nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

nombre reservado

Superintendencia de Seguridad Social Recurso de protección Rol N°1290-2024.- La Serena, veintiuno de agosto dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece don nombre reservado y nombre reservado, abogado de la Corporación de Asistencia Judicial, en favor de doña nombre reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, señalando como acto ilegal y arbitrario la dictación de la Resolución Exenta N°R-01-IBS-87715-2024, de 3 de junio de 2024, que confirmó el rechazo de las licencias médicas N°91494006-0, RUT reservado, 92709378-2, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 150 días de reposo, a contar del 15 de septiembre de 2023, acto que perturba y amenaza el legítimo ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 19 N°1 y 24 de la Constitución Política de la República.

Sostiene que la recurrente, de 55 años, padece problemas de salud física y mental, a raíz de una serie de episodios que ha experimentado a lo largo de su vida, tales como el fallecimiento de su hija, de su pareja y, posteriormente, de su padre, lo que le ocasionó una grave depresión, crisis de pánico y angustia, entre otros problemas de salud metal. A lo que se suma la acusación de abuso sexual a su hijo.

Manifiesta que en agosto de 2023 acudió al CESFAM Cardenal Caro, oportunidad en que se le diagnosticó trastorno de ansiedad y crisis de pánico, indicándosele reposo y fármacos. Durante el mes de octubre del mismo año, fue derivada a psicoterapia y el médico psiquiatra determinó que padecía un episodio depresivo moderado y fibromialgia. Luego, en el mes de noviembre de la misma anualidad, se le diagnosticó un trastorno depresivo recurrente, grave y de estrés postraumático.

Señala que la actora se encuentra desde febrero de 2023 en controles en el CESFAM Cardenal Caro, en el programa de salud mental, siendo atendida por médico y psicólogo, recibiendo atención psicoterapéutica y el ajuste de farmacológico respectivo.

Indica que resulta curioso que, al haber sido la recurrente atendida por un médico del sistema público de salud, luego otros funcionarios dependientes de la recurrida pongan en duda y cuestionen la justificación y procedencia del diagnóstico y reposo médico.

Destaca que las licencias médicas que han sido presentadas por la actora con anterioridad a las que son materia de la presente causa han sido aprobadas sin ninguna observación o reparo.

A continuación, explica que por la presente acción reprocha el rechazo de las licencias médicas N°91494006-0, RUT reservado, 92709378-2, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 150 días de reposo, a contar del 15 de septiembre de 2023. En efecto, las resoluciones que se pronuncian respecto del rechazo no dan cuenta de ninguna explicación, limitándose a indicar “por reposo no justificado”.

Expresa que contra tales rechazos presentó recurso de apelación ante la recurrida, la que por dictamen NºR-01-UME-48105-2024, de 23 de marzo de 2024, confirmó los rechazos dispuestos por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, decisión respecto de la que interpuso recurso de reconsideración ante la Superintendencia de Seguridad Social, la que por Resolución Exenta N°R-01-IBS-87715-2024, de 3 de junio de este año, confirmó lo resuelto en orden a mantener el rechazo de las licencias médicas.

Añade sobre el conocimiento de aquella, que el acto recurrido fue notificado el 2 de julio de 2024, al concurrir a las oficinas de la Superintendencia de Seguridad Social para consultar por el estado de la reconsideración presentada, lo que quedó estampado en la misma resolución mediante timbre.

Acota que la recurrida consigna en su resolución que “esta conclusión se basa en que los antecedentes evaluados, entre los que se encuentra el maestro histórico de licencias médicas y los informes del médico tratante, no permiten establecer incapacidad temporal más allá del periodo ya autorizado, el cual alcanza a 338 días por la misma patología. Los informes médicos no describen el compromiso funcional de los síntomas, su evolución ni ajustes en tratamiento de lo cual se desprenda rol terapéutico del reposo”. Sobre el particular, explica que el diagnóstico de la enfermedad que afecta a la recurrente se encuentra suficientemente fundamentado y acreditado, no sólo con el otorgamiento de las licencias médicas que se reclaman, sino que además con los distintos informes médicos acompañados. Es más, se logra evidenciar por medio de su historial médico, el carácter permanente de su tratamiento, el cual debe mantener hasta el día de hoy, debido a la compleja situación de salud a la que se ve enfrentada.

Afirma que el actuar de la recurrida no obedece a los parámetros de razonabilidad y motivación que deben observar los actos administrativos. Así, estima que resulta lógico que para proceder al rechazo de una licencia médica, el órgano fiscalizador deba efectuar una revisión completa de los antecedentes médicos del paciente, partiendo de la base que la licencia médica cuestionada ha sido otorgada por médicos especialistas, previa atención y evaluación del profesional.

