador concluyó que el plazo de prescripción de seis meses que establece la norma para impetrar el subsidio por incapacidad laboral, está referido tanto a la solicitud del beneficio como a su cobro efectivo o su reliquidación, de manera que dentro de dicho plazo debería haberse solicitado y cobrado o reliquidado el subsidio al que la licencia médica ha dado derecho.

Que, en dicho sentido, habiéndose terminado la licencia N°RUT reservado el 26 de febrero de 2023, el plazo para cobrar el subsidio venció el 26 de agosto de 2023, por lo que, al 8 de octubre de 2023, fecha de su reclamación ante esa Superintendencia, su derecho se encontraba prescrito.

Además, se señaló que corresponde realizar un nuevo cálculo del subsidio cuando las licencias se descontinúan por fecha o si aparece un diagnóstico distinto.

Que, en ese sentido, y considerando que la licencia médica N°RUT reservado, se inició el 26 de febrero de 2023, se consideraron las remuneraciones o subsidios imponibles de noviembre y diciembre de 2022 y enero de 2023, resultando en un subsidio diario correcto de $27.878,57, monto que difiere del valor de $30.458,16 determinado y pagado por la C.C.A.F. de Los Andes.

Por lo tanto, la Superintendencia instruyó a la C.C.A.F. de Los Andes a gestionar la restitución de las diferencias pagadas en exceso por los subsidios de las licencias médicas extendidas a partir del 27 de febrero de 2023, así como de las licencias posteriores que se vean afectadas, y a informar al señor nombre reservado sobre su derecho a solicitar facilidades para la restitución o la condonación de lo pagado en exceso si circunstancias calificadas lo justifican, conforme a lo dispuesto por los incisos 1° y 2° del artículo 3° del D.L. N°3.536 de 1981 y su reglamento contenido en el D.S. N°20 de 1981, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Esto se estableció en la Resolución Exenta N°R-01-DC-01081-2024, del 3 de enero de 2024.

Por ello resolvió instruir a la C.C.A.F. de Los Andes, gestionar la restitución de las diferencias pagadas en exceso por los subsidios pagados por las licencias médicas N°s. RUT reservado, RUT reservado, 84559542-9, 85775708-4, 87084260-0, 88050896-2, 89262953-6 y 90377463-0, extendidas a contar del 27 de febrero de 2023, como también las posteriores licencias médicas que se ven afectadas, de don nombre reservado, debiendo reintegrar los valores al Fondo de Incapacidad Laboral. Además, deberá informar al interesado que le asiste el derecho a solicitar a esa Caja, de acuerdo con lo dispuesto por los incisos 1° y 2° del artículo 3° del D.L. N°3.536, de 1981 y su reglamento contenido en el D.S. N°20, de 1981, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que se le otorguen facilidades para la restitución o la condonación de lo pagado en exceso si circunstancias calificadas lo justifican. La C.C.A.F. de Los Andes, deberá dar cumplimiento a lo instruido en esta Resolución dentro del plazo establecido al efecto por la Circular N° 3.531. Lo anterior según consta en la Resolución Exenta N° R-01-DC-01081-2024, de 03 de enero de 2024.

Finalmente, señala que no existe acto ilegal o arbitrario por parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues se limitó a resolver la situación de la parte recurrente, dentro del ámbito de su competencia, descartando la vulneración de garantías indicadas por el recurrente.

Por lo expuesto, solicitó el rechazo del recurso, con costas.

