nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LOS ANDES

nombre reservado

Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes Recurso de Protección Rol N° 1294-2024.

La Serena, trece de agosto de dos mil veinticuatro.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece Mario Espinosa nombre reservado, interponiendo recurso de protección en conformidad a lo establecido en los números 1 y 2 del Auto acordado sobre Tramitación y fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales decretado por la Excma. Corte Suprema con fecha 17 de julio de 2015, así como en ejercicio del derecho conferido en el Artículo 20 de la Constitución Política de la República, en beneficio de nombre reservado, trabajador dependiente, cédula nacional de identidad N°RUT reservado,ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, Región de Coquimbo, dirigido en contra de La Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes (C.C.A.F Los Andes), representado por su gerente general don nombre reservado, Ingeniero Comercial, cédula de identidad N°RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana, por privar y/o perturbar en forma ilegal y arbitraria el derecho garantizado en el artículo 19 N° 24 de la Carta Magna -el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales -,al efectuar descuento ilegal y arbitrario de sus remuneraciones.

Expone que el 23 de febrero del año 2023, el recurrente suscribió pagaré Nº 097CON103940112, a favor de la recurrida, por la suma de $1.865.593, por concepto de capital, más los intereses correspondientes, que sería pagado en 36 cuotas mensuales, iguales y sucesivas de $77.701, venciendo la primera de ellas el 30 de abril de 2023. Asimismo, en el referido pagaré se estipuló que, el simple retardo en el pago íntegro y oportuno de todo o parte de una de las cuotas en la época pactada para ello, permitiría exigir la solución íntegra de la suma debida, considerándose la obligación de plazo vencido y capitalizados los intereses devengados y no pagados. Igualmente, pactó la facultad al empleador de aquel momento o empleadores futuros, entidades pagadoras de pensión y pagadoras de subsidio de incapacidad laboral, para descontar del pago de emolumentos mensuales o subsidios de cesantía, los dividendos correspondientes al referido crédito.

Continúa relatando, que su representado perdió su única fuente de ingresos, terminando la relación laboral con su empleador, y al quedar sin trabajo vió enormemente perjudicada su situación económica, cayendo en mora respecto del referido pagaré a partir de la cuota con vencimiento de 30 de septiembre de 2023. Debido a lo señalado, la C.C.A.F Los Andes demandó ejecutivamente al recurrente, específicamente el 11 de marzo de 2024, iniciándose la causa Rol C-1004-2024, tramitada ante el 02° Juzgado de Letras de La Serena, caratulada “Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes con nombre reservado”, causa en que don nombre reservado opuso excepciones y con fecha 25 de junio de 2024 se recibió la causa a prueba.

Hace presente, que el mes de febrero del año 2024, el recurrente logró obtener un empleo bajo la dependencia de Inmobiliaria e Inversiones Quilodrán Ltda. Es así como comenzó a trabajar con la legítima expectativa de percibir sus remuneraciones de manera íntegra y previsible, de acuerdo con lo pactado con su nuevo empleador.

Manifiesta que pese a la legitima expectativa de recibir sus remuneraciones de acuerdo a lo pactado contractualmente, y no obstante, existir una demanda ejecutiva en curso que Caja de Compensación Los Andes interpuso en contra del recurrente, al momento de recibir su liquidación de sueldo correspondiente al mes de junio de 2024, advirtió que la cantidad entregada por concepto de remuneración era considerablemente menor a la pactada debido a un descuento por la suma de $89.541 por concepto “Créditos personales CCAF”, lo que importa un detrimento ilegal y arbitrario de $89.541 a su remuneración mensual.

Señala que el recurrente jamás fue informado previamente por ningún medio respecto de la decisión unilateral de la recurrida en ejecutar el abusivo e inoportuno descuento que finalmente ordenó a su empleador. Es por esta razón que nunca tuvo elementos ni informaciones de ninguna clase o especie que le permitieran prever una afectación de tal magnitud en su remuneración mensual. Lo anterior, especialmente considerando que Caja de Compensación Los Andes, por voluntad propia, había judicializado el cobro de la deuda con anterioridad al descuento que por este acto se alega.

