Protección contra Contralor Regional de Coquimbo

nombre reservado

Contraloría General de Coquimbo Recurso de Protección Rol N° 1300-2018.- La Serena, dieciséis de abril de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Ha comparecido doña Makarena García Dinamarca, abogada, domiciliada en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en favor de don nombre reservado, chileno, tecnólogo médico, domiciliado en domicilio reservado, de La Serena, y en contra del Contralor Regional de Coquimbo, Sr. Hugo Segovia Saba, administrador público, por si y en representación de la Contraloría Regional de Coquimbo, solicitando se deje sin efecto Oficio N° 4622 de fecha 22 de octubre de 2018, por ser un acto ilegal y arbitrario, que deje sin efecto asimismo todo acto administrativo y decisión posterior, que suponga la validez del Acto Recurrido, que se cumpla lo señalado por el Oficio N° 2798 de 22 de junio del presente año, y que se dicten las demás medidas que se estimen pertinentes para reestablecer el imperio del derecho y garantizar los derechos cuya protección se invoca en la presente acción de protección, con costas.

Funda el recurso en que el señor Contralor Regional recurrido, de manera ilegal y arbitraria reconsideró su Oficio 2798 de 2018, sin ningún nuevo antecedente, y señaló que el fin de la contrata del recurrente, nombre reservado, se ajustaba a derecho, a pesar de anteriormente haberlo considerado ilegal en base a los mismos fundamentos, actuación que además, es arbitraria, pues carece de una debida motivación y justificación y vulnera el legítimo ejercicio de las garantías fundamentales de dicho recurrente, a saber, el derecho a la igualdad y el derecho de propiedad.

Indica que nombre reservado, en adelante el funcionario, se desempeñaba como tecnólogo médico en el Hospital de La Serena, a quien se le renovó de manera sucesiva e ininterrumpida su contrata desde el año 1998, que su última renovación prorrogaba su contrata desde el 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, habiendo sido calificado en lista 1 los años 2016 y 2017, incluso teniendo una anotación de mérito el año 2017, sin embargo, mediante la Resolución Exenta N° 7725 , del Director del Hospital San Juan de Dios de La Serena, de fecha 29 de noviembre de 2017, notificada con fecha 30 de noviembre del 2017, se decide no renovar la contrata del funcionario, según señala dicha resolución, de acuerdo al informe de desempeño y precalificación 2017 y agrega que de conformidad a los antecedentes de dicho informe y sus calificaciones que acreditan un bajo desempeño, atendidas a las exigencias y características del su cargo. Ante la cual con fecha 05 de diciembre de 2017 el funcionario interpone recurso de reconsideración a dicha resolución, el que es denegado, con fecha 22 de diciembre de 2017 mediante Resolución Exenta N° 7852 del Director del Hospital San Juan de Dios La Serena.

Señala que ante tal resolución interpone reclamo de ilegalidad en contra la Resolución N° 7225 de fecha 29 de noviembre de 2017 ante la Contraloría Regional, la cual mediante Oficio N°907 de fecha 07 de marzo de 2018 señala que la impugnación estaría fuera de plazo a lo cual el funcionario solicitó la reconsideración de la decisión por estimar que en su concepto el reclamo había sido interpuesto dentro de los plazos legales, al ser presentado el 27 diciembre de 2017; agrega que con fecha 22 de junio de 2018, mediante Oficio N° 2798, la Contraloría Regional de Coquimbo, procedió a reconsiderar el Oficio N°907 de 2018 y a pronunciarse respecto al reclamo presentado por el funcionario señalando que, “los motivos que tuvo en cuenta el Hospital de La Serena para adoptar su decisión de no renovar la contratación del interesado resultan errados, pues aparecen controvertidos por la decisión de la Junta Calificadora, sin que por lo demás se aprecie en el anotado instrumento el razonamiento utilizado para superar dicha contradicción, ni tampoco se adviertan antecedentes que respalden la determinación, lo que resulta exigible de acuerdo con los artículos 11 y 41 de la ley 1 Nº 19.880.

Refiere que el Hospital de la Serena desconoció y solicitó la reconsideración del Oficio N° 2798 de 22 de junio de 2018, sin aportar nuevos antecedentes, simplemente señalando no reconocer como válida la calificación de la Junta Calificadora, ante lo cual el contralor, mediante su Oficio N° 4622, de 22 de octubre de 2018, sin nuevos antecedentes que evaluar, manifestó lo siguiente; “Pues bien, de un nuevo análisis de los antecedentes aportados tanto por el recurrente como por el servicio, permite afirmar que el respectivo acto administrativo expresó en los considerandos tercero y cuarto, que el recurrente no logra ejecutar con calidad las tareas asociadas a su cargo, poco interés por perfeccionar sus conocimientos y problemas de asistencia y puntualidad, lo que acredita un bajo desempeño atendido las exigencias y características de su cargo, aludiendo para ello a los antecedentes de las calificaciones, por lo que ese servicio concluyó que su rendimiento era deficiente, motivo por el cual el Director del Hospital San Juan de Dios decidió no prorrogar su contrata para el año 2018, cumpliéndose de esta manera con la exigencia de fundamentar dicha decisión, Lo que resulta conforme con el criterio contenido en el dictamen Nº 20.847 , de 2018 , de este Ente de Fiscalización. En efecto, el acto administrativo en análisis contiene en sí mismo el motivo de la decisión adoptada, el que se basa, como se indicó, en los informes de desempeño y precalificación del señor nombre reservado, antecedentes que también, están fundamentados, lo que no sucede, por su parte, con el acuerdo de la junta calificadora que resolvió aumentar las evaluaciones sin indicar el razonamiento para ello. En consecuencia, considerando lo expuesto, se reconsidera el Oficio Nº 2.798, de 2018, de este origen, ya que con la dictación de una resolución motivada dentro del plazo exigido para ello, el Hospital San Juan de Dios puso en conocimiento de don nombre reservado nombre reservado, de forma oportuna, las razones del término de su contratación, cumpliendo con ello con los requisitos para adoptar dicha decisión.”

Alega que el Director del Hospital no tiene facultades para desconocer lo resuelto por unanimidad por la junta calificadora, así como el Contralor Regional no puede cuestionar las decisiones de dicho órgano colegiado, sin que exista un reclamo; que los acuerdos de la Junta Calificadora constan en sus actas donde este órgano delibera sobre porqué subir o mantener una evaluación, pero es un abuso de competencia desconocer los acuerdos de la Junta Calificadora, la legitimidad de dicho órgano y, por lo demás, que lo anterior sea avalado por el Contralor Regional de Coquimbo sin entregar fundamentos objetivos de su decisión, además de ahora considera fundamentales los informes de desempeño y precalificación, es decir, ya no son instrumentos trámites dentro del proceso evaluatorio, lo que es claramente arbitrario e ilegal.

