nombre reservado con CARABINEROS DE CHILE Y OTROS

nombre reservado

Carabineros de Chile y otra Recurso de protección Rol Nº1295-2025 La Serena, cinco de septiembre de dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, don nombre reservado y don nombre reservado, abogados, recurren de protección en favor de nombre reservado, sargento primero de Carabineros de Chile en contra de la Resolución Exenta N°02, de 26 de junio de 2025, que dispone su baja por conducta mala con efectos inmediatos, alegando vulneración de sus garantías de los números 1, 2, 3 inciso 6°, 4 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que la resolución impugnada fue dictada por la Prefectura de Carabineros Limarí y que, transcribiendo el acto administrativo, se funda en estimar la recurrida una infracción a la probidad y la imagen institucional por salir del país, haciendo uso de licencia médica, remitiendo los antecedentes a la Fiscalía, precisando que la sanción queda condicionada al resultado del sumario instruido.

Alega que esta resolución atenta contra las garantías del actor, en particular su derecho a la vida e integridad física y psíquica, en cuanto dispone la baja del funcionario en medio de un proceso de tratamiento médico por afecciones de salud mental, omitiendo el acto administrativo toda ponderación sobre su condición clínica.

Sostiene que la sanción, aun cuando es condicional, agrava su estado de salud, al despojarlo de una carrera funcionaría de 20 años de servicio.

Asimismo, afirma que atenta contra su derecho de igualdad ante la ley y debido proceso, al remitir los antecedentes al Ministerio Público, y que la aplicación del artículo 127 número 4 del Reglamento ha sido desproporcionada y que no ha existido proceso disciplinario previo, más cuando no se ha declarado la incompatibilidad médica del viaje, ni ha mediado sanción previa del órgano sanitario correspondiente.

Agrega, que la sanción se adoptó sobre la base de una denuncia anónima, sin verificación objetiva previa, sin darle participación al afectado, donde otros funcionarios en idéntica posición fueron objeto de investigación sumaria, y que la autoridad empleadora carece de competencia legal para calificar el viaje del actor, lo que debe ser calificado por la COMPIN o la Contraloría Médica.

Asimismo, indica que se ha afectado su derecho al a vida privada, en cuanto fueron remitidos sus antecedentes migratorios sin su consentimiento, y su derecho de propiedad, al privarlo del goce de su remuneración, por lo que pide que se tenga interpuesto el recurso en contra del coronel nombre reservado, prefecto de Carabineros de la Prefectura Limarí; de la prefecta general nombre reservado San Miguel, subdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria, de la Sección de Migraciones y Policía Internacional de Ovalle, y se deje sin efecto la resolución impugnada, y se disponga la reincorporación del funcionario a sus funciones, con costas.

Acompaña a su recurso: Resolución Exenta N°02 de 26 de junio de 2025 y notificación de la Resolución Exenta N°02.

SEGUNDO: Que, informa la Prefecta General Subdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la Policía.

Expone como cuestión previa, que la recolección registro y mantención de datos personales se encuentra expresamente autorizado por ley, por cuanto recae en materias y funciones propias de competencia de la Policía de Investigaciones y que, en relación con el requerimiento por parte de Carabineros, arguye que la coordinación institucional es un deber jurídico, vinculados con las competencias legales de ambas instituciones, siendo un principio general que informa la organización administrativa.

Señala que mediante Oficio NºE89569/2025, de 02 de junio de 2025, la Contraloría General de la República, imparte instrucciones sobre procedimientos disciplinarios destinados a determinar y hacer efectivas las eventuales responsabilidades comprometidas en los hechos observados en el consolidado de información circularizada (cic) N° 9, de 2025, señalando en su parte pertinente lo siguiente: “IV. Realización de la investigación. El fiscal tendrá amplias facultades para realizar la investigación y los funcionarios estarán obligados a prestar colaboración que se les solicite. En el cumplimiento de su encargo el fiscal se puede valer de todos los medios de prueba: documental, testimonial, confesiones, e incluso presunciones (aplica dictamen N°14.608, de 2013, de esta Entidad Fiscalizadora).