Expone que la recurrida ha omitido analizar los certificados e informes médicos relativos a la condición de salud de la actora, poniendo en duda los diagnósticos fehacientemente establecidos por profesionales de la salud, basando su conclusión en la extensión del reposo, como si ello fuera una causal suficiente para rechazar licencias médicas y, asimismo, en que los informes médicos no describen compromiso funcional de los síntomas, su evolución ni ajustes en el tratamiento, siendo evidente que para arribar a dichas conclusiones no existió siquiera un mínimo análisis o revisión de los informes médicos allegados.

Refiere que el organismo a cargo de pronunciarse sobre las licencias médicas otorgadas al trabajador es quien debe asumir un rol activo en torno al análisis de la viabilidad de las mismas, sin poner de cargo del paciente, afectado por una enfermedad, la obtención de antecedentes que avalen el diagnóstico del médico tratante, siendo improcedente esgrimir como argumentos de rechazo la falta o insuficiencia de antecedentes aportados por aquél.

Argumenta que la conducta del órgano recurrido constituye una conculcación al derecho a la vida e integridad física, pues la priva de ejercer el derecho a gozar de licencia médica, o sea, de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, para restablecer su salud; y al de propiedad, toda vez que le impide obtener el subsidio de incapacidad laboral o de la remuneración regular de su trabajo.

Culmina solicitando se ordene a la recurrida dejar sin efecto la resolución que rechazó las licencias médicas materia del presente recurso de protección y, en definitiva, resolver que se deben autorizar, disponiendo su pago.

Acompaña a su recurso: 1. Resolución Exenta NºR-01-IBS-87715-2024, de 3 de junio de 2024; 2. Certificado médico de atención de urgencia en el SAPU Cardenal Caro, de 4 de agosto de 2023; 3 Informe médico emitido por la Dra. nombre reservado, de 4 de octubre de 2023; 4. Informe médico emitido por el Dr. nombre reservado, de 23 de octubre de 2023; 5. Informe médico emitido por el Dr. nombre reservado, de 29 de noviembre de 2023; 6. Informe médico emitido por el Dr. nombre reservado, de 4 de enero de 2024; 7. Informe médico emitido por el Dr. nombre reservado, de 27 de marzo de 2024; 8. Certificado médico emitido por la Dra. nombre reservado, de 1 de abril de 2024; 9. Formulario de constancia información al paciente GES; y 10. Información disponible en la página web de la Superintendencia de Seguridad Social, Orientador Reclamo/Orientación para trabajadores/Licencias médicas/Rechazo o modificación de una licencia/Reposo injustificado (rechazo o reducción).

SEGUNDO: Que, evacuó informe la Superintendencia de Seguridad Social, solicitando el rechazo de la acción intentada, con costas.

En primer lugar, alegó la extemporaneidad del recurso, por cuanto ha sido interpuesto una vez vencido el plazo fatal de 30 días corridos previsto por el legislador.

En ese sentido, arguye que tal como consta en el expediente de la presente causa, la acción fue interpuesta el 11 de julio de 2024, en circunstancias que la recurrente reprocha por esta vía la Resolución Exenta N°R-01-IBS-87715-2024, de 3 de junio de 2024, pronunciamiento que fue notificado en esa misma fecha, al correo electrónico indicado por la recurrente al realizar su presentación. Así, existe certeza que la actora tomó conocimiento del acto administrativo en esa data, desde la cual corresponde computar el plazo fatal de 30 días corridos, de manera tal que venció el 3 de julio de 2024.

Acota, asimismo, que los documentos presentados por la recurrente, en los que se advierten timbres del Servicio, no constituyen la fecha cierta de notificación del acto administrativo impugnado, toda vez que, cualquier usuario que se presente en alguna oficina regional puede solicitar estamparlos.

En segundo lugar, alegó la improcedencia de la acción de protección, por cuanto el asunto por el que se recurre dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el que no se encuentra amparado por el recurso de protección.

En subsidio, informa en cuanto al fondo, exponiendo el marco regulatorio del derecho a licencia médica, enfatizando su carácter esencialmente temporal.

Luego, señala que la recurrente reclamó ante la Superintendencia por primera vez, mediante presentación de 24 de octubre de 2023, apelando en contra de la decisión de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región de Coquimbo, que rechazó las licencias médicas N°91494006-0, RUT reservado, 92709378-2, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 150 días, a contar del 15 de septiembre de 2023, por reposo no justificado.