Por otra parte, sostiene que desde el punto de vista del ciudadano o de quien debe soportar los actos de la administración, la fundamentación del acto administrativo permite a las personas conocer la causa, el fin y el derecho en que se pretende apoyar o sustentar, pero en este caso, la fundamentación de la desvinculación del recurrente, no se originan en la necesidad del servicio, o el mal desempeño de las funciones, ni mucho menos la extinción de las mismas, por lo que ni siquiera es posible intuir qué criterio justifica el acto administrativo, infiriendo motivaciones políticas o de confianzas, a pesar que el recurrente no es militante de algún partido político y no ejerce un cargo de confianza, pero en un Estado moderno tal ejercicio debe quedar fuera de plano y responderse netamente con el cumplimiento de la legalidad.

Hace presente el recurrente que el Contralor Regional recurrido hizo abuso de la discrecionalidad administrativa. Señala al efecto, que no tiene la potestad para cuestionar las facultades de la Junta Calificadora, a menos que exista un reclamo de la calificación, lo que no ocurrió. En definitiva, la potestad que erróneamente y contra derecho se arrogó el Contralor, no lo libera de la obligación de indicar sus motivos para adoptar una determinada decisión.

En relación a la obligación de fundamentación con razones objetivas y verificables con que debe actuar la Contraloría, cita la Ley 19.880, que en su artículo 2° indica que sus disposiciones serán aplicables, entre otros entes administrativos, a la Contraloría General de la República. Dentro de las normas de esta ley figura el artículo 41 inciso 4°, que señala que, “Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada”. Agrega que, la fundamentación del acto administrativo está vinculada desde el punto de vista estructural a la realización de determinados bienes constitucionales: La legalidad, la probidad, la transparencia y la publicidad de las actuaciones de los entes públicos. Desde el punto de vista del ciudadano o de quien debe soportar los actos de la Administración, la fundamentación del acto administrativo permite a las personas conocer la causa, el fin y el derecho en que se pretende apoyar o sustentar, pero como se advierte en el presente caso, la fundamentación de la desvinculación del recurrente, no se origina en la necesidad del servicio, o el mal desempeño de sus funciones, ni mucho menos en la extinción de las mismas, por lo que no es posible intuir que criterio justifica el acto administrativo.

La obligación de motivación de los actos administrativos se encuentra consagrada a nivel constitucional en el artículo 8 inciso 2° de la Carta Fundamental. Por su parte lo contemplan los artículos 11 inciso 2° y 41 inciso 3° de la Ley 19.880, normas todas que no eximen a ningún acto administrativo de la obligación de motivar.

Por su parte la Contraloría General de la República en su Dictamen 23.114 de 24 de mayo de 2007, se refirió a la exigencia de fundamentación, señalando que el principio de juridicidad conlleva que los actos administrativos tengan una motivación y fundamento racional y no obedezcan a un mero capricho de la autoridad. Además la dictación de los actos que corresponden al ejercicio de potestades discrecionales, exigen un especial y cuidadoso cumplimiento de la necesidad jurídica en que se encuentra la Administración en orden a motivar sus actos, exigencia que tiene por objeto asegurar que sus actos no se desvíen del fin considerado por la normativa constitucional y legal, lo cual impide establecer diferencias arbitrarias entre personas que se encuentren en una misma situación, cautelándose así el principio de igualdad ante la ley, contemplado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución.

En el mismo sentido la Excma. Corte Suprema en autos Rol N° 16.790 de mayo de 1991 ha desarrollado el deber de motivación del acto administrativo discrecional señalando, “Que además, para no incurrirse en arbitrariedad, la decisión discrecional debe venir respaldada y justificada por datos objetivos sobre los cuales opera, desde luego, en los actos reglados, como su contenido está agotadoramente tipificado por la ley, por regla general tendrá escasa importancia el proceso de formación de la voluntad administrativa. En cambio en los discrecionales, al existir en mayor medida una libertad estimativa, resulta de gran trascendencia el proceso lógico que conduce la decisión. Por lo dicho anteriormente es que la Administración está obligada a aportar al expediente todo material probatorio necesario para acreditar que su decisión viene apoyada en una realidad fáctica que garantice la legalidad y oportunidad de la misma”.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas, estima en primer término afectada la Igualdad ante la Ley, contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, norma que señala en lo pertinente que, “Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”. Tal garantía se encuentra además contemplada en términos similares a aquellos que contempla nuestra Constitución, en el artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Sobre lo mismo insiste y amplía el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 28.

Cita al efecto además jurisprudencia de nuestros tribunales sobre la materia, expresando al efecto que en causa Rol N° 2465-2013 de la Corte de Apelaciones de Santiago se señaló que, “…la acción de la recurrida afectó la garantía constitucional de igualdad y no discriminación arbitraria consagrada en el artículo 19 N° 2 de nuestra Carta Fundamental, desde que no se divisa en la especie, la razón de un tratamiento distinto en el caso dela actor, que ha sido excluido de la Administración Municipal”. Refiere asimismo jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema en causa Rol N° 19585-2016, quien señaló, “Que sin desconocer las facultades que la legislación otorga al Ministerio de Defensa Nacional, lo cierto es que las determinaciones que en este sentido pronuncie deben ser debidamente fundadas, es decir, el acto administrativo que de ella surja debe encontrarse motivado en consideraciones que no dejen duda alguna sobre la procedencia de la decisión adoptada, en razón del interés público involucrado, como única finalidad que puede tener la actuación de la autoridad…”.

Así entonces, corresponde examinar si la decisión de reconsiderar es razonable, no arbitraria y proporcional. Como se puede apreciar, la resolución toma como argumentos conceptos vagos e imprecisos, pues no se logra determinar porque con fecha 22 de junio la decisión era infundada y luego reconsidera porque a juicio del Contralor la nota del funcionario no está fundada, eso quiere decir que el Contralor se trasforma o sustituye a la Junta Calificadora y decide que el comportamiento funcionario es el que señalan los informes y la precalificación no la calificación, no queda clara la justificación o motivación de la decisión conforme a los estándares que exige el principio de igualdad, y por lo demás, conforme a los requisitos que debe reunir todo acto administrativo, en especial, aquel que conculca garantías fundamentales de los trabajadores. De este modo, el Oficio impugnado carece de la más mínima motivación.

Por lo demás dado que no se cumplen los requisitos de motivación exigidos por la Ley 19.880, estamos ante un acto completamente ilegal, carente de motivos suficientes.

Así las cosas, no puede sino considerarse que el recurrente ha sido sometido a un trato desigual carente de justificación racional o razonable, basado en diferencias arbitrarias, y en ausencia de proporcionalidad, cuestiones todas, que infringen gravemente la garantía constitucional de igualdad ante la ley.

