nombre reservado con ANTONIO nombre reservado Y CIA LTDA

nombre reservado

Antonio nombre reservado S.A.

Recurso de Protección nombre reservado N° 1280-2023.- La Serena, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. - VISTOS:

PRIMERO: Que comparece el abogado don OMAR ARIEL ASTORGA BÁEZ, a nombre de don nombre reservado, chileno, divorciado, ingeniero agrónomo, cédula nacional de identidad número RUT reservado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado deduciendo recurso de protección en contra de Antonio nombre reservado S.A., RUT RUT reservado, representado legalmente por don nombre reservado, por los actos consistentes en publicaciones injuriosas proferidas en la red social Instagram y Facebook, y en páginas web en contra del recurrente en que se le imputan delitos que no ha cometido ni han sido denunciados, afectando con ello y vulnerando el derecho al respeto y protección de la vida privada, pública, a la honra de la persona y al derecho a la propiedad sobre su imagen.

Expone, en lo pertinente, que el 16 de mayo de 2023 -sic-, el recurrente, luego de una jornada laboral de más de quince horas, que incluyeron un viaje de ida y regreso Vicuña-La Serena-Paihuano, al terminar la celebración de la actividad “Denominación de Origen del Pisco en Chile”, organizada por el nombre reservado, trabajó durante todo el día en las actividades encomendadas y en su rol como uno de los directores de la Corporación de Turismo de Paihuano.

Señala que, a terminar la actividad, alrededor de las 21:00hrs, se retiró del evento, junto a sus compañeros de trabajo nombre reservado y nombre reservado.

Agrega que en el sector de la Jarilla, sector de curva y contracurva, se encontró de súbito con un grupo de personas en la vía, frenó bruscamente logrando eludirlos subiéndose a la vereda derecha, golpeando un pilar de una escalera de acceso a la vereda, sin colisionar a ninguna de las personas que transitaban; luego avanzó a una distancia para estacionar su vehículo donde hubiera berma en el sector ya que se podría producir un accidente mayor y se dirigió al lugar del suceso para saber si existían lesionados, instantes en que él y su acompañante nombre reservado, fueron agredidos por personas desconocidas, resultando el recurrente lesionado con contusiones y con cortes sobre la ceja y el parpado de su sector izquierdo, rompieron sus lentes ópticos y quedó tendido en el suelo, inconsciente. Luego, constató que no hubiera heridos de gravedad, se alejó del lugar y condujo en dirección al reten de carabineros a Paihuano, pero al poco andar, fue alcanzado por el móvil de seguridad ciudadana del mismo Municipio, que trasladaba a dos carabineros y se entregó a estos, informando todo lo sucedido, se realizó el examen de alcotest y luego en examen de alcoholemia en el hospital de Vicuña, solicitando la constatación de lesiones, la presencia del fiscal, y si había alguna persona lesionada, sin obtener respuestas.

Agrega que su vehículo tampoco fue objeto de peritaje, el cual, por sus dimensiones específicas, Jeep, Chevrolet Trooper, levantado 2 pulgadas de altura, si golpeara o colisionara a alguien de frente, el vehículo lesionaría directamente desde la altura de la cadera de una persona y no en un pie o tobillo.

Agrega que el día 14 de mayo del 2023 acudió al hospital de La Serena, donde se le diagnosticó “paciente agredido ayer por terceros, hoy consulta por dolor mandibular y cefalea. CLOTE neurológico normal equimosis palpebral izquierdo ATM doloroso”, recetándosele tratamiento antiinflamatorio.

