nombre reservado con SUPERINTENDENCIA SEGURIDAD SOCIAL Y COMPIN

nombre reservado, nombre reservado

Superintendencia de Seguridad Social Recurso de protección Rol N°128-2026.- La Serena, veinticuatro de febrero dos mil veintiséis.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece nombre reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, señalando como acto ilegal y arbitrario el rechazo de las licencias médicas NºRUT reservado, RUT reservado, 109722304-8, 110585065-0, 111755576-K, 112504766-8, 113300426-9, 114119252-K, 114924647-5, 115965236-6, 116765918-3, 117963260-4, 118058267-K, extendidas por un total de 241 días a contar del 26 de septiembre de 2024, por reposo no justificado.

Sostiene que sufrió depresión postparto y que las licencias médicas reclamadas fueron rechazadas en un primer momento por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez por reposo injustificado. Luego, refiere que la recurrida mediante la Resolución Exenta NºR-01-DC-176911-2025, de 22 de diciembre de 2025, resolvió la reconsideración planteada respecto del dictamen NºR01-UME-129975-2025, de 23 de septiembre de 2025, en el que se había confirmado lo resuelto en orden al rechazo de las licencias médicas ya singularizadas, por estimarse que el reposo no se encontraba justificado. Ello, en atención que los informes clínicos no permitían establecer incapacidad laboral más allá de los 120 días de reposo ya autorizados por la misma patología, inmediatamente posteriores al permiso postnatal parental.

Menciona que la decisión no considera que padeció un cuadro psiquiátrico severo con diagnóstico de episodio depresivo mayor postparto, crisis de pánico, trastorno del sueño y elementos postraumáticos, además de antecedentes de intentos suicidas y episodios micropsicóticos.

Culmina solicitando se ordene dejar sin efecto la resolución que rechazó las licencias médicas materia del recurso y, en definitiva, se autoricen disponiendo su pago.

Acompaña a su recurso instrumentos para acreditar sus asertos.

SEGUNDO: Que emite informe la Superintendencia de Seguridad Social.

En primer lugar, alegó la improcedencia de la acción de protección, por cuanto el asunto por el que se recurre dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el que no se encuentra amparado por el recurso de protección.

En subsidio, informa en cuanto al fondo, solicitando el rechazo de la acción intentada, con costas.

Expone el marco regulatorio del derecho a licencia médica, enfatizando su carácter esencialmente temporal, añadiendo que se limitó a resolver la situación de la recurrente dentro del ámbito de su competencia, agregando que la pretensión de la actora desborda claramente los límites de aplicación de la acción de protección.

Seguidamente, indica que estudió los antecedentes en varias oportunidades, dictaminando en el acto impugnado que los antecedentes médicos y administrativos evaluados no permitían establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 120 días de reposo ya autorizados por la misma patología a continuación del permiso postnatal parental. En efecto, luego de dicho periodo no consta derivación a dispositivos de mayor complejidad, la existencia de informes que acrediten refractariedad o resistencia al tratamiento, la implementación o ajuste de un esquema farmacológico acorde a la duración del reposo prescrito ni se acredita la implementación de intervenciones psicosociales durante todo el período en cuestión.

Niega, finalmente, que la actora tenga un derecho indubitado a gozar de licencia médica, así como haber incurrido en alguna actuación ilegal o arbitraria que haya afectado sus derechos fundamentales.

Acompaña a su informe expediente administrativo de la recurrente.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1 del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, en lo que respecta la alegación de improcedencia del recurso de protección planteada por la recurrida, cabe señalar –como ya se ha fallado- que a lo que corresponde atender es a las prerrogativas constitucionales que se alegan como afectadas en el arbitrio objeto de este pronunciamiento, a saber, aquella que trata el numeral 1 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, expresamente contemplada bajo el ámbito de aplicabilidad y resguardo a que hace mención el artículo 20 del mismo cuerpo normativo, razón por la que se desestimará la defensa.

SEXTO: Que, es relevante tener presente que este recurso se erige en contra de la Resolución Exenta NºR-01-DC-176911-2025, de 22 de diciembre de 2025, que confirmó el rechazo de las licencias médicas N°RUT reservado, RUT reservado, 109722304-8, 110585065-0, 111755576-K, 112504766-8, 113300426-9, 114119252-K, 114924647-5, 115965236-6, 116765918-3, 117963260-4, 118058267-K.

