nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HÁBITAT SOCIEDAD ANÓNIMA

nombre reservado

AFP Hábitat S.A.

Recurso de protección Rol Nº1285-2026 La Serena, veinte de agosto de dos mil veintiséis.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece Carla Cañón Rubio, abogada, interponiendo recurso de protección en beneficio de nombre reservado, médico cirujano, de nacionalidad venezolana, con domicilio no especificado en comuna de Ovalle, dirigido en contra de ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HÁBITAT S.A., representado por nombre reservado, ingeniero comercial, ambos con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana de Santiago, por el acto que señala como ilegal y arbitrario, consistente en rechazar su solicitud de retiro de fondos de conformidad a lo establecido en la Ley N°18.156, lo que vulnera su derecho a la igualdad ante la ley y derecho de propiedad, de los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política.

Señala que la recurrente es médico cirujano, titulada en 2011 en la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda de Venezuela, y especialista en Anestesiología desde 2017, encontrándose ambos títulos legalizados y apostillados. Agrega que su calidad profesional fue validada en Chile mediante la aprobación del EUNACOM en enero de 2019. En cuanto a su actividad laboral, señala que prestó servicios en el Hospital de Coquimbo durante 2019 y posteriormente en el Hospital Provincial de Ovalle, donde se desempeña como médico cirujano, manteniendo desde enero de 2020 un vínculo desarrollado bajo subordinación y dependencia. Destaca que la propia resolución que dispuso su contratación a contrata tuvo presente la escasez de médicos existente en dicho establecimiento.

Añade que en ambos vínculos laborales suscribió cláusulas previsionales en las que declaró su calidad de profesional extranjera, su afiliación a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile y su voluntad de mantener dicha afiliación. Específicamente, afirma encontrarse afiliada al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) desde el 1 de enero de 2013, con 236 semanas cotizadas, régimen que cubre, entre otras contingencias, enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Señala que el 8 de julio de 2026 AFP Hábitat rechazó la solicitud RTE N.º 62811189/2026, fundándose en dos razones: que la certificación del IVSS no contaba con apostilla y que los hospitales de Coquimbo y Ovalle no revestirían la calidad de “empresa” para los efectos de la Ley N.º 18.156, por tratarse de organismos públicos cuyos vínculos se originan en decretos o resoluciones de nombramiento y no en contratos regidos por el Código del Trabajo.

Frente al primer motivo, sostiene que la Ley N.º 18.156 no exige apostilla ni una formalidad determinada de legalización, sino únicamente encontrarse afiliado a un régimen extranjero que otorgue las prestaciones mínimas exigidas. Afirma que las exigencias de apostilla o legalización provienen de normativa administrativa de rango sublegal y no pueden restringir el contenido de un derecho legal y constitucional. Agrega que la constancia electrónica del IVSS posee un código público de verificación, por lo que resultan aplicables los principios de equivalencia del soporte electrónico y de neutralidad tecnológica de la Ley N.º 19.799. A ello suma la certificación consular que dio fe de la autenticidad del documento.

En relación con el segundo fundamento, expresa que la finalidad de la Ley N.º 18.156 es facilitar la contratación de personal técnico o profesional extranjero y evitar la doble imposición previsional. Destaca que sus vínculos laborales incorporaron expresamente la cláusula exigida por dicha ley, manifestando de manera clara e inequívoca su voluntad de mantener la afiliación previsional extranjera. Por ello, estima que privilegiar la forma jurídica del vínculo con un organismo público por sobre esa realidad constituye una interpretación “excesivamente literal y formalista”.

Luego, afirma que los fondos previsionales constituyen bienes incorporales de propiedad de la recurrente, de modo que su retención, pese al cumplimiento de los requisitos legales, importa una privación o perturbación de su derecho de propiedad. Asimismo, reprocha la falta de motivación suficiente del rechazo y sostiene que la administradora debía indicar concretamente qué exigencias legales estimaba incumplidas.

Además, señala que se vulnera su derecho a la igualdad ante la ley, afirmando que la recurrente habría recibido un trato desigual respecto de otros trabajadores extranjeros cuyas solicitudes fueron acogidas encontrándose en condiciones similares.

Por tales fundamentos, solicita que se acoja la acción, ordenando a la recurrida que se reconozca la documentación suministrada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable.

SEGUNDO: Que, a folio 7 del expediente, se evacuó informe por AFP HABITAT S.A., solicitando el rechazo del recurso.

En primer lugar, indica que el recurso de protección sería inaplicable en este caso, pues no existiría privación, perturbación o amenaza arbitraria o ilegal de un derecho preexistente e indubitado. Añade que la devolución de fondos previsionales contemplada en la Ley N.º 18.156 constituye un beneficio excepcional, sujeto al cumplimiento copulativo de sus requisitos, los que la recurrente no habría acreditado. Destaca, además, que los mismos hechos ya fueron conocidos en un recurso anterior por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Rol N.º 526-2026, que fue rechazado, decisión posteriormente confirmada por la Corte Suprema, por lo que califica la nueva presentación como un abuso de la acción de protección.

