nombre reservado con SEREMI BIENES NACIONALES DE COQUIMBO

nombre reservado

Ministerio de Bienes Nacionales Recurso de protección Rol Nº1308-2024.- La Serena, ocho de agosto de dos mil veinticuatro.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, el 16 de julio de 2024, nombre reservado, chileno, casado, nombre reservado, cédula de identidad Nro. RUT reservado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, Región de Coquimbo e interpone recurso de protección en contra de la SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL COQUIMBO DE BIENES NACIONALES, persona jurídica de Derecho Público, representada legalmente por el señor Secretario Regional Ministerial don nombre reservado, chileno, ignora estado civil, ingeniero agrónomo, por el acto que considera ilegal y arbitrario consistente en dilación injustificada en la tramitación del expediente 4HV9528 incoado por denuncia por herencia vacante de fecha 15 de noviembre de 2021, vulnerando con ello lo previsto en el artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República.

Funda su recurso indicando que con fecha 12 de enero del año 2018, en virtud a la denuncia por herencia vacante realizada por un interesado en la Región Metropolitana, le fue concedida al FISCO DE CHILE la posesión efectiva de los bienes quedados al fallecimiento de don nombre reservado, cuyo deceso de produjo el 30 de marzo del 2010, la cual recayó específicamente sobre los fondos previsionales pertenecientes al causante, en poder de la Administradora de Fondos de Pensiones a la cual se encontraba afiliado Agrega que en el mes de octubre del año 2021, tomó conocimiento de la existencia de otro bien dejado por el causante- desconocido hasta ese entonces por el Fisco- consistente en el inmueble ubicado en domicilio reservado, motivo por el cual con fecha 15 de noviembre de 2021, concurrí hasta dependencias del organismo recurrido, con la finalidad de efectuar la denuncia respectiva que, en la práctica, venía pura y simplemente a ampliar el inventario de los bienes dejados por el causante, en razón de la calidad de heredero que el Fisco ya detentaba, abriéndose el expediente 4HV9528.

Alega que ante la falta de noticias acerca del estado de tramitación del expediente, el día 18 de enero de 2023, se apersonó en dependencias de la cartera ministerial recurrida, en donde se le comunicó que aún no se había realizado ninguna gestión ante el Servicio de Registro Civil e Identificación destinada a modificar el inventario de la posesión efectiva, por cuanto la inspección del inmueble se encontraba en proceso para evaluar la conveniencia o no de ser reclamado por el Fisco, agregando que no se tenía información si efectivamente el Fisco ya había sido reconocido como heredero ab intestato.

Agrega que funcionaria que en esa oportunidad le atendió, esgrimió que con los datos reenviados se tramitaría con prontitud la ampliación del inventario ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, cuestión que no aconteció oficiosamente, toda vez que solo a petición de él en agosto de 2023 se solicitó por el recurrido la ampliación de la posesión efectiva ante del Servicio de Registro Civil.

Menciona que con fecha 10 de noviembre de 2023, presenta nueva solicitud de información a través de la Ley de Transparencia a fin de consultar por la inscripción del inmueble a nombre de Fisco de Chile, lo que le fue respondido mediante Ord. 003580, de 05 de diciembre de 2023, indicando que dicha gestión se había efectuado el 28 de noviembre de 2023, es decir, solo después de que el efectúa la petición, demostrando la pasividad u lentitud del organismo recurrido.

Indica que, una vez acreditada la posesión inscrita en favor del Fisco, con fecha 11 de marzo del año en curso presentó a la recurrida solicitud de pago de galardón, por la denuncia de herencia vacante realizada, petición que no fue resuelta por lo que debió nuevamente pedir por Ley de Transparencia información relativa al estado de tramitación, oportunidad en que se le informó mediante Ord. 001308, de 20 de mayo de 2024, que lo que corresponde es solicitar al Consejo de Defensa del Estado que informe si es que existen acciones judiciales relacionadas con la herencia de don nombre reservado, por lo que aun no se ha decretado el pago. Agregando que la información fue requerida mediante oficio N°1276 de fecha 16 de mayo del presente año.