Hace presente también el recurrente que por medio del oficio recurrido se ha afectado su garantía constitucional referente al derecho de propiedad, contemplada en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental. Al efecto señala, que la estabilidad en el empleo constituye un bien resguardado por el derecho y que pertenece al orden público económico, porque forma parte del patrimonio personal, del patrimonio social y del patrimonio pecuniario del sujeto. Ya en el primero de los artículos de la Constitución se proclama el anhelo de crecimiento de toda persona en una escalada de realizaciones en las que el trabajo juega un rol protagónico y como no podía ser menos, no se piensa en el individuo, sino en la persona, que se distingue de aquél por su sentido de integración e identidad social, en importante grado forjada en el servicio de la comunidad inserto en el empleo público. Aparte de tan elevados bienes incorporales, por cierto susceptibles de la propiedad que la Constitución garantiza a toda persona, está el nivel de lo pecuniario, que en una situación como la del recurrente se asocia a las seguridades que proporciona al funcionario y a quienes de él dependen, el estipendio periódico y el cual fue percibido por más de seis años.

Existe nutrida jurisprudencia en relación a las vulneraciones del derecho de propiedad que dichos actuares significan en el patrimonio del afectado. En la especie se ha dispuesto una terminación anticipada de contrata, maquillada de un supuesto actuar dotado de formalidad, pero que en los hechos es flagrantemente ilegal, carente de lógica y arbitrario.

Cita al efecto jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, en los autos Rol N° 38681-2017 de dicho Tribunal, en que acoge un recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de la Superintendencia de Valores y Seguros, consignando el Máximo Tribunal en su sentencia: Que el artículo 89 de la Ley N° 18.834 plasma el principio según el cual todo funcionario tiene derecho a gozar de estabilidad en el empleo, prerrogativa de la cual no se exime a quienes detentan la condición de “a contrata”; deja establecido además que en la actualidad es un verdadero axioma, que si una relación a contrata excede de dos años y se renueva reiteradamente una vez superado ese límite se transforma en una relación indefinida, conforma al “principio de confianza legítima”, que la Contraloría comenzó a aplicar con ocasión del Dictamen N° 85.700 de 28 de noviembre de 2016; agrega, que el artículo 10 de la Ley 18.834 sostiene que los empleos a contrata durarán como máximo hasta el 31 de diciembre de cada año y que quienes los sirvan expirarán en sus funciones en esa oportunidad por el solo ministerio de la ley, es decir, por la expiración del tiempo de designación, esto es, para el período que media entre la contratación y el 31 de diciembre, debiéndose ejercer la facultad de prorrogar una contrata, según el contenido del dictamen antes citado, con al menos treinta días de anticipación al vencimiento del plazo, lo que se traduce en un límite temporal para que el jefe del servicio determine la no renovación del vínculo a través de la dictación del respectivo acto administrativo en aquellos casos en que se hubiere generado la confianza legítima en la renovación del vínculo, o resuelva renovarlo por un lapso menor a un año o en un grado o estamento inferior. En este sentido, cuando se haya generado en el funcionario la confianza legítima de que será prorrogada o renovada su designación a contrata que se extendió hasta el 31 de diciembre, el acto administrativo que materialice alguna de las decisiones referidas deberá dictarse a más tardar el 30 de noviembre del respectivo año y notificarse según lo disponen los artículos 45 a 47 de la Ley 19880, acto administrativo que deberá además dar cumplimiento a lo dispuesto en su artículo 11, es decir, exteriorizar los fundamentos de hecho y de derecho, por tratarse de actos que afectan potestades particulares y a su artículo 41 inciso 4°, que obliga a que las resoluciones finales contendrán la decisión, la que será fundada.

Por los anteriores fundamentos solicita el recurrente tener por interpuesta acción de protección en contra del Contralor Regional de Coquimbo, don Hugo Segovia Saba, por sí y en representación de la Contraloría Regional de Coquimbo, en virtud de la dictación del Oficio N° 4.622, de 22 de octubre de 2018, que reconsideró el Oficio N° 2.798 de 22 de junio de 2018 y que dejó sin efecto la decisión de prorrogar la contrata de nombre reservado. Acto recurrido ilegal y arbitrario que lesiona, priva y vulnera el legítimo ejercicio de las garantías fundamentales de las que el funcionario es titular, a saber: 1° el derecho a la igualdad; 2° el derecho a la propiedad; todos derechos fundamentales que se encuentran consagrados en el artículo 19 núms. 2 y 24 de la Constitución Política de la República respectivamente.

Para sustentar los hechos en que se funda su arbitrio el recurrente acompañó los siguientes documentos: 1.- Oficio N° 4622 de 22 de octubre de 2018; 2.- Oficio N° 2798 de 22 de junio de 2018; 3.- Anotación de mérito año 2017; 4.- Calificación año 2017 y 2016; 5.- Precalificación 01-09-2016 y 31-08-2017; 6.- Informe de desempeño 01 sept al 31 dic 2016 / 01 enero al 30 abril 2017; 7.- Oficio 907; 8.- Informe ausentismo laboral; 9.- Resolución N° 7225 de 29 nov de 2017 y notificación; 10.- Resolución N°7852 de 22 de dic de 2017.

Por su parte, el Contralor Regional de Coquimbo de la Contraloría General de la República, evacuando el informe requerido expone: Que por Resolución Exenta N° 7225 de 29 de noviembre de 2017, el Hospital San Juan de Dios de La Serena, dispuso la no renovación de la contrata del recurrente, resolución que fue apelada por el actor, apelación que rechazó el Hospital mediante Resolución Exenta N° 7852 de 22 de diciembre de 2017. Agrega que el recurrente interpuso reclamo de ilegalidad ante dicho órgano, el cual se rechazó por extemporáneo —oficio N° 907, de 2018, de Contraloría—, frente a lo cual el recurrente pidió reconsideración la cual fue acogida por Oficio N° 2.798, de 22 de junio de 2018, en que se tuvo por establecido que el reclamo había sido interpuesto dentro de plazo, y que, en atención a los antecedentes aportados, correspondía que el Hospital de San Juan de Dios de La Serena dispusiera la renovación del vínculo con el señor nombre reservado para todo el año 2018, toda vez que el acto mediante el cual se decidió la no renovación, contenía motivos errados y contradictorios que impedían conocer cuál era el real fundamento que la autoridad hospitalaria tuvo en consideración para no renovar su contrata.