Sin embargo, con el objeto de acreditar los hechos de que da cuenta el CIC N°9, de 2025, deberá proveerse en primer lugar de la certificación oficial de la Policía de Investigaciones de Chile en relación con la fecha de entrada y salida del país correspondiente, oficiándose al efecto.”

Concluye, que la Policía de Investigaciones de Chile, se encuentra en el imperativo de proporcionar la información que se le solicite en relación con la fecha de entrada y salida del país correspondiente, de determinados funcionarios públicos, solo en el contexto de la tramitación de un sumario administrativo o una investigación ordenada por órgano competente, por ende, el 10 de junio de 2025 dio cumplimiento a lo solicitado, informando los movimientos migratorios del recurrente durante el presente año 2025, información que fue evacuada mediante Oficio N°124, por parte de la Sección de Migraciones de Ovalle.

Acompaña a su informe: oficio ordinario N°29 de la Sección de Asuntos Internos de Carabineros de la Prefectura Limarí y oficio N°124, de 10.JUN.025, de la Sección de Migraciones y Policía Internacional Ovalle.

TERCERO: Que, a folio 20, comparece la abogada Natividad Pereira Carrasco, en representación del recurrido Prefecto de la Prefectura de Carabineros del Limarí, acompañando el informe requerido.

Expone que, como antecedentes de la resolución impugnada, el Departamento de Asuntos Internos recibió una denuncia anónima respecto a la salida del país en enero de este año del recurrente, estando con licencia médica, constatando la efectividad de lo anterior, en cuanto registraba ausentismo del 11 al 31 de enero de 2025, recibiendo oficio de Migraciones donde consta dos salidas del país, con dirección al Perú, importando para estos efectos aquella que realizó el 20 de enero de 2025, retornando el mismo día, por el control fronterizo de Chacalluta.

Refiere que, de acuerdo con las atribuciones y facultades que confiere el ordenamiento a la institución, se concluyó que las conductas imputadas al actor son de tal gravedad que hacen meritoria la aplicación de una medida administrativa como la impuesta, con efectos inmediatos, lo que se dispuso conforme la resolución recurrida, y se sustenta en lo previsto en el artículo 127 número 4 inciso quinto, del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros N°8, destacando que tiene el carácter de condicional y se encuentra supeditada al resultado del sumario administrativo.

Agrega que el acto administrativo precisa que, si se le aplica en definitiva una sanción que no importe necesariamente su baja, será reintegrado a la institución, percibiendo las remuneraciones devengadas durante el tiempo que duró su licénciamiento, sumario que se encuentra suspendido hasta el término de la causa seguida en razón del Parte de Denuncia N°08 direccionado a la Fiscalía Local de Ovalle.

Alega la improcedencia del recurso, en cuanto el actor carece de un derecho indubitado, por los que sus alegaciones deben ser vertidas en un procedimiento de declaración de derechos, de lato conocimiento, y que no concurren las hipótesis de ilegalidad y arbitrariedad, toda vez que Carabineros posee un sistema disciplinario, en el que, conforme lo previsto en el artículo 23 del Reglamento de Disciplina, establece, entre las sanciones disciplinarias, la baja por conducta mala con efectos inmediatos, lo que descarta vulneración de derechos fundamentales, toda vez que las circunstancias fácticas que motivaron la aplicación de la medida administrativa excluyen cualquier cuestionamiento a los motivos médicos que sostienen la licencia médica, y centra en que dicho amparo médico únicamente autoriza a su beneficiario a ausentarse de su jornada de trabajo para que el mismo recupere su salud, imponiendo a su titular la obligación de respetar dicho descanso laboral en forma total o parcial en el domicilio que allí se indica, cuestión que en la especie no aconteció tal y como quedara en evidencia de lo informado por la Sección de Migraciones y Policía Internacional, más cuando la reglamentación institucional impone el deber al personal de Carabineros a pedir autorización para ausentarse del país.

