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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 1304-201610 ago 2016

Protección contra Juzgado de Letras y Garantía de Los Vilos y en contra del Ministerio Público de

Fecha
10 de agosto de 2016
Corte
Corte de Apelaciones de La Serena
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de La Serena, Rol N° 1304-2016, sentencia de 10 de agosto de 2016

Resumen

Se rechaza la protección contra el Juzgado y el Ministerio Público: los actos corresponden al ejercicio regular de sus atribuciones y las faltas disciplinarias deben ventilarse en los procedimientos legales pertinentes, no en la acción constitucional.

Texto íntegro

nombre reservado

Juzgado de Garantía de Los Vilos y Otro Recurso de Protección Rol N° 1304-2016.

La Serena, a diez de agosto de dos mil dieciséis VISTOS:

Comparece el abogado nombre reservado deduciendo nombre reservado en su favor, en contra del Juzgado de Letras y Garantía de Los Vilos y en contra del Ministerio Público de la misma comuna.

Señala el recurrente que en su calidad de abogado ha ejercido funciones como independiente en dicha localidad por más de 4 años, impartiendo clases en dos institutos de prestigio, registrando un importante número de causas tanto en la comuna de Los Vilos como en otros lugares del país.

Expone que se ha visto afectado por una serie de irregularidades que por este medio denuncia, a saber: en primer término, indica que se le comunicó mediante citación judicial de fecha 20 de julio del presente año que debía presentarse al día siguiente, esto es el 21 de julio de 2016, al Juzgado de Letras y de Garantía de los Vilos, y en caso de no concurrir justificadamente sería trasladado compulsivamente. Indica que dando cumplimiento a la citación judicial el día aludido se apersonó para ser formalizado por el presunto delito de apropiación indebida en causa RUC 16003594404-5, cometido en contra de un cliente del recurrente en causa Rol 190- 2015 del mismo Tribunal, caratulados “nombre reservado con nombre reservado”, sobre nulidad de testamento. Afirma que dicha circunstancia la hizo notar al Presidente del Tribunal quien quedo en averiguar y ver el porqué de las fechas de dichas diligencias.

Afirma que al reunir las pruebas para una correcta defensa con fecha 22 de julio del año en curso, se dirigió al Juzgado recurrido a revisar la causa Civil materia por la cual fuere formalizado, manifestándole que estaría en el Archivo Judicial. Ante su insistencia solicitó el año y legajo de la mentada causa, entregándosele información poco clara y difusa, verificando finalmente que ésta se encontraba en el prearchivo del Tribunal. Así las cosas, afirma que arbitrariamente no se exhibió el expediente ni el cuaderno que sirve de registro de los movimientos que realizan los receptores judiciales toda vez que existía un informe pendiente de don nombre reservado que afirma haber visto en el portal del Poder Judicial y que repentinamente fue borrado del sistema.

En segundo término, denuncia al organismo persecutor en razón a que éste no realizó todas las diligencias pertinentes antes de llegar a la etapa de formalización, agregando que en la declaración prestada en la etapa de investigación ofreció devolver el dinero por las notificaciones no realizadas, entre otras gestiones todas a su criterio relevantes.

El tercer hecho que denuncia acaeció con fecha 20 de julio de 2016, con motivo de un comparendo de contestación y conciliación realizado en el mismo Juzgado recurrido, en causa Rol C-153- 2016 caratulados "nombre reservado con nombre reservado", sobre comodato precario. En dicha oportunidad intervino como abogado por la parte demandante quien actualmente es el Juez de Policía Local de Los Vilos, y el recurrente en representación de la demandada presentando excepciones las que fueron desestimadas inmediatamente argumentando que existían motivos suficientes para trabar la litis, y que instaría según sus palabras a una conciliación "forzada" para no someter al tribunal a una pesada carga de trabajo con escritos sin fundamentos, según propias instrucciones de la Corte y que iba a ser severo a la hora de condenar en costas.

Asimismo, denuncia la mala atención por parte de los funcionarios del Tribunal recurrido, no solo con el actor sino que también con los usuarios, dichos que se ratifican con la renuncia del receptor judicial.

Finalmente refiere que los actos denunciados son arbitrarios y afectan un conjunto de derechos y garantías establecidos en los artículos 19 Nº 1, 2, 3, 4 y 16 de Constitución Política de la Republica.

Solicita en definitiva acoger la presente acción ordenando restablecer el imperio del derecho impetrando las sanciones que correspondan, en especial ordenar se investigue el funcionamiento del Juzgado de Letras y Garantía de Los Vilos, así como también que el ente persecutor informe por qué no se realizaron las actuaciones de rigor.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos: 1) Solicitud de audiencia de formalización; 2) Exhorto Nº 239-2015 Civil con cargo en el Tribunal de la Ligua; 3) Contrato de prestación de servicios; 4) Demanda de comodato precario; 5) Excepción dilatoria; 6) Copia del comparendo; 7) prearchivo del Tribunal.