Posteriormente, por una parte, el recurrente solicitó que se exigiera el cumplimiento del referido oficio N° 2798, y por otra, dicho centro hospitalario solicitó la reconsideración del mismo. A fin de resolver ambas solicitudes, la Contraloría otorgó traslado al actor para que expusiera lo que estimara conveniente sobre la materia, y con su respuesta, con fecha 22 de octubre, se emitió el oficio N°4622, impugnado en estos autos, el cual concluyó que el Hospital San Juan de Dios de La Serena cumplió con los requisitos indicados por la jurisprudencia de este Ente de Control para no renovar la contratación del señor nombre reservado durante el año 2018.

Según el recurrente el citado Oficio 4.622 vulneraría sus derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 núms. 2 y 24 de la Constitución, por lo que pide sea dejado sin efecto y todo acto administrativo y decisión posterior que suponga la validez del mismo, debiendo procederse al cumplimiento del Oficio N° 2.798.

Sostiene el Contralor en su informe que la acción intentada es ajena a la naturaleza cautelar del recurso de protección al no revestir el derecho pretendido el carácter de indubitado, quedando en evidencia que se trata de una cuestión de lato conocimiento, tendiente a obtener un juicio declarativo.

Por otra parte alega la ausencia de ilegalidad y/o arbitrariedad ya que el ente contralor se limitó a ejercer las competencias que le han sido asignadas en virtud de los artículos 6°, 7° y 98 de la Constitución Política de la República; artículos 5°, 6° y 9° de la ley N° 10.336, sobre Organización y Atribuciones de esta Contraloría General, facultades delegadas a las Contralorías Regionales por el Contralor General, mediante su resolución N 1.002, de 2011; por lo que la actuación recurrida se ha emitido de acuerdo a la habilitación que las mencionadas normas constitucionales y legales han otorgado a la Contraloría General, con estricto apego y respeto al ordenamiento jurídico sustantivo que regula la materia; así tampoco es una acción arbitraria, toda vez que no obedeció a una conducta antojadiza o contraria a la razón por parte de la Entidad de Control, sino que constituye el resultado de un estudio acabado de los antecedentes en torno a la situación planteada, de la interpretación de la normativa vigente sobre la materia y en el ejercicio de una actuación legítima del Organismo Contralor llevada a cabo en uso de sus facultades y dentro del marco jurídico que reglamenta sus atribuciones, dando lugar a un pronunciamiento motivado en derecho por parte de este Órgano de Control.

Señala que el recurrente afirma que el Oficio N° 4622, que el acto impugnado, no se encontraría motivado, sin embargo, de su lectura se constata que en los primeros cuatro párrafos se exponen los hechos ocurridos hasta la emisión de dicho pronunciamiento, para, posteriormente, efectuar un análisis respecto del fondo de la materia.

En relación a esto último se hace presente que conforme a lo sostenido en Dictamen N° 22.766 de 2016, las reiteradas renovaciones de las contratas – desde la segunda al menos - , por una extensión de tiempo que supere los dos años, genera en los servidores que se desempeñan sujetos a dicha modalidad, la confianza legítima de que dicha práctica será reiterada en el futuro, de modo que para adoptar una decisión diversa es menester que la autoridad emita un acto administrativo que explicite los fundamentos que avalan tal decisión, detallando el razonamiento y los antecedentes de hecho y de derecho en que se sustenta, el que, de acuerdo con lo previsto en el Dictamen N° 85,700, de 2016 (que imparte instrucciones y establece criterios complementarios para la aplicación del Dictamen N° 22.766 de 2016), se materializa mediante la emisión de una resolución exenta.

Teniendo en cuenta que el punto específico en discusión dice relación con la fundamentación que contiene la resolución exenta N° 7.225, de 2017, del Hospital San Juan de Dios de La Serena, se señaló que el dictamen N° 85.700, de 2016, mencionó diversas circunstancias susceptibles de servir de fundamento para ello, entre las cuales se encuentra una deficiente evaluación del funcionario, ya sea la calificación regular y periódica u otra evaluación particular.

Posteriormente, en el párrafo séptimo del oficio recurrido se aplica lo indicado precedentemente al caso particular del señor nombre reservado, señalándose que la resolución N° 7.225, de 2017 expresó en los considerandos tercero y cuarto, que el recurrente no logra ejecutar con calidad las tareas asociadas a su cargo, poco interés por perfeccionar sus conocimientos y problemas de asistencia y puntualidad, "lo que acredita un bajo desempeño atendido las exigencias y características de su cargo", basándose para ello en los antecedentes de las calificaciones, por lo que ese servicio concluyó que su rendimiento era deficiente, motivo por el cual el Director del Hospital San Juan de Dios de La Serena decidió no prorrogar su contrata para el año 2018. Atendido lo expuesto, el oficio recurrido manifiesta que el acto administrativo del hospital cumple con la exigencia de fundamentar la decisión, lo que, por lo demás, resulta conforme con el criterio contenido en el dictamen N° 20.847, de 2018, de este Ente de Fiscalización.

En este contexto, el Oficio 4622 de 2018, señala que el acto administrativo en análisis contiene en sí mismo el motivo de la decisión adoptada, el que se basa en los informes de desempeño y precalificación del señor nombre reservado, antecedentes que también están fundamentados, lo que no sucede, por su parte, con el acuerdo de la junta calificadora que resolvió aumentar las evaluaciones del actor sin indicar el razonamiento para ello, razón que motivó la reconsideración del oficio N° 2.798, de 2018, pues con la dictación de una resolución motivada y dentro del plazo exigido para ello, el Hospital San Juan de Dios de La Serena puso en conocimiento de don nombre reservado nombre reservado, de forma oportuna, las razones del término de su contratación, cumpliendo con ello con los requisitos para adoptar dicha decisión.

En este sentido, se expone la razón por la que se modifica la conclusión del oficio N° 2798 de 2018, que consiste en que la Resolución Exenta N° 7225 del Hospital de La Serena contiene la motivación y fue notificada dentro de plazo y, por ende, la contradicción que en primera instancia se advirtió entre el resultado del informe de desempeño y la precalificación y la calificación, no es suficiente para considerar que la resolución N° 7.225, de 2018, no está fundada, atendido además que las actas de la calificación no contienen la motivación del aumento de notas, a diferencia de lo que ocurre con los antecedentes que se consideraron para no renovar, por lo que no es posible afirmar de manera fehaciente dicha contradicción.

Señala además el Contralor informante que en la solicitud de reconsideración del oficio N° 2.798, de 2018, la Sede Regional efectuó un estudio de la totalidad de los elementos, tanto de hecho como de derecho, haciendo presente al respecto que el señor nombre reservado afirma que la Contraloría Regional reconsideró el Oficio N° 2798 sin tener a la vista ningún antecedente nuevo.

