nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO

nombre reservado

Ilustre Municipalidad de Coquimbo Recurso de Protección Rol N° 1293-2024.- La Serena, veintiuno de agosto de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el once de julio de dos mil veinticuatro comparece nombre reservado, deduciendo acción de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Coquimbo, por los actos y omisiones de carácter ilegales y arbitrarios adoptados por dicha entidad plasmados en el Decreto Exento N°1488, de 4 de junio de 2024, el cual le fue notificado el 11 de junio del mismo año, que rechaza el recurso de reposición interpuesto en contra del Decreto Alcaldicio N°910 de 3 de abril de 2024, que declara la salud irrecuperable de su persona.

Expone que comenzó sus labores como funcionario público el 1 de julio de 2006, específicamente en el Centro de Salud Familiar (CESFAM) de Tierras Blancas. Durante 18 años se ha desempeñado como administradora en diferentes áreas.

Indica que durante los años 2021 y 2022 fue elegida como dirigente de AFUSAMCO, cumpliendo el cargo de segundo director. Sin embargo, solo pudo ejercer una parte parcial del periodo porque presentó su primera licencia médica a raíz de un brote de Lupus Eritematoso Sistémico en actividad severa con compromiso del Sistema Nervioso Central Cutáneo, con los siguientes síntomas: sinovitis en 11 articulaciones, úlceras en el paladar, alopecia difusa, cefalea de carácter migrañoso persistente, depresión, color violáceo en los dedos de los pies y manos, dolor en los tobillos, disminución en la visión y rigidez.

Menciona que el 18 de mayo de 2024, tras una revisión de exámenes, logró un control biológico y clínico del Lupus Eritematoso Sistémico, sin signos de actividad de la enfermedad, lo que le permitió reintegrarse a su trabajo.

Su reintegro al trabajo fue el 8 de marzo, donde pudo realizar sus funciones con felicidad, entusiasmo y esmero, recibiendo incluso felicitaciones de los pacientes. Sin embargo, sigue esperando la respuesta a su apelación realizada a la CMC de la Superintendencia de Pensiones en noviembre del año pasado.

Adiciona que el lunes 8 de abril recibió una carta certificada de 5 de abril del decreto del Alcalde, donde se le notificaba que su puesto de trabajo sería declarado vacante en seis meses, todo esto cuando se encontraba realizando sus labores.

Señala que en virtud del reintegro a si trabajo, esperaba que le pidieran una reevaluación médica para conocer su estado de salud actual, que en su caso era lo más lógico. Pues reitera que en el momento de ser evaluada estaba en un brote de su enfermedad, sin someterme a tratamiento alguno, pero actualmente, está en remisión y muy bien de salud.

En vista de todo lo expuesto, el 11 de julio de 2024 interpuso recurso extraordinario de revisión del acto administrativo en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), fundamentado en que al momento de iniciarse el procedimiento administrativo que terminó con la resolución de salud irrecuperable, no se contaba con los antecedentes médicos actualizados y concretos de recuperabilidad. Asimismo, solicitó al señor Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Coquimbo la suspensión del acto administrativo, fundando en los mismos antecedentes. Ambas solicitudes se encuentran pendientes de resolución por la Administración.

Aduce que la Ilustre Municipalidad de Coquimbo, no tomó en cuenta su situación, inclusive pasando por alto los acuerdos arribados, los actos administrativos emitidos desde la propia Administración Municipal, así como de la Dirección del Departamento de Salud, procediendo no solo a continuar con el proceso iniciado y solicitado previamente (sin ningún aviso) para que la COMPIN declarara la irrecuperabilidad de su salud, sino que inclusive termina emitiendo el Decreto Alcaldicio N°910, de 3 de abril de 2024, que Declara Salud Irrecuperable según Ley 18.883 y que fue impugnado por la recurrente y luego rechazando el recurso de reposición interpuesto, lo que permite entender la actitud y motivación de la recurrida, que no es otra que buscar alejarla del cargo de una vez por todas. Todo cuanto se materializa en un acto administrativo ilegal y arbitrario, en contra del cual se recurre de protección.

