nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

nombre reservado

Servicio Nacional de Migraciones Recurso de Protección Rol N°1315-2024.- La Serena, treinta de agosto de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el diecisiete de julio de dos mil veinticuatro comparece JUNIOR ARMANDO DAZA VARGAS, abogado, a favor de nombre reservado, venezolana, interponiendo acción de protección de garantías constituciones en contra del Servicio Nacional de Migraciones y de la Subsecretaría del Interior del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en particular, en relación al Oficio Ordinario N°33924 de 20 de junio del presente año, en el cual se informa al recurrente que el Servicio Nacional de Migraciones no puede acceder a su solicitud de regularización ya que en concordancia con lo dispuesto en el artículo 155 N°8, en relación con lo señalado en el artículo 157 N°13, ambos de la Ley N°21.325, no se ha dispuesto de un mecanismo de regularización; dicho oficio es vulnerador del principio de igualdad ante la ley, según lo establecidos en el artículo 19 número 2 de la Constitución Política de la República, en concordancia a lo prescrito en el artículos 155 N°8 y 9 de la Ley N°21.325.

Expone que su representada ingresó a Chile durante el mes de agosto del año 2020; la razón principal de venir a este país es por encontrarse en el su hermano menor el cual es residente en el país, siendo este su apoyo directo.

Señala que desde su llegada al país, doña nombre reservado, siempre ha actuado de manera diligente preocupándose constantemente de su situación migratoria, en su momento acudía con frecuencia a la Policía de Investigaciones de Chile para consultar sobre su situación migratoria; saber si ya había sido emitida su orden de expulsión siempre recibiendo respuesta negativa ante la consulta; en mayo de 2023 desde el Gobierno Nacional se creó el proceso de empadronamiento biométrico, siendo este un mecanismo para recopilar la información de los migrantes irregulares que ingresaron a Chile hasta el 31 de mayo de 2023.

Siendo la intención plena de la recurrente el poder regularizar su situación migratoria, realizando la inscripción en el procedimiento donde le asignaron una cita para que acudiera de forma presencial el día 06 de octubre de 2023 a las dependencias de la PDI, donde al momento de hacer la captación de sus datos fue notificada en el acto de la Resolución Exenta N°2.643/254 de 14 de septiembre de 2021 emitida por la Delegación Presidencial de Arica y Parinacota; transcurriendo 2 año y 1 mes desde su emisión y su notificación a pesar de que en varias oportunidades la recurrida se acercó a preguntar sobre su estatus migratorio.

Sobre la Resolución Exenta N°2643/254 de 14 de septiembre de 2021, la recurrente interpuso recurso de amparo ante esta Corte de Apelaciones, quedando registrado en el Libro de Amparo 366-2023, el cual fue visto y fallado por esta Corte a través de la sentencia definitiva de 14 de octubre de 2023, acogiendo el recurso según las consideraciones establecides en su apartado noveno.

Posteriormente, la recurrente con el fallo a favor se dirijo a Policía de Investigaciones de Chile y al Servicio Nacional de Migraciones, en donde se le indicio que debía enviar una carta al Subsecretario del Interior, la cual debía contener los antecedentes de hecho respecto de la situación de la recurrente, así como también todos los documentos que sirvieran de soporte a su solicitud, acompañando los documentos necesarios para la obtención de una permiso de residencia para personas que desarrollan actividades licitas y remuneradas, así como también la sentencia que dejaba sin efecto la Resolución Exenta N°2643/254 de 14 de septiembre de 2021.

Añade que el 13 de febrero de 2024, la recurrente envío la carta al Subsecretario del Interior a través de carta certificada de Correos de Chile, siguiendo las instrucciones impartidas desde el Servicio Nacional de Migraciones. Posterior al envío transcurrieron aproximadamente 4 meses cuando la recurrente recibió una notificación en su casilla de correo electrónico, de parte del Servicio Nacional de Migraciones, donde contenía adjunto el Oficio Ordinario N°33924 de 20 de junio de 2024, respondiendo a la solicitud de regularización hecha por parte de la recurrente al Subsecretario del interior; la respuesta emitida por parte del Servicio Nacional de Migraciones es genérica y arbitraria; esto último en el sentido de que la repuesta que se otorga en el Oficio Ordinario N°33924, es emitida por el Director del Servicio Nacional de Migraciones, cuando la persona facultada por ley para emitir dicho pronunciamiento seria el Subsecretario del Interior.