Sobre ello, agrega el informante, es útil señalar que la jurisprudencia administrativa de la Entidad de Fiscalización, ha precisado que la Contraloría General no constituye una instancia de apelación respecto de los pronunciamientos emitidos por sus Oficinas Regionales en relación con los asuntos sometidos al conocimiento de aquellas en virtud de las atribuciones que les correspondan-reguladas en la resolución N° 1.002, de 2011, del Ente Contralor, que establece la organización y atribuciones de las Contralorías Regionales-, por cuanto tales entidades y su personal actúan en ejercicio de las facultades que expresamente les ha delegado el Contralor General de la República, según lo ha manifestado, entre otros, el dictamen N° 22.699, de 2017.

Lo anterior obligaba a la Contraloría Regional a que, ante la interposición de una solicitud de reconsideración por parte del centro hospitalario, realizara un nuevo análisis de la totalidad de los antecedentes de hecho y de derecho que concurrían.

En el caso en comento, precisamente el Hospital San Juan de Dios de La Serena solicitó la reconsideración del oficio N° 2.798 de 2018, basándose para ello en dos puntos: 1) Que su resolución exenta N° 7.225, de 2017, se encuentra suficientemente motivada y es coherente con el informe de desempeño y en la precalificación efectuados por la jefatura directa del señor nombre reservado, antecedentes que fueron los que fundamentaron la decisión del director del hospital y que, a su vez, se encuentran motivados en los comentarios de la jefatura directa del recurrente, a diferencia de las actas de la calificación, cuyas notas fueron aumentadas por la junta calificadora sin expresar motivo; y 2) Que las mismas circunstancias descritas, impiden afirmar una contradicción, por lo que si el Ente de Control estimó que ésta existía, requería se ordenara la fundamentación de dichas actas y aumento de notas.

Por tanto, tales argumentaciones, la solicitud de reconsideración y el traslado conferido al recurrente, obligaron a la Contraloría Regional a efectuar nuevamente un estudio de la totalidad de los elementos, tanto de hecho como de derecho, y no solamente de la documentación material tenida a la vista, como pretende el recurrente.

A mayor abundamiento, ningún efecto tendría la presentación de una reconsideración a este Ente de Control, si este órgano Regional se limitara a un análisis formal de los antecedentes, es decir, a verificar si los elementos presentados en esta oportunidad son los mismos acompañados anteriormente, sin realizar el correspondiente análisis de las argumentaciones presentadas por el servicio, que pueden variar lo concluido previamente, como sucedió en la especie.

Hace presente asimismo, que la Contraloría Regional examinó la legalidad del acto administrativo que decidió no renovar la contrata del actor y no el proceso de calificaciones de la ley 18.834.

El recurrente en su escrito indica que la Contraloría Regional ha cuestionado las potestades de la junta calificadora, lo que no tiene asidero alguno, pues el oficio N° 4.622, de 2018, no se refiere a ello.

Desde este punto de vista, es importante hacer presente que el actor confunde la legalidad de la no renovación de la designación de su contrata, con el proceso de calificaciones establecido en la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, procedimiento en que actúa la junta calificadora.

En efecto, tal como se indicó al inicio del presente informe, la materia sometida al conocimiento del Organismo de Fiscalización fue la determinación de la legalidad o ilegalidad del acto administrativo que decidió no renovar la contratación del recurrente al tenor de la jurisprudencia administrativa de la confianza legítima, la que establece como una exigencia la fundamentación de la decisión por parte del organismo público y, en el caso en comento, dicha fundamentación se basó en el informe de desempeño y en la precalificación del señor nombre reservado.

Así pues, nada se ha concluido respecto del resultado de la calificación, esto es, acerca de la nota asignada al recurrente por la junta calificadora en el ejercicio de sus atribuciones, pues ello no ha sido materia de análisis, es decir, no se ha observado dicha circunstancia, sino que el oficio recurrido concluye la legalidad de la no renovación de la contratación, materia cuya determinación en caso alguno se encuentra dentro de las facultades de la aludida junta.

Sobre los derechos constitucionales supuestamente vulnerados, hace presente lo siguiente:

1.- En relación al derecho contemplado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

La Contraloría se ha limitado a ejercer sus atribuciones constitucionales y legales, aplicando un criterio que ha sido empleado de manera uniforme en situaciones semejantes, lo que impide que se entienda como un tratamiento discriminatorio que haya quebrantado su derecho a la igualdad ante la ley.

Pues bien, en relación con la alegación específica formulada al respecto en la situación de la especie, es preciso consignar que la parte recurrente no ha señalado de forma alguna cómo el oficio N° 4.622, de 2018, de Contraloría, a su juicio, ha vulnerado el referido artículo 19 N° 2, de la Constitución Política de la República.

En efecto, luego de citar lo que tanto la doctrina como la jurisprudencia judicial ha expresado respecto de la garantía fundamental en cuestión, hace presente que “no queda clara la justificación o motivación de la decisión, conforme a los estándares que exige el principio de igualdad”, sin señalar en qué casos esta Sede Regional ha fallado de manera diversa en igualdad de condiciones, elemento fundamental para afirmar que se ha vulnerado la garantía constitucional de la especie.

Contrariamente a lo señalado por el actor, la decisión contenida en el oficio que se impugna cumple con los presupuestos establecidos por la jurisprudencia de esta Entidad de Control en los dictámenes N° 85.700, de 2016 y 6.400 y 20.847, ambos de 2018; y además en casos similares se ha aplicado en iguales términos a los funcionarios que han requerido ante este Órgano de Fiscalización un pronunciamiento que determine la legalidad de la no renovación de su contratación, como dan cuenta, entre otros, los oficios de esta Contraloría Regional N° 566, 697 y 2.348, todos de 2018.

En consecuencia, no puede entenderse que el citado oficio N° 4.622, de 2018 pudiera haber importado una vulneración del derecho a la igualdad ante la ley.

2.- Respecto al derecho contemplado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

Señala que si el bien dicha norma reconoce a todas las personas el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clases de bienes corporales e incorporales, y que esta acción cautelar no solo tutela el derecho de propiedad propiamente tal, sino que también los atributos y facultades esenciales del dominio, no se aprecia cómo y de qué manera el oficio impugnado podría haber privado, perturbado o amenazado la propiedad de la actora.

En este contexto, en relación con lo afirmado por el recurrente, en orden a que la estabilidad en el empleo forma parte del patrimonio personal y que “en la especie se ha dispuesto una terminación anticipada de contrata, maquillada de un supuesto actuar de formalidad, pero que en los hechos es flagrantemente ilegal, carece de lógica y arbitrario”, se debe precisar que no es el acto recurrido el que dispone la no renovación de su contratación para el año 2018, sino que ello es determinado por el Director del Hospital San Juan de Dios de La Serena mediante su resolución exenta N° 7.225, de 2017, por lo que aparece claro, que mediante el presente recurso el actor pretende subrepticiamente accionar contra el individualizado acto administrativo, valiéndose del nuevo plazo que se generó por la dictación del citado Oficio N° 4.622, de 2018, lo que a todas luces contradice la naturaleza y exigencias de la interposición de la acción de protección, por lo que debe ser rechazada.