Tercero: Que, el recurso de protección constituye una acción de naturaleza cautelar que tiene por objeto amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales y derechos establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarias que vulneren el ejercicio de estos, mediante la adopción de medidas cautelar inmediata, destinadas a restablecer el imperio del derecho Que, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

Cuarto: Que, la Superintendencia de Seguridad Social alegó, en primer término, la improcedencia de la acción recurrida por tratarse de una materia propia del derecho a la seguridad social garantizada en el N°18 del artículo 19 de nuestra Constitución Política de la República, que no se encuentra amparada por la acción cautelar que se ejerce, argumentación que no puede prosperar, debido a que de los fundamentos fácticos del recurso, aparece meridianamente claro que con la dictación de la Resolución Exenta No R-01-DC-01081-2024 de 3 de enero del año 2024, que rechaza la reclamación de la recurrente y ordena reintegrar sumas de dineros pagadas por concepto de subsidio por incapacidad laboral, se ha visto evidentemente amenazada la integridad del patrimonio del actor, derecho que sí se encuentra tutelado por el recurso que se ejerce, sin perjuicio de la eventual afectación de otras garantías.

Quinto: Que, a través del presente arbitrio se reclama de la Resolución Exenta N°R-01-DC-01081-2024 de 3 de enero del 2024 dictada por la Superintendencia de Seguridad Social a través de la cual, se rechazó el reclamo presentado por el Sr. nombre reservado el 8 de octubre de 2023, en el que solicitaba la revisión del monto del subsidio por incapacidad laboral, ya que la CCAF Los Andes pagó un SIL menor sin considerar en la base de cálculo las remuneraciones de mayo, junio y julio de 2022. El recurrente alega que, a través de la mentada Resolución Exenta No R-01-DC-01081-2024, se vulnera el derecho de propiedad al considerar una base cálculo incorrecta y aplicar una prescripción improcedente al caso, infringiendo en todo caso lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N°19.880.

Sexto: Que analizados los antecedentes acompañados por la recurrente y la SUSESO, se pueden extraer las siguientes conclusiones:

Que don nombre reservado, presentó un requerimiento a la CCAF Los Andes el 4 de mayo de 2023, pidiendo un recálculo del subsidio por incapacidad laboral pagado en el periodo que va desde octubre de 2022 en adelante.

Que el 25 de septiembre de 2023, la CCAF Los Andes le informó a través de un correo electrónico que se acogió la petición de recalculo de las licencias desde la N°4.12574951 al N°3- 90377463 del periodo del 30 de octubre de 2022 al 22 de septiembre del 2023, generando un saldo a favor del actor por el monto de $2.457.388 a pagar por transferencia bancaria.

Que posteriormente y estimando el recurrente que, a pesar de lo resuelto por la CCAF Los Andes, aún existía un error en el cálculo del subsidio, el 8 de octubre del 2023 interpuso un reclamo ante la Superintendencia de Seguridad Social, dictando la recurrida al efecto la Resolución Exenta No R-01-DC-01081-2024 de 3 de enero del 2024, reclamada a través del presente arbitrio.

Que la precitada resolución señala en lo pertinente: “Que, en relación a la licencia médica de origen común N°s. RUT reservado, RUT reservado, extendidas entre el 30 de octubre de 2022 y el 26 de febrero de 2023. Para conocimiento del señor nombre reservado, mediante el Oficio N°34.680, de 27 de septiembre de 2000, este Organismo Fiscalizador concluyó que el plazo de prescripción de seis meses que establece dicha norma para impetrar el subsidio por incapacidad laboral, está referido tanto a la solicitud del beneficio como a su cobro efectivo o su reliquidación de manera que dentro de dicho plazo deberá haberse solicitado y cobrado o reliquidado el subsidio al que la licencia médica ha dado derecho.

Que, habiéndose terminado la licencia N°RUT reservado el 26 de febrero de 2023, el plazo para cobrar el subsidio venció el 26 de agosto de 2023, por lo que, al 8 de octubre de 2023, fecha de su reclamación ante esta Superintendencia, su derecho se encontraba prescrito. Que, el plazo para realizar su presentación prescribió el 26 de agosto de 2023. Que, se debe hacer presente que corresponde hacer un nuevo cálculo, cuando las licencias se discontinúan por fecha o si aparece un diagnóstico distinto (…)

Que, habiéndose iniciado las licencia médica N°RUT reservado, el 26 de febrero de 2023, correspondió considerar las remuneraciones o subsidios imponibles registradas en noviembre y diciembre de 2022 y enero de 2023 y, según certificado de subsidio de incapacidad laboral de C.C.A.F. de Los Andes, de fecha 17 de octubre de 2023, el señor nombre reservado sólo registra subsidios por $710.933 (por 30 días), $763.649 (por 31 días) y $1.034.489 (por 31 días), respectivamente, se obtiene un total neto de $2.509.071, el que dividido por 90 días da un subsidio diario correcto de $27.878,57. Monto que difiere al valor de $30.458,16, determinado y pagado por la C.C.A.F. de Los Andes.

