nombre reservado con ASOCIACION GREMIAL DE PESCADORES ARTESANALES Y BUZOS MARISCADORES DE COQUIMBO

nombre reservado

Asociación Gremial de Pescadores Artesanales y Buzos Mariscadores de Coquimbo Recurso de protección Rol N° 1282-2025.- La Serena, seis de octubre de dos mil veinticinco.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE PRIMERO: Que, a folio 1, comparece doña nombre reservado, armadora y pescadora artesanal, quien interpone recurso de protección en contra de la Asociación Gremial de Pescadores Artesanales y Buzos Mariscadores de Coquimbo, representada por su Presidente don nombre reservado, fundado en que la recurrida ha incurrido en actos ilegales y arbitrarios al impedirle el ejercicio de su actividad laboral y disponer su expulsión de la asociación, alegando vulneración a las garantías establecidas en el artículo 19 N° 1, 2 y 16 de la Constitución Política de la República.

Señala que lleva más de diecisiete años dedicada a la pesca artesanal en la Caleta de Coquimbo, siendo secretaria del Sindicato Pesquero Gastronómico y Turístico de la mencionada caleta y socia de la Asociación Gremial recurrida.

Afirma que el 25 de febrero de 2025, junto a otros socios, presentó una solicitud a la Corporación Bahía Coquimbo a fin de obtener autorización de uso de suelo para instalar de manera permanente sus negocios, y no sólo por la temporada estival.

Agrega que dicha petición fue reiterada el 14 de marzo del mismo año. Sostiene que una asamblea se leyó su petición y el presidente de la Corporación Bahía de Coquimbo (hoy disuelta), expresó que no había inconveniente en otorgar los permisos, “pero solo a los varones, no a esa mujer”. Sostiene que dicha declaración constituyó un acto de discriminación por razones de género, y tras manifestar sus descargos, la asamblea resolvió finalmente autorizar el permiso, instalando su unidad de negocio en el sector asignado.

Sin embargo, afirma que, pese a tener el permiso desde marzo, nunca se le permitió trabajar, pues ha sido increpada de diversas formas, con violencia verbal y psicológica por parte de otros comerciantes que participaron en la o tomaron conocimiento de la asamblea. Refiere que esta situación generó un ambiente hostil en su contra, validado por la directiva de la recurrida, la cual no le prestó apoyo.

En segundo término, afirma que, en junio de 2025, tuvo conocimiento de que un dirigente gremial autorizó informalmente el uso de suelo a la Corporación DORIA, integrada por más de cien mujeres de otras comunas, sin someterlo a asamblea. Afirma que, al reclamar por tal arbitrariedad, fue increpada nuevamente en una asamblea desarrolla el 9 de junio de 2025 en donde se invitó a la vicepresidenta de la Corporación, quien finalmente se desistió del permiso.

Agrega que frente aquello el tesorero de la recurrida nombre reservado la increpa en forma agresiva, culpándola por el término anticipado de la reunión.

Luego, refiere que el 23 de junio se le cita a reunión, en donde se le comienza a culpar del conflicto ocurrido el 9 de junio, y que el presidente y tesorero de la recurrida exigen su salida del gremio, oponiéndose el secretario por lo que al no tener quórum el directorio para decidir su expulsión se sometió el asunto a la asamblea. Indica que pidió la palabra señalando que la expulsión se realizó solo por haber expresado en reiteradas ocasiones su molestia con las decisiones arbitrarias del directorio sin embargo señala que se le hace callar sin darle la oportunidad de defenderse dando cuenta de que lleva 3 años luchando en contra del machismo y la misoginia extrema que existe en La Caleta de coquimbo.

Sostiene que su expulsión fue decidida con anterioridad a la votación de la asamblea, toda vez que la carta respectiva se encontraba firmada y fechada el 13 de junio de 2025. Afirma que dicho procedimiento fue irregular, pues no se le permitió ejercer su defensa y la asistencia fue manipulada, pues se salió de la sala para buscar socios del gremio para que firmaran a favor de su desvinculación.

Finalmente, el 23 de junio se le notificó la desvinculación mediante una carta firmada por el Presidente y Tesorero de la Asociación, por la causal establecida en el artículo 13 N°4 letra a) de los estatutos; esto es expulsión acordada por los 2/3 de los miembros del directorio y ratificada por la mayoría absoluta de los presentes en la Asamblea General de socios, oyendo al afectado por la medida. Que la expulsión solo será procedente en caso de incumplimiento grave de las obligaciones sociales y cometer actos que causen perjuicio o comprometan el prestigio existencia de la asociación, señalando que las conductas en que incurrió consisten en agresiones verbales e invitaciones al odio hacia terceros, hechos que han sido debidamente documentados y reportados por testigos.

Alega que a sí mismo se le prohíbe expresamente ingresar a La Caleta de coquimbo, lo cual resulta ser una decisión ilegal, pues la recurrida no puede limitar su circulación en el lugar.

Agrega que posteriormente, en julio de 2025, recibió una nueva carta convocándola a asamblea para volver a desaforarla por no pago de cuotas, pese a que en reiteradas ocasiones intentó cumplir con dichas obligaciones y el Tesorero se negó a recibir los pagos. Sostiene que esta situación constituye una persecución constante y una vulneración reiterada de sus derechos fundamentales.