Concluye señalando que los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho anteriormente expuestos y teniendo además en cuenta las atribuciones que constitucional y legalmente competen al Organismo Contralor, procede que esta Corte desestime, en todas sus partes, el recurso de protección deducido en estos autos.

La recurrida en apoyo de sus afirmaciones allegó a los autos, los siguientes documentos: 1.- Reclamo deducido ante el Organismo de Control por don nombre reservado, signado bajo la referencia N° 41.034, de 2018 y sus antecedentes; 2.- Ordinario N° 1.719, de 2018, del Hospital San Juan de Dios de La Serena, por medio de cual informa respecto del reclamo interpuesto por el señor nombre reservado; 3.- Oficio N° 2.798, de 2018, de la Contraloría Regional; 4.- Presentación efectuada por don nombre reservado, signada bajo la referencia N° 42.875, de 2018, mediante la cual requiere el cumplimiento del oficio N° 2.798, de 2018, de esta procedencia; 5.- Solicitud de reconsideración del oficio N° 2.798, de 2018, de esta procedencia, presentada por el Hospital San Juan de Dios de La Serena, signado bajo la referencia N° 42.900, de 2018; 6.- Traslado evacuado por don nombre reservado, signado bajo la referencia N° 43.460, de 2018; 7.- Oficio N° 4.622, de 2018, de esta Contraloría Regional; 8.- Dictámenes N°s. 22.766 y 85.700, ambos de 2016, 22.699, de 2017 y 6.400 y 20.847, ambos de 2018, todos de la Contraloría General de la República; 9.- Oficios N°s 566, 697 y 2.348, todos de 2018 de esta Contraloría Regional.

Con fecha 17 de diciembre de 2018 se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEGUNDO: Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

TERCERO: Que son hechos que interesan a la controversia que se ha suscitado y que no aparecen discutidos por recurrente y recurrida, cuyo acaecimiento se desprende de la documentación allegada por los mismos y que por tanto se tienen por probados, los siguientes:

1) Que por Resolución Afecta N° 533, del Director del Hospital de La Serena, el recurrente nombre reservado fue contratado a contar del 1 de marzo de 1998 en el Hospital San Juan de Dios de La Serena, en calidad jurídica de a contrata, grado 13, desempeñándose como tecnólogo médico en imagenología;

2) Que mediante sucesivas prórrogas anuales se renovó el empleo a contrata del recurrente, correspondiendo la última renovación a la contemplada en la Resolución Exenta N° 8665 del mencionado director que prorrogó la contrata del funcionario recurrente por el período que iba desde el 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre del mismo año;

3) Que el recurrente fue objeto de precalificación de su desempeño por su jefa directa, Dra. nombre reservado por el período que va desde el 1 de septiembre de 2016 al 31 de agosto de 2017 con las siguientes calificaciones en los subfactores que se pasan a mencionar: a) Cantidad de trabajo: 6; b) Calidad de la labor realizada: 5; c) Conocimientos del trabajo 5; d) Interés por el trabajo que realiza: 5; e) Capacidad para realizar trabajos en grupos: 6; f) Asistencia y puntualidad: 5; g) Cumplimiento de normas e instrucciones: 5;

4) Que el recurrente fue objeto de calificación por la Junta Calificadora por el mismo periodo antes mencionado la cual subió a 7 todas las notas de los subfactores antes mencionados, con excepción de asistencia y puntualidad que sólo fue elevado a 6;

5) Que por Resolución Exenta N° 7225, de 29 de noviembre de 2017 del Director del Hospital de La Serena se dispuso el término del contrato del recurrente a contar del 31 de diciembre de 2017, al no ser renovada su contrata por su baja evaluación y calificación funcionaria, según se refirió en el considerando 3° de la resolución;

6) Que el recurrente con fecha 5 de diciembre de 2017 dedujo recurso de reposición ante el Director del Hospital San Juan de Dios de La Serena, solicitando se reconsiderara la Resolución Exenta N° 7225, mediante la cual se puso el término a su contrata para el 31 de diciembre de 2017;

7) Que por medio de Resolución Exenta N° 7852, de fecha 22 de diciembre de 2017, el Director del Hospital de La Serena denegó el recurso antes señalado, disponiendo que se mantuviera firme y diera cumplimiento a la Resolución Exenta N° 7225 que ponía término a la contrata;

8) Que el recurrente con fecha 27 de diciembre de 2017 reclamó ante la Contraloría Regional de Coquimbo de la Contraloría General de la República en contra de lo resuelto por el Director del Hospital de La Serena en cuanto a poner término a su contrata con fecha 31 de diciembre de 2017;

9) Que ante la solicitud del recurrente, quien pedía se determinara en relación a la legalidad de la no renovación de su contratación para el año 2018 dispuesta por el Director del Hospital de La Serena, el Contralor Regional de Coquimbo, fundado en que el recurrente había tomado conocimiento de la Resolución Exenta N° 7225, precedentemente citada, con fecha 30 de noviembre de 2017, pero sólo fue reclamada dicha resolución con fecha 27 de diciembre de 2017 ante el ente contralor, emitió el Oficio N° 907, de 7 de marzo de 2018, en que declaró que la reclamación había sido deducida en forma extemporánea, conforme al criterio contenido en el Dictamen N° 26.217 de 2017, de Contraloría, razón por la cual la desestimó;

10) Que con fecha 16 de marzo de 2018 el recurrente hizo una presentación ante el Contralor Regional recurrido en que le pidió la reconsideración del Oficio N° 907, antes citado, fundándose para ello en ser efectivo que la Resolución N° 7225, de 29 de noviembre de 2017 le fue notificada al día siguiente, 30 de noviembre de 2017, ante lo cual el día 5 de diciembre de 2017 interpuso recurso de reconsideración en contra de ella, recurso respecto del cual con fecha 22 de diciembre de 2017 se pronunció el Director del Hospital de La Serena por medio de Resolución Exenta N° 7852, que lo denegó, siendo desde que tomó conocimiento de esta última resolución desde cuando procede contar el plazo de diez días para reclamar ante la Contraloría, por lo que el reclamo presentado con fecha 27 de diciembre de 2017 debe estimarse que fue deducido dentro de plazo;

