Protección contra Ministerio del Interior y Seguridad Pública y de la Subsecretaría del Interior

nombre reservado

Ministerio del Interior Recurso de protección Rol N°1318-2026 La Serena, cinco de octubre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece don nombre reservado, abogado, por sí y en favor de don nombre reservado, ciudadano venezolano, e interpone recurso de protección en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y de la Subsecretaría del Interior, por estimar ilegal y arbitraria la omisión consistente en no dictar el decreto que ponga término al procedimiento de carta de nacionalización iniciado por el recurrente.

Expone que don nombre reservado ingresó al país en calidad de turista y que, encontrándose en territorio nacional, modificó posteriormente su condición migratoria a residente temporario, obteniendo luego permanencia definitiva, beneficio que se mantiene vigente. Señala que el 30 de mayo de 2023 presentó solicitud de carta de nacionalización y que efectuó íntegra y oportunamente el pago de los derechos asociados al trámite.

Refiere que el Servicio Nacional de Migraciones habría cumplido ya la etapa correspondiente a su competencia y remitido al Ministerio del Interior los antecedentes de la solicitud junto con el proyecto de decreto respectivo. Acompaña, en particular, Oficio Ordinario N°NUM000, de 9 de enero de 2025, dirigido al Subsecretario del Interior, mediante el cual el Servicio Nacional de Migraciones remitió los antecedentes de la solicitud del recurrente para la continuación del procedimiento, adjuntando el proyecto de decreto.

Sostiene que, pese a ello, al tiempo de interponerse esta acción, el 31 de julio de 2026, no se había dictado ni notificado el decreto que concediera o rechazara la carta de nacionalización, manteniéndose el procedimiento pendiente. Afirma que desde la solicitud inicial habían transcurrido más de tres años sin decisión terminal y que, particularmente, había transcurrido un lapso considerable desde que los antecedentes fueron remitidos al órgano llamado a resolver.

Alega que dicha demora vulnera los principios de celeridad, conclusividad, inexcusabilidad y economía procedimental consagrados en la Ley N°19.880, invocando especialmente los artículos 6, 7, 8, 9, 14, 24 y 27 de ese cuerpo legal. Sostiene que, aun cuando la Administración pretenda atribuir al plazo de seis meses un carácter no fatal, ello no la habilita para mantener indefinidamente pendiente un procedimiento sin decisión expresa.

Añade que la omisión es permanente, de modo que la acción habría sido deducida oportunamente, y sostiene que no resulta necesario agotar previamente mecanismos administrativos distintos para obtener tutela constitucional. Afirma que la dilación afecta la igualdad ante la ley, al colocar al recurrente en una situación desventajosa respecto de otros administrados cuyas solicitudes, encontrándose en una situación jurídica equivalente, han sido resueltas dentro de un plazo razonable.

Solicita, en definitiva, que se acoja la acción y se ordene a las recurridas pronunciarse sobre la solicitud de carta de nacionalización dentro del plazo de treinta días, o dentro del término que esta Corte determine conforme al mérito de los antecedentes, con costas.

SEGUNDO: Que, informando el Ministerio del Interior y la Subsecretaría del Interior, solicitan el rechazo íntegro del recurso, con costas, sosteniendo que no existe omisión ilegal o arbitraria ni afectación concreta de alguna garantía susceptible de protección por esta vía constitucional.

Explican que el otorgamiento de cartas de nacionalización se materializa mediante decreto expedido por la autoridad superior del Ministerio del Interior y constituye una facultad expresamente contemplada en los artículos 84 de la Ley N°21.325, 1° y 2° del Decreto Supremo N°5.142, de 1960, y 1°, apartado IV, N°4, de la Ley N°16.436. Señalan que la normativa utiliza la expresión “podrá”, de manera que la nacionalización constituye una concesión y no un derecho adquirido por el solo cumplimiento de los requisitos formales.

Añaden que, conforme al artículo 157 N°8 de la Ley N°21.325, corresponde al Servicio Nacional de Migraciones recibir y tramitar las solicitudes, revisar su admisibilidad, disponer el pago de derechos y, concluida dicha etapa, remitir los antecedentes al Ministerio del Interior para que la autoridad competente adopte la decisión terminal.

Respecto del caso concreto, reconocen que los antecedentes de la solicitud del recurrente fueron recibidos por el Ministerio del Interior desde el Servicio Nacional de Migraciones y que el acto administrativo destinado a resolverla se encuentra actualmente en tramitación, previo a la firma de la autoridad.

Requeridos posteriormente por esta Corte para precisar la fecha de recepción, informaron que dichos antecedentes fueron recibidos el 13 de enero de 2025.

Sostienen que no existe una omisión ilegal o arbitraria, porque las solicitudes de carta de nacionalización requieren un examen exhaustivo atendida la relevancia jurídica y práctica de la concesión. Agregan que durante el año 2025 se presentaron 39.482 solicitudes, equivalentes a un promedio de 3.290 mensuales, y que entre los períodos 2018-2021 y 2022-2025 se produjo un aumento superior al seiscientos cincuenta por ciento, circunstancia que habría incidido de manera significativa en los tiempos de tramitación.