RESUELVO: Instruyese a la C.C.A.F. de Los Andes, gestionar la restitución de las diferencias pagadas en exceso, por los subsidios pagados por las licencias médicas N°s.RUT reservado, RUT reservado, 84559542-9, 85775708-4, 87084260-0, 88050896-2, 89262953-6 y 90377463-0, extendidas a contar del 27 de febrero de 2023, como también las posteriores licencias médicas que se ven afectadas, de don nombre reservado, debiendo reintegrar los valores al Fondo de Incapacidad Laboral. Además, deberá informar al interesado que le asiste el derecho a solicitar a esa Caja, de acuerdo a lo dispuesto por los incisos 1° y 2° del artículo 3° del D.L. N°3.536, de 1981 y su reglamento contenido en el D.S. N°20, de 1981, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que se le otorguen facilidades para la restitución o la condonación de lo pagado en exceso si circunstancias calificadas lo justifican (…)”.

Séptimo: Que, determinado el marco fáctico de la discusión, se debe tener presente que el derecho a licencia médica está contemplado en el artículo 149 del D.F.L. Nº1, de 2005, del Ministerio de Salud, que promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N°18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto.

A su vez, el subsidio por incapacidad laboral se encuentra regulado en el D.F.L. Nº44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, cuyo artículo 8° inciso primero establece: “La base del cálculo para la determinación del monto de los subsidios considerará los datos existentes a la fecha de iniciación de la licencia médica y será una cantidad equivalente al promedio de la remuneración mensual neta, del subsidio, o de ambos, que se hayan devengado en los tres meses calendario más próximos al mes en que se inicia la licencia”.

Octavo: Que la tantas veces citada Resolución Exenta N°R-01-DC-01081-2024 de 3 de enero del 2024 dictada por la Jefa De Departamento Contencioso de la Superintendencia de Seguridad Social, funda la negativa para acoger la petición del actor de efectuar un recálculo del subsidio de incapacidad laboral pagado por la CCAF Los Andes, en la aplicación del Oficio N°34.680 de septiembre de 2000, que efectúa una interpretación de la norma contenida en el en el inciso segundo del artículo 24 de la Ley N°18.469, que dispone: "El derecho a impetrar el subsidio por incapacidad prescribe en seis meses desde el término de la respectiva licencia".

Que dicho organismo en base a la mentada interpretación declaró prescritas las licencias médicas de origen común números RUT reservado y RUT reservado, extendidas entre el 30 de octubre de 2022 y el 26 de febrero de 2023, señalando respecto de ésta última que el plazo de seis meses para cobrar el subsidio venció el 26 de agosto de 2023, por lo que, al 8 de octubre de 2023 época en que presentó el reclamo ante esa Superintendencia, su derecho se encontraba prescrito. Que en base a lo anterior, efectúa un nuevo cálculo del Subsidio por Incapacidad Laboral en perjuicio del actor e instruye a la CCAF Los Andes, gestionar la restitución de las diferencias pagadas en exceso, por los subsidios pagados por las licencias médicas extendidas a contar del 27 de febrero de 2023, como también las posteriores licencias médicas que se ven afectadas.