Que, a solicitud de esta Ilustrísima Corte de Apelaciones, informa la recurrida Juzgado de Letras y Garantía de Los Vilos, a través de su Juez Presidente don Darío Díaz Peña y Lillo, quien señala en cuanto a la notificación a audiencia de formalización RIT 562-2016, que efectivamente se tramita en dicho tribunal una causa penal en contra del recurrente, en la cual la Fiscalía Local de Los Vilos solicitó se fijara audiencia de formalización en contra del accionante, en su calidad de imputado del delito de apropiación indebida del artículo 467 N°:2 del Código Penal, fijándose la audiencia para el día 10 de agosto del 2016 a las 9:30 horas, citándolo bajo apercibimientos de los artículos 26 y 33 del Código Procesal Penal.

Agrega que el actor, fue notificado personalmente de la citación el 21 de julio del 2016, por el funcionario notificador en las dependencias del tribunal. En dicha oportunidad, en circunstancias que el recurrente esperaba ser notificado de la citación en el hall de ingreso al Tribunal, aborda intempestivamente al informante consultándole en primer término la razón por la que había sido citado bajo apercibimiento legal, y no con una debida antelación, siendo atendido en el mismo lugar indicándole que se estaba cumpliendo con lo prescrito en el Código Procesal Penal, que la ley no exigía que la notificación de citación a audiencia de formalización se hiciera en determinado plazo, a diferencia del Simplificado y/o Acusación, y finalmente, que la solicitud de formalización la había realizado la Fiscalía, órgano autónomo e independiente.

En lo referido a causa "López con nombre reservado" Rol 190-2015, refiere que según lo informado por la Jefa de la Unidad de Causas Sra. nombre reservado y la funcionaría jefe de la sección civil del tribunal, Sra. nombre reservado, que efectivamente en la misma fecha en que el actor se notificó de la citación a audiencia de formalización, solicitó tener a la vista dicha causa, siendo informado que se había ordenado su archivo el 13 de Julio del 2016. El recurrente insistió en verla materialmente, reiterándole la imposibilidad de aquello debido a que estaba siendo remitida al Archivero Judicial e informándole que podía verla en el portal del Poder Judicial, a pesar de que ya no tenía patrocinio y poder, el que se le había revocado en Abril del 2016. En esa misma oportunidad, el recurrente consultó por el libro de! Receptor, informándole la Jefa de Unidad de Causas que desde un tiempo importante a esta fecha ya no se usaba aquel libro y que los usuarios también podían ver en el portal si la causa figuraba "retirada" o "tomada" digitalmente por algún receptor.

Asimismo, en lo referido a ciertas actuaciones que supuestamente no constaban en el expediente digital, el tribunal recurrido no puede emitir pronunciamiento no solo por la poca claridad del recurrente respecto a este punto.

En cuanto a la referencia a la renuncia del Receptor Judicial Sr. Eduardo Molina Fernández, originada por la poca colaboración del tribunal para con su trabajo, dicha circunstancia hace innecesario hacerse cargo de esa aseveración toda vez que la mentada renuncia fue aprobada mediante resolución de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena.

Por último, en cuanto a lo ocurrido en comparendo del día 20 de Julio del 2016 en causa Rol C-153-2016 caratulado ''Aguilera con Correa", con ocasión de la resolución de incidente en dicho comparendo, a requerimiento de la respectiva funcionaría, se apersonó el recurrido en la sección civil desechando fundadamente las excepciones deducidas en la causa por el accionante, sin que aquel dedujera reposición o recurso alguno en contra de lo resuelto. Respecto a los malos tratos denunciados por parte del tribunal recurrido, refiere no existir antecedentes para fundar dichas alegaciones.

En definitiva, solicita el rechazo de la acción deducida, la cual solo pretende cuestionar la labor del juez informante y del tribunal recurrido, presumiblemente para inhabilitarlo del conocimiento de la referida causa penal que se sigue en contra del recurrente.

Acompaña a su presentación: a)

Copia del acta del comparendo del 20 de Julio del 2016, de la causa Rol C-153-2016, ''Aguilera con Correa”; b) Copia emitida del sistema de la causa Rol 190-2015 "López con nombre reservado”; c) Registro de Audio correspondiente a las alegaciones de los intervinientes en Audiencia del 14 de Junio del 2016, de Procedimiento Abreviado RIT 854-2015, cuya defensor particular era el recurrente Sr. nombre reservado; d)

Copia de la solicitud de audiencia de formalización, de su resolución y de la acta de notificación en causa Rit 562-2016, seguida en contra de nombre reservado.

Finalmente, informa la recurrida Fiscalía Local de Los Vilos, a través del Fiscal Jefe don Carlos Jiménez Villalobos, quien señala en primer término que del modo en que el recurrente plantea la acción de protección, esta resulta ininteligible, al no fundamentar en qué forma el proceder de los recurridos afectó todas o alguna de las referidas garantías vulneradas.

