Protección contra SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

Compañía Minera Cobrex S.A.

Servicio de Impuestos Internos Recurso de Protección Rol N° 1293-2018.- La Serena, siete de enero de dos mil dieciocho.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Primero.- Que el abogado don Rodrigo Molina Bauer, domiciliado en domicilio reservado, en representación de COMPAÑÍA MINERA COBREX, del giro de su denominación, con domicilio en domicilio reservado, interpone nombre reservado en contra del SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, representado por su Director Nacional don Fernando Javier Barraza, domiciliado en domicilio reservado, por su Director Regional don Víctor Hugo Ávila Arriagada, domiciliado en domicilio reservado, y por la Jefe del Departamento de Avaluaciones doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado.

Explica que por Oficio Ordinario Nº 711, de 18 de octubre de 2018, suscrito por doña nombre reservado, denegó la asignación de rol para un predio de propiedad de la empresa recurrente, sin que antes se le acompañen antecedentes que van más allá de lo exigido por la normativa dictada por el propio Servicio para dar curso a este tipo de solicitud, atribuyéndose de ese modo facultades que exceden a aquellas que le fueron concedidas por la Constitución y las leyes, y con ello, vulnera la garantía constitucional del derecho a la propiedad que tiene su representada sobre el inmueble, por cuento obsta a que pueda disponer de su predio a su arbitrio, por no poder acreditar el pago del impuesto territorial previsto en la Ley Nº17.235 que afecta al bien raíz. Acto seguido manifiesta que la compañía minera es dueña de una propiedad raíz ubicada en El Molle, Comuna de Vicuña, describe sus deslindes, inscrita a fojas 805 Nº 770 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Vicuña, correspondiente al año 1994, explicando que en la inscripción no señala la superficie del predio ni se hace mención a plano alguno que la grafique, e indica que está amparada por el rol de avalúo fiscal Nº451-3; sin embargo ese rol no corresponde a la propiedad. Refiere que por escritura pública de 27 de febrero de 2018, otorgada ante el Notario de La Serena don nombre reservado, su representada vende, cede y transfiere el inmueble de marras a Inversiones Calchaquí Limitada, pero el Conservador de Bienes Raíces de Vicuña se negó a inscribir porque ese rol de avalúo no correspondía al predio vendido, por lo que la compañía minera está impedida de venderlo y enajenarlo, por lo que estimó necesario tramitar ante el Servicio de Impuestos Internos la asignación de un nuevo rol, acompañando un plano del inmueble, previamente archivado bajo el Nº 285, del año en curso, ante el señalado Conservador, en el cual aparecen los vértices de la propiedad, expresados en coordenadas UTM, como lo exige la señalada institución. Respondiendo el Servicio, mediante ordinario 711, decide que no es posible acceder a lo solicitado, sin que antes se registre la superficie en la respectiva inscripción conservatoria (3,58 há) y se acompañan antecedentes de las propiedades que figuran en el interior del polígono del inmueble.

Denuncia que el Servicio ha excedido sus facultades y la Resolución Exenta Nº 2301, de 1986, del Servicio, que fijó el procedimiento, requisitos y obligaciones que deben cumplir los solicitantes y los documentos que deben acompañar al procedimiento administrativo para la concesión de un rol de avalúos como el peticionado. Alude que la Circular Nº 72, del año 2000, exige para acreditar el dominio del inmueble que se acompaña, entre otros antecedentes, certificado de dominio vigente y planos pertinentes, según corresponda. En ese mismo orden se sitúa la Circular Nº2301, de 1986, por lo que la potestad que tiene el Servicio en esta materia no se extiende a exigir al interesado que aporte mayores antecedentes. Por otra parte, advierte que el artículo 78 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces no hace exigible consignar la superficie ni la cabida del predio, limitándose al nombre y linderos. Agrega que la posesión se adquiere, conserva y pierde en virtud de la respectiva inscripción, por lo que los datos emanados del catastro que lleva el Servicio en nada afectan la posesión inscrita del inmueble. Asimismo, la labor del Conservador de Bienes Raíces se limita a la calificación de los títulos que se le presenten en su aspecto físico o material y no corresponde al Servicio controvertir esa calificación. Concluye tildado de ilegal y arbitraria la decisión del recurrido, que denegó el otorgamiento de rol, exigiendo condiciones que exceden sus facultades, y solicita que se acoja el presente recurso, con costas, se deje sin efectos la denegatoria y se acceda a la solicitud de asignación de rol.