Afirman, asimismo, que el plazo de seis meses previsto en el artículo 27 de la Ley N°19.880 no tiene carácter fatal y que su sola superación no produce la caducidad ni invalidez del procedimiento, invocando jurisprudencia de la Corte Suprema y dictámenes de la Contraloría General de la República. Agregan que la sola demora no basta para configurar una vulneración constitucional si el procedimiento continúa en curso y existe una explicación objetiva para su duración.

En relación con la igualdad ante la ley, sostienen que no se acreditó un trato diferenciado respecto de personas situadas en condiciones equivalentes y que acoger acciones de esta naturaleza podría generar una preferencia para quienes judicializan sus solicitudes en perjuicio de otros peticionarios que, incluso habiéndolas presentado con anterioridad, aún se encuentran a la espera de una decisión.

Finalmente, enfatizan que la acción de protección no puede utilizarse para obtener el otorgamiento de una carta de nacionalización ni para sustituir la decisión de la autoridad competente. Solicitan, por ello, el rechazo del recurso con expresa condena en costas.

TERCERO: Que el recurso de protección contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías que dicha disposición enumera frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que produzcan privación, perturbación o amenaza, facultando a esta Corte para adoptar las providencias necesarias destinadas a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

CUARTO: Que, para que esta acción pueda prosperar, debe existir una actuación u omisión actual atribuible a la autoridad recurrida que pueda calificarse de ilegal, por contrariar el ordenamiento jurídico, o arbitraria, por carecer de razonabilidad o fundamento suficiente, y que tal conducta produzca una afectación concreta respecto de alguna de las garantías protegidas por el artículo 20 de la Carta Fundamental.

QUINTO: Que la controversia se circunscribe a establecer si resulta ilegal o arbitrario que, habiendo recibido el Ministerio del Interior los antecedentes de la solicitud de carta de nacionalización del recurrente el 13 de enero de 2025 y encontrándose el acto administrativo respectivo en tramitación previa a firma, no se haya dictado una decisión terminal al momento de interponerse la presente acción.

SEXTO: Que, de los antecedentes incorporados a estos autos, aparece que el recurrente presentó su solicitud de carta de nacionalización el 30 de mayo de 2023 y que el Servicio Nacional de Migraciones remitió posteriormente los antecedentes al Ministerio del Interior. La recurrida reconoce que los recibió el 13 de enero de 2025 y que, a la fecha de evacuar su informe, el acto administrativo destinado a resolver la solicitud continuaba en tramitación, previo a la firma de la autoridad.

Por consiguiente, al momento de interponerse el recurso, el 31 de julio de 2026, había transcurrido aproximadamente un año y medio desde que los antecedentes quedaron radicados en el Ministerio del Interior para la etapa final de decisión. La cuestión a resolver no consiste en determinar si el recurrente tiene derecho a que se le conceda la nacionalidad, sino si ese lapso de tramitación, atendidas las circunstancias concretas del caso, resulta compatible con el deber de la Administración de conducir el procedimiento hacia una decisión terminal dentro de un plazo razonable.

SÉPTIMO: Que, si bien el plazo de seis meses previsto en el artículo 27 de la Ley N°19.880 no tiene carácter fatal en términos de producir automáticamente la caducidad o invalidez del procedimiento, constituye un parámetro relevante para apreciar la razonabilidad de su duración, particularmente cuando la propia Administración reconoce que el procedimiento se encuentra en su etapa terminal.

OCTAVO: Que, en la especie, los antecedentes fueron recibidos por el Ministerio del Interior el 13 de enero de 2025 y, más de un año y medio después, al tiempo de deducirse esta acción, el acto administrativo aún permanecía en tramitación previa a firma. Tal lapso excede ampliamente el parámetro temporal previsto en la Ley N°19.880 y se verifica en una fase en la que el Servicio Nacional de Migraciones ya había concluido la tramitación a su cargo y remitido los antecedentes al órgano competente para decidir.

NOVENO: Que las explicaciones generales proporcionadas por la recurrida, relativas al aumento del número de solicitudes y a la complejidad del procedimiento, no aparecen suficientes para justificar concretamente que, una vez recibidos los antecedentes para resolución, el acto terminal permanezca pendiente por un período tan prolongado. La carga administrativa puede explicar una demora, pero no habilita a mantener indefinidamente al administrado en incertidumbre sin una decisión expresa.

Asimismo, el carácter de gracia de la carta de nacionalización tampoco resulta decisivo para resolver la controversia. La acción no pretende que esta Corte conceda la nacionalidad ni predetermine el contenido favorable del decreto, sino que se ordene a la autoridad competente concluir el procedimiento y emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda.

DÉCIMO: Que, en estas condiciones, la prolongación injustificada de la etapa terminal del procedimiento aparece carente de una justificación suficiente y configura una omisión arbitraria, al mantener al recurrente sometido a una espera indefinida respecto de una solicitud que la Administración tiene el deber de resolver. Dicha situación importa, además, una afectación a la igualdad ante la ley, en cuanto somete al recurrente a una carga temporal excesiva sin una razón concreta que la justifique.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, la Ley N°19.880 y demás normas pertinentes, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de don nombre reservado y, en consecuencia, se ordena al Ministerio del Interior y a la Subsecretaría del Interior concluir la tramitación de su solicitud de carta de nacionalización y dictar el acto administrativo terminal que en derecho corresponda dentro del plazo de treinta días corridos, contado desde que la presente sentencia quede ejecutoriada.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1318-2026 Protección.-