Protección contra Contraloría General de la República

nombre reservado

Contraloría General de La República Recurso de Protección Rol N°1304-2026 La Serena, dos de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece doña nombre reservado, auxiliar, domiciliada en domicilio reservado, interponiendo acción de protección en contra de la Contraloría General de la República, persona jurídica representada legalmente por doña nombre reservado, Contralora General de la República, ambas domiciliados en domicilio reservado, Región de Coquimbo, por el acto que señala como ilegal y arbitrario, consistente en la dictación de la Resolución Exenta NUM000, de 14 de julio de 2026, mediante la cual se rechazó el recurso de ilegalidad deducido por la actora contra la resolución que rechazó la reposición deducida contra la resolución que estableció la sanción de destitución en el marco del sumario administrativo seguido en su contra por la JUNJI. Funda la acción constitucional en las siguientes consideraciones de hecho y de derecho:

Sostiene que ingresó en el año 2012 a la Junta Nacional de Jardines Infantiles -JUNJI- a prestar funciones de auxiliar, apoyando en el aseo, orden, mantención y cuidado de las dependencias del establecimiento.

Señala que, conforme con el informe Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°9 de 2025, de la Contraloría General de la República, sobre funcionarios y trabajadores que habrían salido del país estando con licencia médica en el período de los años 2023 y 2024; dicho ente de control hizo llegar a la JUNJI una nómina con aquellos casos detectados como eventual o posible incumplimiento del reposo para recuperación de salud.

Indica que, en tal contexto, se ordenó instruir Sumario Administrativo en su contra a fin de investigar los hechos y determinar las eventuales responsabilidades administrativas, lo que derivó en que se dictara la Resolución Exenta N°NUM001, de 10 de octubre de 2025, la cual le aplicó la medida disciplinaria expulsiva de destitución.

Refiere que, dicho acto administrativo fue ratificado a través de la Resolución afecta N°NUM002, de 19 de diciembre de 2025, de la JUNJI, la cual rechazó el recurso de reposición interpuesto, confirmando la medida disciplinaria de destitución.

Expone que, el 12 de marzo de 2026, interpuso en contra de la referida resolución recurso de ilegalidad ante la Contraloría General de la República, recurso que fue resuelto por Resolución Exenta N°NUM003, de 14 de julio de 2026, evacuada por la Contraloría General de la República, en la cual se resuelve rechazar el reclamo de ilegalidad, a su parecer, de una manera bastante ambigua y contradictoria.

Específica que, el acto recurrido resulta ilegal y arbitrario, por cuanto, el Sumario Administrativo fue tramitado desprolijamente incurriendo en infracciones esenciales al procedimiento administrativo disciplinario, las cuales fueron expresamente reconocidas por la propia recurrida en la resolución impugnada, sin que, pese a ello, se adoptara la única consecuencia jurídica compatible con el debido proceso, consistente en retrotraer el procedimiento a la etapa investigativa o indagatoria.

Explica que, en efecto, la resolución reconoce expresamente una serie de irregularidades que afectaron la formación del expediente y la incorporación de antecedentes probatorios, concluyendo, sin embargo, que tales circunstancias no constituían vicios invalidantes.

Estima que, con todo, dichas irregularidades constituyen infracciones graves al debido proceso administrativo y al derecho de defensa garantizados por el artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República.

Detalla las siguientes irregularidades:

A) Incorporación extemporánea de antecedentes (Considerando 14).

Explica que la propia recurrida reconoce en el considerando décimo cuarto que “…la agregación de información relativa a los movimientos migratorios de la funcionaria con posterioridad al cierre de la investigación constituye una deficiencia en la formación cronológica del expediente…”, sin perjuicio, lo considera una mera irregularidad formal.

Arguye que la cronología del expediente constituye una garantía básica del procedimiento disciplinario, pues, permite que toda la actividad probatoria sea conocida por el inculpado antes del cierre de la investigación y antes de la formulación definitiva de los cargos. Incorporar antecedentes probatorios después del cierre de la etapa investigativa altera precisamente dicha garantía del debido proceso, impidiendo que la persona investigada pueda ejercer oportunamente todas las facultades de contradicción, observación y especialmente un debida y legal defensa a la suscrita respecto de esos antecedentes.

B) Contradicción entre los considerandos 22 y 28.

Manifiesta que en el considerando 22 se señala que: “…la autoridad debe procurar que los antecedentes que sirven de fundamento a sus decisiones consten en el expediente y hayan podido ser conocidos por la interesada”. Reconociendo, además, que uno de los antecedentes utilizados para resolver “—la información relativa al eventual rechazo de la licencia médica por COMPIN— no aparece individualizado como incorporado previamente al expediente disciplinario”.