Segundo.- Que, previo requerimiento, el Servicio de Impuestos Internos informa que la petición del recurrente adolecía de incongruencias con la información que mantiene en su catastro, específicamente en lo relativo a la superficie de terreno, su ubicación y acerca de la existencia de construcciones en su interior. Señala que no consta del título presentado que el inmueble haya sido adquirido con especie o cuerpo cierto, o por cabida, no siendo posible deducir su cabida de acuerdo a los deslindes anotados ya que éstos no indican medidas. Asimismo, el inmueble amparado por el Rol 451-3 corresponde a otro predio. El plano acompañado, denota un polígono de 3,58 hectáreas, ubicado en la localidad de Marquesa, y proyectado en el Programa Geoogle Earth, acusa la existencia de ocho viviendas o construcciones. Agrega que existe un plano con la misma figura y coordenadas que el presentado por el recurrente, con una cabida de 21,74 hectáreas, rol 451-33, de la Comuna de Vicuña. Aclara que las Resolución Exenta Nº 2301, de 7 de diciembre de 1986 y Resolución Exenta Nº 72, de 12 de diciembre de 2000, se encuentran actualizadas por Resolución Exenta Nº 46, de 12 de mayo de 2017, y en tal estado, aparece en su anexo la facultad de solicitar los antecedentes adicionales aludidos.

Solicita que el nombre reservado se declare inadmisible por haber sido interpuesto en forma extemporánea, toda vez que el acto agraviante es la negativa del Conservador a inscribir, según reparo formulado por éste con fecha 2 de abril de 2018. La exigencia de antecedentes adicionales que hizo el servicio no le produce al agravio que denuncia pues no le impide vender el inmueble. También pide que se rechace el recurso por no tratarse de la vía idónea para reclamar la tutela judicial, pues esta acción está reservada para aquellos casos en que sea indispensable buscar una protección urgente de derechos constitucionales indubitados. Finalmente, solicita su rechazo por cuanto el recurrente no agotó los recursos administrativos mediante recurso de reposición o recurso jerárquico. Finaliza consignando que el Servicio no ha cometido ilegalidad ni arbitrariedad, ajustando su actuar a los artículos 6º y 7º de la Carta Fundamental, y a la Ley Nº 17.235.- Tercero.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el nombre reservado de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política del estado, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo. Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil, o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Cuarto.- Que, en relación a la extemporaneidad alegada por la recurrida, ella será desestimada ya que lo sostenido por la recurrente es la existencia de un acto administrativo, consistente por Oficio Ordinario Nº 711, de 18 de octubre de 2018, que denegó condicionalmente la concesión de un rol nuevo de avalúos al predio que indica, mientas no se agreguen nuevos antecedentes, que individualiza. Tampoco se atenderá el reproche relativo a la improcedencia del nombre reservado en base a que el actor no agotó los recursos administrativos, en atención que esta acción de tutela no ha sido establecida por el constituyente en subsidio de otros remedios para restablecer el imperio del derecho, lo cual aparece explícito en el artículo 20 de la Carta Fundamental, el establecerlo sin perjuicio de otros derechos.

Quinto.- Que, conforme al artículo 5º de la Ley Nº 17.235, sobre impuesto territorial, el Servicio de Impuestos Internos formará el rol de avalúos correspondiente, el que deberá contener la totalidad de los bienes raíces comprendidos en la comuna, aun aquellos que estén exentos de impuestos, pero los bienes nacionales de uso público y se expresará en dicho rol, respecto de cada inmueble, el nombre del propietario; la ubicación o el nombre si es rural y el avalúo que se le haya asignado. En caso de propiedades que gocen de exención del impuesto establecido en esta ley, se pondrá de manifiesto esta circunstancia. Copias de estos roles comunales serán enviadas por el Servicio de Impuestos Internos a las municipalidades respectivas. A su vez el artículo 16 agrega que los roles definitivos de los avalúos de los bienes raíces del país, deberán ser mantenidos al día por el Servicio de Impuestos Internos, utilizando, entre otras fuentes: a.- La información que emane de las escrituras públicas de transferencia y de las inscripciones que se practiquen en los registros de los conservadores de bienes raíces. Para estos efectos, las notarías y los conservadores de bienes raíces deberán proporcionar al Servicio de Impuestos Internos la información que se les solicite en la forma y plazo que este Servicio determine, y b.- La información que deberán remitirle las respectivas municipalidades, relativa a permisos y recepciones de construcciones, loteos y subdivisiones, patentes municipales, concesiones de bienes municipales o nacionales de uso público entregados a terceros y aprobaciones de propiedades acogidas a la Ley sobre Copropiedad Inmobiliaria, en la forma y plazo que este Servicio determine.