Precisó que ese mismo día, una persona identificada como “nombre reservado” y hermano de la supuesta víctima, en la red social Facebook divulgó una “funa” en contra del recurrente una serie de delitos que actualmente son objeto de una investigación de carácter desformalizada, donde el recurrente tiene el carácter de imputado, el que, en lo pertinente, es del siguiente tenor: “El día de ayer 13 de mayo del 2023, siendo las 21:30 horas, un auto atropelló a mi hermana y afectó a mi sobrina, el conductor se encontraba bajo los efectos del alcohol. El conductor iba a una velocidad muy alta, lo que provocó que se subiera hacia la vereda e impactara con el pilar del pasamanos que había en el lugar sacándolo de su base. A raíz de ello esta persona dobló y justo mi hermana con mi sobrina salieron, no sé de qué forma hacia la calzada cuando mi hermana logra empujar a mi sobrina al terminar en el suelo y mi hermana fue atropellada por el conductor dándose a la fuga, sin prestarse auxilio a mi hermana cuando lo detuvieron nos enteramos que era funcionario municipal ( … )Doy gracias a dios que esto no pasó a mayor espero que esta persona tome conciencia de lo que hizo todo por andar a una velocidad no razonable y en estado de ebriedad…”

Indica que en atención al referido post fue replicado por diversas personas en la red social y con fecha 16 de mayo el diario El Día, publicó en su portada como portada “FUNCIONARIO MUNICIPAL EBRIO ATROPELLA A VECINA Y HUYE” tergiversando completamente la verdad de los hechos, y basándose únicamente en una funa de redes sociales y además otros medios de prensa locales, publicaron y divulgaron esa información.

Lo anterior le generó un menoscabo de salud mental manifestado en una depresión severa y crisis de pánico diagnosticados clínicamente, inseguridad, pérdida de imagen profesional, de su reputación, ha vulnerado su derecho al buen nombre y sobre todo la potencial perdida de su fuente laboral, vulnerándose las garantías constitucionales del artículo 19n°1 de la Constitución Política de la República, por cuanto estas acusaciones falsas, infundadas y difamatorias, han provocado que familiares, amigos, compañeros de actividades recreativas, sus colegas del trabajo, tengan acceso a una historia falsa de los hechos; el numeral 4° en relación al respeto y la protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, afectándose el mismo desde el punto de vista objetivo y subjetivo, el primero por la cantidad de veces que terceras personas comentaron, y replicaron la noticia, causando daño a su imagen, al verse enjuiciado públicamente en un diario de circulación regional como portada del mismo, y el segundo por afectarse su autoestima, y daño a la integridad psíquica de su familia.

Agrega que también se ha afectado el numeral 24 del mismo artículo, por no haber prestado su consentimiento para que dicha publicación contuviera su nombre.

Finalmente, solicita que, en definitiva, se acoja la presente acción y se ordene al recurrido a abstenerse de reproducir imágenes del recurrente y de realizar publicaciones injuriosas respecto de aquel; ordenar borrar de inmediato y sin más trámite las publicaciones realizadas en su contra en todas las redes sociales y páginas web, ello con expresa condena en costas de la recurrida, en caso de oposición.

Acompañó a su presentación, 1. Dato Atención Urgencia, de fecha 14 de mayo de 2023, del paciente nombre reservado, del Hospital de La Serena. 2.Pantallazo de post de Facebook de nombre reservado, hermano de la supuesta víctima.3. Copia digital del diario de circulación física “El Día”, de fecha 16 de mayo de 2023.4. Carta renuncia de una de las socias del Club Los Leones, en el que participaba mi representado de la señora nombre reservado, por las publicaciones del Diario El Día. 5. Set de 17 fotografías que dan cuenta de las lesiones del recurrente.

SEGUNDO: Que el abogado Gergos Tófalos, por la recurrida, al evacuar el informe requerido, solicita el rechazo de la acción en atención a que los hechos que la sustentan los atribuye a los diversos recurridos, de los que luego desiste su acción, y sólo por motivos económicos concentra esta acción en el recurrido principal, la sociedad Antonio nombre reservado S.A.

Indica que los hechos relatados por el recurrente no son más que simples aseveraciones que deben ser objeto de un juicio de lato conocimiento, no correspondiendo a esta acción constitucional dirimir acerca de la veracidad o falsedad de los hechos que sustentan la acción de protección.