Consigna que, se admite expresamente que existieron antecedentes utilizados por la autoridad disciplinaria que no constaban incorporados al expediente en la forma exigida. Sin embargo, posteriormente, en el considerando 28 sostiene que la motivación del acto administrativo puede descansar en piezas intermedias del procedimiento “siempre que el interesado haya tenido acceso a ellas”.

Agrega que, justamente esa condición es la que resulta cuestionada por el propio considerando vigésimo segundo del acto impugnado. En efecto, si se reconoce que determinados antecedentes no constaban incorporados al expediente disciplinario ni fueron individualizados como tales dentro del procedimiento administrativo, resulta jurídicamente imposible sostener, al mismo tiempo, que la sumariada tuvo acceso efectivo, íntegro y oportuno a la totalidad de los antecedentes que sirvieron de fundamento para adoptar la gravísima medida de expulsión de la Administración.

En consecuencia, considera que el acto impugnado incurre en una contradicción interna grave y determinante, revelando una fundamentación vaga, insuficiente, desprolija e incompatible con las exigencias mínimas de racionalidad y legalidad que deben regir toda actuación de la Administración del Estado.

C) Improcedencia de validar el Sumario Administrativo pese a reconocer irregularidades esenciales (Considerandos 19, 20 y 21).

Plantea que en los considerandos 19, 20 y 21 del acto recurrido, se sostiene que JUNJI actuó dentro de sus potestades disciplinarias y que la responsabilidad administrativa no dependía exclusivamente de un pronunciamiento de COMPIN.

Sin embargo, a su parecer, ello no resuelve el problema procesal denunciado, esto es, determinar si el procedimiento mediante el cual dicha potestad fue ejercida respetó o no las garantías del debido proceso.

D) Descartar la trascendencia fundamental de las irregularidades esenciales.

Remarca que la recurrida sostiene que las irregularidades detectadas no produjeron indefensión. Sin embargo, dicha conclusión carecería de suficiente fundamentación.

Si la propia resolución reconoce: -Incorporación extemporánea de antecedentes; -Deficiencia cronológica del expediente; -Utilización de antecedentes que no aparecen incorporados al expediente disciplinario; Se hacía necesario de que dichos antecedentes hayan podido ser conocidos por la interesada.

E) No consideración de la jurisprudencia judicial invocada (Considerandos 35 al 39)

F) Error en el análisis de una valoración probatoria de los considerandos 33 y 34.

Menciona que en la resolución impugnada se sostiene que las circunstancias personales y familiares invocadas en el reclamo de ilegalidad no alteran la incompatibilidad existente entre el viaje realizado y el período de reposo médico, concluyendo que tales antecedentes carecen de entidad suficiente para modificar la decisión administrativa adoptada.

Sin embargo, insiste que, aquella ponderación fue efectuada en el marco de un procedimiento administrativo cuya regularidad ha sido expresamente cuestionada por la propia Contraloría General de la República, al reconocer deficiencias en la incorporación, individualización y cronología de antecedentes que sirvieron de fundamento para la decisión recurrida.

Precisa que, su pretensión, consiste en que se controle la conformidad constitucional del procedimiento y del acto administrativo impugnado, toda vez que las deficiencias reconocidas por la propia recurrida impidieron el pleno ejercicio del derecho de defensa y vulneraron las garantías que integran el debido proceso, tornando el acto recurrido manifiestamente arbitrario e ilegal.

Destaca que, las acciones de la recurrida vulneraron sus derechos y garantías constitucionales, específicamente las consagradas en el artículo 19 N° 1, 2, 16 y 24 de la Constitución Política de la República, siendo estos, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, la igualdad ante la ley, la libertad de trabajo y el derecho de propiedad.

Conforme con lo expuesto, solicita se acoja el recurso y, en consecuencia, se declare ilegal y/o arbitrario al proceder de la recurrida, ordenándole deje sin efecto la Resolución Exenta NUM000, de 14 de julio de 2026, y se adopten por las medidas necesarias para restablecer el imperio de los derechos vulnerados y amenazados, con costas.

SEGUNDO: Que, por su parte, compareció la recurrida Contraloría General de La República, informando al tenor del recurso y solicitando su rechazo.