Afirma que la actora omite toda referencia a la solicitud de devolución anteriormente formulada y al pronunciamiento judicial recaído sobre su rechazo. Explica que el 22 de diciembre de 2025 presentó una primera solicitud de devolución, acompañando, entre otros antecedentes, contrato a honorarios con el Hospital de Coquimbo, título profesional apostillado, resolución de designación a contrata en el Hospital de Ovalle y una constancia electrónica del IVSS sin firma ni apostilla. Señala que aquella solicitud fue rechazada por informe jurídico de 29 de diciembre de 2025, fundamentalmente porque no se acreditó debidamente la afiliación y cobertura previsional extranjera mediante certificación del organismo competente, legalizada o apostillada, y porque tampoco se acreditó respecto del Hospital de Coquimbo una relación laboral regida por el Código del Trabajo ni que, durante su vigencia, la trabajadora hubiese manifestado en el correspondiente contrato su voluntad de mantener la previsión de su país de origen. El antecedente acompañado correspondía a un contrato a honorarios que expresamente señalaba que la recurrente no estaba sujeta a subordinación y dependencia.

Refiere luego que, interpuesto el anterior recurso de protección, la Superintendencia de Pensiones informó que la Ley N.º 18.156 no resulta aplicable al personal de organismos públicos designado mediante decreto o resolución de nombramiento y sometido a estatutos especiales, pues tales actos no pueden asimilarse a los contratos de trabajo a que se refiere dicha ley. En el caso de la recurrente, su prestación para el Hospital de Coquimbo derivaba de un contrato a honorarios y su vínculo con el Hospital de Ovalle de una resolución de designación a contrata. Agrega que la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó aquella acción y que la Corte Suprema, Rol N.º 15.134-2026, confirmó esa decisión, razonando, entre otros aspectos, que para acreditar la cobertura previsional extranjera debe acompañarse certificación de la institución respectiva, debidamente legalizada o apostillada, en que conste la cobertura durante toda la relación laboral; y que la constancia electrónica aportada no satisfacía dichas exigencias. La Corte Suprema estimó que AFP Hábitat se había limitado a exigir los requisitos contemplados en los artículos 1° y 7° de la Ley N.º 18.156, por lo que su actuación no era ilegal ni arbitraria.

Seguidamente, informa que el 22 de junio de 2026 la recurrente presentó una nueva solicitud, acompañando esencialmente antecedentes similares, además de una constancia consular de la Embajada de Venezuela en Bogotá, sin apostilla, y una nueva constancia electrónica de cotizaciones del IVSS, también sin firma ni apostilla. La constancia consular indicaría, además, que la afiliada se encuentra en condición de cesante desde septiembre de 2017.

Señala que esta nueva solicitud fue nuevamente rechazada. En cuanto a la cobertura previsional extranjera, sostiene que la constancia consular no se encontraba apostillada y que la constancia electrónica del IVSS carecía de firma autorizada y apostilla. Afirma que la exigencia de legalización o apostilla ya había sido considerada ajustada a derecho por la Corte de Apelaciones de Valparaíso y la Corte Suprema. Respecto del segundo requisito, sostiene que los hospitales de Coquimbo y Ovalle no revisten la condición de empresa para estos efectos, conforme al criterio de la Superintendencia de Pensiones, y que no se acompañaron contratos de trabajo regidos por el Código del Trabajo en los que la trabajadora hubiera expresado su voluntad de mantener la previsión del país de origen.

Refiere que de acuerdo a la Superintendencia no basta una referencia genérica a las prestaciones del sistema previsional extranjero ni una cartola de cotizaciones, sino que debe acreditarse específicamente por la autoridad previsional competente que el trabajador contó efectivamente con cobertura por enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante todo el período de prestación de servicios en Chile, mediante documento firmado y debidamente legalizado o apostillado. En cuanto al empleo público, reitera que las designaciones efectuadas por organismos públicos mediante resolución, sometidas a estatutos especiales, no son asimilables a los contratos de trabajo contemplados en la Ley N.º 18.156.

En síntesis, afirma que tuvo por acreditadas la nacionalidad extranjera y la calidad profesional de médico cirujano de la recurrente, pero estimó incumplidos dos requisitos esenciales: (i) la acreditación de su afiliación y cobertura en el IVSS mediante documentación debidamente apostillada que comprenda todo el período trabajado en Chile; y (ii) la existencia de contratos de trabajo celebrados con una “empresa”, bajo las normas del Código del Trabajo, en los cuales constara su voluntad de mantener la previsión extranjera.