Precisa que la medida administrativa impuesta se encuentra precedida de la verificación de los antecedentes por intermedio de la Sección de Asuntos Internos y por la ponderación de la gravedad intrínseca de la falta cometida, la afectación al servicio, la intencionalidad o negligencia en la conducta, la jerarquía y responsabilidades del funcionario, su conducta anterior y la concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes.

Finaliza indicando, que el actuar institucional se ha apegado a la normativa legal y reglamentaria que rige la materia, no presentándose por tanto un actuar ilegal o arbitrario, por lo que solicitan el rechazo del recurso.

Acompaña a su informe: Resolución Exenta N°02 de 26.06.2025 de la Prefectura de Carabineros “Limarí”; Resolución Exenta N°537 de 26.06.2025 de la Prefectura de Carabineros “Limarí”; acta de notificación; y orden de sumario N°21911/1, de 26.06.2025, de la Prefectura de Carabineros Limarí.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

QUINTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEXTO: Que, del mérito de autos, se desprende que lo alegado por el recurrente es la dictación de la Resolución Exenta N°02 de 26 de junio de 2025, la cual dispuso su baja de Carabineros, por conducta mala, de forma inmediata, en atención a una denuncia anónima que lo acusaba de salir del país haciendo uso de licencia médica, alegando que aquella vulnera sus derechos constitucionales por ser ilegal y arbitraria, como carente de fundamento, pues sin investigación previa y con medidas intrusivas no autorizadas, lo ha privado de su trabajo y remuneraciones.

A su turno, la recurrida señala que la medida impuesta fue ordenada según las facultades que irroga al mando directo de la Prefectura de Limarí la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros, como los respectivos reglamentos, y que ésta es de carácter condicional supeditada al resultado del sumario administrativo, el cual aún no inicia, y en el cual el recurrente podrá realizar sus descargos, y en caso de resultar absuelto se le reintegrar las remuneraciones que debió percibir de forma retroactiva.

SÉPTIMO: Que, corresponde tener presente que el Capítulo VIII, del Reglamento de selección y ascensos del Personal de Carabineros N°8, trata sobre Eliminaciones, dispone en el inciso quinto del número 4° del artículo 127, que cuando la comisión de una falta que dé origen a un Sumario Administrativo o Investigación, fuere de tal gravedad que haga inconveniente la permanencia del funcionario en la institución, y, el inculpado confiese su responsabilidad, o ésta se haga evidente, el Jefe que ordene la instrucción del Sumario podrá eliminarlo de inmediato por conducta mala, sin expresar nota de conducta hasta la terminación de la pieza sumarial o de la investigación, oportunidad en la cual deberá fijar la nota que en definitiva le corresponda, o bien, modificar o dejar sin efecto la causal de baja, según el mérito del Sumario o investigación.

Así resulta, que la resolución impugnada tiene sustento en la norma señalada, que prevé la hipótesis verificada en autos, sin que pueda estimarse el ejercicio de esta facultad de la recurrida como ilegal. En los mismos términos, tampoco ha de entenderse como arbitraria, encontrándose debidamente fundada y, en su hipótesis de discriminación arbitraria, no consta que la institución haya otorgado un trato distinto a funcionarios que estén en idéntica posición que el actor, siendo relevante que ésta tampoco es una instancia de acreditación de supuestos de hecho.

OCTAVO: Que, del mérito de los antecedentes se constata que, en el presente caso, los hechos fueron de tal gravedad que se interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Ovalle, el 26 de junio último, ello sin perjuicio de haberse dispuesto la instrucción interna del sumario administrativo tendiente a establecer fehacientemente la forma y las circunstancias en las que ocurrieron los hechos sindicados, cuya tramitación se encuentra suspendida en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 84 ter de la Ley N 18.961 Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, en el que el recurrente puede hacer uso de su derecho a defensa presentando prueba y los recursos que estime pertinentes.