Señala que, mediante la resolución exenta N° NUM004, de 23 de mayo de 2025, la Dirección Regional de Coquimbo de la JUNJI ordenó instruir un sumario administrativo destinado a investigar eventuales responsabilidades derivadas de salidas o permanencias en el extranjero durante períodos cubiertos por licencias médicas, incluyendo entre las personas investigadas a la recurrente. El procedimiento se formuló a la interesada un cargo único consistente en faltar gravemente a la probidad administrativa al haber regresado al país el 17 de mayo de 2024, encontrándose vigente la licencia médica folio N° NUM005, extendida entre los días 14 y 20 de mayo de ese año. El cargo fue notificado personalmente el 14 de julio de 2025.

Mediante la resolución exenta N° NUM001, de 10 de octubre de 2025, la Vicepresidenta Ejecutiva de la JUNJI aprobó el proceso disciplinario y aplicó a la recurrente la medida de destitución, al estimar acreditada una infracción grave al principio de probidad administrativa.

En contra de dicha determinación, la interesada dedujo recurso de reposición, alegando, en lo sustancial, la inexistencia de un pronunciamiento previo de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez-COMPIN-, acerca del incumplimiento del reposo; la falta de competencia de la JUNJI para efectuar esa calificación; la ausencia de una infracción grave a la probidad, y la falta de proporcionalidad de la medida expulsiva. La reposición fue rechazada mediante la resolución afecta N° NUM002, de 19 de diciembre de 2025, que mantuvo la destitución y dispuso la remisión del acto al trámite de toma de razón. Dicha resolución fue cursada con alcance por la Contraloría General mediante el oficio N° NUM006, de 14 de julio de 2026.

Añade que, posteriormente, la recurrente dedujo el reclamo previsto en el artículo 160 de la ley N° 18.834, solicitando reducir la sanción y aplicar una medida que no implicara su desvinculación, fundado en la falta de tipicidad y culpabilidad; la ausencia de proporcionalidad; sus circunstancias personales y familiares; la brevedad del viaje; su trayectoria funcionaria; la inexistencia de reiteración y perjuicio; la falta de un pronunciamiento médico acerca de la incompatibilidad del desplazamiento con la recuperación; determinados pronunciamientos judiciales y administrativos, y una supuesta desigualdad respecto de otros casos.

Sostiene que, previo examen del reclamo, del informe evacuado por la JUNJI y del expediente disciplinario, se dictó la resolución exenta N° NUM000, de 14 de julio de 2026, por medio de la cual desestimó la reclamación, al no advertir vicios de legalidad que permitieran dejar sin efecto la medida aplicada por la Administración. En dicho pronunciamiento se examinaron, entre otras materias, la competencia disciplinaria del servicio, la formación del expediente, los antecedentes probatorios, la alegada indefensión, las circunstancias invocadas por la interesada, la proporcionalidad de la medida y la jurisprudencia citada en su presentación.

Menciona que, en esta oportunidad, la recurrente sostiene que la resolución exenta N° NUM000 sería ilegal y arbitraria, por cuanto la Entidad Fiscalizadora habría advertido determinadas irregularidades del procedimiento y, pese a ello, rechazado su reclamo. Cuestiona la incorporación al expediente del certificado de viajes N° NUM007 después del cierre de la etapa investigativa; la formación cronológica de la carpeta sumarial; la referencia efectuada por la resolución que rechazó la reposición a un eventual pronunciamiento de COMPIN que no aparecería individualizado como antecedente incorporado; una supuesta contradicción entre los considerandos 22 y 28 de la resolución recurrida; la conclusión relativa a la inexistencia de indefensión; la valoración de la prueba; el tratamiento de la jurisprudencia judicial invocada, y la proporcionalidad de la destitución.

Como primera defensa, alega falta de legitimación pasiva. Arguye que el recurso se dirige formalmente contra un acto específico suyo, sin embargo, del análisis de sus fundamentos se advierte que una parte sustancial de los agravios invocados se vincula con actuaciones realizadas exclusivamente por la JUNJI en ejercicio de su potestad disciplinaria. Asimismo, apunta que Contraloría carece de atribuciones para reincorporar a la recurrente, ordenar el pago de remuneraciones o sustituir por otra la medida disciplinaria aplicada por la Administración.

Si bien no desconoce que posee legitimación en la revisión y resolución del reclamo funcionario, remarca que la carece respecto de aquellas peticiones que corresponden al ámbito de atribuciones del servicio sancionador.

Explica que, incluso si se dejara sin efecto únicamente la resolución impugnada en autos, subsistirían los actos dictados por la JUNJI. Por ende, la anulación del pronunciamiento de la Contraloría General no produciría, por sí sola, la reincorporación de la recurrente ni privaría de vigencia a la sanción disciplinaria.