Destaca que se han afectado su derecho a la integridad psíquica, en cuanto ha debido enfrentar diversos hostigamientos que le han generado estados de pánico y ansiedad; su derecho a la igualdad, al haber sido discriminada por su condición de mujer y tratada en forma distinta que otros socios varones; su libertad de trabajo, al habérsele impedido ejercer el oficio al que se ha dedicado por más de diecisiete años; y su derecho a desarrollar una actividad económica lícita, toda vez que se le prohibió el ingreso al lugar donde debía instalar su negocio.

Por todo lo expuesto, solicita que se deje sin efecto la desvinculación acordada, se ordene su reintegro como socia y se adopten medidas para permitir la instalación de su unidad de negocio en el lugar que le fue asignado, sin perjuicio de las otras medidas que se estimen pertinentes y aplicables con el fin de proscribir las conductas de discriminación de géneros que han sido perpetradas por la recurrida.

Acompaña los siguientes documentos: 1) notificación de desvinculación de 13 de junio de 2025; 2) citación a audiencia de 23 de junio de 2025; 3) estatuto de la Asociación Gremial recurrida; 4) solicitud de 25 de febrero de 2025; 5) carta reiterativa de solicitud; 6) carta de 15 de julio de 2025.

SEGUNDO: Que informa el recurso don César Antonio Flores Muñoz, abogado, en representación de la Asociación Gremial de Pescadores Artesanales y Buzos Mariscadores de Coquimbo, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Sostiene que el recurso de protección no es la vía procesal idónea, toda vez que los estatutos de la asociación contemplan expresamente un recurso de apelación ante el Directorio, que puede ser ejercido en el plazo de diez días hábiles desde la notificación de la sanción, lo que la recurrente no ejerció. Indica que la actora fue notificada en asamblea de 23 de junio de 2025 de la resolución que la desvinculaba y que aún estaba dentro del plazo para apelar, el que vencía el 4 de julio de 2025, lo que no hizo.

Agrega que con fecha 4 de agosto de 2025, en asamblea a la que asistió la recurrente, se votó nuevamente su expulsión por no pago de cuotas sociales, sanción que fue aprobada por la mayoría de los presentes, contando además con la posibilidad de apelar hasta el 16 de agosto de 2025. Respecto de esta última sanción, indica que la argumentación de la recurrente carece de lógica toda vez que reconoció no haber pagado sus mensualidades, haciendo presente que la asociación dispone de cuenta corriente donde podía depositar.

Agrega que se recibió el recibió el 08 de agosto de 2025, un oficio de don nombre reservado, jefe de División de Asociatividad y Cooperativas del Ministerio de Economía, solicitándole una serie de documentación, porque la recurrente ejerció el recurso administrativo posterior, el cual llevó a cabo sin interponer apelación alguna.

Afirma que no existe vulneración de derechos fundamentales, puesto que la recurrente incluso tuvo la palabra en asamblea y pudo efectuar sus descargos. Niega que haya existido violencia de género, destacando que la propia recurrente reconoce conflictos con una corporación integrada solo por mujeres. Sostiene que la actora puede ingresar a la caleta sin restricciones, lo único que no puede hacer es utilizar instalaciones de la asociación ni ejercer labores comerciales sin cumplir con los permisos correspondientes.

Por todo lo expuesto, solicita el rechazo íntegro del recurso con expresa condena en costas.

TERCERO: Que Don nombre reservado, jefe de División de Asociatividad y Cooperativas del Ministerio de Economía, informó que recibió la denuncia de la señora nombre reservado, con fecha 28 de julio del año en curso, procediendo al análisis de los antecedentes expuestos en la denuncia.

Que para mejor resolver se instruyó a la Asociación Gremial de Pescadores Artesanales y Buzos Mariscadores de Coquimbo – IV Región, Registro N° 55-4, a través del oficio folio OFIC20257418, de fecha 07 de agosto de 2025, remitir los antecedentes pertinentes relacionados con los hechos relatados por la recurrente.

Agrega que, a la fecha de elaboración del presente informe, la asociación recurrida no ha dado respuesta a lo instruido por esta División, ello sin perjuicio de hacer presente que, la entidad gremial aún se encuentra dentro del plazo otorgado para remitir los antecedentes.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

QUINTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEXTO: Que por la presente acción constitucional se recurre en contra de Asociación Gremial de Pescadores Artesanales y Buzos Mariscadores de Coquimbo, por el acto ilegal y arbitrario consistente en impedirle el ejercicio de su actividad laboral, pescadería artesanal y disponer su expulsión de la asociación Por su parte, el recurrido ha indicado en su informe que existe una denuncia interpuesta por la recurrente en la División de Asociatividad y Cooperativas de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño y que le solicitaron documentación para resolver.

Que, además el jefe de la División de Asociatividad y Cooperativas del Ministerio de Economía informa que se encuentra en trámite de resolución dicha denuncia.

SÉPTIMO: Que, para resolver el asunto en examen, conviene tener en consideración que el acto administrativo que se acusa de ilegal y arbitrario, aún se encuentra en tramitación, de conformidad a lo indicado por la recurrida.

De esa forma, según fluye de los antecedentes, es dable concluir que lo reprochado por esta vía cautelar de emergencia es un acto trámite o intermedio, por cuanto la autoridad administrativa aún no ha emitido una decisión terminal respecto del fondo del asunto, circunstancia que impide a esta Corte pronunciarse sobre la ilegalidad o arbitrariedad, conforme a las alegaciones de la parte recurrente y, en consecuencia, adoptar las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado, motivo suficiente para desestimar el arbitrio intentado.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra de la Asociación Gremial de Pescadores Artesanales y Buzos Mariscadores de Coquimbo.

Notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N° 1282-2025.