Indica que el actuar de la recurrida es arbitrario, antojadizo e ilegal, que carece de fundamento alguno, tanto en su realización como en el monto que ordenó retener al empleador y reviste un abuso de los preceptos legales que regulan el funcionamiento de estas entidades respecto al cobro oportuno de los créditos sociales, descontando una proporción estructural de su remuneración liquida, de manera absolutamente forzada, intempestiva y en contra de su voluntad, sin entregar ninguna información previa al recurrente ni a su empleador.

Cita los artículos 21 y 22 de la Ley 18.833 e indica que se advierte un uso arbitrario e ilegal norma del artículo 22, de acuerdo a lo establecido de manera categórica y uniforme por la jurisprudencia, toda vez que, una Caja de Compensación, como todo grupo intermedio prestador de un servicio público, está subordinada a la Constitución Política de la República.

Asevera que el acto de autotutela efectuado por Caja de Compensación Los Andes, se trata de un descuento ilegal y arbitrario de las remuneraciones, sin dar noticias o informaciones previas a la determinación de dicho descuento, sin explicar por qué o cómo se llegó al monto ordenado descontar, lo que es una vulneración flagrante a la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, toda vez que, se le ha privado y ha perturbado del Derecho de propiedad sobre $89.541 pesos de la remuneración del recurrente del mes de junio 2024, que podría repetirse para los pagos de los próximos meses de remuneración.

Recalca que la recurrida al momento de interponer la demanda ejecutiva, manifestó su voluntad expresa e inequívoca de ejercer la cláusula de aceleración, produciendo el vencimiento anticipado de todas las cuotas pendientes, cobrando el acreedor recurrido la totalidad de la deuda como de plazo vencido en sede civil. Por lo anterior, resulta arbitrario que, habiendo ejercido la cláusula de aceleración, Caja Los Andes ordene la retención de montos similares al de una cuota a su conveniencia y mediante un mecanismo paralelo a la vía judicial que ellos mismos ejercieron y promovieron mediante el cobro ejecutivo. En este sentido indica que la Cortes de Apelaciones de Santiago ha decretado la arbitrariedad en sucesivas ocasiones, respecto del cobro ejecutado por Caja de Compensación Los Andes, declarando la instrumentalización abusiva del estatuto contenido en el artículo 22 de la ley 18.833, en donde la recurrida de manera sistémica ha efectuado un uso irracional de este derecho que tiene por objeto el cobro oportuno del crédito, otorgando como ejemplo fallo en Causa Rol 31235-2019 y Causa Rol 70389-2018, junto con causa Rol N° 6118-2018 de la Excma. Corte Suprema.

Por otro lado, señala que también existe arbitrariedad en el actuar de la recurrida al ordenar un descuento amparándose en el artículo 22 de la ley 18.833, desconociendo su deber de dar noticias previas respecto a su determinación de ejecutar los abusivos e inoportunos descuentos. Y así lo ha establecido la Excelentísima Corte Suprema y la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago respecto del actuar de Caja de Compensación Los Andes, citando Rol 12425-2018 y Rol 68666-2018, respectivamente.

Finaliza, solicitando se acoja el recurso, ordenando a la recurrida cesar todo tipo de retención o descuento en la remuneración del recurrente y restituir al actor los descuentos efectuados, así como también los que puedan llevar a cabo durante la tramitación de la presente acción, todo ello con costas.