Junto con lo anterior, menciona que la JUNJI no ha sido emplazada en estos autos y, en tales condiciones, cualquier decisión que incida directamente en la validez del sumario, la subsistencia de la destitución, una eventual reincorporación, la retroacción del procedimiento o el pago de remuneraciones afectaría la esfera jurídica de la JUNJI, órgano que ejerció la potestad disciplinaria, y exigiría su emplazamiento.

Plantea igualmente que el recurso de protección no es la vía para impugnar un sumario administrativo.

Niega que la resolución exenta N° NUM000, de 2026, sea ilegal o arbitraria, toda vez que su emisión se realizó a requerimiento de la propia recurrente, en ejercicio de las facultades legales y dentro del marco normativo que regula las atribuciones del Organismo de Control.

Estima que lo expuesto es suficiente para que se rechace en todas sus partes el recurso, sin perjuicio, formula las siguientes observaciones en cuanto al fondo del asunto planteado y a las aseveraciones de la acción cautelar en análisis.

I 1) Sobre la incorporación posterior del certificado de viajes y la formación cronológica del expediente.

Indica que la recurrente sostiene que el certificado de viajes N° NUM007, emitido por la Policía de Investigaciones de Chile, fue agregado al expediente después del cierre de la etapa investigativa y de la presentación de sus descargos, circunstancia que, en su concepto, vulneraría el artículo 130 de la ley N° 18.834 y habría afectado su derecho de defensa.

Al respecto, del examen del expediente se advierte que la diligencia destinada a obtener los movimientos migratorios fue decretada durante la etapa investigativa. En efecto, el requerimiento dirigido a la PDI fue remitido el 17 de junio de 2025, mientras que el cierre de la investigación se produjo el 27 de junio siguiente, según consta a foja 696.

Por consiguiente, no se trató de una diligencia íntegramente decretada después del cierre, sino del resultado recibido con posterioridad de una actuación ordenada mientras la investigación se encontraba vigente.

Hace presente igualmente que no todo defecto formal posee aptitud para invalidar un procedimiento disciplinario, sino únicamente aquel que recae en una actuación esencial, tiene influencia decisiva en su resultado y genera indefensión efectiva para la persona inculpada, según se ha precisado en los dictámenes N°s 13.424, de 2002, y 13.022, de 2010.

En efecto, antes de incorporarse el certificado de la Policía de Investigaciones de Chile, ya figuraba en la nómina inicial incorporada a fojas 9 y 10 un movimiento migratorio de la recurrente de fecha 17 de mayo de 2024, ocurrido durante la vigencia de la licencia médica. Asimismo, la propia interesada había reconocido el viaje en su declaración; el cargo identificó expresamente el regreso al país el día 17 de mayo de 2024, y los descargos versaron sobre la existencia, finalidad y circunstancias del desplazamiento.

En consecuencia, la resolución recurrida no desconoció la deficiencia cronológica, sino que examinó su trascendencia y concluyó fundadamente que aquélla no había impedido a la interesada conocer, explicar y controvertir el hecho imputado.

I 2) Sobre la referencia al eventual rechazo de la licencia médica por COMPIN.

Indica que la recurrente cuestiona que la resolución que rechazó su reposición haya hecho referencia a un eventual rechazo de la licencia por parte de la COMPIN, pese a que el documento correspondiente no aparecería incorporado al expediente ni habría sido puesto en su conocimiento.

Sobre el particular, menciona que la resolución afecta N° NUM002, de 19 de diciembre de 2025, señaló que la licencia médica habría sido rechazada por la COMPIN el 26 de septiembre de ese año. Sin embargo, el documento que contendría dicha decisión no aparece claramente singularizado como pieza previamente incorporada al expediente ni consta en los antecedentes tenidos a la vista que hubiera sido puesto en conocimiento de la interesada durante la etapa acusatoria.

Esta circunstancia fue expresamente advertida por la Contraloría General en el considerando 22 de la resolución exenta N° NUM000, de manera que no resulta procedente utilizar aquella referencia para completar retroactivamente la fundamentación del cargo ni para sostener que se trataba de un antecedente oportunamente conocido por la recurrente.

No obstante, aun prescindiendo íntegramente de dicha mención, subsisten fundamentos distintos y anteriores para sustentar el análisis efectuado por Contraloría. En efecto, la existencia del aludido viaje fue reconocida por la interesada; la vigencia de la licencia médica no fue controvertida; el movimiento migratorio de 17 de mayo de 2024 figuraba en los antecedentes iniciales; el cargo identificó el hecho; los descargos explicaron la finalidad personal del desplazamiento, y los documentos acompañados por la recurrente confirmaron tanto su realización del viaje como el propósito para el cual se efectuó.