En cuanto al fondo, refiere que de la sola lectura de las referidas garantías, no es posible visualizar cómo el Ministerio Publico por el hecho de solicitar audiencia de formalización de investigación haya privado, perturbado o amenazado uno o más de los derechos y garantías constitucionales del recurrente.

Afirma que no por mero capricho o antojo, el Ministerio Público solicitó audiencia de formalización de la investigación en la causa RUC 1600359404-5, en contra del recurrente, sino que en el ejercicio de una potestad privativa, por estimar que era oportuno en mérito de los antecedentes recabados hasta ese momento, ya que por mandato constitucional y legal la Fiscalía dirige de manera exclusiva la investigación y puede formalizar la investigación cuando lo considere oportuno, actuando la recurrida siempre dentro del marco de sus atribuciones y ejerciendo las facultades que le confiere la ley, sin que su actuar carezca de razonabilidad.

Hace presente que el nombre reservado posee un carácter extraordinario, no siendo vía idónea para que intervinientes en un procedimiento penal formulen reclamaciones en contra de un fiscal adjunto de conformidad a la ley procesal penal. En efecto, indica que tanto el Código Procesal Penal como la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público establecen la forma de canalizar dicho interés.

Solicita en definitiva el rechazo de la acción intentada, declarando que los hechos que le sirven de sustento no son ilegales ni arbitrarios.

Acompaña a su presentación disco compacto que contiene copia de carpeta de investigación RUC 1600359404-5.

Con fecha 08 de agosto de 2016 se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el nombre reservado de garantías constitucionales, constituye jurídicamente una acción cautelar, dirigida a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o entorpezca dicho ejercicio.

SEGUNDO: Que, en cuanto al fondo, para determinar la suerte de la acción constitucional deducida es necesario analizar la concurrencia, de sus dos elementos fundamentales, a saber: la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal y, que como consecuencia de aquello, se haya provocado un resultado consistente, en la especie, en la amenaza de algunos de los derechos o garantías amparados a través de esta vía. Que en estos autos se ha reclamado como arbitraria las actuaciones de las recurridas, la primera de ellas en orden a notificar en el Juzgado requerido la citación a audiencia de formalización solicitada por el Ministerio Publico, así como el prearchivo en dependencias del mismo tribunal de la causa civil que dio origen a la investigación seguida por la Fiscalía Local recurrida, unido al rechazo infundado de las excepciones opuestas en un juicio diverso en materia civil seguido por el actor en el referido tribunal. En relación al organismo persecutor se le cuestiona que éste no realizó todas las diligencias pertinentes antes de realizar la formalización de la investigación seguida en contra del accionante, vulnerando ambos recurridos con dichos actos los derechos garantizados en los numerales 1, 2, 3, 4 y 16 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

TERCERO: Que, de la prueba documental acompañada para acreditar los fundamentos de la acción cautelar no se puede desprender la afectación de las garantías constitucionales denunciadas, esto es, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona; La igualdad ante la ley; La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos; El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia; y, la libertad de trabajo y su protección, toda vez que solamente dan cuenta de la tramitación regular de dichas causas seguidas ante el Juzgado recurrido, así como el ejercicio privativo de la acción penal en cumplimiento con el mandato constitucional y legal por parte del persecutor, de manera que no se aprecian de forma alguna las infracciones denunciadas.

CUARTO: Que, además de lo anterior, no existen antecedentes idóneos y suficientes para que esta Corte se forme la convicción acerca de la existencia de los actos denunciados en estos autos, los que guardan relación con actuaciones efectuadas dentro del ámbito de atribuciones que la ley le otorga a las recurridas, estimando que las denuncias formuladas versan sobre eventuales faltas disciplinarias que deben ser conocidas en los procedimientos regidos para el Juzgado recurrido por el Código Orgánico de Tribunales y por la Ley Orgánica Constitucional Nº 19.640, en el caso del Ministerio Público. Por ello, la acción constitucional intentada carece de eficacia, toda vez que escapa a su naturaleza cautelar, razón por lo cual no podrá ser acogida.

QUINTO: Que no existiendo antecedentes indubitados entre las partes de este recurso, esta Corte no advierte un acto u omisión arbitrario o ilegal, atribuible a las recurridas, que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de los derechos invocados por el recurrente, toda vez que el nombre reservado no es la vía idónea para su conocimiento, motivo por el cual, la presente acción de protección, será rechazada.

Y visto lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que SE RECHAZA el nombre reservado interpuesto por el abogado nombre reservado deduciendo nombre reservado en su favor, en contra del Juzgado de Letras y Garantía de Los Vilos y en contra del Ministerio Público de la misma comuna, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 1304-2016 Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte de Apelaciones integrada por los Ministros Titulares señor nombre reservado, señor nombre reservado y la abogado integrante señora Elvira Badilla Poblete.

nombre reservado

Secretaria (S)

En La Serena, a diez de agosto de dos mil dieciséis, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.