Adiciona que la respuesta otorgada por el Director Nacional iba enfocada en que no se ha dispuesto de un mecanismo de regularización, por lo que no pueden acceder a lo solicitado, por haber ingresado al país por un paso no habilitado, situación que fue resuelta y subsanada en virtud del recurso de amparo tramitado ante esta Corte bajo el Rol 366-2023, en el cual se deja sin efecto dicha orden de expulsión informándole que puede solicitar una autorización para salir del país y que de no realizar su egreso del territorio nacional quedará comprendido dentro de una causal de expulsión, cerrando sus posibilidades, sin dar una respuesta a lo solicitado, ya que dicho oficio no considera los motivos excepcionales que presenta la recurrida, siendo contrario a la ley que la recurrida sea sancionada nuevamente por un tema ya subsanado, haciendo clara alusión a la necesidad de la existencia de un proceso de regularización masivo o general para poder aplicar los artículos a los que hace referencia, lo cual es un error de interpretación de la normativa legal en la que sustentan su decisión.

Señala que la misma autoridad migratoria le dio instrucciones a la recurrente para la realización del proceso de regularización extraordinario a través del artículo 155 de la Ley N°21.325, generando esto una evidente contradicción por parte del Servicio Nacional de Migraciones, no pudiendo procesar esta parte que la autoridad migratoria refiera a esta alternativa y luego hacer como si el proceso no existe o no están facultados en realizar.

Expresa que el acto carece de arbitrariedad (sic) y a su vez es carente de legitimidad, por estar dictado por una persona carente de esa facultad, es decir el Director del Servicio Nacional de Migraciones, no tiene la facultad para decidir respecto de la solicitud de regularización extraordinaria enviadas al Subsecretario del Interior siendo esta una potestad exclusiva del este último, donde cabe recordar que en Derecho Público solo puede realizarse lo que se está expresamente facultado a hacerse, excediéndose claramente de su funciones Alega vulneración de la garantía establecida en el artículo 19 número 2 de la Constitución Política de Chile, “la igualdad ante la ley”. En efecto, este proceder importa una discriminación en relación con el trato dispensado a otros extranjeros que, en situación jurídica equivalente, han podido obtener de parte de la autoridad una respuesta concreta que lleve a solucionar su situación y/o aclarar sus alternativas de forma expedita, sin la existencia de un actuar arbitrario e ilegal por parte de la autoridad llamada por ley a recibir y dar el debido curso a las solicitudes.

Por estas consideraciones solicita se deje sin efecto el Oficio Ordinario N°33924 de 20 de junio de 2024; y en su lugar se dé una respuesta por parte de la autoridad competente de la solicitud presentada, tomando en consideración el arraigo y aportes al país de la recurrente, tendiendo a la regularidad migratoria de su situación.

Acompaña los siguientes documentos: 1.- Oficio Ordinario N°33924 emitido por el Servicio Nacional de Migraciones el 20 de junio de 2024; 2.- Pasaporte de nombre reservado; 3.- Certificado de antecedentes penales venezolanos emitido por el Min. Inter. de Venezuela; 4.- Carta de expensas; 5.- Certificado de empadronamiento; 6.- Sentencia emitida por Corte en causa Rol Amparo-366-2024, de 14 de octubre de 2023; 7.- Certificado de ampliación de visa en trámite a nombre de nombre reservado hermano menor de la recurrente; 8.- Cedula de identidad para extranjero a nombre de nombre reservado, hermano menor de la recurrente; 9.- Contrato de Trabajo.

SEGUNDO: Que, evacuó informe Roberto Ignacio Castillo Toro, abogado de la Dirección Regional de Coquimbo del Servicio Nacional de Migraciones.

Expone, en lo pertinente, que la recurrente ingresó al país por paso no habilitado. Añade que el 13 de febrero de 2024, ese Servicio recibió una carta certificada, mediante la cual la parte recurrente solicitó que se regularizara su condición migratoria en base a la facultad de la Subsecretaría del Interior contemplada en el artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería.

Indica que mediante Oficio Ordinario N°42.144, de 08 de agosto de 2024, del Servicio Nacional de Migraciones, esa autoridad ha remitido todos los antecedentes de dicha petición al órgano facultado por la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería para resolver este tipo de solicitudes, siendo aquel la Subsecretaría del Interior.

En efecto, el Servicio Nacional de Migraciones no es la autoridad administrativa que se encuentra tramitando la solicitud de la contraria, como tampoco es la autoridad facultada por la ley para emitir un pronunciamiento final sobre dicha petición.

Alega en consecuencia la falta de legitimación pasiva del Servicio Nacional de Migraciones.

Agrega que, al haber remitido el Servicio Nacional de Migraciones todos los antecedentes necesarios a la autoridad competente para que conozca del asunta y emita un acto decisorio, tampoco existe entonces alguna labor pendiente de ser ejecutada por su parte respecto a la solicitud realizada por la contraria.

Por estas consideraciones solicita el rechazo de la presente acción constitucional de protección en todas sus partes respecto de los extranjeros recurrentes (sic) por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de esta autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos enumerados por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, así como el rechazo a la condena en costas a ese Servicio.

Acompaña Oficio Ordinario N°42.144, de 08 de agosto de 2024, del Servicio Nacional de Migraciones.