Asimismo, la resolución sancionatoria de 10 de octubre de 2025 había desarrollado fundamentos relativos a la conducta investigada, su calificación jurídica y las defensas formuladas por la inculpada, distintos de la posterior referencia al eventual pronunciamiento de la COMPIN, contenida en la resolución que rechazó la reposición.

Por consiguiente, la materialidad del hecho y la defensa ejercida respecto de éste permanecen inalteradas aunque se excluya completamente del análisis la referencia al eventual rechazo de la licencia médica. Por ello, la resolución exenta N° NUM000, reconoció que aquél no aparecía identificado en el expediente concluyendo que no había constituido el sustento exclusivo ni decisivo de la medida disciplinaria.

I 3) Acerca de la supuesta contradicción entre los considerandos 22 y 28 de la resolución recurrida.

Señala que la recurrente sostiene que existiría una contradicción entre el considerando 22 de la resolución exenta recurrida, que reconoce la falta de identificación del antecedente relativo a la COMPIN, y su considerando 28, que se refiere a la posibilidad de integrar la motivación del acto terminal mediante piezas intermedias del procedimiento, incongruencia que no se ha materializado en la especie.

Explica que, en efecto, el considerando 22 examina una situación concreta, consistente en la referencia efectuada por la resolución que rechazó la reposición, a un eventual pronunciamiento de la COMPIN que no aparecía individualizado como pieza incorporada previamente al expediente. Luego de advertir esa circunstancia la resolución concluye que dicho elemento no constituyó el fundamento exclusivo de la responsabilidad administrativa.

En tanto, por su parte, el considerando 28 formula una regla general relativa a la motivación de los actos administrativos, señalando que ésta puede integrarse mediante la remisión a piezas intermedias del procedimiento, siempre que el interesado haya tenido acceso a ellas.

Niega que se haya afectado el derecho de defensa de la recurrente.

Asimismo, sostiene que la resolución recurrida se encuentra suficientemente motivada y descartó vulneración de las garantías constitucionales invocadas por la recurrente.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

CUARTO: Que, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas. Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

QUINTO: Que, es relevante tener presente que este recurso se erige en contra de la Resolución Exenta NUM000, de 14 de julio de 2026, mediante la cual la Contraloría General de La República rechazó el recurso de ilegalidad deducido por la actora en contra la resolución que desestimó la reposición interpuesta contra la resolución que le impuso la sanción de destitución en el marco del sumario administrativo seguido en su contra por la JUNJI.

SEXTO: Que, en primer término, respecto de la alegación de falta de legitimación pasiva planteada por la recurrida, esta será desestimada de plano, toda vez que, de la simple lectura del recurso, se advierte que este fue interpuesto en contra de la Resolución Exenta NUM000, de 14 de julio de 2026, la cual fue dictada precisamente por Contraloría General de La República. En tal sentido, no cabe duda que el recurso fue dirigido correctamente en contra de la recurrida, sin perjuicio de los efectos que pudiera el hecho de acogerse el recurso.

SÉPTIMO: Que, por otra parte, atendido lo argumento por la recurrida, cabe señalar que no es efectivo que la acción de protección no es una vía idónea para impugnar un procedimiento administrativo, sino que, hay que reconocer que, en la actualidad, si bien se ha restringido la aplicación de este medio impugnatorio impidiendo que se cuestione a través de él el mérito de la decisión adoptada, se ha mantenido respecto de actos manifiestamente ilegales o arbitrarios que vulneren garantías fundamentales como, por ejemplo, graves desviaciones del procedimiento reglado.

Teniendo en consideración lo anterior y desprendiéndose de lo mismo la procedencia del recuro de autos, en estos casos, cabe señalar que esta corte estima que en el caso de marras no existe un acto ilegal o arbitrario, pues revisado aquella actuación a partir de los parámetros antes señalados, no se visualiza un quebranto de las normas que rigen el procedimiento, pues en este ámbito, aquello que se cuestiona es la incorporación de un oficio de la Policía de Investigaciones con posterioridad al cierre de la etapa de investigación, no tiene la trascendencia debida, en atención a que se trata de una información que ya obraba en el expediente, pues aquella fue la que generó el inicio del sumario, y además, se trata solo de la incorporación del resultado de una diligencia decretada en tiempo y forma.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve:

I.- Que, SE RECHAZA, la alegación de falta de legitimación pasiva interpuesta por Contraloría General de La República.

II.- Que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, en contra de la Contraloría General de la República.

Regístrese, comuníquese, y archívese en su oportunidad.

Rol N°1304-2026 Protección.