Noveno: Que estos sentenciadores estiman que al resolver de tal modo, la recurrida no ha dado cumplimiento a lo mandatado por el artículo 11 de la Ley 19.880, en cuanto la Superintendencia, como órgano de la administración del Estado, debe actuar con objetividad y consignar en la resolución los fundamentos de hecho y de derecho en aquellos actos que afecten los derechos de los particulares, y en particular ha infringido lo prescrito en el artículo 41 inciso tercero del mismo texto legal, que dispone que “En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución deberá ajustarse a las peticiones formuladas por éste, sin que en ningún caso pueda agravar su situación inicial y sin perjuicio de la potestad de la Administración de incoar de oficio un nuevo procedimiento, si fuere procedente”. Por lo tanto, en el caso de autos, en que fue el recurrente quien interpuso reclamo ante la SUSESO, la resolución respectiva en modo alguno podía dejarlo en una situación desmejorada frente a la que detentaba antes de recurrir a la Administración, y en consecuencia, la decisión adoptada por el ente recurrido, en vez de extraviarse por los derroteros de una presunta prescripción, como se dirá más adelante, debió ser fundada y ajustarse a las peticiones formuladas por el peticionario, lo que claramente no ocurrió, por cuanto al resolver no se consideró la existencia de un reclamo previo presentando ante la CCAF Los Andes el día 4 de mayo de 2023, en virtud del cual el actor se alzó respecto de las sumas pagadas pidiendo un recálculo del subsidio a su favor, cuestión que tiene la máxima importancia si se considera que la recurrida rechazó la petición del Sr. nombre reservado, sin emitir pronunciamiento de fondo respecto de los argumentos planteados, limitándose a declarar prescrito determinados subsidios, y ocasionándole un detrimento, al ordenar en definitiva el reintegro de las sumas de dinero recibidas por ese concepto, sin que, por otro lado, se hiciera mención alguna respecto de los efectos que se generaron a raíz de aquel reclamo previo.

Décimo: Que de su atenta lectura se desprende que el motivo central de la Resolución Exenta N°R-01-DC-01081-2024, gira en torno a la aplicación de la prescripción contenida en el artículo 24 de la Ley N°18.469 y la interpretación administrativa que de dicha norma se realiza en el Oficio N°34.680 de septiembre de 2000, respecto del cual se ha hecho una aplicación parcial y no ajustada al ordenamiento jurídico.

En efecto, el mencionado Oficio N°34.680 de septiembre de 2000 de la Superintendencia de Seguridad Social dispone en lo pertinente:(…)“Del reestudio de la materia y especialmente considerando que el término "impetrar" tiene dos acepciones, esta Superintendencia concluye que el plazo de prescripción de seis meses que establece el inciso segundo del articulo 24 de la Ley Nº18.469, para impetrar el subsidio por incapacidad laboral, está referido tanto a la solicitud del beneficio como a su cobro efectivo, de tal manera que dentro del plazo de 6 meses contado desde el término de la correspondiente licencia médica deberá haberse solicitado y cobrado el subsidio a que aquella ha dado derecho.

Lo anterior no significa que el trabajador además de presentar la licencia médica deba efectuar otro trámite para expresar que está cobrando el subsidio, ya que la presentación de la licencia implica la solicitud del beneficio.

Sin embargo, el trabajador deberá cobrar materialmente el subsidio a la entidad otorgante, dentro del plazo de seis meses contado desde el término de la licencia.

En todo caso, las entidades pagadoras del subsidio deberán comunicar al trabajador que el subsidio se encuentra a su disposición, indicando el lugar en que deben percibirlo.

Se hace presente que el plazo de prescripción puede ser interrumpido o suspendido conforme a las reglas generales que establece el derecho civil”.

Undécimo: Que en la especie no es discutido que el actor percibió el pago del subsidio por incapacidad laboral en los meses de octubre de 2023 en adelante, lo que además queda en evidencia desde que la Resolución Exenta No R-01-DC-01081-2024 ordena “la restitución de las diferencias pagadas en exceso”. Que lo anterior lleva a la conclusión que en ningún caso ha tenido aplicación la institución de la prescripción extintiva del mencionado artículo 24 de Ley 18.469, respecto de las licencias médicas N°s. RUT reservado, RUT reservado, siendo que éstas se cobraron y pagaron previo al reclamo ante la SUSESO, extendiéndose la alegación del actor a un recálculo o diferencia en los montos percibidos.