Hace presente que mediante informe médico emitido el 18 de junio de 2024, elaborado por el Dr. nombre reservado, con especialidad médica interna/reumatología, se indica lo siguiente: “Considerando lo planteado anteriormente se justifican licencias médicas emitidas actualmente se logra control bioquímico y clínico del lupus eritematoso sistémico. Encontrándose con sledai2k en 0 puntos, dada mejoría clínica significativa y sin signos de actividad de la enfermedad se plantea que paciente puede reiniciar sus labores”.

Puntualiza que no es que se esté impugnando las facultades propias del alcalde, de declarar la salud irrecuperable, luego del informe de COMPIN, y que están establecidas por ley, sino que dichas facultades sean ejercidas dentro del marco jurídico, respetando los derechos Fundamentales de los funcionarios y funcionarias bajo su dependencia, cuestión que en su caso no ha ocurrido, debido a los motivos que ampliamente he explicado hasta este punto.

Adiciona que se dictó ese Decreto casi 4 meses después de que la COMPIN emitiera la resolución de salud irrecuperable (27 de noviembre de 2023) sin considerar nuevos antecedentes o un nuevo procedimiento, máxime cuando su empleador sabía y conocía que había retomado sus funciones, y por ende ya se encontraba mejor de salud.

Invoca la garantía del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República. En concreto, fue víctima de un proceso totalmente selectivo que, además, no consideró su actual situación de salud, la cual, según el certificado acompañado en su presentación, es totalmente apta para ejercer su labor. Añade que la distinción del empleador de declarar su puesto vacante sin considerar su estado de salud actualizado y sin solicitar una reevaluación médica adecuada constituye una discriminación arbitraria.

Aquello se torna aún más grave si se considera la falta de comunicación por parte de su jefatura respecto de la forma de llevar a cabo el procedimiento, sin respetar los acuerdos internos asumidos desde 2023. Esto la lleva a sacar conclusiones lamentables sobre el trato totalmente diferente recibido en comparación con otros funcionarios.

Invoca también la garantía del artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República; como se da cuenta en los hechos, ha sido privada de su derecho de propiedad sobre el cargo funcionaria de Planta, Categoría C, Nivel 8, Técnico Administrativa, perteneciente al Centro de Salud Familiar Tierras blancas, que detentaba en el ejercicio de la función pública. En consecuencia, se le ha privado de sus remuneraciones, derechos y garantías sobre su carrera funcionaria, la igualdad de oportunidades de ingreso a ellas como la capacitación y perfeccionamiento, dado que precisamente fue ella quien eligió desarrollar su vida laboral en ese servicio, específicamente en el año 2006, hasta la fecha de la dictación del acto ante el cual se recurre, es decir, por más de 18 años.

Esta vulneración le trae aparejada graves consecuencias a su vida, a saber, implica su eventual cesantía y, por ende, verse desprovista de forma definitiva, permanente y continua, del que ahora es su único sustento económico.

Efectivamente, su derecho a la estabilidad en el cargo, al cual accedió legalmente, se ha visto vulnerado de forma arbitraria e ilegal por el Decreto Exento N°1488, que tiene como consecuencia que se vea desprovista de su única fuente de ingresos laboral quedando en una total incertidumbre y desprotección.

Por estas consideraciones solicita se acoja este recurso de protección, interpuesto en contra del Decreto Exento N°1488, de 4 de junio de 2024, que rechaza el recurso de reposición interpuesto en contra del Decreto Alcaldicio N°910 de 3 de abril de 2024, que declaró la salud irrecuperable de su persona, respecto de los cuales se solicita adoptar las medidas que impidan su concurrencia y restablezcan el imperio del derecho, todo ello con costas.