Luego, explica que la Ley N.º 18.156 es una norma especial y de excepción, de interpretación restrictiva. Conforme a sus artículos 1° y 7°, la devolución sólo procede cuando el trabajador extranjero se encuentra afiliado a un régimen previsional extranjero que otorgue las coberturas mínimas legales y cuando en el respectivo contrato de trabajo manifieste su voluntad de mantener dicha afiliación. Añade que el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones obliga a las AFP a exigir documentación debidamente legalizada y establece que, de no presentarse en esa forma, la administradora no puede dar curso a la solicitud.

Complementa lo anterior con los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil sobre instrumentos otorgados en el extranjero y con la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones. Sostiene que la posibilidad de verificar electrónicamente la constancia del IVSS no reemplaza la legalización o apostilla exigida para hacer valer en Chile un documento extranjero.

Por lo anterior, indica que no es efectivo que se haya vulnerado alguno de los derechos que invoca la actora, pues sostiene que aplica a todo trabajador extranjero las mismas exigencias legales y reglamentarias y que los fondos de la recurrente permanecen en su cuenta previsional, son de su propiedad y podrán ser utilizados conforme al D.L. N.º 3.500 cuando se cumplan los requisitos pertinentes, sin que hayan sido desconocidos, retenidos o privados.

Solicita en consecuencia rechazar el recurso, con costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, el artículo 1° de la Ley N°18.156 dispone: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744”.

Asimismo, el artículo 7 del mismo cuerpo normativo, preceptúa: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

SEXTO: Que, por otra parte, corresponde a la Superintendencia de Pensiones, conforme con N°7 del artículo 47 de la ley N°20.255, el N°3 del artículo 94 del D.L. N°3.500, de 1980, y el literal i) del artículo 3° del D.F.L. N°101 de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, interpretar administrativamente las normas del Sistema de Pensiones, razón por la cual y en ejercicio de dicha facultad, este organismo ha emitido una serie de disposiciones, contenidas en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, para la correcta aplicación de la ley N°18.156.

De esta manera, el Órgano Fiscalizador ha generado una jurisprudencia administrativa especialmente encaminada a uniformar criterios de exigencias en los casos en que la legislación concede beneficios de carácter excepcional a los trabajadores.

Conforme a lo indicado, el N°1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones dispuso que para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, el trabajador extranjero debe aportar la certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Asimismo, mediante el Oficio N°31.143 de la Superintendencia de Pensiones de 08 de noviembre de 2021, se ha exigido que la cobertura de las contingencias sea integral; de manera que no sirve un documento que señale de forma genérica las coberturas de seguridad social que otorga un sistema previsional determinado.

SÉPTIMO: Que, en consecuencia, es posible concluir que la forma y oportunidad en que se debe dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la ley N°18.156, están expresamente fijadas por ésta, y han sido además precisadas por el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y su jurisprudencia administrativa, sistema normativo que efectivamente exige determinados requisitos a los documentos que se acompañen en este proceso por el solicitante, a objeto de acreditar que el solicitante cuente con una cobertura integral de contingencias.

OCTAVO: Que, a la luz de lo expuesto, la respuesta negativa de la recurrida se basó en que la actora acompañó a su solicitud una constancia Consular de la Embajada de Venezuela en Bogotá sin apostilla y una Constancia Electrónica de Cotizaciones del IVSS de 30 de junio de 2026, que carecía de firma autorizada y tampoco estaba apostillada; como además, la circunstancia que los vínculos invocados con los hospitales de Coquimbo y Ovalle no cumplirían las exigencias laborales de la Ley N.º 18.156, al no revestir la condición de empresa y no regirse por las normas del Código del Trabajo.

NOVENO: Que, centrándose únicamente en el primer motivo de rechazo, se debe tener presente que no resulta controvertido en la especie, que la actora no cumplió a cabalidad con acompañar el documento requerido, esto es, debidamente apostillado o legalizado, y que acreditara su afiliación y cobertura en el IVSS a todo evento, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. En consecuencia, se desprende que la recurrida no ha incurrido en ilegalidad alguna y, por el contrario, se ha limitado a exigir de la solicitante el cumplimiento de los requisitos que los artículos 1 y 7 de la Ley N°18.156, requieren para el retiro solicitado, sin que la afiliada hubiere satisfecho tales presupuestos necesarios para el éxito de la devolución de fondos.

Luego, tampoco puede reprocharse arbitrariedad en la decisión, toda vez que ésta resulta debidamente fundada, precisamente en el incumplimiento de los requerimientos legales que la actora debía cumplir al efecto, según se ha reseñado, motivo suficiente para que el recurso sea desestimado.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado en contra de AFP Hábitat S.A.

Notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N°1285-2026.- (Protección)