Alega que de la respuesta entregada se denota un desconocimiento procedimental inexcusable de los recurridos, puesto a casi a un mes de solicitar la información por el canal de transparencia recurridos oficiaron al CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO (CDE), con el propósito de establecer si existían acciones judiciales relacionadas con la herencia dejada por el causante.

Arguye que posteriormente con fecha 20 de mayo, solicita a través de la Ley de Transparencia información relativa a la existencia de causa contra el Fisco entablada en sede civil (acción de petición de herencia), comunicando esa entidad que, revisados sus registros, no se encontró ninguna acción de esa naturaleza en sustanciación, documento que fue entregado de manera personal el 18 de junio del presente año al recurrido, solicitando en sus acápites la culminación del proceso, al no existir otros trámites pendientes, presentación anexa que tampoco fue resuelta.

Acota que concurre nuevamente el día 15 de julio del año en curso a las oficinas de la recurrida, quien le indica que información que ellos habían solicitado en su oportunidad al Consejo de Defensa del Estado -la cual es exactamente la misma que aporté al expediente- había sido respondida de forma “incompleta”, debido a que hacía mención de la inexistencia de acciones legales únicamente en la Región de Coquimbo y no a nivel nacional, por lo cual nuevamente debían oficiar a ese órgano pluripersonal, estimándose que la información acompañada por él no tenía validez dada la “calidad de tercero” que ostento, no habiendo fecha determinada para concretar tal diligencia ni para el cierre del proceso, debido a que el funcionario “responsable” de esa tramitación no se encontraba disponible, dando por cerrado el tema.

Alega que han transcurrido dos años y ocho meses, desde que efectúo la denuncia siendo indiscutible la pereza de los recurridos, quienes desatendiendo sus obligaciones funcionarias, han radicado prácticamente en su persona el necesario impulso procesal, tomando en consideración que todos los movimientos del expediente detallados supra, han sido en el mérito de las solicitudes deducidas por la Ley de Transparencia y no de propia iniciativa del servicio, el cual claramente no revistió mayor complejidad.

Acusa que dicha falta de diligencia debe ser calificada de ilegal y arbitraria, ya que no se divisa motivo lógico y racional que justifique semejante ausencia de presteza, sobre todo a la luz de lo contenido en la Ley 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos, en especial el artículo 7 , 9, 14 y 27 , que establecen la obligación e actuar de oficio, hacer expeditos los tramites, responder con eficacia, evitando trámites dilatorios, principio de inexcusabilidad y la obligación de que el procedimiento no exceda de seis meses.

Mismos principios que se encuentran consagrados en el 3º de la Ley Nº18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Alega que conforme a lo dispuesto en el artículo 42 del DL N°1.939 DE 1977 tiene derecho un galardón del 30% del valor líquido de los bienes respectivos y que al tenor del artículo 51, del referido cuerpo legal debe ser decretado una vez que los bienes hayan sido ingresados legal y materialmente, en forma definitiva, al patrimonio fiscal.

En cuanto a las garantías constitucionales indica vulnerado el derecho a la igualdad ante la ley por cuanto ha sido objeto de un burocrático procedimiento que es obra de su pereza y dejación, lo que trae consigo una omisión ilegitima que le priva de obtener en un tiempo razonable una resolución que ponga fin al proceso, manteniéndole así sujeto injustamente a un procedimiento sine die, pues el deber ínsito en el establecimiento de plazos por el legislador es precisamente su cumplimiento, quedando en una situación desmejorada en relación a otros administrados que han podido obtener un acto decisorio en un plazo razonable.

Respecto del derecho de propiedad menciona que se le priva de su derecho al galardón, que es una recompensa pecuniaria.

Previa citas legales pide tener por deducida la presente Acción Constitucional de Protección, someterla a tramitación, ordenándole a los recurridos dictar dentro del plazo de 10 días o en el plazo que la Corte estimen prudente, la resolución que dé término al procedimiento, disponiendo el pago de la recompensa ya singularizada, todo con expresa condena en costas.