TERCERO: Que, evacuó informe Alejandra Salinas Silva, abogada, en representación de la Subsecretaría del Interior.

Expone, en lo pertinente, y en relación con el caso de autos, que la solicitud de otorgamiento excepcional de permiso de residencia temporal, por caso calificado o humanitario, de la parte recurrente se encuentra, actualmente, en sus últimas etapas de tramitación en esa Subsecretaría, previo a que la autoridad suscriba el acto administrativo que la resuelve. Señalar que, una vez concluida la tramitación de dicho acto, aquel será debidamente notificado a la parte recurrente, de conformidad con el procedimiento y competencias definidas explícitamente en la ley.

Considera que la acción de protección de autos no solo debe ser rechazada totalmente, sino que, además, procede la expresa condena en costas para la parte recurrente, por cuanto, en el fondo, no existen motivos plausibles para litigar.

En efecto, señala que las solicitudes de otorgamiento excepcional de permisos de residencia temporal, por casos calificados o humanitarios, son sometidas a un análisis particularmente exhaustivo, lo cual significa una tramitación más extensa que la esperada por las personas que las realizan. Hace presente que el análisis exhaustivo de estas solicitudes se encuentra plenamente justificado, dada la importancia, tanto jurídica como práctica, que implica otorgar un permiso de residencia temporal a una persona que, en principio, ha contravenido voluntariamente la normativa vigente en materia de migración y extranjería.

De ahí que corresponda desechar de plano cualquier alegación que pretenda calificar como arbitraria la no dictación de un acto administrativo terminal respecto de la solicitud de la parte recurrente, toda vez aquello no es producto de un mero capricho, sino de la verificación de un procedimiento cuya aplicación se ha visto exponencialmente incrementada en los últimos años, tal como acertadamente ha razonado, a modo ejemplar, la Iltma. Corte de Apelaciones de Arica, en su sentencia ROL 418—2023, oportunidad en la que rechazó una acción de protección interpuesta por idéntica circunstancia a la de autos, en base a la inexistencia de arbitrariedad, al verificarse, entre otros factores, un elevado número de solicitudes de este tipo.

Por lo demás, y en relación con una supuesta ilegalidad derivada de la no dictación del acto administrativo terminal en comento dentro de un determinado plazo, señala que, de acuerdo con la reiterada jurisprudencia tanto de la Excma. Corte Suprema como de la Contraloría General de la República, el plazo máximo de 6 meses que el artículo 27 de la ley N°19.880 establece para todo procedimiento administrativo no constituye un plazo fatal, por lo que su vencimiento no implica la caducidad ni invalidación del acto respectivo, tal como ambos organismos han razonado, en su sentencia ROL N°115.064—2022 —la cual ha sido respaldada reiteradamente por dicha Excma. Corte, a modo ejemplar, en Roles N°s 252.117—2023, 190.711—2023, 182.755—2023, 147.37 1—2023 y 149.658— 2023, entre otros— y en sus dictámenes N°45.312, de 2013; N°7.626, de 2014; y N°E170.194, de 2021, entre otros, respectivamente.

Por estas consideraciones solicita el rechazo de la acción de protección de autos, con expresa condena en costas, por no existir motivos plausibles para litigar.

Acompaña copia del mandato judicial otorgado por nombre reservado, en su calidad de Subsecretario del Interior, ante la 38° Notaria Pública de Santiago, de nombre reservado, en donde consta su personería para actuar en este proceso.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

QUINTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEXTO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra del Servicio Nacional de Migraciones y de la Subsecretaría del Interior del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por la dilación injustificada en dar respuesta a la solicitud de regularización migratoria extraordinaria presentada por la actora, lo cual califica de ilegal y arbitrario, señalando que vulnera su garantía fundamental contemplada en el numeral 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SÉPTIMO: Que, para resolver el asunto en examen, se debe acudir a lo estatuido en la Ley N°19.880. En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7°, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior, resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8°, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9°, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por último, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

OCTAVO: Que, atendido el mérito de los antecedentes, en particular, de los informes evacuados por las recurridas y de los documentos acompañados a los mismos, de los cuales se colige que se ha dado curso progresivo al procedimiento administrativo, encontrándose la solicitud de la actora en la actualidad en su etapa final de tramitación, previo a la dictación del acto administrativo final que se pronuncie respecto de la misma, es que solo cabe concluir que no se advierte una demora excesiva en la tramitación que pueda configurar un acto u omisión ilegal o arbitraria susceptible de vulnerar garantías fundamentales, máxime considerando que la solicitud de la actora se formuló en febrero de los corrientes y solo en agosto del presente año fue remitida a la autoridad llamada por ley a resolverla, es que solo cabe rechazar el recurso.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve Que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por JUNIOR ARMANDO DAZA VARGAS, a favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones y de la Subsecretaría del Interior del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1315-2024 (Protección).-