Añade que la acción que se le imputa como arbitrario o ilegal, consiste en la publicación efectuada por el diario “El Dia” en su edición de fecha 16 de mayo del año 2023, reproducida además en sus diversas plataformas (web, red social Instagram y red social Facebook, la cual se enmarca en “la libertad de emitir opinión y de informar”, contemplada en el artículo 19 N° 12 de la Constitución Política de la República, reforzada por la Ley 19.733.

Explica que, en dicho marco normativo, el informante se impuso de los hechos publicados en el diario “El Dia” mediante la recopilación de información de una fuente directa con conocimiento detallado de la acusación efectuada sobre el recurrido y de las circunstancias en que fue detenido, fuente que es reservada; luego la información, se contrastó con una fuente del empleador del recurrente, el Administrador Municipal del nombre reservado, don nombre reservado, quien señalo al “Diario El Dia”, en síntesis, que luego de la celebración fueron alertados de un posible atropello causado por un prestador de servicios a la municipalidad, quien había trabajado mediodía por estar de cumpleaños; que hay un proceso judicial en curso y al comunicarse con él, él decide poner la renuncia que fue inmediatamente aceptada por el Alcalde; consolidándose la información necesaria que posteriormente permite que esta se publique.

Añade que la parte recurrente contó con el mecanismo establecido en los artículos 16° a 21° de la ley n° 19.733, Sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, de su Título IV, que establece el derecho de aclaración y de rectificación, lo que otorgó al recurrente un mecanismo legal ordinario que le permitía tener la posibilidad de respuesta o de contra argumentación a la publicación de esta parte recurrida, lo que en la especie no sucedió.

Agrega que su parte ha actuado de conformidad a la ley, pues como medio de comunicación es prioritario difundir noticias que han causado conmoción en la comunidad, de modo de entregar mayores elementos para la formación de los juicios de sus lectores y de la formación de opinión pública respecto de una noticia en particular, por lo que no solo es razonable publicar la noticia, sino que está debidamente fundada en la investigación de las fuentes antes referidas, completamente lógica en su estructura y de acuerdo a la información recopilada de fuentes completamente legales, en el marco de un ejercicio periodístico legítimo, no por mero capricho, y tampoco se basó en la supuesta “Funa” hecha hacia el recurrente sino que se utilizaron los procedimientos periodísticos fuentes para recopilar y chequear la información.

Indica que, en cuanto a la supuesta afectación de su honra y fuente laboral, agrega que el recurrente había presentado su renuncia al día siguiente al del incidente que da origen a la noticia por la cual se recurre.

Agrega que las publicaciones señaladas por el recurrente como argumento de su acción de protección, esto es, la portada del diario “El Día” de fecha 16 de mayo de 2023; la publicación en la página web del diario “El Día”, de la misma fecha; la publicación del mismo noticiero “El Día” en su red social Instagram, en correo reservado ; la publicación del mismo noticiero “El Día” en su red social Facebook “Diario El Día”, es decir, la misma noticia publicada en la portada de la edición de fecha 16 de mayo de 2023 del diario “El Dia”, en sus diversas plataformas (web, red social Instagram y red social Facebook), no contiene fotografía alguna del recurrente, lo que puede verificarse con la sola revisión de las publicaciones acompañadas por el recurrente; tampoco existen ofensas, agravios, imputaciones falsas o abuso informativo de ningún tipo que afecten al recurrente, sino solo el uso del derecho constitucional de opinión e información sobre un asunto de alto interés público, del cual el recurrente fue protagonista y que al ser la recurrida un medio de comunicación social que tiene como deber legal y profesional el informar a la comunidad de acuerdo a información recopilada y chequeada con fuentes de información fiables.