Refiere que previo estudio de los antecedentes y con su mérito, concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas reclamadas no se encontraba justificado, la que se basó en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado, puesto que no describen disfuncionalidad o ajuste progresivo y oportuno de farmacoterapia acorde a extensión de reposo. Asimismo, no certifican ingreso a programa de salud mental, psicoterapia con informe de proceso o evaluación por especialista, todo lo que consta en la Resolución Exenta N°R-01-UME-48105-2024, de 23 de enero de 2024 (sic).

Añade que luego, el 1 de abril de 2024, solicitó la reconsideración de la citada resolución, oportunidad en que el Servicio, mediante Resolución Exenta N°R-01-IBS-87715-2024, de 3 de junio de 2024 cumplió con informar que el reposo prescrito no se encontraba justificado, toda vez que los antecedentes evaluados, entre los que se encuentra el maestro histórico de licencias médicas y los informes del médico tratante, no permiten establecer incapacidad temporal más allá del periodo ya autorizado, el cual alcanza a 338 días por la misma patología. Los informes médicos no describen el compromiso funcional de los síntomas, su evolución ni ajustes en tratamiento de lo cual se desprenda rol terapéutico del reposo.

Manifiesta que los profesionales médicos de su dependencia no lograron formarse convicción respecto de la procedencia de la justificación del reposo prescrito en las licencias médicas reclamadas, más allá del periodo de reposo ya autorizado. En consecuencia, lo resuelto por la Superintendencia de Seguridad Social, en el sentido de rechazar las licencias médicas de la recurrente, se encuentra médico-administrativamente justificado.

Señala que se limitó a resolver la situación de la recurrente dentro del ámbito de su competencia, agregando que la pretensión de la actora desborda claramente los límites de aplicación de la acción de protección.

Niega, finalmente, que la recurrente tenga un derecho indubitado a gozar de licencia médica, así como haber incurrido en alguna actuación ilegal o arbitraria que haya afectado sus derechos fundamentales.

Acompaña a su informe expediente administrativo de la recurrente.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, en cuanto a la extemporaneidad invocada, es del caso señalar que la Superintendencia de Seguridad Social sustenta la alegación en que el 3 de junio del presente año envió un correo electrónico a la actora, sin embargo, de su simple lectura, puede advertirse que la primera letra de la dirección de la destinataria aparece escrita con mayúscula, lo que importa que esa notificación no haya podido practicarse, debiendo, además, ser de cargo de la recurrida la acreditación de su efectiva recepción, a lo que se suma, tal como lo señala el apoderado de la recurrente en estrado, que el acto administrativo que se acompaña para sustentar sus pretensiones aparece estampado con un timbre, el que claramente consigna el 2 de julio de 2024 como data de recepción, de manera tal que es perfectamente posible aseverar, ante la ausencia de otros antecedentes, que la comunicación fue de carácter personal en dependencias de la Superintendencia de Seguridad Social en esa data, lo que autoriza a rechazar la extemporaneidad del recurso.

SEXTO Que, en lo que respecta la alegación de improcedencia del recurso de protección, cabe señalar –como ya se ha fallado- que a lo que corresponde atender es a las prerrogativas constitucionales que se alegan como afectadas en el arbitrio objeto de este pronunciamiento, que en la especie son el derecho a la vida e integridad física y el de propiedad, de las que tratan los numerales 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, expresamente contemplados bajo el ámbito de aplicabilidad y resguardo a que hace mención el artículo 20 del mismo cuerpo normativo, razón por la que se desestimará la defensa opuesta por la recurrida.

SÉPTIMO: Que, es relevante tener presente que este recurso se erige en contra Resolución Exenta N°R-01-IBS-87715-2024, de 3 de junio de 2024, que confirmó el rechazo de las licencias médicas N°91494006-0, RUT reservado, 92709378-2, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 150 días de reposo, a contar del 15 de septiembre de 2023, por reposo no justificado.

Por otra parte, en cuanto al fundamento expuesto por la recurrida en su resolución, aquella señala “estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°91494006-0, RUT reservado, 92709378-2, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes evaluados entre los que se encuentra el maestro histórico de licencias médicas y los informes del médico tratante, no permiten establecer incapacidad temporal más allá del periodo ya autorizado, el cual alcanza a 338 días por la misma patología. Los informes médicos no describen el compromiso funcional de los síntomas, su evolución ni ajustes en tratamiento de lo cual se desprenda rol terapéutico del reposo”.