Sexto.- Que, desde luego, el legislador ha encargado al Servicio de Impuestos Internos la confección y mantenimiento del catastro de bienes raíces por comunas, con el objeto de determinar su avalúo a fin de aplicar el impuesto territorial que le resulte aplicable, o determinar su exención. En tal sentido, sus atribuciones no solamente derivan de la Ley Nº 17.235, sino que se integran a tal objetivo todas las facultades normativas y de fiscalización que emanan especialmente del Estatuto Orgánico del Servicio [artículo 7º letra b)] y del Código Tributario [artículo 6º letra a)]. Tales son las fuentes legales, integradas, en que se basa la dictación de la Circular Nº 72, que permite la exigibilidad de los antecedentes adicionales a que se refiere la decisión contenida en el Oficio Nº 711. En tal sentido, cabe descartar la calificación de ilegalidad del oficio en comento.

Séptimo.- Que, atento a las incongruencias detectadas por el Servicio recurrido, consistente en la falta de precisión de la ubicación y la cabida del inmueble, y a la existencia de instalaciones, edificaciones o viviendas en el interior del polígono que aparece en el plano confeccionado al efecto por el interesado, resulta del todo justificado, prudente y razonable que, para arribar a una fiel inclusión en el catastro como una adecuada valorización del inmueble, sean acompañados los mayores antecedentes que se explican en el Oficio Nº711, lo que desvanece la acusación de arbitrariedad efectuada por el recurrente.

Octavo.- Que, a mayor abundamiento, de la simple lectura del Oficio 711, aparece claro que el acto cuestionado constituye uno de carácter intermedio o de trámite, inserto en un procedimiento más amplio y complejo, que ha sido dispuesto conforme a un orden consecutivo legal que tanto el titular afectado como las autoridades administrativas involucradas deben seguir hasta la dictación del acto cúlmine, que en forma absoluta y categórica acoja o rechace la solicitud planteada. En efecto, dicho oficio solo está condicionando la concesión de lo peticionado por el administrado al aporte de los nuevos antecedentes a que éste se refiere. No estamos acá frente a un acto administrativo que cree, modifique o extinga derechos. De esta manera, el acto censurado, en cuanto fue apegado a la normativa aplicable y constituyendo una potestad reglada del Servicio de Impuestos Internos, que fue ejercida de acuerdo a sus justas apreciaciones y que podrá ser objeto de un análisis en etapas recursivas posteriores, carece hoy de la aptitud necesaria para amenazar cualquier garantía constitucional, puesto que, como acto intermedio, no puede generar efecto alguno en tal sentido.

Noveno.- Que, acorde a lo antes expuesto, el nombre reservado no puede prosperar porque —no tratándose de un acto ilegal o arbitrario— tampoco concurre otro de los presupuestos favorables a esta acción, vale decir, que el acto denunciado tenga la aptitud de privar, perturbar o amenazar el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales cautelados por el presente arbitrio.

Y VISTO, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta Fundamental y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema para la tramitación y fallo de la presente acción cautelar, SE RECHAZA, con costas, el nombre reservado interpuesto por el abogado don Rodrigo Molina Bauer, en representación de COMPAÑÍA MINERA COBREX, en contra del SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS.- Redacción del abogado integrante señor Carvallo.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol 1293-2018 Protección.- Pronunciado por la Primera Sala de la Ilma. Corte de Apelaciones de La Serena, integrada por el Ministros titular señor Fernando Ramírez Infante, el Ministro interino señor Juan Carlos Espinosa Rojas y el abogado integrante señor Mario Carvallo Vallejos. No firma el Ministro señor Espinosa no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por haber cesado en sus funciones.

En La Serena, siete de enero de dos mil diecinueve, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.