NOVENO: Que, en consecuencia, la autoridad que dictó el acto administrativo se encuentra jurídicamente habilitada para adoptar la decisión que motiva la acción constitucional impetrada, la que, según se lee de su texto, aparece fundamentada, y tal como se expresa su parte resolutiva, el reproche al funcionario es el haber salido del país encontrándose con licencia médica por enfermedad común. En suma, se trata de una facultad especial, en la que la separación del Servicio no tiene el carácter de irreversible, pues queda supeditada al resultado final del sumario administrativo que se tramite como expresamente se menciona en la reseñada regla del artículo 127 no existiendo, en consecuencia, aún, un acto administrativo terminal.

Así, esta medida cautelar encuentra su fundamento en la necesidad de velar por la buena conducta de los integrantes de Carabineros de Chile, facultades otorgadas por la normativa citada, la que, además importa la existencia de un régimen disciplinario, lo que permite entender que no se trata del ejercicio de una potestad sancionadora, sino que cautelar, lo cual explica, tal como indica la resolución recurrida, que, resuelto el sumario, se resolverá la situación del funcionario.

DÉCIMO: Que, vale tener presente, que, en la materia, ha resuelto la Excma. Corte Suprema que “...no existe contraposición entre el ejercicio de dicha facultad y el texto de la letra d) del artículo 43 de la Ley N 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros, conforme al cual el retiro absoluto del personal de la institución se produce, entre otras causales, por haber sido eliminado por lista de clasificación o sanción disciplinaria de carácter expulsivo, en proceso administrativo, puesto que una separación definitiva del funcionario, resulta un evento que no forma parte del reclamo en el caso, y pende del afinamiento del sumario administrativo respectivo.” (Rol N°167.174-2023, sentencia de 13 de noviembre de 2023; Rol N°26.985-2019, sentencia de 18 de marzo de 2020; Rol 5446-2019, sentencia de 11 de julio de 2019).

Y tal como se sostiene en los fallos antes citados, que se pronuncian en casos similares al de autos, “tampoco se advierte una privación de derechos constitucionales de orden procesal”, pues la baja inmediata “no perjudica las herramientas de defensa de que puedan valerse los recurrentes en el proceso sumarial que se seguirá contra ellos”, lo cual ratifica la naturaleza cautelar y provisoria y no sancionatoria e irreversible, de este tipo de medida. En este sentido, la decisión impugnada no constituye una especie de juzgamiento que emane de una “comisión especial” como sostiene la recurrente, por lo que los reparos en relación con la forma en que el procedimiento fue iniciado o las decisiones en él adoptadas, no pueden ser revisadas en esta vía, al no tratarse de un acto terminal y que, por ende, podría impedir a esta Corte conocer el fondo del asunto, cuando proceda.

UNDÉCIMO: Que, por su parte, en relación con los argumentos invocados en contra de la segunda de las instituciones recurridas, esto es, la Policía de Investigaciones, es compartido lo que aquella informó, en orden a detentar entre sus deberes el registrar los ingresos y salidas desde y hacia nuestro territorio nacional, información que, requerida, debe ser entregada. Sostener lo contrario, importaría otorgarle a la entidad aludida un poder de decidir cuándo y a quién hacerlo, lo que se alejaría de la normativa que la regula.

DUODÉCIMO: Que finalmente, cabe señalar, que no corresponde analizar ahora la proporcionalidad de la medida disciplinaria aplicada, desde que ello, en definitiva, se revisará, en otra instancia, previas las correspondientes defensas que los recurrentes hagan en dicha sede administrativa.

A mayor abundamiento, lo pretendido por el actor sobrepasa los fines de la presente acción cautelar, por cuanto no posee un derecho indubitado, por lo que su arbitrio no podrá prosperar, sin perjuicio de las acciones que se puedan ejercer en la instancia declarativa respectiva.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto a favor de nombre reservado, en contra en contra de Carabineros y la Policía de Investigaciones de Chile.

Se deja sin efecto la orden de no innovar decretada a folio 4 el veinticinco de julio de dos mil veinticinco.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1295-2025 (Protección)