En consecuencia, al estimar que no se trata de un acto arbitrario o ilegal, ni que afecte garantías constitucionales, solicita el rechazo del recurso de protección, con costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, la recurrente identifica como acto ilegal o arbitrario, que vulnera su derecho a la honra, como garantía fundamental consagrada en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, el contenido de la publicación en el “Diario El Día” de propiedad de la sociedad recurrida y de circulación regional, del día 16 de mayo de 2023, por la cual se le atribuye la participación en un accidente de tránsito con graves consecuencias señalándose que habría conducido un vehículo motorizado en estado de ebriedad, afectando con ello la integridad de varias personas, publicación que habría dado lugar a “funas” en su contra en diversas redes sociales efectuadas por otras personas, también recurridos y a cuyo respecto desistió de la acción, señalando la recurrida, sin desconocer la efectividad de la publicación, que ella se enmarca en “la libertad de emitir opinión y de informar”, contemplada en el artículo 19 N° 12 de la Constitución Política de la República, reforzada por la Ley 19.733.

SEXTO: Que, determinado el marco jurídico del conflicto planteado a través de esta acción cautelar, es necesario tener en consideración lo que ya ha señalado la Excma. Corte Suprema en sentencia recaída en el nombre reservado N° 33.079-2020, de fecha dieciocho de agosto de 2020, en cuanto a que el artículo 1° de la Ley N° 19.733 prescribe que: “La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, constituyen un derecho fundamental de todas las personas. Su ejercicio incluye no ser perseguido ni discriminado a causa de las propias opiniones, buscar y recibir informaciones, y difundirlas por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan, en conformidad a la ley. Asimismo, comprende el derecho de toda persona natural o jurídica de fundar, editar, establecer, operar y mantener medios de comunicación social, sin otras condiciones que las señaladas por la ley. Se reconoce a las personas el derecho a ser informadas sobre los hechos de interés general”.

A su vez, el inciso primero del artículo 2° del mismo cuerpo legal previene que: "Para todos los efectos legales, son medios de comunicación social aquellos aptos para transmitir, divulgar, difundir o propagar, en forma estable y periódica, textos, sonidos o imágenes destinados al público, cualquiera sea el soporte o instrumento utilizado".

SEXTO: Que, por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido invariablemente que, si bien la libertad de expresión y de información no posee un carácter absoluto, no cabe duda que constituye la piedra angular de una sociedad democrática, entendida esta última como un sistema de autodeterminación colectiva por el cual los individuos toman las decisiones que fijan las reglas, principios y directrices públicas que regirán el desenvolvimiento de la sociedad política (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva N.º 5/85, párrafo 70; y casos "nombre reservado", párrafo 112; "nombre reservado Canese", párrafo 82; "Kimel", párrafos 87 y 88; "Apitz Barbera y otros vs. Venezuela", sentencia de 5 de agosto de 2008, párrafo 131; "Rios vs. Venezuela", ́ sentencia de 28 de enero de 2009, párrafo 105; "Perozo y otros vs. Venezuela", sentencia de 28 de enero de 2009, párrafo 116; “San nombre reservado y Otras vs. Venezuela”, sentencia de 8 de febrero de 2018, párrafo 144).

El motivo radica en que la libertad de expresión y de información no sólo comprende el derecho individual de emitir y manifestar el pensamiento y las opiniones, sino que se extiende al derecho a la información por parte de las personas que viven en un Estado democrático. Desde esta perspectiva, la libertad de expresión no es sólo un derecho individual, sino que se erige en un derecho social sobre el que descansan las bases mismas de la convivencia democrática, pues sin ella se inhibe la crítica social y se favorece la autocensura, al punto que la Corte Suprema de los Estados Unidos ha señalado que “se trata de la esencia misma del autogobierno” ("Garrison v. Lousiana", 379 U.S. 64, 1964); que cualquier sistema de restricciones previas es indiciario de una fuerte presunción de inconstitucionalidad ("Freedman v. Maryland", 380 U.S. 51, 1965; "Carroll v. President and Commissioners of Princess Ann", 393 U.S. 175, 1968; "Bantam Books, Inc. v. Sullivan", 372 U.S. 58, 1971; "Organization for a Better Austin v. Keefe", 402 U.S. 4315, 1971; "Southeastern Promotions, Ltd. v. Conrad", 420 U.S. 546, 1976); y se ha decantado por una interpretación de la libertad en comento en términos sumamente amplios, incluso en situaciones que ponen en tensión la tolerancia consustancial al sistema democrático (“Collin v. Smith”, 578 F.2d 1197,1202-03 (7th Cir. 1978)).