SÉPTIMO: Que, por otra parte, en cuanto al fundamento expuesto en la resolución, aquella señala que: “Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 120 días de reposo ya autorizados por la misma patología a continuación del permiso parental postnatal.

Que, tras la revisión de todos los antecedentes clínicos y administrativos que acompañan esta nueva presentación, no es posible desprender el rol terapéutico del reposo prescrito. Es más, si bien los informes médicos y psicológicos describen diagnóstico, cuadro clínico y tratamiento, no dan cuenta de conducta terapéutica proporcional y concordante con cuadro descrito como ajustes relevantes de tratamiento o derivación a dispositivo de mayor complejidad que permitan justificar una nueva prórroga al reposo laboral previamente autorizado. Por lo tanto, no es posible realizar una conclusión distinta a dictamen previo.”

OCTAVO: Que el Decreto Supremo N°3 del Ministerio de Salud, dispone en el artículo 1 que “Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en proporción que corresponda”.

NOVENO: Que, para los fines de solucionar la controversia planteada, es preciso traer a colación el artículo 16 del referido Decreto que, en lo pertinente, preceptúa: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”, como, asimismo, lo estatuido en el artículo 21, a saber, “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica. Sin perjuicio de lo anterior la Compin, deberá requerir todos los demás antecedentes y exámenes que el Ministerio de Salud ordene solicitar, respecto de aquellas patologías específicas que éste señale, para que la licencia pueda ser visada por períodos superiores a los que esa Secretaría de Estado determine”.

DÉCIMO: Que, de lo anterior, fluye con prístina claridad, que el organismo a cargo de pronunciarse sobre las licencias médicas otorgadas al trabajador es quien debe asumir un rol activo en torno al análisis de la viabilidad de estas, sin poner de cargo del paciente, afectado por una enfermedad, que sea él quien procure la obtención de antecedentes que avalen el diagnóstico del médico tratante de éste.

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad, prescribiendo que “…la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez de este, en consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y legal.

UNDÉCIMO: Que, con lo dicho, emana que la argumentación otorgada a la paciente por la recurrida, sin que se haya tomado previamente alguna de las medidas que permiten, según el Reglamento aplicable, fundamentar ese rechazo, carece del debido sustento, dejándola, además, en una situación compleja, razón suficiente para entender que, aunque aparezca, la fundamentación de rechazo de las licencias dada en este asunto, es carente de sustento fáctico, al no mediar antecedentes obtenidos por las propias instituciones y que echen por tierra las recomendaciones médicas que las precedieron.

DUODÉCIMO: Que, este actuar de la recurrida, atenta evidentemente contra las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 numerales 1, pues dificulta su vida e integridad física.

DÉCIMO TERCERO: Que, asimismo, es un dato imposible de soslayar que, en diversos recursos de protección conocidos por esta Corte, aunque acogidos, se ha ordenado a la recurrida la práctica de nuevas pericias y, conforme a ellas, definir si procede o no el pago de las licencias respectivas. Sin embargo, a pesar de tratarse de una imposición dictada en sentencia judicial, no ha dado estricto y oportuno cumplimiento a dicha instrucción, lo que mantiene la condición desfavorable de la trabajadora al no ser objeto de dichos nuevos exámenes y tampoco haber percibido el pago de las mismas.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve:

I.- Que, SE RECHAZA, la alegación de improcedencia de la acción de protección planteada por la recurrida.

II.- Que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, disponiéndose que se deja sin efecto la Resolución Exenta NºR-01-DC-176911-2025, de 22 de diciembre de 2025, que confirmó el rechazo de las licencias médicas N°RUT reservado, RUT reservado, 109722304-8, 110585065-0, 111755576-K, 112504766-8, 113300426-9, 114119252-K, 114924647-5, 115965236-6, 116765918-3, 117963260-4, 118058267-K, disponiéndose que la recurrida deberá realizar a la recurrente todos los exámenes y evaluaciones médicas necesarias para determinar la existencia y eventuales concurrencias de la incapacidad laboral temporal que originó el reposo prescrito por las licencias médicas rechazadas para luego determinar la factibilidad de su autorización, a fin de que con dichos resultados, proceda o no al pago de aquéllas, según corresponda y determine la autoridad competente, todo ello dentro de un plazo de treinta días corridos, contados desde que la presente sentencia se encuentre firme y ejecutoriada, determinándose, desde ya, que de no cumplir con lo ordenado dentro del término indicado, deberá proceder a autorizar el pago de las referidas licencias, de plano y sin más trámite.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°128-2026 Protección.