OCTAVO: Que el Decreto Supremo N°3 del Ministerio de Salud, dispone en el artículo 1 que “Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en proporción que corresponda.”

NOVENO: Que, para los fines de solucionar la controversia planteada, es preciso traer a colación el artículo 16 del referido Decreto que, en lo pertinente, preceptúa: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”, como, asimismo, lo estatuido en el artículo 21, a saber, “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica. Sin perjuicio de lo anterior la Compin, deberá requerir todos los demás antecedentes y exámenes que el Ministerio de Salud ordene solicitar, respecto de aquellas patologías específicas que éste señale, para que la licencia pueda ser visada por períodos superiores a los que esa Secretaría de Estado determine”.

DÉCIMO: Que, de lo anterior, fluye con prístina claridad, que el organismo a cargo de pronunciarse sobre las licencias médicas otorgadas al trabajador es quien debe asumir un rol activo en torno al análisis de la viabilidad de las mismas, sin poner de cargo del paciente, afectado por una enfermedad, que sea él quien procure la obtención de antecedentes que avalen el diagnóstico del médico tratante de éste.

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad, prescribiendo que “…la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez del mismo, en consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y legal.

UNDÉCIMO: Que, con lo dicho, emana que la argumentación otorgada a la paciente por la recurrida, sin que se haya tomado previamente alguna de las medidas que permiten, según el Reglamento aplicable, fundamentar ese rechazo, carece del debido sustento, dejándola, además, en una situación compleja, razón suficiente para entender que, aunque aparezca, la fundamentación de rechazo de la licencia dada en este asunto, es carente de sustento fáctico, al no mediar antecedentes obtenidos por la propia institución y que echen por tierra las recomendaciones médicas que las precedieron, haciendo presente, además, que según se desprende de los informes médicos de 23 de octubre y 16 de noviembre de 2023, además padece fibromialgia, sin que aparezca que las licencias médicas se hayan extendido de conformidad a lo preceptuado en la Ley N°21.531.

DUODÉCIMO: Que, este actuar de la recurrida, atenta evidentemente contra las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 numerales 1 y 24; la primera, pues dificulta su vida e integridad física; y la segunda, porque, al no contar con el subsidio de incapacidad laboral, afecta su patrimonio, desde que la trabajadora, que padece una patología, no cuenta con el dinero proveniente de este ítem, afectando aún más su debilitada salud mental.

DÉCIMO TERCERO: Que, asimismo, es un dato imposible de soslayar que, en diversos recursos de protección conocidos por esta Corte, aunque acogidos, se ha ordenado a la recurrida la práctica de nuevas pericias y, conforme a ellas, definir si procede o no el pago de las licencias respectivas. Sin embargo, a pesar de tratarse de una imposición dictada en sentencia judicial, la recurrida no ha dado estricto y oportuno cumplimiento a dicha instrucción, lo que mantiene la condición desfavorable de la trabajadora al no ser objeto de dichos nuevos exámenes y tampoco haber percibido el pago de las mismas.

Es por ello que, al resolver, esta Corte lo hará con sentido de realidad, en tanto se estima necesario decretar la realización de dichas pericias y, en caso de incumplir la orden judicial en el plazo fijado, deberá proceder al pago de las licencias objeto del recurso, pues las dificultades que pueda presentar el organismo para la gestión de aquellas –ya sea administrativas, de recursos o de disponibilidad de profesionales- es una insuficiencia que corresponde asumir al órgano público y jamás debe ser ello un asunto de cargo del paciente.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve:

I.Que, SE RECHAZAN, las alegaciones de extemporaneidad e improcedencia de la acción de protección.

II.Que, SE ACOGE, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, disponiéndose que la recurrida deberá realizar a la recurrente todos los exámenes y evaluaciones médicas necesarias para determinar la existencia y eventuales concurrencias de la incapacidad laboral temporal que originó el reposo prescrito por las licencias médicas rechazadas N°91494006-0, RUT reservado, 92709378-2, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 150 días de reposo, a contar del 15 de septiembre de 2023, para luego determinar la factibilidad de su autorización, a fin de que con dichos resultados, proceda o no al pago de aquellas, según corresponda, y determine la autoridad competente, todo ello dentro de un plazo de treinta días corridos, contados desde que la presenten sentencia se encuentre firme y ejecutoriada, determinándose, desde ya, que de no cumplir con lo ordenado dentro del término indicado, deberá proceder a autorizar el pago de las referidas licencias, de plano y sin más trámite.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1290-2024 Protección.-