Por su parte, nuestra Corte Suprema ha puesto de relieve de manera sistemática la alta trascendencia que reviste para el Estado democrático de Derecho el garantizar eficazmente la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder por los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley, tal y como lo dispone el numeral 12 del artículo 19 de la Constitución Política de la República (Corte Suprema, Roles Nos. 6785-2013, 34.129-2017, 12.4432018, 26.124-2018 y 31.817-2019).

SÉPTIMO: Que, en la sentencia citada en el motivo quinto, la Corte Suprema señala que la importancia cardinal que reviste la libertad de expresión y de información para el funcionamiento del sistema democrático, importa que cualquier restricción, sanción o limitación que se imponga debe ser interpretada de manera restrictiva, y que -como principio general- se debe preferir el establecimiento de las responsabilidades ulteriores por los eventuales abusos que se cometan en su ejercicio, ya sea en el ámbito penal respondiendo por la perpetración de eventuales delitos, como en sede civil por la comisión de ilícitos civiles. Una interpretación diferente conllevaría, en mayor o menor grado, una forma implícita de censura previa, sin perjuicio que, atendido que no se trata de un derecho absoluto, en ciertos casos la libertad de expresión y de información ha de ceder frente a otros derechos fundamentales igualmente valiosos, merecedores de la protección y tutela jurisdiccional por parte de un Estado respetuoso de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana.

OCTAVO: Que en el caso de marras la recurrida se ha limitado a informar acerca de un hecho que alcanzó notoriedad social no sólo por las consecuencias que pudo tener en cuanto a la gravedad de los efectos que pudo tener para las víctimas, sino que, además, por la calidad del involucrado, un prestador de servicios para la Municipalidad de Paihuano y que, presuntamente, habría conducido un vehículo motorizado en estado de ebriedad provocando el accidente.

En este caso, en consecuencia, se trata de la develación de hechos de relevancia pública, respecto de los cuales ha de prevalecer la libertad de información por sobre el derecho al honor, en atención al derecho que tiene la ciudadanía de conocer aquellas circunstancias y conductas de relevancia pública, misma que está dada, a su turno, por la importancia o trascendencia general de los hechos en sí.

NOVENO: Que, en esas condiciones, forzoso es concluir que la injerencia en el ámbito del honor ajeno encuentra su justificación en una causa de interés público, en la relevancia pública del asunto, precisamente porque, en tales casos, el derecho lesionado (honra ajena) aparece como un valor menor frente al derecho de la sociedad a formarse opinión sobre la denuncia de hechos que podrían tener el carácter de delictuales.

DÉCIMO: Que, así las cosas, resulta evidente que la conducta de la recurrida que se denuncia como ilegal y arbitraria no es tal, desde que se ha ajustado a la normativa vigente, a la vez que tampoco puede ser calificada de arbitraria, toda vez que su proceder no resulta caprichoso y, por el contrario, encuentra un fundamento racional en el ejercicio de la libertad de información.

UNDÉCIMO: Que, conforme a lo antes razonado, el recurso de protección no puede ser acogido.

Por estas consideraciones y, de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado don OMAR ARIEL ASTORGA BÁEZ en contra de Antonio nombre reservado S.A.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Ministro Sr. nombre reservado N° 1.280-2023 (Protección). - Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte de Apelaciones, integrada por el Ministro titular señor Iván Corona Albornoz, el Ministro suplente señor Carlos Jorquera Peñaloza y el abogado integrante señor Enrique Labarca Cortés. No firma el señor nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por haber cesado en su cometido.

En La Serena, a diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.