11) Que ante la solicitud del recurrente de reconsideración del Oficio N° 907, antes citado, el Contralor Regional recurrido se pronunció en su Oficio N° 2798 de 22 de junio de 2018, señalando que en base a la Resolución Exenta N° 7852 de 2017 del Hospital San Juan de Dios de La Serena, que fue aportada por el recurrente y de la cual no tuvo conocimiento la Contraloría al momento de emitir su Oficio N° 907, resulta posible advertir que al haber sido notificado del rechazo contenido en esa Resolución N° 7852 con fecha 22 de diciembre de 2017, debe contarse desde esa fecha el plazo para interponer el reclamo de ilegalidad ante el ente fiscalizador, lo que hace que proceda acoger la reconsideración formulada por el recurrente por haber sido deducida dentro del plazo de diez días hábiles a que se refiere el Dictamen N° 85700 de 2016. Esta situación hace procedente el pronunciamiento del ente contralor sobre el fondo de la reclamación, en relación a lo cual señala que, “En primer término es dable anotar que la renovación continua de la relación estatutaria en calidad de contrata, desde la segunda prórroga al menos, genera en la persona la convicción de que tratada en lo sucesivo y bajo condiciones similares, de igual modo en que o ha sido previamente y en el evento que la Administración tome una decisión distinta a la que ha venido adoptando – de prorrogar la contrata por toda la siguiente anualidad- , debe comunicar su cambio de criterio a través de un acto que dé cuenta de las circunstancias de hecho que justifiquen su determinación, según fuera resuelto en el Dictamen N° 22.766 de 2016 de esta Contraloría General.

En este contexto y de acuerdo con los antecedentes examinados, aparece que por Resolución Exenta N° 7225, de 2017, el Hospital San Juan de Dios de La Serena decidió no renovar la contratación del señor nombre reservado.

Luego, según el considerando tercero del anotado acto, el fundamento utilizado para ello fue el informe de desempeño y sus calificaciones, los que determinaron una nota deficiente en evaluación cuantitativa en relación a la del período 2016, indicando que el interesado no logra ejecutar con calidad las tareas asociadas a su cargo, lo que se manifiesta en una regular evaluación en el ítem de calidad de la labor realizada (nota 5), poco interés en perfeccionar sus conocimientos (nota 5 en ítem de conocimiento e interés por el trabajo) y por último problemas de asistencia y puntualidad (nota 5), obteniendo un puntaje final en su calificación 2017 de 53 puntos.

Sin embargo dicha motivación aparece contradicha por el acuerdo de la respectiva Junta Calificadora, quien decidió subir todas las notas en los factores que sirvieron de fundamento al Director del servicio recurrido para adoptar su decisión de no renovar la contratación del señor nombre reservado, lo que resulta particularmente gravitante si se considera que el aludido informe de desempeño sólo constituye un instrumento trámite dentro del correspondiente proceso evaluatorio, radicándose en el aludido órgano colegiado la plenitud de las facultades examinadoras.

En este contexto se advierte que los motivos que tuvo en cuenta el Hospital de La Serena para adoptar su decisión de no renovar la contratación del interesado resultan errados, pues aparecen controvertidos por la decisión de la Junta Calificadora, sin que por lo demás se aprecie en el anotado instrumento el razonamiento utilizado para superar dicha contradicción ni tampoco se advierten antecedentes que respalden la determinación, lo que resulta exigible de acuerdo con los artículos 11 y 41 de la Ley 19880.

En este orden de ideas debe recalcarse, además que la simple referencia formal de los contradictorios motivos ya señalados, impide que de su sola lectura pueda conocerse cuál fue el raciocinio utilizado por la autoridad del hospital para adoptar la decisión impugnada, lo que resulta armónico con el criterio contenido en el Dictamen N° 12.248 de 2017, de este organismo Contralor.

De este modo, se aprecia entonces que el acto mediante el cual se decidió la no renovación del recurrente, contiene motivos errados y contradictorios que impiden conocer cual es el real fundamento que la autoridad hospitalaria tuvo en consideración para no renovar la contratación del reclamante.

Por tanto, en mérito de lo expuesto, corresponde que el Hospital de La Serena disponga la renovación del vínculo con don nombre reservado para todo el año 2018, en los mismos términos de su última contratación, reincorporándolo a sus funciones, debiendo pagarle las remuneraciones correspondientes al tiempo durante el cual se vio separado de sus labores, ya que dicho impedimento proviene de una fuerza mayor, no imputable al interesado”.

12) Que con fecha 23 de julio de 2018 el recurrente formuló presentación ante la Contraloría Regional de Coquimbo en la que hizo presente que el Director del Hospital de La Serena, habiendo sido notificado, se negaba a cumplir con lo ordenado en el Oficio N° 2798 del ente contralor, que ordenaba su reincorporación, por lo que reiteraba se le ordenara dar inmediato cumplimiento al mismo.

13) Que por medio de Ordinario N° 3795, de 25 de julio de 2018, el Director del Hospital de La Serena solicitó al Contralor Regional recurrido la reconsideración de lo resuelto en su Oficio N° 2798, que disponía la renovación del vínculo del recurrente con el establecimiento hospitalario.

14) Que el Contralor Regional recurrido por medio de su Oficio N° 4622, de fecha 22 de octubre de 2018, pronunciándose respecto de las solicitudes de cumplimiento y de reconsideración respecto de su Oficio N° 2798, precedentemente citado, formuladas por el recurrente y el Director del Hospital de la Serena, respectivamente, accedió a la última solicitud mencionada, concluyendo que el Hospital San Juan de Dios de La Serena puso en conocimiento del recurrente de forma oportuna las razones del término de su contratación, cumpliendo así con los requisitos para adoptar dicha decisión. Dio como fundamentos para aceptar la reconsideración en referencia, los siguientes: “Que a través del aludido Oficio N° 2798 de 2018, esta sede regional atendió un reclamo del ocurrente relativo al término de su contratación en el Hospital San Juan de Dios, decisión adoptada mediante Resolución Exenta N° 7225 de 2017, que indica que el término de la contratación se fundamentó en un informe de desempeño y en la precalificación del interesado, notas que después fueron aumentadas por la respectiva Junta Calificadora, por lo que en dicha oportunidad este ente de control concluyó que los motivos que tuvo presente el referido centro hospitalario se contradicen con la evaluación del respectivo cuerpo colegiado, sin que se señalara el razonamiento utilizado para superar dicha contradicción ni los antecedentes que respaldaran la determinación.

Pues bien, respecto de la materia en comento se debe recordar que, acorde con lo sostenido en el dictamen N° 22766 de 2016, de este órgano contralor, las reiteradas renovaciones de las contratas – desde la segunda al menos - , por una extensión de tiempo que supere los dos años, genera en los servidores que se desempeñan sujetos a esa modalidad, la confianza legítima de que dicha práctica será reiterada en el futuro, de modo que para adoptar una determinación diversa, es menester que la autoridad emita un acto administrativo que explicite los fundamentos que avalan las decisión detallando el razonamiento y los antecedentes de hecho y de derecho en que se sustenta, el que, de acuerdo con lo previsto en el dictamen N° 85700 de 2016, - que imparte instrucciones y establece criterios complementarios para la aplicación del dictamen N° 22766 de 2016, de esta Contraloría General -, se materializa mediante la emisión de una resolución exenta.