Acompaña los siguientes documentos 1. Correo electrónico de fecha 18 de enero de 2023. 2. Oficios Ord. Nros. 2424 del 25 de agosto de 2023; 3580 del 05 de diciembre de 2023 y 1308 del 20 de mayo de 2024, todos de la SEREMI de Bienes Nacionales de Coquimbo. 3. Oficio Ord. Nro. 2024 del 17 de junio de 2024 del Consejo de Defensa del Estado. 4. Solicitudes deducidas con fechas 11 de marzo y 13 de junio del año en curso.

SEGUNDO: Que, con fecha 31 de julio de 2024, comparece nombre reservado, secretario Ministerial Regional de Coquimbo, quien evacúa informe de rigor.

Indica que el procedimiento ha experimentado una demora considerable debido a la significativa, carga de trabajo que la oficina maneja, agregando que es la primera ocasión en que gestionan la tramitación en esta etapa especifica de herencia vacante, lo que ha implicado un periodo de adaptación y aprendizaje adicional para asegurar que todas las actuaciones se realicen conforma los estándares legales y administrativo exigidos, estando comprometidos para dar una respuesta en el menor tiempo posible.

En cuanto a la tramitación de la solicitud, indica que con fecha 30 de julio de 2024, mediante Ord. 1857 se remite minuta de pago de galardón a la encargada regional de la Unidad de Bienes, para que informe si se recomienda pagar el entredicho galardón. Una vez emitida su opinión y confeccionada la liquidación que debe realizarse en esta etapa, procedería el pago.

Complementando informe mediante ordinario 001876, menciona que no se configura vulneración de garantías constitucionales por cuanto no existe diferencia arbitraria alguna o trato desigual y tampoco se le ha privado, restringido o limitado su propiedad, por lo demás, agrega que el galardón no es un derecho adquirido, sino una mera expectativa.

Acompaña los siguientes documentos: 1.- Resolución 993 que aprueba manual de procedimiento de denuncia de herencia vacante. 2.- Documento denominado flujo de herencias vacantes. 3.- Ord. 3464, que solicita inscripción del inmueble. 4.- Ord. 1276 a Consejo de Defensa del Estado. 5.- Ord. 401 a Consejo de Defensa del Estado. 6.- Solicitud de Ampliación de Posesión Efectiva n° 1736. 7.- resolución Exenta n° 674 que contiene Posesión Efectiva. 8.- Ord. 1857, que contiene minuta de pago de galardón.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, para resolver el asunto en examen, se debe tener presente que la regulación para el pago de la recompensa o galardón por denuncia de herencia vacante, no tiene una regulación especial en lo relativo a su procedimiento y plazos, por lo que se debe acudir a lo estatuido en la Ley N°19.880. En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior, resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por último, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

SEXTO: Que, de acuerdo a los antecedentes que constan en la tramitación de la presente causa, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud de permanencia definitiva, excediendo el plazo establecido en el artículo 27 de la mencionada Ley N°19.880 (SCS Rol N°24.827-2020).

SEPTIMO: Que, por tanto, la explicación entregada por el recurrido, en cuanto a tratarse de un procedimiento especial y ser la primera petición que avanza a esta etapa específica, lo que implica un periodo de adaptación, no aparece justificada ni razonable para un servicio administrativo, dispuesto por ley para resolver dicha petición, por lo que la dilación del recurrido en el pronunciamiento sobre la mentada solicitud, en este caso particular, debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de la parte recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes, obteniendo una respuesta formal en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente.

Que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la SEREMI BIENES NACIONALES DE COQUIMBO y, en consecuencia, se dispone que la recurrida deberá emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda respecto de la solicitud de pago de galardón por denuncia de herencia vacante, presentada ante ella por la parte recurrente, dentro de plazo de treinta (30) días hábiles a los que se refiere la Ley 19.880, contados desde la notificación de esta sentencia.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N|1308-2024 Protección.-