SEGUNDO: Que, a folio 9 se prescinde del informe de la recurrida, de conformidad con lo obrado en estos antecedentes, sin presentar aquella alegación al respecto.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que para resolver el conflicto planteado mediante este arbitrio importa determinar primero, la existencia del acto impugnado, esto es, el hecho de haber efectuado la recurrida descuentos en la remuneración de la recurrente y, posteriormente, si aquella acción constituye, a esta fecha, un actuar ilegal y/o arbitrario de la recurrida y, por tanto, si ese proceder afecta o amenaza la garantía constitucional invocada.

SEXTO: Que del tenor del recurso de advierte que el acto reprochado como ilegal y arbitrario consiste en que la recurrida requirió el descuento por planilla de las cuotas adeudadas por el actor en virtud de pagaré celebrado entre las partes en febrero del año 2023. Cabe dejar asentado que los dichos de la recurrente, en cuanto al cobro del crédito por vía judicial se confirman mediante lectura de copia de E-Book de causa C 1004-2024, acompañada por este en un otrosí de su acción; así como del hecho de haberse producido los descuentos denunciados, según se vislumbra de la liquidación de sueldo del recurrente, en la que aparece un descuento por la suma de $89.541, bajo la sigla créditos personales CCAF, lo que resulta coincidente con los antecedentes expuestos por la actora.

SEPTIMO: Que la Caja recurrida bajo el amparo de la Ley 18.833, artículo 22, que prescribe que lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales, efectúo en su oportunidad el descuento correspondiente, en razón de pagaré Nº 097CON103940112, celebrado entre las partes, por una suma de $1.865.593, pagadero en 36 cuotas mensuales, iguales y sucesivas de $77.701 a contar del 30 de abril de 2023. Si bien es cierto que esta disposición contempla una potestad legal que la Caja de Compensación acreedora puede ejercitar con el objeto de obtener el pago de los créditos sociales, y constituye, en definitiva, una garantía para la entidad acreedora, este beneficio debe ser aplicado oportunamente.

Sin perjuicio de reconocer que la recurrida goza de la potestad legal para cobrarse un crédito social otorgado por la vía de realizar deducciones a la remuneración o pensión de un afiliado, es necesario tener presente que tal atribución no puede ser ejercida de modo arbitrario o abusivo.

En efecto, a raíz que la recurrente pierde su única fuente de trabajo, la recurrida C.C.A.F Los Andes interpone demanda ejecutiva el 11 de marzo de 2024, iniciándose causa Rol C-1004-2024, tramitada ante el 02° Juzgado de Letras de La Serena, caratulada “Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes con nombre reservado”, a objeto de obtener el cobro de los dineros otorgados a la recurrente mediante pagaré Nº 097CON103940112.

Entonces, el beneficio contemplado en el artículo 22 de la Ley 18.833 ya citado resultaba improcedente, considerando el inicio de la vía ejecutiva a efecto de proceder al cobro de lo adeudado. Pues, en el caso en examen, la señalada atribución se ejercita respecto de una deuda contraída por el afiliado en el año 2023 y respecto de la cual se ha deducido demanda ejecutiva en marzo 2024, conociendo de aquella el Juzgado de Letras como ya se adelantó.

No obstante, pese a la acción judicial de cobro, y habiéndose notificado la misma el 30 de abril de 2024, la recurrida persiste en efectuar el descuento de los emolumentos del recurrente. De este modo, al realizarse el descuento de las cuotas del crédito en el mes de junio del presente año -esto es, después de ejercer la acción ejecutiva- el ejercicio de la facultad legal conferida a la recurrida en el presente caso se devela como carente de razonabilidad, desproporcionado e inoportuno, en la medida que aquella sometió el cobro de su acreencia en forma voluntaria a conocimiento de un órgano jurisdiccional, ante el cual, inclusive, podrá discutirse la vigencia de la obligación contraída por la ejecutada.