Precisado lo anterior, cabe señalar en relación con la motivación del acto que dispone la no renovación de una contrata, que el precitado dictamen N° 85.700 de 2016, mencionó diversas circunstancias susceptibles de servir de fundamento para ello, entre las cuales se encuentra una deficiente evaluación del funcionario, ya sea la calificación regular y periódica u otra evaluación particular.

Pues bien, de un nuevo análisis de los antecedentes aportados tanto por el recurrente como por el servicio, permite afirmar que el respectivo acto administrativo expresó en los considerandos tercero y cuarto, que el recurrente no logra ejecutar con calidad las tareas asociadas a su cargo, poco interés en perfeccionar sus conocimientos y problemas de asistencia y puntualidad, “lo que acredita un bajo desempeño atendido las exigencias y características de su cargo”, aludiendo para ello a los antecedentes de las calificaciones, por lo que este servicio concluyó que su rendimiento era deficiente, motivo por el cual el Director del Hospital San Juan de Dios decidió no prorrogar su contrata para el año 2018, cumpliéndose de esta manera con la exigencia de fundamentar dicha decisión, lo que resulta conforme con el criterio contenido en el dictamen N° 20.847 de 2018, de este ente de fiscalización.

En efecto, el acto administrativo en análisis contiene en sí mismo el motivo de la decisión adoptada el que se basa, como se indicó, en los informes de desempeño y precalificación del señor nombre reservado, antecedentes que también están fundamentados, lo que no sucede por su parte con el acuerdo de la Junta Calificadora, que resolvió aumentar las evaluaciones, sin indicar el razonamiento para ello”

CUARTO: Que según se desprende del escrito de recurso, el acto recurrido y cuyos efectos el recurrente pide sean suprimidos, es el Oficio N° 4622, de fecha 22 de octubre de 2018, emanado de la Contraloría Regional de Coquimbo, de la Contraloría General de la República, en virtud del cual y pronunciándose respecto de una solicitud de reconsideración deducida por el Director del Hospital San Juan de Dios de La Serena respecto del Oficio N° 2798, de 23 de junio de 2018, de la misma Contraloría, que había acogido una solitud de reconsideración del recurrente nombre reservado en orden a estimar deducida dentro de plazo y pronunciarse sobre su reclamación ante la Contraloría en contra de la Resolución Exenta N° 7225 de 29 de noviembre de 2017 del Director del Hospital de La Serena que había puesto término a contar del 31 de diciembre de 2017, por no ser renovada su contrata, al contrato que ligaba al recurrente con el citado hospital, petición del recurrente que se resolvió en dicho Oficio N° 2798, el cual dejó sin efecto una declaración de extemporaneidad anterior respecto de la solicitud del recurrente (que se había contenido en el Oficio N° 907, de 7 de marzo de 2018, de Contraloría) y pronunciándose sobre el fondo de lo solicitado, accedió a lo pedido por el actor y declaró que la Resolución Exenta N° 7225 de fecha 29 de noviembre de 2017, del Director del Hospital de La Serena, por contener motivos errados y contradictorios y ser contraria a la calificación de la Junta Calificadora, se la privaba de efecto, ordenándose la renovación del vínculo entre el recurrente y el Hospital para todo el año 2018, reincorporándolo a sus funciones. De lo resuelto por el Contralor en su Oficio N° 2798, en que se privaba de efecto a la Resolución Exenta N° 7225 del Director del Hospital y se ordenaba la renovación de la contrata del recurrente por el año 2018, pidió reconsideración dicho Director, por estimar, en discrepancia de lo señalado en el Oficio N° 2798, que su citada Resolución Exenta N° 7225 estaba debidamente fundada, solicitud que fue resuelta por medio del Oficio N° 4622, de fecha 22 de octubre de 2018, que es el acto recurrido y en relación al cual debe examinarse si él se presenta carente de fundamentación, como plantea el recurrente, o si bien cumple con dicho requisito cuya exigencia se desprende de lo dispuesto en los artículos 11 inciso 2° y 41 inciso 4° de la Ley 19.880.

QUINTO: Que del examen del Oficio 4622, de 26 de octubre de 2018, del Contralor recurrido, se puede constatar que dentro de él se hace referencia a que, “…el respectivo acto administrativo (la Resolución Exenta N° 7225 del Director del Hospital de La Serena) expresó en los considerandos tercero y cuarto que el recurrente no logra ejecutar con calidad las tareas asociadas a su cargo, poco interés por perfeccionar sus conocimientos y problemas de asistencia y puntualidad, “lo que acredita un bajo desempeño atendido las exigencias y características de su cargo”, aludiendo para ello a los antecedentes de las calificaciones, por lo que ese servicio concluyó que su rendimiento era deficiente, motivo por el cual el Director del Hospital San Juan de Dios decidió no prorrogar su contrata para el año 2018, cumpliéndose de esta manera con la exigencia de fundamentar dicha decisión. Lo que resulta conforme con el criterio contenido en el dictamen N° 20.847, de 2018, de este ente de fiscalización.

En efecto, el acto administrativo en análisis contiene en sí mismo el motivo de la decisión adoptada, el que se basa, como se indicó, en los informes de desempeño y precalificación del señor nombre reservado, antecedentes que también están fundamentados, lo que no sucede por su parte con el acuerdo de la Junta Calificadora, que resolvió aumentar las evaluaciones sin indicar el razonamiento para ello.”

De lo anterior se comprueba que el acto administrativo recurrido contó con fundamentos en los cuales se apoyó lo decidido por el mismo en orden a reconsiderar el Oficio N° 2798 de 2018, ratificando la validez de la Resolución Exenta N° 7225 de fecha 29 de noviembre de 2017, del Director del Hospital de La Serena.

SEXTO: Que conforme a lo señalado precedentemente no es posible advertir que concurran la ilegalidad y arbitrariedad atribuidas por el recurrente al Oficio N° 4622, de 22 de octubre de 2018, emanado del ente contralor recurrido, ni tampoco que se hayan visto afectadas sus garantías constitucionales que dicen relación con la igualdad ante la ley y con el derecho de propiedad.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de 24 de junio de 1992, se dispone: Que se rechaza el recurso de protección interpuesto por la abogada Makarena García Dinamarca en favor de nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad archívese.

Redacción del Ministro Titular, don Jaime Franco Ugarte, Rol N° 1300-2018 (nombre reservado).