Duodécimo: Que, en el mismo sentido, y ahora respecto de aquel recálculo que pidió el Sr. nombre reservado, al haber efectuado el reclamo el 4 de mayo de 2023 ante la Caja de Compensación y Asignación Familiar Los Andes – entidad pagadora - y obtener respuesta parcialmente favorable a su derecho el 25 de septiembre de 2023, queda en evidencia que, cualquier prescripción que estuviese corriendo quedó interrumpida naturalmente al reconocer la Caja en parte el derecho de actor, como queda demostrado en el correo electrónico enviado el 25 de septiembre de 2023, a través del cual se le informó que se generó un saldo a su favor por el monto de $2.457.388 a pagar por transferencia bancaria. Por ende y conforme a lo dispuesto en el artículo 2518 del Código Civil, que recoge el propio Oficio N°34.680 de septiembre de 2000 de la Superintendencia de Seguridad Social, al reconocer explícitamente la procedencia de la interrupción de la prescripción, lo resuelto por la recurrida en la resolución que se revisa no tiene ningún asidero ni en lo jurídico ni el fáctico.

Decimotercero: Que, a mayor abundamiento, incluso en el evento de haber operado la prescripción en la forma pretendida por la recurrida, ello en caso alguno habilitaba para ordenar el reintegro de las sumas percibidas, desde que el efecto natural de la prescripción no es hacer desaparecer completamente las obligaciones de la vida jurídica, pues ellas subsisten como obligación natural, tal y como se desprende del artículo 1470 N°2 del Código Civil. En consecuencia, el recurrente de autos en modo alguno podría haber sido compelido a restituir lo que le había sido entregado voluntariamente por la respectiva Caja de Compensación en cumplimiento de una obligación supuestamente prescrita, pues el artículo referido autoriza expresamente al acreedor para retener lo dado o pagado en razón de una obligación natural, situación en que indudablemente se encuentran las obligaciones prescritas.

Decimocuarto: Que, en mérito de lo expuesto, se estima que la actuación de la recurrida al haber resuelto como lo hizo en la Resolución Exenta N° R-01-DC-01081-2024 de 3 de enero del 2024, al ordenar a la C.C.A.F. Los Andes que gestione la restitución del actor de sumas de dinero pagadas en exceso por los subsidios, constituye una actuación ilegal y arbitraria que se manifiesta en haber dado aplicación a una prescripción manifiestamente improcedente que evidencia una falta de rigurosidad en su proceder, afectando con ello el derecho de propiedad del recurrente, en cuanto le significa recibir un subsidio de incapacidad laboral menor al que en derecho le corresponde, lo que conduce a acoger el recurso interpuesto, según se dirá a continuación.

Decimoquinto: Que la conducta de la recurrida, en abierta contradicción con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 19.880, desconociendo además las características fundamentales de la institución de la prescripción, la que procedió a declarar de oficio, sin considerar la evidente interrupción natural de su cómputo, y pasando por sobre la normativa que regula las obligaciones naturales, da cuenta de una inexcusable falta de prolijidad, la que ha retardado de manera considerable la resolución de la pretensión del administrado, obligándolo adicionalmente a incurrir en los gastos propios de la litigación ante esta Corte, por lo que se impone que la Superintendencia recurrida sea condenada, además, al pago de las costas de la causa.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se ACOGE, con costas, el recurso de protección interpuesto en favor de don nombre reservado en contra la Superintendencia de Seguridad Social, dejándose sin efecto la Resolución Exenta No R-01-DC-01081-2024, y debiendo la recurrida emitir un nuevo pronunciamiento respecto de la petición del actor, en el plazo de quince días de notificado el presente fallo, dando estrictamente cumplimiento a lo dispuesto en el D.F.L. Nº44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del ministro Señor Sergio Troncoso Espinoza.

Rol N° 132-2024 Protección.-