Acompaña los siguientes documentos: 1.- Correo electrónico de 21 de septiembre de 2023 desde la casilla correo reservado, en el cual informa sobre acuerdos arribados entre AFUSAMCO, Administración Municipal y Departamento de Salud. Entre dichos acuerdos, se señala lo concerniente al envío de listados a la COMPIN por solicitudes de declaración de Salud Irrecuperable; 2.- Acta de reuniones y asistencia adjunta al correo descrito previamente (4 hojas); 3.- Documento N.I.N. 933 del 6 de octubre de 2023, emitido por la Dirección Departamento de Salud Sra. nombre reservado, dirigido a Funcionarios Atención Primaria de Salud Coquimbo; 4.- Decreto Alcaldicio N°910 que declara salud irrecuperable, de 3 de abril de 2024 y resolución de evaluación de la COMPIN de 27 de noviembre de 2023; 5.-Decreto Exento emitido por la Ilustre Municipalidad de Coquimbo, el 04 de junio de 2024, que rechaza recurso de reposición, y que corresponde al acto arbitrario e ilegal impugnado mediante esta acción de protección; 6.- Recurso Extraordinario de Revisión recepcionado por la COMPIN el 11 de julio de 2024, en contra de la resolución de evaluación Salud Irrecuperable Funcionario Público folio N°16926112 de 27 de noviembre de 2023; 7.- Solicitud de suspensión del acto administrativo recepcionado por la Ilustre Municipalidad de Coquimbo el 11 de julio de 2024, en contra del Decreto Exento N°910 de 3 de abril de 2024; 8.- Calificación funcionaria nombre reservado del periodo 2022-2023; 9.- Informe médico emitido por el Dr. nombre reservado, de 18 de mayo de 2024; 10.- Informe médico emitido por el CESFAM de Tierras Blancas, de 9 de agosto de 2023.

SEGUNDO: Que, evacuó informe PABLO GALLEGUILLOS CARVAJAL, abogado, en representación de la Ilustre Municipalidad de Coquimbo.

Expone, en lo pertinente, que de las propias alegaciones de la recurrente se desprende en forma inequívoca que al momento de la promoción del presente arbitrio aún penden de resolución dos recursos administrativos intentados por aquella en procedimientos inconclusos en su faz de desarrollo.

Añade que resulta insoslayable sostener la ausencia de derechos prexistentes e indubitados pues pendiendo aún de resolución en procedimientos diversos las alegaciones de la recurrente en aspectos de fondo y de lato conocimiento en relación al mismo decreto cuestionado por este medio, el remedio constitucional intentado carece de oportunidad al carecer del sentido de ultima ratio y urgencia que propone el legislador.

Señala que surgen entonces inmensas dudas acerca del adecuado enderezamiento del presente arbitrio. Lo cierto es que no se advierte en modo alguno y sustancial los motivos o formas discriminatorias que acusa la recurrente, más aún cuando reconoce incluso “la legalidad” con que el Sr. Alcalde ha procedido dentro de la esfera de sus facultades al reconocer que aquellas han sido ejercidas dentro del marco jurídico.

Aduce que el procedimiento adoptado dentro de la esfera de facultades legales que le asisten al Sr. Alcalde reconocida por la propia recurrente, emana precisamente de cuerpos normativos afines y en vigencia, por tanto conocidos de la recurrente, quien máxime ha utilizado y ejercido herramientas recursivas propias del concierto administrativo procesal en garantía y uso de su legítimo derecho a defensa, dotando al trámite en general de revestida legalidad y por tanto, exento de aquello que no explicita en modo alguno la recurrente como ilegal.

Por lo razonado precedentemente, solicita el rechazo del presente arbitrio, al no existir la arbitrariedad ni menos ilegalidad en el ejercicio de la facultad ejercida por ese ente edilicio, ni desprenderse siquiera el amago de un derecho indubitado que sea apto e idóneo de protegerse o restablecerse por medio del imperio de medidas adoptadas por esta Corte, tal como lo solicita la recurrente nombre reservado, con expresa y ejemplificadora condena en costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, atendido el mérito de autos, teniendo únicamente presente los propios antecedentes expuestos por la recurrente en su libelo y corroborados tanto por la recurrida en su informe como por la documentación acompañada en esta sede, de los que se colige que en la actualidad existen a lo menos dos presentaciones efectuadas por la actora en relación a la declaración de su salud como irrecuperable, a saber, ante la Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones y la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, a lo cual se adiciona una solicitud de suspensión del acto administrativo formulada ante la propia denunciada, cuya resolución también pende a la fecha, es que solo cabe sostener que, por ahora, no existen derechos indubitados y preexistentes que tutelar a través de esta vía cautelar, al existir pronunciamientos pendientes en relación a los hechos que fundamentan el recurso interpuesto, por lo que solo cabe rechazar el recurso, al no verificarse su presupuesto básico de procedencia.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Coquimbo.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1293-2024 (Protección).-