OCTAVO: Que, similar línea de razonamiento ha seguido nuestro máximo tribunal, entre otras en la causa Rol N°62.037-2023 en la cual ha señalado que “en tales circunstancias, tal como lo ha resuelto reiteradamente esta Corte en Roles N°s 71.519-2021; 6.928-2021; 30.294-2021; 5.946-2021; 65.973-2021; 1.791-2022; 20.756-2022, entre otros, debe concluirse que la recurrida ha actuado de manera caprichosa e injustificada al revivir y forzar de manera unilateral un beneficio que el artículo 22 de la Ley N°18.833 concede a las Cajas de Compensación para cobrar oportunamente los créditos sociales que otorgan. Tal beneficio, en la especie, resultaba improcedente, considerando el extenso lapso que alcanzó a transcurrir entre desde el año 2015, fecha de la suscripción del créditos cuyo cobro es objeto de la acción, hasta la época del reinicio de los descuentos, sin que conste fehacientemente la data de la mora y sin que se hubieren llevado a cabo por la acreedora otras gestiones pertinentes y oportunas para dicho fin; con lo que su actual decisión de requerir el pago a través de la vía especial estatuida por el artículo 22 de la Ley N°18.833, deviene en antojadiza, sin perjuicio de su derecho para perseguir la obligación por los medios legales ordinarios (…) Que además, a consecuencia de haber optado la recurrida por la vía judicial para obtener el cobro, esa entidad acreedora no estaba facultada para hacer los descuentos efectuados al trabajador, sino que debió atenerse a lo allí resuelto en relación al crédito otorgado, o ejercer las acciones ordinarias que corresponda, con lo que su actual decisión de requerir el pago a través de la vía especial deviene en antojadiza, sin perjuicio, como se dijo, de su derecho para perseguir la obligación por los medios legales ordinarios, idéntico sentido en el que se ha pronunciado esta Corte en Roles N°s 6.928-2021; 30.294-2021; 71.519-2021; 65.946-2021; 65.973-2021; 1.791-2022, entre otras (…) Que este proceder de la recurrida resulta manifiestamente arbitrario, desde que por su intermedio las Cajas de Compensación soslayan la existencia de los medios procesales idóneos para obtener la satisfacción de su crédito, por lo que corresponde que se otorgue amparo al actor, de lo contrario la institución recurrida obtendrá un reconocimiento de la jurisdicción, que afirma un método abusivo de ejercer sus atribuciones por parte de una entidad privada que presta un servicio público asistencial, especialmente en este caso, respecto de quien se encuentra en una condición de vulnerabilidad frente al ejercicio de potestades contractuales permisivas ejercidas a destiempo.” (Excma. Corte Suprema, sentencia pronunciada el veinticinco de abril de dos mil veintitrés en la causa Rol N°62.037-2023, Cons. 4°, 5° y 6°)

NOVENO: Que la conducta de las Caja recurrida, constituye un acto arbitrario, que vulnera la garantía constitucional del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, desde que se priva a la recurrente de una parte de sus remuneraciones, al retenérsele indebidamente parte de sus emolumentos, el presente recurso deberá ser acogido cómo se dirá en lo resolutivo.

Así, la recurrida al pretender revivir un cobro/descuento basado en un beneficio que se concede por la ley ante cobros oportunos, calidad que no es posible predicar en el caso de autos, de modo que tratándose de una facultad excepcional la que le concede la ley, su ejecución ha de ser restrictiva, en especial considerando que se interpuso una acción ejecutiva para perseguir el pago de la obligación respectiva, la que se encuentra en etapa de discusión.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se resuelve:

I.- Que se ACOGE, la presente acción constitucional interpuesta en favor de don nombre reservado.

II.- Que, en consecuencia, se ordena a la recurrida abstenerse de continuar obteniendo el pago del crédito otorgado al actor vía descuentos y/o retenciones de su remuneración.

III. Que la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, deberá restituir al actor todas las sumas descontadas de su remuneración a partir de junio de 2024.

III.- Que, se condena en costas a la recurrida por haber sido totalmente vencida.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 1294-2024 (Protección).-